Por Canuto  

Diez legisladores surcoreanos propusieron ampliar las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera después de que la policía archivara 23 de 25 casos contra proveedores cripto no registrados. El proyecto permitiría investigar, denunciar y solicitar pesquisas penales directamente contra operadores sospechosos.
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  • Diez legisladores, encabezados por Eom Tae-young, presentaron el proyecto de ley 2220655 ante la Asamblea Nacional.
  • La policía suspendió o archivó 23 de las 25 remisiones realizadas por la FIU entre agosto de 2022 y agosto de 2025.
  • La FIU tenía 28 proveedores registrados y había remitido 40 operadores ilegales sospechosos a las autoridades investigadoras.

Diez legisladores de Corea del Sur presentaron un proyecto de ley que busca ampliar las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera, conocida como FIU, frente a los operadores de criptomonedas que atienden clientes locales sin registrarse. La iniciativa surge después de que la policía archivara o suspendiera 23 de los 25 casos remitidos por la unidad entre agosto de 2022 y agosto de 2025, una tasa que los impulsores consideran insuficiente para enfrentar posibles delitos financieros.

El proyecto fue encabezado por Eom Tae-young, representante del Partido del Poder Popular, y lleva el número 2220655. Según la información publicada por Cryptopolitan, la propuesta permitiría que la FIU investigue presuntas infracciones, presente denuncias y solicite investigaciones penales sin depender exclusivamente de una remisión inicial a la policía u otra agencia estatal.

Una respuesta legislativa ante los expedientes archivados

Eom Tae-young y otros nueve legisladores presentaron la medida el jueves para modificar la Ley de Información de Transacciones Financieras Específicas y su uso. El texto incorpora una nueva disposición, identificada como Artículo 15-4, que establecería un procedimiento específico para recibir y procesar denuncias contra proveedores de servicios de activos virtuales no registrados.

El portal surcoreano de seguimiento legislativo indicó que el proyecto fue remitido el 21 de agosto a la comisión de asuntos políticos de la Asamblea Nacional. Esa comisión supervisa a la Comisión de Servicios Financieros, organismo del que forma parte la FIU y que administra el régimen de registro aplicable a los proveedores cripto que atienden a usuarios surcoreanos.

La iniciativa todavía debe superar el análisis de la comisión y una votación en el pleno de la Asamblea Nacional, por lo que no constituye una ley vigente. Además, el texto podría cambiar durante el debate y, como ocurre con otros proyectos presentados por legisladores individuales, también podría quedar sin aprobación cuando termine el mandato de la Asamblea.

La propuesta contempla que cualquier persona denuncie directamente ante la FIU una presunta violación relacionada con un operador no registrado. A partir de esa denuncia, la unidad podría investigar y analizar la información, presentar una queja, solicitar una investigación penal o entregar los antecedentes a los investigadores competentes, facultades que modificarían el actual reparto de responsabilidades.

La dificultad de investigar operadores ubicados en el extranjero

Entre agosto de 2022 y agosto de 2025, la FIU remitió a la policía 25 proveedores de servicios de activos virtuales no registrados para que fueran investigados. Sin embargo, las autoridades policiales suspendieron las investigaciones o las indagaciones preliminares en 23 de esos expedientes, mientras solo dos casos continuaron fuera de ese grupo de archivos o suspensiones reportadas.

La explicación señalada para el cierre de la mayoría de los casos apunta a la ubicación de las empresas y de su personal, que en muchos casos se encontrarían fuera de Corea del Sur. Esa circunstancia dificulta obtener documentos, identificar responsables y ejecutar medidas mediante los procedimientos actuales, especialmente cuando la investigación requiere cooperación internacional.

En el marco vigente, la FIU puede detectar y señalar a un operador que presuntamente trabaja sin registro, pero necesita apoyarse en la policía y en otras instituciones para avanzar contra él. La exposición de motivos del proyecto sostiene que esa dependencia de la cooperación interinstitucional y de solicitudes formales de investigación retrasa la respuesta estatal frente a plataformas que podrían continuar operando durante el proceso.

Los impulsores también advierten que los establecimientos no registrados, descritos en el proyecto como “oficinas privadas de intercambio de monedas”, podrían utilizarse para actividades como lavado de dinero, cambio ilegal de divisas y remesas ilegales al extranjero. La mención no prueba que todos los operadores señalados participen en esas conductas, pero explica por qué los legisladores quieren acortar el tiempo entre una denuncia, el análisis financiero y una eventual acción penal.

El registro cripto y las nuevas exigencias regulatorias

La FIU forma parte de la Comisión de Servicios Financieros y administra el sistema de registro que deben cumplir los proveedores de criptomonedas dirigidos a clientes surcoreanos. Hasta junio, la unidad contabilizaba 28 proveedores registrados y había remitido a las autoridades investigadoras 40 operadores ilegales sospechosos, una diferencia que refleja la amplitud del universo que las autoridades buscan vigilar.

La presión regulatoria se desarrolla junto con otros cambios en las reglas financieras aplicables a los activos virtuales. El Gabinete de Corea del Sur aprobó el 11 de agosto una enmienda que elimina el umbral de notificación de KRW 1.000.000 para las transferencias de criptomonedas, de acuerdo con los datos consignados en la información de origen.

Las disposiciones de registro entraron en vigor el 20 de agosto, mientras que la expansión completa de la Regla de Viaje está prevista para febrero de 2027. El paquete también introdujo un límite del 200% en el índice de deuda para los operadores de intercambio y controles más estrictos sobre sus accionistas, medidas que elevan las exigencias para las empresas que sí buscan operar dentro del marco formal.

El ritmo de nuevas autorizaciones muestra que ese acceso regulado no es inmediato. La FIU permitió únicamente dos nuevos proveedores de servicios de activos virtuales durante 2025, frente a cuatro el año anterior, y la información citada señala que el tiempo promedio para obtener aprobación aumentó de 11 a 16 meses.

Más reportes de operaciones sospechosas

La discusión legislativa ocurre mientras crece el volumen de reportes de transacciones sospechosas en Corea del Sur. Durante el año pasado, esos informes llegaron a 36.684, y alrededor del 90% estuvo vinculado con acuerdos ilegales de remesas transfronterizas, según las cifras incluidas en la cobertura de Cryptopolitan.

La concentración de reportes en operaciones transfronterizas ayuda a explicar la preocupación por los operadores que funcionan sin registro y fuera del país. Cuando la empresa, sus empleados o sus cuentas se encuentran en distintas jurisdicciones, las autoridades enfrentan obstáculos adicionales para preservar evidencia y coordinar interrogatorios, incluso cuando la FIU detecta patrones financieros llamativos.

El proyecto 2220655 no elimina esos problemas de cooperación internacional, pero pretende cambiar el punto de partida de las investigaciones. Si se aprueba, la FIU tendría una vía más directa para examinar denuncias y pedir acciones penales, en lugar de limitarse a identificar sospechosos y esperar que otra institución determine si el caso puede avanzar.

Por ahora, el debate apenas comienza en la comisión parlamentaria correspondiente y el resultado dependerá de la revisión del texto, la votación plenaria y el calendario legislativo. La propuesta refleja, en todo caso, la frustración de los legisladores con un sistema que recibió 25 remisiones contra proveedores no registrados y terminó archivando o suspendiendo 23 de ellas.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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