Por Canuto   Un proyecto de ley bipartidista en la Cámara de Representantes de EE. UU. propone crear un grupo federal para coordinar la prevención e investigación del robo de criptomonedas, en respuesta a un problema que dejó pérdidas por USD $11.000 millones el año pasado y que, según sus impulsores, aún carece de una respuesta unificada. ***
  • La propuesta pondría al fiscal general de EE. UU. al frente de un grupo interagencial con el DOJ, FBI, Tesoro y Seguridad Nacional.
  • Los promotores del proyecto aseguran que hoy las víctimas de robo y estafas cripto enfrentan respuestas fragmentadas entre jurisdicciones.
  • No está claro si la iniciativa avanzará en el Congreso, pese al respaldo bipartidista y al creciente foco sobre fraudes y hackeos.
 
La Cámara de Representantes de EE. UU. recibió un nuevo proyecto de ley bipartidista que busca crear un grupo de trabajo federal para coordinar la respuesta al robo de criptomonedas. La iniciativa apunta a concentrar esfuerzos entre varias agencias de seguridad y justicia, en un momento en que los fraudes, hackeos y estafas vinculadas con activos digitales siguen siendo una preocupación persistente para autoridades, usuarios e industria. La propuesta plantea que el llamado Grupo de Trabajo Federal sobre Robo de Criptomonedas quede bajo el liderazgo del fiscal general de EE. UU. Su mandato sería servir como principal punto de coordinación para prevenir e investigar casos de robo de criptoactivos, un terreno en el que, según los legisladores impulsores, la respuesta pública ha sido desigual y muchas veces confusa para las víctimas. De acuerdo con la información publicada por CoinDesk, el texto revisado contempla la participación del Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Investigación, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento del Tesoro, entre otras entidades federales. El proyecto fue introducido el jueves con patrocinio del republicano Lance Gooden y del demócrata Josh Gottheimer. La importancia política del movimiento no es menor. Gooden forma parte del Comité Judicial de la Cámara, mientras que Gottheimer integra el Comité de Servicios Financieros. Esa combinación sugiere un intento de tender puentes entre la agenda de seguridad pública y la discusión regulatoria más amplia sobre activos digitales en Estados Unidos.

Intento de coordinar una respuesta federal unificada

En términos prácticos, la propuesta intenta resolver un problema que el ecosistema cripto ha enfrentado por años. Cuando ocurren hackeos, fraudes o esquemas internacionales de estafa, las investigaciones pueden cruzar competencias federales, estatales y locales. Eso suele ralentizar la respuesta, dificultar la recuperación de fondos y dejar a las víctimas sin claridad. Gooden sostuvo en una declaración que “los criminales de criptomonedas están robando miles de millones de los estadounidenses, y Washington carece de una estrategia coordinada para detenerlos”. El legislador republicano de Texas añadió que, a medida que los activos digitales ayuden a configurar el futuro de las finanzas, el proyecto busca proteger a los consumidores, reprimir a los ladrones y fortalecer la confianza en el ecosistema cripto. Gottheimer también defendió la necesidad de un mecanismo centralizado. Según afirmó el demócrata de Nueva Jersey, tras USD $11.000 millones en robos y estafas el año pasado, “las víctimas no tienen a dónde acudir”. Desde su óptica, el nuevo grupo de trabajo ofrecería “un único punto de contacto federal” para canalizar denuncias y coordinar actuaciones. Ese argumento toca una de las críticas más frecuentes dentro y fuera del sector. Aunque la tecnología blockchain permite seguir rastros de transacciones, la persecución penal y la recuperación de fondos dependen de coordinación institucional, cooperación internacional y velocidad operativa. Sin esos elementos, la trazabilidad técnica no siempre se traduce en resultados para quienes pierden dinero.

Fraudes, hackeos y redes criminales detrás del problema

La iniciativa legislativa aparece en un contexto donde el robo de criptomonedas adopta múltiples formas. El artículo original menciona desde fraudes y esquemas de “pig butchering” operados por redes criminales complejas hasta ataques de hackers respaldados por estados. Esa diversidad vuelve más difícil diseñar respuestas uniformes, porque no se trata de un solo tipo de delito ni de un único perfil de atacante. El llamado “pig butchering” se refiere a estafas prolongadas en las que los delincuentes ganan la confianza de la víctima antes de inducirla a transferir fondos, a menudo en criptomonedas. También siguen siendo relevantes los hackeos a plataformas o billeteras, además de campañas de ingeniería social que terminan en desvío de activos digitales. Para los sectores políticos que desconfían del mercado cripto, esta corriente de abuso criminal ha servido como prueba de los riesgos para consumidores. Sin embargo, desde la industria y desde grupos favorables a los activos digitales, el diagnóstico suele ser distinto: el problema no sería la existencia de la tecnología en sí, sino la falta de herramientas coordinadas para perseguir a quienes la usan con fines ilícitos. Dannis Porter, cofundador y CEO de Satoshi Action Fund, sostuvo que alojar un grupo coordinador dentro del DOJ podría dar a víctimas, investigadores y fuerzas del orden locales la respuesta federal unificada que ha faltado hasta ahora. También subrayó que el diseño sería voluntario y respetaría el control local, un detalle relevante en un país donde la distribución de competencias suele ser un tema sensible.

Antecedentes recientes dentro del gobierno de EE. UU.

La propuesta no surge en el vacío. Antes de la llegada de la administración pro-cripto del presidente Donald Trump, el DOJ había mantenido su propio Equipo Nacional de Aplicación de la Ley sobre Criptomonedas. Sin embargo, esa estructura fue desmontada con rapidez bajo la nueva administración, con el argumento de que había estado regulando a la industria a través de acciones de ejecución. Esa decisión dejó abierta la pregunta sobre cómo debía organizarse la persecución del crimen vinculado a activos digitales sin caer, según esa postura, en una estrategia de presión regulatoria indirecta. El nuevo proyecto legislativo parece ofrecer una salida política diferente: crear una base legal específica para coordinar investigaciones sobre robo de criptomonedas, en lugar de depender solo de equipos internos sujetos a cambios administrativos. Existen además precedentes en áreas relacionadas. En 2021, durante la administración de Joe Biden, se estableció el Grupo de Trabajo Conjunto sobre Ransomware para facilitar la coordinación entre agencias federales. La referencia es pertinente porque muchos ataques de ransomware están asociados con pagos en criptomonedas, lo que ubica a los activos digitales dentro del circuito de investigación. Más cerca en el tiempo, el año pasado el Departamento del Tesoro creó un Grupo de Tareas del Centro de Estafas para colaborar con otras agencias de seguridad frente a fraudes en el extranjero que buscan convencer a las personas de enviar criptomonedas. Ese grupo, liderado por el fiscal de EE. UU. para el distrito de Columbia, dijo haber incautado más de USD $700 millones en criptoactivos vinculados a estafas, a menudo asociadas con grupos del crimen organizado chino mediante intermediarios en el sudeste asiático.

Apoyo político, dudas legislativas y próximos pasos

Pese al tono urgente de sus promotores, el futuro del proyecto todavía es incierto. En el Congreso estadounidense, incluso las iniciativas con apoyo bipartidista deben encontrar una ruta concreta para avanzar. En este caso, la propuesta tendría que superar la etapa de comité en la Cámara o quedar incorporada a algún paquete legislativo con mayores posibilidades de movimiento. Eso significa que el respaldo político inicial no garantiza una aprobación rápida. La agenda legislativa en Washington suele estar saturada, y los proyectos relacionados con criptomonedas compiten con otros debates regulatorios, presupuestarios y electorales. Aun así, el hecho de que legisladores de ambos partidos impulsen el texto da una señal de que el robo de activos digitales empieza a verse como un asunto de seguridad pública más que como un tema marginal del sector tecnológico. La Cámara Digital, un grupo de Washington favorable a políticas pro-cripto, apoyó el esfuerzo en un comunicado. La organización afirmó que es crítico que las agencias de aplicación de la ley cuenten con las herramientas, la capacitación y la coordinación necesarias para investigar robos, rastrear actividades ilícitas, apoyar a las víctimas y perseguir a los malos actores. En el fondo, la discusión revela una tensión mayor en la política estadounidense hacia los activos digitales. Por un lado, existe interés en no frenar el desarrollo del sector con medidas vistas como excesivas. Por otro, también crece la presión para responder con más eficacia a delitos que afectan a usuarios comunes y dañan la legitimidad del ecosistema. El avance o estancamiento de este proyecto servirá como termómetro de ese equilibrio.
Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA  

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