Por Canuto  

La Casa Blanca prepara una reunión con grupos de aplicación de la ley que cuestionan partes clave de la Ley de Claridad del mercado cripto, en un momento decisivo para su avance en el Senado de EE. UU. El debate cruza temas de DeFi, lavado de dinero, conflictos éticos y el ajustado calendario legislativo de julio.

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  • La administración estadounidense buscará responder a objeciones de grupos policiales sobre una sección que protege a desarrolladores de software blockchain.
  • La industria cripto sostiene que la Ley de Claridad sumaría herramientas contra actores ilícitos, mientras sus críticos advierten riesgos para la aplicación de la BSA.
  • El Senado podría votar el proyecto en julio, pero la iniciativa necesita 60 apoyos y aún enfrenta disputas políticas y éticas.

 

La Casa Blanca se prepara para reunirse con organizaciones de aplicación de la ley que han objetado partes de la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales, el proyecto con el que el Senado de Estados Unidos busca establecer reglas para la estructura del mercado cripto.

El encuentro, previsto para el lunes según información reportada por CoinDesk, forma parte de un esfuerzo de la administración para mantener vivo el avance de la legislación mientras persisten dudas sobre sus implicaciones en materia de financiamiento ilícito.

La discusión se concentra en una sección muy específica del texto, la 604, conocida como la Ley de Certidumbre Regulatoria de Blockchain. Ese apartado intenta garantizar que los desarrolladores de software que no buscan controlar en última instancia las herramientas que habilitan no sean tratados legalmente como “transmisores de dinero”.

Para la industria de criptomonedas, esa protección es clave para que desarrolladores y equipos de finanzas descentralizadas, o DeFi, sigan creando productos sin quedar expuestos a responsabilidades pensadas para intermediarios financieros tradicionales.

Sin embargo, varios grupos policiales consideran que el lenguaje podría abrir una puerta demasiado amplia. El choque entre innovación y cumplimiento se ha convertido en uno de los puntos más sensibles de un proyecto que se acerca a una etapa decisiva en el Senado.

La objeción policial y el núcleo del debate

Entre los grupos más críticos figura la Asociación Nacional de Sheriffs. En una carta enviada en mayo a los líderes del Comité Bancario del Senado, la organización sostuvo que no existe “ninguna buena razón” para otorgar a mezcladores, tumbadores y DeFi una exención general.

Ese mensaje resumió el temor de varios sectores de seguridad. Según su postura, aunque algunos desarrolladores de software no participan en transmisión de dinero ni en otras actividades sujetas a la Ley de Secreto Bancario, otros sí lo hacen.

La preocupación no gira solo alrededor de una etiqueta legal. También apunta a la posibilidad de que ciertos servicios descentralizados o herramientas técnicas sean usados para ocultar fondos y dificultar investigaciones sobre crimen organizado, tráfico de personas o carteles de droga.

Quienes respaldan la sección 604 responden que el objetivo no es blindar operaciones ilícitas. Su argumento es que la ley debe distinguir entre quienes escriben código o publican infraestructura abierta y quienes sí controlan, administran o intermedian fondos de terceros.

Ese matiz importa especialmente en el ecosistema blockchain. En DeFi, muchas aplicaciones funcionan mediante contratos inteligentes y software desplegado en redes públicas, lo que ha llevado por años a un debate jurídico sobre dónde termina la innovación tecnológica y dónde empieza la actividad financiera regulada.

La tensión, por tanto, no es menor. De un lado están quienes temen que la ley deje huecos para malos actores; del otro, quienes advierten que un marco demasiado amplio podría criminalizar el desarrollo de software y empujar la innovación fuera de Estados Unidos.

La estrategia de la Casa Blanca para impulsar la ley

Funcionarios de la Casa Blanca, en especial el principal asesor sobre criptomonedas Patrick Witt, han venido trabajando para evitar que la iniciativa se estanque. Esa gestión ya ha incluido reuniones con grupos policiales y también con banqueros de Wall Street que han manifestado reparos.

La reunión prevista para el lunes buscaría atender algunas de las preocupaciones restantes. Hasta el momento, no se conocen muchos detalles sobre el formato o los posibles compromisos, y la Casa Blanca no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios sobre el encuentro.

Witt ha defendido públicamente la necesidad del proyecto. A comienzos de este mes, durante un evento organizado por la industria, afirmó que la administración está imponiendo restricciones regulatorias reales a empresas y actores que hoy operan en un entorno de incertidumbre.

En ese mismo foro, también dirigió un mensaje directo a funcionarios de la ley. Según sus palabras, ellos deberían ser los mayores animadores del proyecto, porque justamente proveería lo que hoy falta para fortalecer la respuesta regulatoria y de cumplimiento.

La lógica de la administración parece ser doble. Por un lado, ofrecer mayor claridad a empresas, desarrolladores e inversionistas; por otro, construir un marco más ordenado para perseguir a actores maliciosos sin dejar zonas grises que dificulten la supervisión.

Ese esfuerzo político ocurre en una fase delicada. La iniciativa ya superó etapas clave, pero aún necesita una coalición suficientemente amplia para reunir apoyos bipartidistas en el pleno del Senado.

La defensa del sector cripto y el argumento del vacío regulatorio

Grupos de la industria, como la Asociación Blockchain, han defendido las herramientas de lucha contra el crimen incluidas en la legislación. Su posición es que el proyecto no debilita la persecución de ilícitos, sino que añade nuevas facultades para actuar contra actores maliciosos.

Desde esa óptica, la ausencia de una nueva ley dejaría a reguladores y fuerzas del orden en un limbo. En otras palabras, el problema no sería un exceso de claridad para los desarrolladores, sino la permanencia de un régimen fragmentado e incierto.

Este punto conecta con un debate más amplio en Washington. Durante años, distintas agencias estadounidenses han chocado sobre cómo clasificar activos digitales, qué entidad debe supervisar determinados mercados y cómo aplicar normas heredadas de las finanzas tradicionales a redes descentralizadas.

Para el sector, una ley de estructura de mercado serviría para ordenar competencias y fijar estándares. También podría reducir el riesgo de que proyectos legítimos sean sometidos a interpretaciones cambiantes sobre su condición regulatoria.

Los críticos, no obstante, no consideran que ese beneficio compense los posibles riesgos. Su advertencia es que un diseño impreciso podría ser explotado por servicios opacos que se presentan como software neutral cuando, en la práctica, facilitan movimientos de fondos de alto riesgo.

Por eso la negociación no se limita a un asunto técnico. También se trata de qué tipo de industria cripto quiere permitir Estados Unidos y qué salvaguardas considera indispensables para evitar que la innovación sirva de escudo a actividades ilícitas.

Presión política, objeciones demócratas y calendario ajustado

Mientras continúa ese forcejeo, el liderazgo republicano del Senado evalúa acelerar la discusión. El líder de la mayoría, John Thune, ha dicho que considera llevar la Ley de Claridad al pleno en las próximas semanas, aun cuando el debate sobre varias disposiciones de alto perfil siga abierto.

Según un reporte de Punchbowl citado en la cobertura original, incluso existe la posibilidad de que la iniciativa se someta a votación aunque los demócratas todavía no estén listos. Eso elevaría la presión sobre una ley que necesita respaldo de ambos partidos para avanzar.

El presidente del Comité Bancario del Senado, Tim Scott, publicó el lunes que la cámara alta “debería votar sobre la legislación de la estructura del mercado de criptomonedas en julio”. Ese mensaje reforzó la idea de que el calendario legislativo se está estrechando.

La ley requerirá 60 votos afirmativos para ser aprobada en el Senado. Esa cifra obliga a conseguir un número significativo de senadores demócratas, algo especialmente complejo en medio de las críticas persistentes sobre lavado de dinero y otras preocupaciones de seguridad.

Además, quedan aproximadamente cuatro semanas de tiempo en el pleno antes de la pausa de verano. Ese margen reducido aumenta la presión sobre negociadores, asesores y líderes partidistas, porque cualquier desacuerdo importante podría consumir días valiosos.

Entre los opositores más visibles se encuentra la senadora Elizabeth Warren, principal demócrata del Comité Bancario. Warren ha mantenido un flujo constante de críticas centradas en el uso de criptomonedas por parte de grupos criminales, carteles de drogas y traficantes de personas.

Los temas pendientes que aún complican la aprobación

Las discusiones en curso no se limitan a la sección 604. También siguen abiertas cuestiones sobre la BRCA, la idea de llevar a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas a plena capacidad y una disposición ética para altos funcionarios del gobierno.

Esa cláusula ética prohibiría que funcionarios de alto nivel, incluido el presidente, mantengan intereses personales en el sector de criptomonedas. El tema ha cobrado fuerza porque varios legisladores no quieren apoyar la ley sin garantías frente a posibles conflictos de interés.

Incluso los únicos demócratas que votaron a favor del proyecto durante su trámite en el Comité Bancario del Senado han señalado que esa cuestión debe resolverse. El mensaje sugiere que no basta con una mayoría republicana disciplinada para asegurar la aprobación final.

Este punto introduce un componente político adicional. En Washington, las reglas sobre cripto ya no se discuten solo en función de innovación, mercados y supervisión, sino también en clave de ética pública y de la relación entre poder político e intereses financieros emergentes.

Si esas diferencias no se aclaran pronto, la ley podría enfrentar retrasos aun si existe voluntad de votar en julio. La búsqueda de 60 apoyos convierte cada detalle controvertido en una posible moneda de cambio dentro de la negociación.

Por eso la reunión con grupos de aplicación de la ley adquiere relevancia más allá de su contenido inmediato. Resolver, o al menos acotar, ese frente podría ayudar a despejar uno de los obstáculos más visibles antes de una eventual votación en el pleno.

El factor Trump y la incertidumbre sobre la firma presidencial

A la complejidad del Senado se suma una variable externa: la postura del presidente Donald Trump frente a otros proyectos legislativos. El Congreso ha estado envuelto en la negativa de Trump a firmar una importante ley sobre asequibilidad de la vivienda enviada a su escritorio.

Trump había dicho que no firmará ninguna legislación hasta que los legisladores aprueben un proyecto de identificación de votantes que exigiría esfuerzos significativos para que los votantes prueben su ciudadanía. Esa posición abrió dudas sobre si su resistencia podría extenderse también a la Ley de Claridad.

Por ahora, no está claro si esa advertencia alcanzaría al proyecto cripto. El texto sobre vivienda debía ser enviado formalmente al presidente el lunes, y su caso servirá como prueba para medir cuánto pesa realmente su negativa a firmar leyes en este contexto.

La Constitución de Estados Unidos contempla una ventana de 10 días para que un proyecto pueda convertirse en ley sin firma presidencial, siempre que no sea vetado y se cumplan las condiciones procedimentales. Eso introduce un matiz importante en la discusión sobre el poder de bloqueo real del Ejecutivo.

Jaret Seiberg, analista de políticas de TD Cowen, escribió en una nota el lunes que esperaba que la ley de vivienda se convirtiera en norma pese a la cancelación de la ceremonia de firma la semana pasada. También añadió que considera poco probable un veto presidencial a esa legislación relevante.

Según el cálculo citado por Seiberg, ese proyecto se convertiría en ley el viernes 10 de julio, salvo que el presidente decida vetarlo o firmarlo antes. Aunque ese comentario no se refiere directamente a la Ley de Claridad, sí ilustra el ambiente de incertidumbre institucional que rodea la agenda legislativa.

En conjunto, el panorama muestra una carrera contrarreloj. La Casa Blanca intenta contener objeciones policiales, el Senado busca una ventana de votación en julio y los legisladores todavía deben resolver cuestiones de ética, competencia regulatoria y respaldo bipartidista.

Lo que ocurra en los próximos días podría definir no solo el futuro inmediato de la Ley de Claridad, sino también la dirección del marco regulatorio para criptomonedas y DeFi en el mercado estadounidense.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA.

 


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