Por Canuto  

El Senado de Estados Unidos tiene prevista una votación inicial sobre el Clarity Act, pero el nuevo texto todavía enfrenta dudas por las reglas de ética vinculadas al presidente Donald Trump, las recompensas de stablecoins y la protección penal de desarrolladores.

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  • El Senado realizará el martes una votación inicial que requiere 60 votos para que el proyecto supere esta etapa de procedimiento.
  • Demócratas cuestionan que las disposiciones sobre conflictos de interés puedan aplicarse de forma efectiva contra funcionarios públicos.
  • Bancos e integrantes de la industria cripto discrepan sobre las recompensas de stablecoins y el alcance de las protecciones para desarrolladores.

 


 

El Senado de Estados Unidos se encamina a una votación inicial sobre el Clarity Act, un proyecto que busca establecer un marco federal integral para la industria de las criptomonedas.

El texto revisado por los republicanos incorpora cambios sobre conflictos de interés, recompensas de stablecoins y protección para desarrolladores, pero todavía no está claro si alcanzará los 60 votos necesarios para avanzar. La decisión puede definir el futuro inmediato de una legislación que lleva más de un año atrapada entre negociaciones partidistas y disputas con el sector bancario.

Una votación decisiva, pero sin respaldo asegurado

La votación prevista para el martes no aprobaría todavía el Clarity Act, sino que determinaría si el Senado permite que la iniciativa continúe hacia las siguientes etapas del proceso legislativo. Se trata de una prueba inicial de procedimiento, aunque su resultado tendrá un peso político considerable porque mostrará si los republicanos lograron sumar suficientes demócratas y despejar las objeciones internas. Hasta el lunes, los legisladores no habían confirmado que el proyecto contara con el respaldo necesario.

Los republicanos del Senado publicaron el domingo por la noche un nuevo borrador destinado a resolver tres de los principales puntos de conflicto acumulados durante las últimas semanas. La senadora Cynthia Lummis, republicana de Wyoming y una de las negociadoras clave, pidió a sus colegas que impulsaran la propuesta, al sostener que una oportunidad similar podría no volver a presentarse durante años.

El Clarity Act busca ampliar la autoridad de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) sobre determinados activos digitales y delimitar la jurisdicción de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). La Cámara de Representantes ya aprobó su propia versión del proyecto por 294 votos contra 134, pero el Senado ha enfrentado obstáculos sucesivos relacionados con stablecoins, desarrolladores de software y normas de ética aplicables a funcionarios públicos.

El Washington Research Group de TD Cowen, cuyo analista de política financiera Jaret Seiberg es su director gerente, mantiene en 25% su estimación de que el proyecto se convierta en ley durante este año. Incluso si el Senado lo aprueba, la iniciativa tendría que regresar a la Cámara de Representantes, que ha estado en receso durante las últimas dos semanas de septiembre. Esa agenda podría retrasar cualquier votación en la Cámara hasta después de las elecciones de noviembre.

La disputa por la ética y los intereses de Trump

Uno de los mayores problemas políticos del proyecto es la forma en que trata los intereses del presidente Donald Trump en el mercado cripto. La riqueza vinculada a World Liberty Financial, una iniciativa dirigida por sus hijos, y a su memecoin ha crecido hasta alcanzar cientos de millones de dólares, según el contexto presentado en la discusión legislativa. Para los demócratas, cualquier marco regulatorio debe impedir que un funcionario público utilice su posición para beneficiarse directamente de nuevos activos digitales.

En julio, Trump aceptó una disposición que impediría a un funcionario o empleado público, así como a su cónyuge, emitir o patrocinar activos digitales. El texto anterior asignaba al Departamento de Justicia la aplicación de esa regla y no otorgaba un papel directo a los fiscales generales estatales, una limitación que generó críticas entre los legisladores demócratas.

El borrador más reciente permite que los fiscales generales estatales participen en la aplicación de las normas sobre conflictos de interés para funcionarios públicos. Sin embargo, Elizabeth Warren y otros demócratas sostienen que el cambio no resuelve el problema práctico, porque esos funcionarios estatales no tendrían autoridad suficiente para presentar directamente casos contra funcionarios públicos, incluido el presidente.

El personal demócrata del Comité de Banca del Senado, encabezado por Warren en el análisis del lunes, argumentó que la disposición todavía dejaría la decisión principal en manos del Departamento de Justicia. Los senadores demócratas Ruben Gallego y Angela Alsobrooks han dicho que no apoyarán el proyecto sin un lenguaje de ética aplicable, mientras Mark Warner afirmó que el nuevo texto representa algún movimiento, pero sigue siendo insuficiente.

Desarrolladores y recompensas de stablecoins quedan en el centro

El proyecto también modifica el Blockchain Regulatory Certainty Act, una iniciativa que pretende crear un puerto seguro para desarrolladores no custodios y aclarar que no actúan como transmisores de dinero. La nueva versión elimina referencias a un estatuto penal federal que habría ofrecido protección a desarrolladores que no controlan los fondos o las operaciones de los usuarios. Ese cambio altera el modo en que el proyecto abordaría posibles procesos penales contra participantes técnicos del ecosistema.

Coin Center, que ha defendido esa parte de la propuesta, considera que el Blockchain Regulatory Certainty Act sigue representando un avance general, pero no resuelve el problema central del derecho penal que actualmente se discute en tribunales. Una fuente de la industria cripto citada por The Block expresó decepción por la eliminación de las protecciones para desarrolladores no controladores y señaló que todavía se está evaluando si el Congreso debería detener el proyecto para corregir esa sección.

El representante Tom Emmer, republicano de Minnesota y copatrocinador original de la iniciativa, también manifestó reservas sobre el nuevo lenguaje durante un evento del Solana Policy Institute. Según un reporte de Bloomberg Government, Emmer dijo que no le gustaba que el texto renunciara a un puerto seguro en materia penal, una crítica que muestra que la oposición al cambio no proviene únicamente de legisladores demócratas o grupos defensores de las criptomonedas.

La tercera disputa gira en torno a las recompensas de las stablecoins de pago, mediante las cuales los usuarios pueden obtener rendimientos sobre los fondos depositados. Los bancos sostienen que esos incentivos podrían trasladar depósitos desde entidades tradicionales hacia empresas cripto, mientras que la industria considera que prohibirlos limitaría la innovación y la competencia en los pagos digitales.

El texto revisado otorga al secretario del Tesoro, Scott Bessent, autoridad para imponer durante 18 meses un cortafuegos a esas recompensas si las stablecoins de pago provocan salidas sustanciales de depósitos en bancos comunitarios. Bessent afirmó que utilizaría las herramientas previstas si esos activos causan daños al sistema bancario local, pues considera que los bancos comunitarios son esenciales para la actividad económica de Estados Unidos y para el crecimiento de las pequeñas empresas.

Ocho grupos de presión bancaria, entre ellos la American Bankers Association y el Bank Policy Institute, respondieron que el mecanismo llegaría demasiado tarde. En una carta dirigida a los líderes del Senado, pidieron prohibir de antemano las recompensas e incentivos que funcionen como intereses sobre depósitos, en lugar de esperar a que ocurra una fuga significativa para activar la intervención del Tesoro.

Los bancos también solicitaron ajustes técnicos que, a su juicio, permitan prohibir de forma clara los pagos similares a intereses en las stablecoins de pago. Patrick Witt, asesor cripto de la Casa Blanca, defendió durante un panel del Solana Policy Institute la autoridad adicional otorgada al Tesoro y cuestionó qué otras concesiones esperan los grupos bancarios, pero la presión de ambas partes deja abierta la posibilidad de nuevas modificaciones.

Qué puede ocurrir después del voto

La incertidumbre se extiende incluso al bloque republicano, pues Susan Collins y John Cornyn parecen indecisos sobre la forma en que votarán el martes, de acuerdo con Punchbowl News. Cualquier deserción republicana podría elevar la cantidad de demócratas necesarios para alcanzar los 60 votos, especialmente porque varios integrantes de ese partido han declarado que la disposición ética no cumple sus exigencias.

La senadora Lummis ha presentado el momento como una oportunidad excepcional para cerrar el debate legislativo y avanzar hacia reglas más previsibles para la industria. En contraste, Seiberg sostuvo que el texto no es un acuerdo negociado, sino un producto final presentado a los demócratas, y advirtió que el lenguaje sobre los fiscales generales estatales sigue siendo limitado.

El resultado del martes no garantizaría la promulgación de la ley, pero sí podría cambiar la dinámica de las negociaciones sobre la regulación cripto en Washington. Si el proyecto avanza, la Cámara tendría que revisar nuevamente su contenido y conciliarlo con la versión aprobada anteriormente; si fracasa, las disputas sobre ética, stablecoins y responsabilidad penal podrían prolongarse hasta después de las elecciones.

Para el sector cripto, la votación representa una oportunidad de obtener una clasificación regulatoria más definida y una protección parcial para ciertos desarrolladores. Para los bancos y varios legisladores, en cambio, el texto todavía deja riesgos sin resolver, desde una posible pérdida de depósitos hasta la capacidad de controlar conflictos de interés en la Casa Blanca. La brecha entre esas posiciones explica por qué el Clarity Act llega al Senado con impulso político, pero sin un desenlace asegurado.


Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.

 


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