Por Canuto  

Chainalysis calcula que al menos USD $457.000 millones en actividad cripto potencialmente sujeta a impuestos ocurrieron en cadena durante 2025, pero el CARF de la OCDE cubriría apenas 14%. La brecha deja bajo la lupa a DeFi, las transacciones entre pares y los flujos sin intermediarios identificables.
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  • Chainalysis estima USD $457.000 millones en ganancias, ingresos y pagos cripto potencialmente sujetos a impuestos durante 2025.
  • Norteamérica concentró USD $134.600 millones y la Unión Europea USD $125.100 millones de esa actividad en cadena.
  • El CARF comenzó a recopilar datos en 48 jurisdicciones desde el 1 de enero de 2026, aunque cubriría solo 14% de la actividad identificada.

Una actividad fiscal difícil de abarcar

La actividad cripto potencialmente sujeta a impuestos alcanzó al menos USD $457.000 millones a nivel mundial durante 2025, según una estimación de Chainalysis que pone el foco en operaciones realizadas directamente sobre seis redes blockchain principales. El cálculo incluye ganancias de capital realizadas, ingresos procedentes de minería, staking y préstamos, además de pagos denominados en criptomonedas. La cifra no representa todo el mercado, porque excluye deliberadamente el comercio y las operaciones ejecutadas dentro de exchanges centralizados.

El dato adquiere relevancia por la diferencia entre la actividad visible en cadena y el alcance práctico del Marco de Reporte de Criptoactivos, conocido como CARF por sus siglas en inglés. Chainalysis sostiene que el estándar internacional desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, cubre únicamente 14% de las transacciones potencialmente sujetas a impuestos que detectó en su análisis. En términos generales, esa proporción deja una brecha de 86% en actividades que pueden generar obligaciones fiscales, pero no necesariamente pasan por un intermediario obligado a reportar.

La distribución geográfica también muestra una concentración importante en las regiones con mercados cripto desarrollados y marcos regulatorios en expansión. Norteamérica aportó casi USD $134.600 millones de la actividad identificada, mientras que la Unión Europea representó USD $125.100 millones, de acuerdo con el desglose presentado por la firma de análisis blockchain. Estas cifras no equivalen a recaudación tributaria ni a ingresos netos de los usuarios, sino a una medición de flujos y actividades que podrían tener consecuencias fiscales.

En una página separada de su informe, Chainalysis divide las operaciones en ganancias comerciales de criptomonedas, ingresos generados en cadena y pagos digitales. La empresa destaca que los flujos de pagos con stablecoins figuran entre los mayores y presentan una distribución internacional particularmente amplia, un rasgo que complica la identificación de la residencia fiscal cuando los fondos atraviesan múltiples redes y jurisdicciones.

Qué cubre el estándar CARF

El CARF fue desarrollado por la OCDE en 2022 con el objetivo de establecer reglas internacionales para el intercambio de información sobre criptoactivos. Bajo este esquema, los proveedores alcanzados deben recopilar datos de sus clientes y remitir información sobre transacciones a la autoridad fiscal local correspondiente. Esa administración puede después reenviar los datos al país donde reside el contribuyente, siempre conforme a los mecanismos de cooperación aplicables.

La recopilación de información comenzó el 1 de enero de 2026 en 48 jurisdicciones, entre ellas el Reino Unido y la Unión Europea, según el reporte citado. Las plataformas incluidas dentro del alcance deben solicitar información adicional sobre sus usuarios, incluida la residencia fiscal, para asociar las operaciones con las administraciones tributarias pertinentes. El cambio aumenta las obligaciones de cumplimiento para los proveedores, aunque no elimina la necesidad de que cada contribuyente declare sus ingresos o ganancias conforme a las normas locales.

El marco se concentra principalmente en intermediarios que facilitan intercambios para sus clientes como actividad comercial. Chainalysis identifica dentro de esa categoría a exchanges, corredores, distribuidores y operadores de cajeros automáticos que participan en transacciones de intercambio y tienen una relación organizada con los usuarios. La lógica del sistema depende, por tanto, de que exista una entidad capaz de identificar al cliente, custodiar fondos o cobrar una comisión por facilitar la operación.

La explicación de Chainalysis sobre el CARF señala que no existe una exclusión amplia para los distintos tipos de exchanges descentralizados. Sin embargo, las plataformas que funcionan como simples tablones de anuncios y los proveedores de software puro podrían quedar fuera del marco, dependiendo de la forma en que operen y de si desempeñan funciones que los conviertan en proveedores reportantes. Esa distinción es central, porque dos aplicaciones con una apariencia similar pueden recibir tratamientos regulatorios diferentes si una controla fondos o interviene en la ejecución y la otra solo suministra herramientas.

La brecha de 86% está en DeFi y los flujos directos

Según Chainalysis, el volumen cubierto por CARF equivale a apenas 14% de toda la actividad en cadena potencialmente sujeta a impuestos que la firma detectó. El 86% restante incluye operaciones realizadas en exchanges descentralizados, transferencias peer-to-peer, ingresos generados directamente en blockchain y pagos en los que no participa una organización que cobre comisiones o mantenga la custodia del dinero. La brecha no significa que esas actividades estén exentas de impuestos, sino que quedan fuera del mecanismo específico de reporte automático descrito por el estándar.

Las finanzas descentralizadas plantean un problema distinto al de un exchange tradicional porque la interacción puede producirse mediante contratos inteligentes y aplicaciones distribuidas, sin una empresa claramente identificable en el centro de la operación. Un usuario puede intercambiar activos, obtener rendimiento o prestar fondos conectándose directamente con un protocolo, mientras la información de la transacción permanece registrada en la cadena. Aunque esa trazabilidad pública puede ayudar a reconstruir movimientos, no siempre ofrece de forma inmediata la identidad real o la residencia fiscal de las personas involucradas.

Las transferencias entre pares agregan otra capa de dificultad, especialmente cuando los participantes negocian directamente o utilizan herramientas que no custodian los activos. También quedan comprendidos los ingresos procedentes de actividades como minería y staking, en las que la generación del rendimiento puede depender de reglas del protocolo y no de una entidad que mantenga una cuenta tradicional del usuario. En esos casos, la responsabilidad de calcular la base imponible y demostrar el origen de los fondos puede recaer en el propio contribuyente, aunque las exigencias concretas varían entre países.

Colby Mangels, asesor de la OCDE que participó en el desarrollo del CARF, ha explicado que el marco se diseñó para las organizaciones que facilitan transacciones de criptomonedas. Esa orientación ayuda a entender por qué muchas soluciones DeFi quedan inicialmente excluidas, pero también revela el límite operativo de un modelo basado en intermediarios cuando una parte creciente de la actividad ocurre directamente entre billeteras, contratos inteligentes y usuarios. La discusión regulatoria, por ello, no se reduce a ampliar formularios, sino a determinar quién tiene capacidad real para identificar y reportar.

Posibles cambios y desafíos para los contribuyentes

El alcance del CARF podría modificarse a medida que las autoridades fiscales y financieras analicen la evolución de las plataformas descentralizadas. Mangels indicó que los reguladores siguen de cerca los avances en las normas contra el lavado de dinero, que podrían llevar a considerar reportantes a determinadas plataformas DeFi o a sus operadores. La eventual inclusión dependería de las funciones que desempeñe cada actor y de si puede identificarse una persona o entidad con control suficiente sobre el servicio.

Ese posible ajuste abriría preguntas sobre la aplicación de obligaciones de reporte a interfaces, desarrolladores, operadores de protocolos y proveedores de infraestructura. Una plataforma puede ofrecer una interfaz accesible para el público, mientras que el protocolo subyacente funciona mediante código distribuido y sin custodia centralizada; atribuir responsabilidades exige separar esas capas técnicas y comerciales. El desafío será evitar que una definición demasiado amplia alcance a proveedores de software que no tienen acceso a los fondos ni capacidad para verificar la residencia de los usuarios.

Para los contribuyentes, la expansión del reporte no sustituye la obligación de conservar registros propios sobre compras, ventas, recompensas, préstamos y pagos. La información pública de una blockchain puede mostrar direcciones y movimientos, pero transformar esos datos en una declaración fiscal requiere identificar el costo de adquisición, la fecha de cada operación y la naturaleza del ingreso. Cuando una persona utiliza varias billeteras o protocolos, la conciliación puede resultar especialmente compleja, aun cuando las transacciones sean técnicamente transparentes.

El contraste entre USD $457.000 millones de actividad potencialmente gravable y el 14% cubierto por CARF ilustra una tensión estructural de la regulación cripto. Los gobiernos buscan cooperación internacional y mayor visibilidad, mientras el ecosistema continúa desarrollando modelos sin custodios, sin fronteras y con intermediación mínima. Por ahora, la cifra de 86% funciona como una señal de que el reto fiscal no termina en los exchanges regulados y que cualquier actualización del marco deberá equilibrar trazabilidad, privacidad, innovación y capacidad de cumplimiento.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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