Por Canuto  

Bitcoin Policy Institute pidió intervenir en una demanda presentada en Nueva York que busca reclamar 39.069 billeteras inactivas con unos 3.700.000 BTC, incluidos fondos vinculados a Satoshi Nakamoto. La organización sostiene que equiparar inactividad con abandono distorsiona tanto la naturaleza técnica de Bitcoin como las reglas legales de propiedad.

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  • El caso fue presentado en marzo de 2026 por un demandante seudónimo, “Noah Doe”, junto con dos entidades de Wyoming.
  • La demanda apunta a 39.069 direcciones con cerca de BTC 3.700.000, valorados en torno a USD $237.000 millones.
  • BPI y un análisis de Galaxy Digital sostienen que la tesis legal es débil y que el fallo podría afectar la autocustodia.

 

El Bitcoin Policy Institute, conocido como BPI, presentó una moción para intervenir en una demanda en Nueva York que intenta reclamar la propiedad de 39.069 billeteras de Bitcoin (BTC) supuestamente abandonadas. Entre las direcciones mencionadas en el caso aparecen incluso billeteras asociadas a Satoshi Nakamoto.

La organización sostiene que la demanda parte de errores legales y técnicos de base. También advirtió que un fallo favorable a los demandantes podría debilitar los derechos de propiedad de quienes guardan Bitcoin durante años sin moverlo.

El punto es sensible para el ecosistema, porque la autocustodia suele implicar largos periodos de inactividad on-chain. En Bitcoin, dejar monedas inmóviles no constituye por sí mismo una prueba de abandono.

La disputa gira alrededor de una teoría agresiva: que ciertas billeteras inactivas deberían tratarse como propiedad abandonada bajo la ley de Nueva York. Si esa interpretación prosperara, los demandantes buscarían obtener el título legal como supuestos halladores.

De acuerdo con la información publicada por Crypto Briefing, el caso ya despertó objeciones de peso dentro de la industria. Además del BPI, un análisis de Galaxy Digital identificó inconsistencias relevantes en la selección de direcciones y en la lógica jurídica de la demanda.

Qué reclama la demanda presentada en Nueva York

La demanda fue presentada en marzo de 2026 en Nueva York por un demandante seudónimo que utiliza el nombre “Noah Doe”. Junto a él aparecen dos entidades de Wyoming a las que les asignó derechos relacionados con la reclamación.

Según la queja, las 39.069 direcciones objetivo contienen aproximadamente BTC 3.700.000. A precios de mercado actuales, esa cifra fue valorada en cerca de USD $237.000 millones.

El documento afirma que dentro del conjunto hay billeteras vinculadas a Satoshi Nakamoto. Ese detalle elevó de inmediato el perfil del litigio, ya que implicaría intentar obtener reconocimiento legal sobre parte de las monedas más emblemáticas de la red.

Los demandantes sostienen que identificaron esas direcciones mediante un algoritmo personalizado. Su tesis es que se trata de billeteras autocustodiadas, inactivas durante años y aparentemente sin respuesta pese a la apreciación del precio de Bitcoin.

La queja añade que entregaron la lista de direcciones al Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York en unidades USB. Después, según el propio escrito, transmitieron avisos OP_RETURN en la cadena hacia las direcciones señaladas.

Con esos pasos, los demandantes buscan que el tribunal les otorgue el título legal sobre las billeteras y el Bitcoin asociado. Su argumento descansa en el marco estatal de propiedad perdida, aplicado aquí a activos digitales.

Por qué BPI dice que el caso confunde la naturaleza de Bitcoin

En su presentación, BPI argumentó que la demanda confunde tanto el funcionamiento técnico de Bitcoin como el concepto legal de propiedad. La organización remarcó que muchos usuarios eligen mantener sus activos inmóviles por largos periodos.

Desde esa óptica, la inactividad no sirve como indicador confiable de abandono. En Bitcoin, conservar monedas sin moverlas puede responder a una estrategia deliberada de resguardo a largo plazo.

BPI también sostuvo que las direcciones de billetera son públicamente observables. Por eso, a su juicio, no pueden ser “encontradas” en el sentido legal que normalmente se usa en disputas sobre bienes perdidos.

La organización añadió otra distinción importante para el tribunal. La propiedad de una dirección no equivale automáticamente a la propiedad del Bitcoin asociado a esa dirección.

Ese punto importa porque la demanda intenta trasladar categorías creadas para bienes físicos al terreno de un sistema descentralizado. Para BPI, las leyes de propiedad perdida de Nueva York fueron diseñadas para objetos materiales, no para activos digitales autocustodiados.

La organización sin fines de lucro, con sede en Washington y especializada en investigación sobre Bitcoin y políticas públicas, advirtió además sobre un posible efecto más amplio. Si el tribunal aceptara esta teoría, muchos usuarios podrían sentirse forzados a mover periódicamente sus tenencias para evitar futuras reclamaciones.

Eso, según BPI, desincentivaría la autocustodia y empujaría aparte del mercado hacia servicios de terceros. En otras palabras, una decisión favorable a los demandantes podría alterar comportamientos básicos de seguridad entre los tenedores de Bitcoin.

Las observaciones de Galaxy Digital y el rastro de Craig Wright

Un informe reciente de Alex Thorn, jefe de investigación global en Galaxy Digital, cuestionó de forma directa la base del caso. El analista señaló que casi todas las direcciones de los demandados se superponen con la campaña de “dusting” de 2025.

Thorn también indicó una coincidencia adicional llamativa. Esas billeteras tendrían una extensa superposición con direcciones que Craig Wright había afirmado previamente poseer en litigios separados.

Wright, el informático australiano que aseguró ser el creador de Bitcoin, fue hallado en desacato por un tribunal del Reino Unido a finales de 2024. Eso ocurrió después de seguir haciendo esas afirmaciones y de impulsar demandas de propiedad intelectual relacionadas con Bitcoin pese a un fallo que las había rechazado.

Como consecuencia, recibió una sentencia de prisión de 12 meses suspendida por dos años. La referencia a ese antecedente añade un elemento polémico a la disputa actual, dado el historial de reclamaciones fallidas sobre identidades y activos vinculados a Bitcoin.

El análisis de Thorn sostuvo además que la demanda contiene debilidades legales y fácticas importantes. Entre ellas mencionó valoraciones inexactas y la inclusión de direcciones relacionadas con fondos robados y billeteras de quema.

También apuntó a un posible servidor de proceso ficticio y a una anonimidad cuestionable para los demandantes corporativos. Esos elementos, de confirmarse, podrían erosionar todavía más la credibilidad del litigio.

Incluso si los demandantes lograran avanzar, Thorn consideró que el resultado práctico sería limitado. A su juicio, lo máximo que podrían obtener sería una declaración judicial, no control efectivo sobre el Bitcoin en sí.

Eso reduciría el valor real del proceso a un eventual instrumento de presión sobre exchanges, pero solo si alguna vez se movieran esas monedas. Mientras las claves privadas sigan fuera de su alcance, la capacidad material de controlar los fondos permanecería intacta del lado de quien las posea.

Qué está en juego para la propiedad digital y la autocustodia

El caso va más allá de una disputa puntual sobre billeteras antiguas. También pone a prueba hasta dónde puede estirarse la ley tradicional cuando intenta abarcar activos nativos de internet como Bitcoin.

En los sistemas financieros convencionales, la inactividad prolongada puede activar reglas de custodia, reporte o transferencia al Estado. Sin embargo, Bitcoin funciona sin intermediarios y permite que un usuario conserve control exclusivo mediante sus claves privadas.

Por eso, equiparar silencio on-chain con abandono abre un problema conceptual. La cadena muestra movimiento de fondos, pero no revela intención jurídica del propietario.

Ese matiz es central en la discusión. Una billetera puede permanecer intacta por razones de seguridad, por herencia no resuelta, por estrategia patrimonial o simplemente por decisión de no vender.

Si un tribunal aceptara que años de inactividad bastan para presumir abandono, se alteraría una expectativa básica dentro del ecosistema. Los usuarios podrían verse obligados a realizar movimientos artificiales para proteger su posición legal.

Ese incentivo sería contrario a una práctica ampliamente aceptada entre los llamados holders de largo plazo. También podría incrementar riesgos operativos, ya que mover fondos sin necesidad expone a errores humanos y a superficies adicionales de ataque.

La intervención de BPI busca frenar precisamente ese tipo de precedente. En su lectura, el litigio no solo afecta a las direcciones incluidas en la demanda, sino a la definición misma de propiedad en una red descentralizada.

Por ahora, el centro del debate sigue siendo si la ley de propiedad perdida de Nueva York puede aplicarse de esta manera. La respuesta del tribunal será observada de cerca por abogados, custodios, defensores de la autocustodia y participantes del mercado cripto.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA.

 


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