Por Canuto  

La batalla por la Clarity Act dejará Washington para concentrarse en los estados de los senadores, donde grupos cripto y bancos comunitarios buscan inclinar una votación procesal prevista para el 15 de septiembre. En el centro del conflicto están las recompensas de stablecoins, la protección de los depósitos bancarios y las reglas que dividirían la supervisión entre la SEC y la CFTC.
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  • La votación procesal sobre la Clarity Act está programada para el 15 de septiembre.
  • Stand With Crypto reportó casi 50.000 contactos de sus simpatizantes con el Congreso durante agosto.
  • Los bancos comunitarios exigen una prohibición sólida de las recompensas pagadas sobre stablecoins.

 

La disputa política por la Clarity Act entró en una fase territorial en Estados Unidos, con grupos de criptomonedas y bancos comunitarios desplegando actividades en los estados de los senadores antes de una votación clave. El Senado tiene programada para el 15 de septiembre una votación procesal sobre el proyecto, que establecería reglas federales para los activos digitales y repartiría la supervisión entre la Comisión de Bolsa y Valores, conocida como SEC, y la Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías, o CFTC.

Durante el receso de agosto, las dos partes buscaron influir en los legisladores mediante reuniones, actos locales, artículos de opinión, llamadas, correos electrónicos y anuncios de televisión. La estrategia refleja que el futuro de la propuesta no depende únicamente del debate en Washington, sino también de la presión que los senadores reciben en sus propias comunidades, especialmente en torno al impacto que una nueva legislación tendría sobre los depósitos bancarios y los productos basados en stablecoins, indica The Block.

Una votación que concentra la presión política

La Clarity Act pretende ofrecer un marco federal para los activos digitales en Estados Unidos, un objetivo que la industria cripto presenta como una alternativa a la incertidumbre regulatoria. El proyecto también delimitaría las responsabilidades de la SEC y la CFTC, dos organismos que tendrían funciones diferenciadas dentro del esquema previsto por la legislación, según la información publicada por Yahoo Finance a partir de un reporte de Reuters.

La votación del 15 de septiembre será procesal y se refiere al avance del proyecto para continuar el debate, por lo que no equivale todavía a la aprobación definitiva de la Clarity Act. Sin embargo, avanzar en el Senado representaría una señal política relevante para las empresas digitales, los bancos y los grupos que llevan meses intentando influir en el contenido de la iniciativa, así como en las condiciones necesarias para que continúe su trámite legislativo.

El conflicto se desarrolla antes de las elecciones de medio término de noviembre, un contexto que ha incrementado el interés de los grupos de presión por llegar a los votantes y a los funcionarios fuera de la capital. Las empresas y organizaciones vinculadas con las criptomonedas han gastado hasta USD 189 millones en las elecciones de este año y en las primarias previas, según un reporte citado por Forbes México, una cifra que muestra la dimensión económica que la industria atribuye a la definición de las reglas federales.

La presión no se limita a declaraciones nacionales ni a reuniones con los equipos legislativos en Washington. Los defensores de la propuesta están intentando convertir el asunto en una preocupación local, mientras los bancos comunitarios buscan explicar a pequeñas empresas y clientes que, en su opinión, ciertas disposiciones podrían afectar la capacidad de las entidades tradicionales para conservar depósitos y sostener el crédito en sus comunidades.

La ofensiva de los grupos cripto

Stand With Crypto, un grupo de defensa respaldado por Coinbase que afirma contar con 3 millones de simpatizantes, dijo que sus miembros llamaron o escribieron al Congreso casi 50.000 veces durante agosto. La organización también realizó eventos y promovió artículos de opinión favorables a la Clarity Act en periódicos locales, con el propósito de presentar la regulación como una prioridad para las comunidades donde viven los senadores.

En Georgia, Tia Williams, presidenta del capítulo estatal de Stand With Crypto, se reunió con el personal del senador demócrata Raphael Warnock. El legislador votó en contra de avanzar el proyecto fuera del Comité de Banca del Senado, de modo que el contacto con su equipo se produjo en un estado donde la industria necesita explicar sus argumentos y tratar de modificar la posición de un voto potencialmente importante.

La Blockchain Association también creó en julio la iniciativa Clarity for America, diseñada para ayudar a individuos y empresas a contactar a sus senadores en apoyo del proyecto. La campaña muestra cómo las organizaciones del sector están construyendo una red de movilización local, con mensajes orientados a destacar la necesidad de reglas federales más claras para que las compañías de criptomonedas puedan operar en Estados Unidos.

Para la industria, mantener disponibles las recompensas asociadas con las stablecoins forma parte de una estructura competitiva que no debería desaparecer por presión de los bancos tradicionales. Sus representantes sostienen además que el Congreso debe aprobar un marco nacional definido, en lugar de dejar que las empresas enfrenten reglas fragmentadas o interpretaciones regulatorias diferentes mientras intentan desarrollar productos y servicios relacionados con activos digitales.

El temor de los bancos comunitarios

Los bancos comunitarios organizaron una campaña paralela mediante la Independent Community Bankers of America, conocida como ICBA. La asociación coordinó reuniones entre banqueros locales y senadores en sus estados de origen, y también transmitió anuncios de televisión en los que solicita cambios al proyecto antes de que continúe su recorrido legislativo.

La principal preocupación bancaria se concentra en las recompensas de stablecoins. Los grupos del sector sostienen que permitir que las plataformas cripto paguen rendimientos o recompensas sobre estos activos podría atraer fondos que actualmente permanecen como depósitos en bancos tradicionales, reduciendo una fuente de financiamiento que las entidades utilizan para otorgar préstamos a empresas y hogares.

La ICBA y asociaciones bancarias estatales han pedido al Senado una prohibición sólida de los intereses, rendimientos o recompensas para los titulares de stablecoins de pago. También han reclamado que la restricción alcance a afiliadas, exchanges y otros intermediarios de activos digitales, con el argumento de que las stablecoins no deben funcionar como sustitutos de los depósitos bancarios.

Rebeca Romero Rainey, presidenta y CEO de la ICBA, afirmó en un comunicado que nuevas encuestas de la asociación muestran que las pequeñas empresas comprenden el papel de los bancos comunitarios en las economías locales. Según su argumento, esos negocios quieren garantizar que la Clarity Act no perjudique una fuente considerada esencial para el crédito en sus comunidades.

Romero Rainey añadió que la ICBA seguirá pidiendo a los legisladores una prohibición sólida de las recompensas de stablecoins. La ejecutiva vinculó esa demanda con la actividad crediticia total de USD 4,1 billones que, de acuerdo con la asociación, los bancos comunitarios impulsan en comunidades de todo el país, aunque esa cifra corresponde a la actividad que la ICBA atribuye al sector y no a un efecto ya causado por la legislación.

Stablecoins, controles y próximos pasos

Las stablecoins son activos digitales diseñados para mantener un valor estable frente a una moneda de referencia, normalmente el dólar, y su expansión ha abierto una competencia directa por los depósitos y los servicios de pagos. En la disputa sobre la Clarity Act, el punto sensible no es solamente cómo se clasifican estos instrumentos, sino también quién puede ofrecer beneficios económicos a los usuarios que los mantienen en plataformas digitales.

Los bancos consideran que una plataforma cripto con capacidad para pagar recompensas podría competir por fondos sin estar sujeta a las mismas estructuras tradicionales de intermediación. Las empresas del sector responden que esas recompensas deben seguir disponibles y que la prohibición limitaría la innovación, además de favorecer a los bancos frente a proveedores que buscan ofrecer alternativas digitales.

El proyecto enfrenta también objeciones relacionadas con las salvaguardas contra el lavado de dinero y con restricciones éticas sobre los intereses cripto de funcionarios gubernamentales. Esos cuestionamientos añaden nuevas capas a una negociación que ya enfrenta el desacuerdo entre dos sectores económicos con intereses contrapuestos sobre la supervisión, la captación de fondos y el alcance de las obligaciones de cumplimiento.

La votación procesal del 15 de septiembre permitirá medir si la propuesta conserva suficiente respaldo para continuar su trámite, pero no resolverá por sí sola todas las diferencias. La presión en los estados de los senadores continuará mientras la industria cripto defiende un marco federal favorable y los bancos comunitarios exigen cambios que, según afirman, protejan los depósitos y el crédito local.

El resultado inmediato dependerá de la capacidad de cada bloque para convertir sus argumentos en apoyo político dentro de los estados de los legisladores. Mientras Stand With Crypto y la Blockchain Association movilizan usuarios y empresas, la ICBA intenta presentar la disputa como una defensa de las economías locales frente a una posible transferencia de depósitos hacia plataformas digitales.

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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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