Por Canuto  

Brad Garlinghouse pidió al Senado de Estados Unidos respaldar la ley CLARITY, mientras Scott Bessent aseguró que el proyecto puede impulsar la innovación digital sin dejar desprotegidos a los bancos comunitarios.
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  • El Senado de Estados Unidos celebró el 15 de septiembre una votación procesal sobre la ley CLARITY.
  • Scott Bessent defendió el proyecto y prometió atender el riesgo de una fuga de depósitos desde los bancos comunitarios.
  • Brad Garlinghouse pidió a los senadores aprobar la iniciativa, aunque reconoció que no representa una legislación perfecta.

 


El CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, pidió al Senado de Estados Unidos aprobar la Digital Asset Market Clarity Act, conocida como ley CLARITY, en una jornada marcada por una votación procesal sobre el proyecto. Su llamado llegó después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendiera la iniciativa y ofreciera garantías a los bancos comunitarios que temen perder depósitos frente al crecimiento de las stablecoins.

Una votación decisiva para la regulación cripto

La votación procesal del 15 de septiembre colocó a la ley CLARITY en una etapa relevante del debate legislativo estadounidense sobre los activos digitales. El proyecto busca establecer una división más clara de responsabilidades entre la Comisión de Bolsa y Valores, conocida como SEC, y la Comisión de Comercio de Futuros, conocida como CFTC, en un intento por reducir la incertidumbre regulatoria que ha acompañado al sector, indicó Yahoo Finance.

La iniciativa es presentada como el esfuerzo legislativo más integral realizado hasta ahora en Estados Unidos para definir el marco aplicable a las criptomonedas. Esa amplitud explica tanto el interés de empresas como Ripple, que reclaman reglas más previsibles, como la resistencia de sectores financieros preocupados por el efecto que nuevas formas de dinero digital podrían tener sobre sus operaciones.

El debate no se limita a decidir qué agencia supervisará cada activo o actividad relacionada con las criptomonedas. También abarca el modo en que las stablecoins, tokens diseñados para mantener un valor estable y normalmente vinculados a monedas fiduciarias, competirían con los productos de depósito ofrecidos por las entidades bancarias tradicionales.

En ese contexto, la posición de Garlinghouse representa una presión pública para que el Senado avance, incluso si el texto final todavía genera desacuerdos. El ejecutivo sostuvo que los legisladores alcanzaron un resultado basado en concesiones reales y sustanciales, una valoración que busca presentar la propuesta como un punto de equilibrio y no como una victoria completa de un solo grupo.

Bessent intenta tranquilizar a los bancos comunitarios

El 14 de septiembre, Bessent afirmó que la ley CLARITY resulta esencial para que Estados Unidos pueda ganar la carrera tecnológica global. Según su planteamiento, el país necesita permitir que la innovación digital prospere, pero también debe ajustar las reglas para que los bancos comunitarios puedan competir y continuar financiando la actividad económica local.

La declaración respondió a las objeciones de la industria bancaria, especialmente a las preocupaciones de los bancos comunitarios sobre las recompensas vinculadas a las stablecoins. Esas entidades temen que los incentivos previstos en el proyecto atraigan a sus clientes hacia productos digitales y provoquen una salida de depósitos, reduciendo una fuente importante de financiamiento para hogares y empresas.

Bessent aseguró que el progreso de los bancos comunitarios ha sido una prioridad desde el comienzo de su trabajo en el gobierno. También sostuvo que la estrategia de impulsar la tecnología digital mientras se adapta la regulación bancaria puede permitir que ambos sectores contribuyan al crecimiento económico de Estados Unidos durante las próximas décadas.

El secretario del Tesoro añadió que no dudaría en intervenir para evitar que los intereses de los bancos comunitarios resulten perjudicados si las stablecoins generan una fuga de depósitos. Su argumento se apoya en que la última versión del proyecto concede al secretario del Tesoro autoridad adicional para responder ante ese tipo de riesgo, aunque la información disponible no detalla cómo se aplicaría cada medida.

El mensaje de Garlinghouse al Senado

Garlinghouse reaccionó al pronunciamiento de Bessent con un llamado directo a los senadores para que votaran a favor de la ley CLARITY. El CEO de Ripple sostuvo que el proyecto no debe considerarse simplemente un compromiso político, sino el resultado de negociaciones que incorporaron concesiones relevantes de los legisladores involucrados.

El ejecutivo también planteó que una ley perfecta no debería convertirse en el enemigo de una ley buena. Con esa formulación, defendió la aprobación de un marco regulatorio razonable como una alternativa preferible a prolongar la espera por una legislación ideal que podría tardar más en reunir apoyo suficiente.

La postura de Ripple refleja el interés de las empresas cripto por obtener reglas más definidas para sus productos y operaciones en Estados Unidos. Sin embargo, el respaldo empresarial no elimina las preguntas sobre el alcance de la supervisión, la protección de los usuarios y la manera en que el Congreso equilibrará la innovación con la estabilidad del sistema financiero.

Garlinghouse insistió en que los senadores no deberían limitarse a aceptar el proyecto como una opción imperfecta, sino respaldarlo de manera explícita. En su mensaje final, afirmó: “Senado: el mundo está mirando y los votantes están mirando”, una frase que convirtió la votación en una prueba pública de responsabilidad política frente al avance de la industria cripto.

El conflicto entre innovación y depósitos bancarios

La discusión sobre las recompensas de stablecoins concentra una de las tensiones más delicadas de la ley CLARITY. Para los defensores de estos activos, los incentivos pueden acelerar la adopción de herramientas de pago digitales y estimular la competencia; para los bancos comunitarios, esos mismos beneficios podrían desviar recursos que hoy permanecen en cuentas de depósito.

Una fuga de depósitos no sería solamente un problema comercial para las entidades más pequeñas, porque también podría limitar su capacidad para conceder créditos a clientes locales. Por esa razón, la promesa de Bessent de utilizar autoridad adicional intenta ofrecer una red de seguridad política y regulatoria antes de que el Senado decida si la propuesta avanza.

El proyecto también enfrenta una contrapropuesta demócrata y una oposición creciente, según el contexto presentado alrededor de la votación. Esa resistencia muestra que el respaldo de figuras del gobierno y de ejecutivos de la industria no garantiza un consenso, especialmente cuando la ley puede modificar la relación entre emisores de stablecoins, bancos y organismos federales.

La jornada, por tanto, reúne tres intereses que no siempre coinciden: la necesidad de reglas claras para las criptomonedas, el objetivo de Estados Unidos de mantener su liderazgo tecnológico y la defensa de los bancos comunitarios frente a una posible competencia por los depósitos. La votación procesal sirve como indicador de cuánto espacio existe para que esas prioridades convivan en el texto legislativo, aunque por sí sola no resuelve las diferencias sobre la versión definitiva del proyecto.

Qué queda en juego para el sector cripto

Una eventual aprobación de la ley CLARITY podría ofrecer a las empresas del sector una referencia más concreta sobre la distribución de competencias entre la SEC y la CFTC. Esa claridad no resolvería automáticamente todas las disputas regulatorias, pero sí podría reducir parte de la incertidumbre que dificulta la planificación de productos, servicios y estrategias de cumplimiento.

Para Ripple, el avance del proyecto también tendría una dimensión política, porque reforzaría la idea de que el Congreso puede construir reglas específicas para los activos digitales en lugar de depender exclusivamente de acciones regulatorias individuales. La empresa ha seguido con atención el debate estadounidense, aunque el material de origen no atribuye a Garlinghouse nuevas medidas empresariales relacionadas con la votación.

Los bancos comunitarios, por su parte, buscan garantías que no queden únicamente en declaraciones públicas. El verdadero impacto dependerá de la autoridad que finalmente conserve el secretario del Tesoro, de las condiciones para activar esa intervención y de cómo se definan las recompensas de stablecoins en la versión definitiva de la legislación.

Garlinghouse pidió que el Senado se incline por aprobar una solución posible en vez de esperar una norma perfecta. Mientras los legisladores evalúan esa decisión, la ley CLARITY seguirá funcionando como un punto de encuentro y de conflicto entre la innovación cripto, la competencia financiera y la protección de los depósitos bancarios.


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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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