Por Canuto  

Un tribunal federal de apelaciones bloqueó una decisión de la FCC que habría permitido a partidos políticos y comités conjuntos acceder a las tarifas publicitarias más bajas reservadas por ley para candidatos. El fallo llega antes del período electoral de 60 días y abre un nuevo choque entre la agencia, los republicanos y quienes cuestionan la expansión del descuento.
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  • El Cuarto Circuito bloqueó por 2 votos contra 1 la guía de la FCC sobre la tarifa unitaria más baja.
  • La corte concluyó que la ley protege a candidatos legalmente calificados, no a partidos ni comités conjuntos sin candidatos.
  • La FCC aún podría solicitar una nueva audiencia ante todos los jueces del circuito o acudir a la Corte Suprema.

Un tribunal federal de apelaciones bloqueó una decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos que podía ampliar de forma significativa el acceso a tarifas reducidas para anuncios políticos en televisión. La medida habría permitido que partidos y comités conjuntos de recaudación de fondos compraran espacios con la llamada tarifa unitaria más baja, un descuento que la ley estadounidense vincula expresamente con candidatos legalmente calificados.

El panel del Cuarto Circuito resolvió el caso por 2 votos contra 1 y dejó sin efecto el aviso público emitido por la Oficina de Medios de la FCC. La regla debía comenzar a aplicarse el 4 de septiembre, fecha que marca el inicio del período de 60 días previo a las elecciones durante el cual las emisoras tienen que ofrecer sus tarifas publicitarias más bajas a los candidatos que cumplen los requisitos legales.

La disputa por la tarifa unitaria más baja

La tarifa unitaria más baja, conocida en la normativa estadounidense como LUC, obliga a las emisoras a cobrar a los candidatos calificados el precio más bajo que ofrecen por un espacio publicitario comparable. Cuatro candidatos demócratas impugnaron la interpretación de la FCC porque, según su argumento, el Congreso reservó ese beneficio para las campañas de personas que compiten por un cargo público, no para organizaciones que las respaldan.

El caso fue presentado por el exsenador y actual candidato Sherrod Brown, de Ohio; el senador Jon Ossoff, de Georgia; el candidato al Senado Roy Cooper, exgobernador de Carolina del Norte; y la representante federal Kristen McDonald Rivet, de Michigan. El Comité Nacional Republicano del Congreso y el Comité Senatorial Nacional Republicano defendieron durante el litigio la posición de la FCC, que buscaba reconocer el descuento a partidos y comités autorizados designados por candidatos.

La decisión judicial afirmó que no existe controversia sobre el derecho de los candidatos a recibir la LUC, pero sí sobre la posibilidad de extenderla a partidos políticos y comités conjuntos cuyos integrantes no sean candidatos. El panel concluyó que el texto legal es inequívoco y que no respalda la expansión unilateral de la agencia, por lo que concedió la petición de revisión y dejó sin efecto el aviso público.

El fallo fue escrito por el juez Robert King, designado durante la presidencia de Bill Clinton, y recibió el respaldo del juez James Wynn, designado durante la presidencia de Barack Obama. El juez J. Harvie Wilkinson III, designado durante la presidencia de Ronald Reagan, presentó una disidencia en la que sostuvo que la FCC había ofrecido una interpretación plausible de la ley.

Un revés para la estrategia republicana

El bufete Elias Law Group, que representa a los candidatos, describió la decisión como un golpe para el Partido Republicano. Sus socios Rachel Jacobs y Jacquelyn López afirmaron que el Congreso creó la tarifa unitaria más baja para candidatos federales y que la corte confirmó que el término candidato no incluye a un partido político ni a un comité conjunto de recaudación de fondos.

Según el comunicado de los abogados, los republicanos esperaban utilizar los precios reducidos para apoyar campañas federales que, en su caracterización, enfrentaban dificultades. La disputa no determina por sí sola el volumen de publicidad que comprarán los partidos, pero sí limita una herramienta con la que las organizaciones políticas podían haber reducido el costo de sus campañas televisivas durante una etapa especialmente intensa del calendario electoral.

La controversia adquirió mayor relevancia después de que la Corte Suprema anulara en junio límites de larga data sobre el gasto que los comités partidarios pueden coordinar con sus candidatos. El caso, National Republican Senatorial Committee v. Federal Election Commission, no resolvió si los partidos pueden obtener el descuento federal para candidatos cuando realizan gastos coordinados, de modo que esa cuestión quedó en manos de los tribunales inferiores.

Los candidatos demócratas señalaron que, en ese litigio ante la Corte Suprema, el procurador general de Estados Unidos sostuvo que la ley exige tarifas bajas para el gasto de los candidatos, pero no para el gasto de los partidos, ya sea coordinado o independiente. A su juicio, la postura adoptada por la FCC sobre los anuncios televisivos entraba en conflicto con esa interpretación presentada por el gobierno federal.

La FCC y el impacto sobre las emisoras

Anna Gomez, la única comisionada demócrata de la FCC, había advertido que la decisión de la agencia podía desatar una avalancha de dinero oscuro en la publicidad televisiva. Gomez sostuvo que ampliar el descuento exclusivo de los candidatos daría una ventaja todavía mayor a los grandes financiadores políticos frente a otros participantes del mercado electoral.

La comisionada también cuestionó el efecto económico de la regla sobre las emisoras, que concentran una parte importante de sus ingresos publicitarios en la temporada electoral. Afirmó que no resulta coherente sostener que las estaciones luchan por sobrevivir y, al mismo tiempo, obligarlas a vender su inventario más valioso a precios reducidos cuando enfrentan la competencia de grandes empresas tecnológicas y servicios de streaming.

La Oficina de Medios de la FCC emitió el 30 de marzo un aviso público presentado como un recordatorio de la guía previa sobre la elegibilidad para la LUC. Sin embargo, el Cuarto Circuito observó que el documento no identificó ninguna orientación anterior que justificara incluir a partidos políticos y comités conjuntos de recaudación de fondos cuyos miembros no fueran candidatos.

Para la mayoría judicial, la agencia exigió a las emisoras extender el descuento sin ofrecer una justificación estatutaria suficiente. Aunque el aviso argumentaba que la ley menciona repetidamente a candidatos y comités autorizados como titulares de derechos relacionados, los jueces respondieron que el requisito de la LUC se refiere al uso de la estación por parte del candidato y no menciona a los comités autorizados.

La demora de la comisión también fue cuestionada

Los cuatro candidatos solicitaron a la FCC que reconsiderara su decisión el 29 de abril, mientras que la Television Bureau of Advertising, una asociación comercial de radiodifusores, presentó una petición similar ese mismo día. La comisión rechazó la solicitud de la asociación el 13 de agosto, pero todavía no había emitido una decisión sobre la petición de los candidatos cuando el tribunal intervino.

Gomez disintió de la actuación de la FCC y criticó que la decisión se hubiera tomado a puerta cerrada, sin un expediente público ni una convocatoria para recibir comentarios. Los candidatos pidieron la intervención del Cuarto Circuito el 19 de junio, alegando que la proximidad de las elecciones hacía inviable esperar indefinidamente una respuesta administrativa.

Los jueces consideraron urgente el asunto porque la petición llevaba más de 100 días pendiente y el inicio del período electoral se acercaba. El tribunal señaló que la comisión no buscó respuestas de las partes afectadas, no desarrolló una determinación de hechos, no pidió informes suplementarios, no abrió comentarios públicos ni programó una audiencia oral antes de que la disputa llegara a la instancia judicial.

En lugar de examinar el fondo de la petición, el presidente de la FCC, Brendan Carr, propuso ese mes desestimarla sumariamente con el argumento de que la propia comisión no podía revisarla. El tribunal calificó las circunstancias como una negativa constructiva y concluyó que el aviso de la Oficina de Medios constituía una orden final, lo que le otorgaba jurisdicción para revisarlo.

La disidencia y los próximos pasos

Wilkinson sostuvo que el aviso no era una orden final porque la FCC aún analizaba la petición de los candidatos. También afirmó que el Congreso no limitó la tarifa más baja a los anuncios pagados directamente por un candidato y que una campaña no deja de usar una emisora porque su mensaje autorizado se difunda mediante un mecanismo de coordinación con el partido.

En su opinión disidente, el juez acusó a la mayoría de adoptar una lectura demasiado restrictiva de la expresión uso por un candidato. A su entender, esa interpretación limita innecesariamente el discurso político en el período previo a una elección y coloca a los partidos en una posición debilitada dentro del debate democrático, además de intervenir sobre una agencia federal sin que existiera una orden final clara.

La FCC celebró el análisis de Wilkinson y su opinión disidente, que, según un portavoz de la comisión citado por Ars Technica, coinciden con el enfoque de larga data de la agencia sobre estos asuntos. El portavoz añadió que la FCC continuará revisando las demás opiniones, una señal de que el conflicto aún podría producir nuevas respuestas institucionales.

La comisión puede pedir una nueva audiencia ante todos los jueces del Cuarto Circuito o solicitar que la Corte Suprema revise el caso. Mientras tanto, las emisoras deben aplicar el marco confirmado por la decisión de apelaciones, que mantiene la tarifa unitaria más baja vinculada a candidatos legalmente calificados y no a partidos o comités conjuntos sin candidatos.

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