El Concejo Municipal de Framingham aprobó por unanimidad prohibir la operación de cajeros de criptomonedas tras reportes de USD $397.000 en pérdidas por estafas desde 2023. La medida busca proteger a residentes vulnerables, aunque una fiscal advirtió que recuperar los fondos puede ser muy difícil.
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- Los residentes reportaron USD $397.000 en pérdidas vinculadas a estafas con estos cajeros desde 2023.
- El Concejo Municipal aprobó por unanimidad la prohibición el 5 de noviembre, con apoyo del Departamento de Policía.
- Framingham se suma a otras comunidades de Massachusetts que ya prohibieron estas máquinas.
🚨 Framingham prohíbe los cajeros de criptomonedas tras USD 397.000 en pérdidas reportadas
El Concejo aprobó la medida por unanimidad. Las denuncias se remontan a 2023.
La fiscal de distrito advirtió que recuperar los fondos puede ser muy difícil. pic.twitter.com/XsnaEVeHSk
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Framingham, una ciudad de Massachusetts con ingresos familiares superiores al promedio nacional, aprobó una prohibición para la operación de cajeros automáticos de criptomonedas después de que sus residentes reportaran pérdidas por USD $397.000 en estafas desde 2023. El Concejo Municipal votó la medida por unanimidad el 5 de noviembre, con el objetivo declarado de proteger a la población, en especial a adultos mayores, personas que no hablan inglés y hogares de bajos ingresos.
La decisión responde a denuncias acumuladas y a la dificultad que enfrentan las víctimas para recuperar el dinero enviado a través de estas máquinas. Según informó MetroWest Daily News, la fiscal de distrito de Middlesex, Marian Ryan, explicó ante los concejales que algunas estafas ni siquiera llegan a denunciarse porque las víctimas sienten vergüenza, mientras que el acceso a los fondos puede resultar inviable incluso cuando se procesa al presunto estafador.
Una prohibición motivada por pérdidas y denuncias
El Concejo Municipal aprobó la prohibición de manera unánime durante su reunión del 5 de noviembre, tras la presentación inicial de la propuesta en octubre. La concejala del Distrito 3, Mary Kate Feeney, impulsó la iniciativa y el subcomité de reglas, ordenanzas y ética la respaldó antes de que llegara a la votación del pleno.
El monto de USD $397.000 corresponde a pérdidas reportadas por residentes en estafas relacionadas con cajeros de criptomonedas desde 2023. Esa cifra no necesariamente refleja la dimensión total del problema: Ryan dijo a los concejales que muchas víctimas no denuncian lo ocurrido por vergüenza, por lo que los reportes disponibles podrían dejar fuera otros casos.
La fiscal también describió un obstáculo que, según su testimonio, complica la recuperación de los fondos incluso cuando las autoridades consiguen procesar a quien habría cometido la estafa. Explicó que no existe una forma efectiva de acceder a la billetera que contiene el dinero y que, con frecuencia, esa billetera se encuentra fuera de Estados Unidos; por ello, consideró que no hay una buena razón para dispersar estas máquinas por la ciudad.
La medida busca reducir la exposición de grupos que el municipio considera especialmente vulnerables al fraude financiero: adultos mayores, personas que no hablan inglés y residentes de bajos ingresos. La aprobación local no elimina las estafas ni resuelve por sí sola el problema de los fondos que ya se perdieron, pero restringe la operación de un canal que las autoridades vincularon con denuncias en Framingham.
Qué hacen estos cajeros y por qué generan preocupación
Un cajero de criptomonedas es un quiosco que permite comprar activos digitales como Bitcoin, Ether o XRP con efectivo o tarjeta de crédito. Algunas máquinas también ofrecen la operación inversa: el usuario envía criptomonedas desde su billetera a la dirección indicada por el equipo y recibe efectivo físico.
Ese funcionamiento convierte al cajero en un punto de contacto entre dinero convencional y activos digitales, pero no significa que cada uso de la máquina sea una estafa. En Framingham, la decisión municipal se apoya en las pérdidas reportadas y en la preocupación de autoridades locales por el uso de estos equipos en fraudes; la información disponible no detalla métodos específicos utilizados por los responsables ni identifica operadores concretos.
El caso expone una diferencia importante entre impedir nuevas operaciones locales y recuperar los fondos de víctimas anteriores. La prohibición aprobada por el Concejo restringe la operación de estas máquinas en la ciudad, mientras que el testimonio de Ryan apunta a dificultades para localizar o controlar billeteras asociadas a los casos, sobre todo cuando están fuera del país.
La fiscal añadió que las denuncias podrían no mostrar todos los daños porque algunas personas afectadas prefieren guardar silencio. Para una comunidad que intenta proteger a personas mayores, a quienes enfrentan barreras lingüísticas y a hogares con menos recursos, esa falta de reportes añade un desafío: las autoridades pueden actuar sobre casos conocidos, pero no medir con precisión todos los episodios que no llegan a su atención.
Apoyo policial y debate sobre una medida estatal
El Departamento de Policía de Framingham apoyó la prohibición durante el debate municipal. El detective Sean Wilson dijo que su experiencia profesional le ha permitido observar de primera mano el daño económico causado por estas estafas y los obstáculos que enfrentan las víctimas cuando intentan recuperar su dinero.
El respaldo policial acompañó una propuesta que pasó por la revisión del subcomité de reglas, ordenanzas y ética antes de recibir el voto unánime del Concejo. La secuencia muestra que la iniciativa fue discutida en instancias municipales y que reunió apoyo entre los concejales, aunque la información publicada no especifica cuándo entrará en vigor ni cuáles serán los procedimientos para aplicarla.
El concejal del Distrito 4, Michael Cannon, planteó que le gustaría ver una prohibición en todo Massachusetts. Su argumento es que, si una ciudad restringe estas máquinas mientras otras las permiten, los estafadores pueden trasladar sus operaciones a una comunidad vecina y mantener el acceso a los mismos tipos de quioscos.
Cannon sostuvo que una prohibición vinculada con las estafas puede dar tranquilidad al municipio por haber protegido a sus adultos mayores, pero advirtió que los delincuentes también recurren a otras tecnologías y que las autoridades deben mantenerse vigilantes. Su comentario presenta el límite de una respuesta local: el veto de Framingham puede cerrar una vía dentro de la ciudad, pero no garantiza que las actividades fraudulentas desaparezcan de otros lugares o adopten otros medios.
Framingham se suma a otras comunidades
Framingham se incorporó a un grupo de comunidades de Massachusetts que ya prohibieron los cajeros de criptomonedas. Entre las localidades mencionadas figuran Burlington, Haverhill, Waltham y Wayland, una lista que sitúa la votación local dentro de una tendencia municipal más amplia, aunque la información disponible no detalla las fechas ni las condiciones de cada prohibición.
Los datos de ingresos aportan contexto sobre la ciudad, pero no explican por sí solos quiénes fueron víctimas ni cómo se distribuyeron las pérdidas. Census Reporter cifra en USD $110.159 el ingreso medio por hogar de Framingham, por encima del promedio nacional de USD $81.604 en 2024; además, el 35% de los hogares tenía ingresos de entre USD $100.000 y USD $200.000, y el 19% superaba los USD $200.000.
La coexistencia de cifras de ingreso relativamente altas con denuncias de fraude recuerda que la capacidad económica promedio de una localidad no protege automáticamente a sus residentes de las estafas. En este caso, los concejales centraron su respuesta en la presencia de los cajeros y en la protección de grupos vulnerables, no en una afirmación de que todos los residentes o usuarios de criptomonedas enfrenten el mismo riesgo.
Por ahora, el resultado concreto es una decisión municipal unánime que prohíbe operar cajeros de criptomonedas en Framingham y que se suma a medidas similares en otras localidades del estado. El debate sobre una posible prohibición estatal, planteado por Cannon, queda como una propuesta y no como una política aprobada; mientras tanto, el caso deja en primer plano tanto las pérdidas reportadas como la dificultad que las autoridades describieron para recuperar fondos enviados a billeteras fuera de Estados Unidos.
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