Por Canuto  

La propuesta de la FCC para imponer plazos de 120 días y limitar tarifas locales de banda ancha enfrenta una fuerte oposición de ciudades y condados, que la consideran ilegal y riesgosa para la seguridad pública.
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  • La FCC plantea presumir que existe una prohibición efectiva si los permisos para derechos de vía no se procesan en 120 días.
  • Gobiernos locales sostienen que los proveedores acumulan permisos para impedir que competidores utilicen rutas y estructuras disponibles.
  • Proveedores de cable apoyan el plan, pero piden plazos todavía más cortos, de 45, 60 o 90 días según el tipo de autorización.

Ciudades y condados de Estados Unidos se oponen a una propuesta de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que busca desplazar normas estatales y locales sobre permisos para desplegar redes cableadas de banda ancha. El organismo sostiene que algunos gobiernos retrasan excesivamente las autorizaciones y cobran sumas que vuelven inviables ciertos proyectos, mientras las autoridades locales responden que esos procesos protegen la seguridad pública y administran derechos de vía limitados.

El conflicto también expone una disputa sobre quién debe controlar la infraestructura instalada en calles, postes y otras propiedades públicas. La propuesta contempla un plazo federal de 120 días para procesar permisos, límites a las tarifas y restricciones sobre compensaciones en especie, pero sus críticos aseguran que la FCC carece de autoridad suficiente para imponer esas condiciones.

Ciudades cuestionan los plazos federales

La FCC abrió un proceso de comentarios públicos mediante un Aviso de Propuesta de Normativa, con el objetivo de anticiparse a reglas estatales y locales que regulan el uso de derechos de vía públicos. Según el planteamiento del organismo, una localidad incurriría presumiblemente en una prohibición efectiva de los servicios de telecomunicaciones por cable si no procesa dentro de 120 días las autorizaciones necesarias para desplegar infraestructura o prestar servicios.

La Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos, la Asociación Nacional de Condados, la Liga Nacional de Ciudades y la Asociación Nacional de Oficiales y Asesores de Telecomunicaciones rechazaron esa presunción en una presentación fechada el 21 de septiembre. Los grupos afirmaron que el otorgamiento de permisos no constituye una barrera al despliegue, sino una función esencial para proteger a residentes, contribuyentes y usuarios de derechos de vía compartidos.

Para los gobiernos locales, la coordinación necesaria para instalar infraestructura encima, debajo o dentro de calles públicas no puede reducirse a un plazo federal arbitrario. Además de revisar planos y condiciones técnicas, las autoridades deben considerar seguridad, obras existentes, capacidad de postes y el impacto sobre otros servicios que utilizan las mismas rutas.

Las organizaciones también compararon la propuesta con los procedimientos de agencias federales como la Oficina de Gestión de Tierras y el Servicio Forestal de Estados Unidos. Esas entidades cuentan con hasta 270 días para procesar permisos relacionados con despliegues inalámbricos y de fibra en propiedades federales, y los grupos sostienen que esa referencia demuestra que el plazo de 120 días no guarda relación con las complejidades reales de estas revisiones.

La disputa por los retrasos y la competencia

Los gobiernos locales no niegan que existan demoras, pero atribuyen una parte importante del problema a las estrategias de los propios proveedores de Internet. En sus comentarios, pidieron que la FCC establezca reglas dirigidas a los ISP y propusieron que las empresas tengan que desplegar sus redes dentro de los 180 días posteriores a la aprobación municipal.

Según las asociaciones municipales, algunos proveedores solicitan permisos, reservan espacio en postes o presentan solicitudes de acondicionamiento sin contar necesariamente con la intención o la capacidad de construir de inmediato. Esa práctica puede bloquear rutas y ubicaciones atractivas para competidores, especialmente cuando una ciudad debe asumir que el operador que completó primero el proceso comenzará pronto el despliegue.

Los grupos describieron este comportamiento como una acumulación de permisos que aprovecha los recursos limitados de los gobiernos locales y el orden cronológico con el que suelen tramitarse las solicitudes completas. También pidieron a la comisión que atienda los incumplimientos de despliegue y los retrasos de proveedores, en lugar de concentrarse exclusivamente en reducir los controles municipales.

La Liga de Ciudades de California agregó que la FCC no tiene autoridad para anular las competencias tradicionales de estados y municipios sobre propiedad pública, construcción, seguridad, permisos y administración de derechos de vía. En su presentación, sostuvo que una medida de anticipación federal tan amplia debería apoyarse en una autorización clara del Congreso y no en una interpretación expansiva de las facultades regulatorias.

La base legal de la propuesta

La FCC fundamenta su iniciativa en la Sección 253 de la Ley de Comunicaciones, que establece que ningún requisito estatal o local puede prohibir o tener el efecto de prohibir la capacidad de una entidad para prestar servicios de telecomunicaciones interestatales o intraestatales. El organismo interpreta que ciertas reglas de permisos producen precisamente ese efecto cuando retrasan o encarecen el despliegue de banda ancha.

La disposición forma parte del Título II, que establece el marco regulatorio para las compañías de telecomunicaciones consideradas transportistas comunes. Sin embargo, una decisión de un tribunal federal de apelaciones de 2025 determinó que la banda ancha es un servicio de información y que la FCC no puede regularla como un servicio de telecomunicaciones bajo ese marco, un antecedente que las ciudades consideran incompatible con la nueva interpretación de la comisión.

El presidente de la FCC, Brendan Carr, se ha opuesto de manera constante a regular a los proveedores de banda ancha bajo el Título II y ha sostenido que el acceso a Internet no constituye un servicio de telecomunicaciones. Ahora, la propuesta argumenta que la infraestructura de los proveedores se utiliza para servicios de telecomunicaciones y para actividades que no pertenecen a ese ámbito, una distinción que busca respaldar la intervención sobre las normas locales.

Las ciudades de Minnesota señalaron que la comisión repite el error cometido durante la primera administración de Trump, cuando los tribunales bloquearon un intento de anticiparse a leyes estatales sobre neutralidad de red. A su juicio, una política federal de no regulación no puede transformarse por sí sola en una fuente independiente de autoridad para invalidar normas estatales y municipales.

Tarifas, compensaciones y próximos pasos

Además del plazo de 120 días, la FCC propone limitar las tarifas que cobran los gobiernos estatales y locales a una aproximación razonable de los costos directos y reales de administrar los derechos de vía. El organismo también contempla niveles de tarifas de puerto seguro que presumiblemente cumplirían ese estándar, aunque todavía no ha definido los montos concretos.

La iniciativa limitaría igualmente el valor de las compensaciones en especie exigidas a los proveedores y prohibiría requisitos o tarifas adicionales basados en la posibilidad de que la infraestructura se utilice para otros servicios. Las organizaciones municipales consideran que esas restricciones podrían impedir que las autoridades obtengan una compensación razonable por el uso privado y comercial de propiedades públicas.

Los proveedores de banda ancha respaldan la intervención federal y argumentan que los retrasos irrazonables en autorizaciones para acceder a derechos de vía e infraestructura frenan materialmente la expansión de las telecomunicaciones. America’s Communications Association, que representa a compañías de cable pequeñas y medianas, pidió que los 120 días funcionen como límite máximo y propuso plazos de 45 días para ciertos permisos sencillos.

USTelecom, el grupo de cabildeo de las empresas de telecomunicaciones, también apoyó límites a las tarifas y afirmó que periodos de 60 o 90 días serían suficientes para que ciudades y pueblos revisen las solicitudes. La primera ronda de comentarios terminó, mientras la FCC recibirá respuestas hasta el 5 de noviembre y podría adoptar reglas definitivas después de esa fecha si decide mantener el proyecto.

Una posible batalla judicial

Carr parece decidido a aprobar alguna versión de la propuesta y ha dicho que existen jurisdicciones donde los proveedores enfrentan retrasos prolongados, tarifas excesivas y procesos impredecibles capaces de postergar proyectos durante meses o años. Aunque reconoció la frustración de ciudades y pueblos ante los incumplimientos de las empresas, planteó que los ISP reciban incentivos para construir más rápido en lugar de enfrentar nuevos requisitos legales.

La comisionada demócrata Anna Gomez respaldó la decisión de solicitar comentarios públicos, pero anticipó que votaría contra la propuesta final. Gomez expresó dudas sobre la autoridad de la comisión bajo la Sección 253 para anticiparse mediante una reglamentación a los estados y localidades en asuntos relacionados con derechos de vía y tarifas.

La comisionada también recordó que los gobiernos locales reciben grandes volúmenes de solicitudes y no siempre cuentan con recursos suficientes para responder tan rápido como desean los proveedores. Esa diferencia de capacidades alimenta el argumento municipal de que un plazo uniforme podría castigar a comunidades con menos personal, en vez de resolver los obstáculos que ralentizan las obras.

Si la FCC adopta el plan, gobiernos estatales y municipales podrían demandar a la agencia y pedir a los tribunales que determinen si excedió sus competencias. El resultado dependerá de cómo los jueces interpreten la Sección 253, el alcance del Título II y la relación entre la autoridad federal sobre telecomunicaciones y las responsabilidades locales sobre seguridad y propiedad pública.

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