Por Canuto  

La Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos, base del sistema antilavado desde 1970, quedó bajo fuerte escrutinio en el Congreso. Ejecutivos cripto, representantes bancarios y expertos en política pública coincidieron en que el marco actual no responde bien a una era marcada por inteligencia artificial, stablecoins y movimientos ilícitos que se ejecutan en cuestión de horas.
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  • Un subcomité de la Cámara de Representantes analizó cómo actualizar la BSA para enfrentar delitos financieros ligados a cripto e IA.
  • TRM Labs advirtió sobre robos atribuidos a Corea del Norte, estafas de pig butchering y un salto de 500% en fraudes facilitados por IA.
  • Mientras algunos piden reformar la ley con IA y supervisión basada en riesgo, otros cuestionan el modelo por considerarlo un sistema de vigilancia excesiva.

 

La Cámara de Representantes de Estados Unidos abrió un nuevo frente en el debate sobre regulación financiera al revisar la vigencia de la Bank Secrecy Act, la ley de 1970 que obliga a bancos y otras instituciones a reportar operaciones sospechosas y movimientos de gran volumen. En la práctica, se trata de la columna vertebral del régimen antilavado en el país, pero varios actores del ecosistema financiero creen que ya no está adaptada a la velocidad de los delitos digitales.

La discusión se dio en una audiencia del Subcomité de Seguridad Nacional, Finanzas Ilícitas e Instituciones Financieras Internacionales, perteneciente al Comité de Servicios Financieros de la Cámara. Allí comparecieron ejecutivos de empresas cripto, investigadores de política pública y especialistas en seguridad nacional para exponer cómo debería modernizarse la BSA en un entorno dominado por activos digitales, inteligencia artificial y esquemas de fraude transnacionales.

De acuerdo con un reporte publicado por Yahoo Finance, la audiencia ocurrió en un momento en que compañías cripto, bancos y organizaciones de libertades civiles están empujando una idea común: que el sistema deje de priorizar el volumen bruto de reportes y se concentre en producir inteligencia procesable para las autoridades. El trasfondo político también es relevante, porque la administración Trump viene ampliando el escrutinio sobre clientes no ciudadanos dentro del alcance de esta normativa.

Para quienes no siguen de cerca este tema, la BSA exige a bancos y empresas cripto registradas como negocios de servicios monetarios presentar reportes de actividad sospechosa, reportes por transacciones en efectivo superiores a USD $10.000 y mecanismos de verificación de identidad del cliente. Es una estructura conocida, pero diseñada para una era muy distinta a la del uso masivo de billeteras digitales, stablecoins y herramientas automatizadas de análisis.

La presión por actualizar un marco de 1970

Uno de los testimonios más duros fue el de Ari Redbord, director global de políticas de TRM Labs. Ante los legisladores, sostuvo que Corea del Norte robó más de USD $2.000 millones en activos digitales durante 2025 y otros USD $600 millones a comienzos de 2026. A eso sumó otra cifra alarmante: las redes de pig butchering habrían quitado a los estadounidenses más de USD $35.000 millones el año pasado.

Redbord advirtió además que la actividad de estafas habilitadas por inteligencia artificial subió 500% en el último año. Según explicó, los fondos ilícitos ahora pueden moverse entre billeteras dentro de una ventana de 24 a 48 horas. Ese ritmo, en su opinión, vuelve insuficientes los mecanismos tradicionales de reporte, porque dependen de una lógica retrospectiva que ya no alcanza para responder a tiempo.

Su diagnóstico fue contundente. Dijo a los legisladores que “los marcos de reporte retrospectivo son estructuralmente incapaces de generar una respuesta a tiempo” y remató con otra frase que capturó el tono de la audiencia: “el marco que nos ayudó a ganar ayer no será suficiente para ganar hoy”. La idea central fue que el combate al crimen financiero ya no puede basarse solo en formularios y tiempos burocráticos.

Desde esa perspectiva, Redbord propuso varias reformas concretas. Entre ellas, planteó un reconocimiento formal para unidades de inteligencia financiera asociadas a stablecoins, como T3 FCU, una colaboración entre Tether, TRON y TRM. Según indicó, esa iniciativa ha congelado más de USD $450 millones en USDT ilícito desde septiembre de 2024.

También defendió una “ley de retención de activos digitales” que dé a los exchanges un puerto seguro estatutario para congelar fondos sospechosos mientras las autoridades revisan los casos. A su vez, sugirió que las instituciones conserven la menor cantidad posible de información sobre cada cliente, solo la necesaria para tomar decisiones de riesgo ilícito. Su argumento fue que cada nueva base de datos se convierte en un “tarro de miel” atractivo para grupos de ransomware y hackers patrocinados por Estados.

Entre la reforma y la crítica al modelo de vigilancia

El presidente del subcomité, Warren Davidson, republicano por Ohio, abrió la audiencia con una crítica frontal al diseño actual de la ley. Describió la BSA como una “máquina de vigilancia inflada que exige informes interminables sin ofrecer resultados proporcionales”. Para sustentar esa postura, señaló que las instituciones financieras presentan casi 5 millones de reportes de actividad sospechosa y 21 millones de reportes de transacciones en efectivo cada año.

La crítica de Davidson conectó con la postura de Nicholas Anthony, investigador del Cato Institute. Anthony afirmó que el problema de la BSA no es simplemente su ineficiencia, sino la lógica de vigilancia que la sostiene. En su testimonio, aseguró que “la historia de la vigilancia financiera ha sido una historia de metas en constante movimiento”, al pasar de la aplicación tributaria a temas como “fraude e inmigración”.

Anthony expuso un abanico amplio de alternativas, desde elevar los umbrales de reporte ajustándolos por inflación hasta derogar por completo el régimen de la BSA. Esa visión, más radical, contrastó con las posiciones reformistas del resto de los comparecientes, que prefirieron preservar la estructura general de la ley, pero actualizar sus herramientas y procesos.

En esa línea se ubicó John Court, asesor general del Bank Policy Institute. Court respaldó una reforma y no una derogación. Calificó la propuesta de regla AML del Tesoro como “una mejora enorme” y pidió umbrales de reporte más altos, presentaciones más simples, supervisión basada en riesgo y una aprobación explícita para que los bancos puedan usar inteligencia artificial en el monitoreo de transacciones.

La postura más cautelosa fue la de Carole House, investigadora principal del Atlantic Council. House se opuso a recortes profundos del marco antilavado y advirtió que aliviar la carga de cumplimiento no debería implicar “abrir la puerta a adversarios que buscan perjudicar a los estadounidenses y a los intereses de seguridad nacional de EE. UU.”. Su intervención dejó claro que el debate no gira solo en torno a eficiencia regulatoria, sino también a riesgos geopolíticos y de seguridad.

La inteligencia artificial como raro punto de consenso

Aunque la audiencia exhibió desacuerdos sobre el nivel de vigilancia apropiado, hubo un punto de coincidencia entre la mayoría de los testigos: la necesidad de ampliar el uso de inteligencia artificial y aprendizaje automático en la supervisión financiera. Davidson, Redbord, House y Court respaldaron un papel más activo de estas herramientas para detectar patrones sospechosos y acelerar investigaciones.

Redbord fue el más enfático en ese frente. Explicó a los legisladores que “las herramientas de investigación con IA pueden comprimir semanas de análisis manual en minutos”. Bajo esa lógica, pidió financiamiento federal para soluciones nativas de IA en organismos clave, entre ellos IRS-CI, FinCEN, OFAC, FBI, DEA, Secret Service y HSI.

El trasfondo técnico importa. En el ecosistema cripto, donde las transacciones pueden cruzar múltiples direcciones y plataformas en poco tiempo, el valor ya no está solo en recolectar reportes, sino en conectar patrones, direcciones, identidades y flujos con velocidad. Esa es precisamente la promesa de los sistemas de IA aplicados a monitoreo de transacciones: reducir tiempos de respuesta sin depender exclusivamente de procesos manuales.

Sin embargo, ese consenso parcial no elimina el dilema de fondo. Más automatización puede traducirse en mejores alertas y menos trabajo repetitivo, pero también puede ampliar la capacidad de rastreo del Estado y de las instituciones financieras. Por eso, varias intervenciones combinaron la defensa de la IA con llamados a limitar la retención de datos y a evitar la acumulación excesiva de información personal.

El debate llega en medio de nuevas órdenes de la Casa Blanca

La audiencia no ocurrió en el vacío. Se celebró apenas días después de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva para instruir a los reguladores a reforzar la debida diligencia del cliente y los requisitos de identificación dentro del marco de la BSA. Esa decisión elevó el tono político del debate, porque va en dirección opuesta a quienes piden reducir la carga de reporte y el alcance de la vigilancia.

La orden pide al Tesoro endurecer las reglas de debida diligencia del cliente y destacar riesgos vinculados al uso del ITIN, salarios no declarados y documentos de identificación consular extranjeros. Además, instruye a la CFPB a evaluar posibles riesgos de deportación en decisiones de préstamo. En otras palabras, la agenda antilavado empieza a cruzarse cada vez más con objetivos de política migratoria y control administrativo.

Ese cruce ayuda a explicar por qué la audiencia reunió a actores tan distintos. Para la industria cripto, el desafío es evitar que un marco viejo frene innovaciones o castigue a empresas legítimas. Para los bancos, el problema es el costo de cumplimiento y la baja utilidad de millones de reportes. Para grupos de libertades civiles, el riesgo es que una ley nacida hace más de cinco décadas siga expandiéndose hacia nuevos fines de vigilancia.

Lo que emerge de esta discusión es una pregunta mayor: si el sistema antilavado de Estados Unidos debe producir más datos o mejores datos. En un entorno donde hackers estatales, redes de fraude y herramientas de IA aceleran los flujos ilícitos, el Congreso parece enfrentarse a una elección compleja. Modernizar la BSA ya no luce como un ajuste técnico menor, sino como una redefinición del equilibrio entre seguridad, innovación financiera y privacidad.

Por ahora, no hay consenso sobre el alcance exacto de la reforma. Pero la audiencia dejó un mensaje claro: la infraestructura legal que rige buena parte del monitoreo financiero en Estados Unidos está bajo presión, y la expansión del ecosistema cripto ha convertido ese debate en una prioridad inmediata para reguladores, bancos y empresas tecnológicas.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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