Por Canuto  

Veintitrés estados de EE.UU. prohíben las apuestas electorales, pero su aplicación a los mercados de predicción como Polymarket y Kalshi es incierta. La disputa entre los estados y la CFTC escala con un nuevo argumento: el poder constitucional de gestionar elecciones. ¿Quién tiene la última palabra?
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  • Wisconsin y Nueva York sancionan a los apostadores electorales con la pérdida del derecho al voto.
  • La CFTC considera los contratos de eventos como swaps, lo que daría jurisdicción federal exclusiva.
  • Expertos legales señalan que el poder constitucional de los estados sobre elecciones podría fortalecer su argumento regulatorio.

 

La batalla entre los estados de EE.UU. y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) por los mercados de predicción ha escalado hacia un terreno inédito: las elecciones. Según reportó CNBC, al menos 23 estados tienen leyes que prohíben las apuestas electorales, pero no está claro si esas normas aplican a plataformas como Polymarket o Kalshi. En Wisconsin, una directiva reciente de la comisión electoral recordó a los votantes que apostar en elecciones, incluso mediante contratos de eventos, es ilegal y conlleva la pérdida del derecho al voto.

La ley de Wisconsin data de hace más de 175 años y sorprendió a las plataformas por su severidad. Kalshi, a través de su jefe de crecimiento político Benjamin Freeman, calificó la norma de ‘abiertamente inconstitucional e ilegal’ en una publicación en X. Polymarket, por su parte, dijo al Milwaukee Journal Sentinel que esperaba abordar las afirmaciones a través del proceso legal. La situación ha generado un debate sobre si las leyes estatales pueden regular operaciones en bolsas federales registradas.

El conflicto entre estados y CFTC

El centro de la disputa es la jurisdicción sobre los mercados de predicción. La CFTC considera que todos los contratos de eventos, incluidos los electorales, son swaps y, por tanto, caen bajo su autoridad, lo que invalidaría las leyes estatales. Los estados ven estas ofertas como juego de azar, una actividad que tradicionalmente regulan. Esta tensión ya existe en el ámbito deportivo, pero las elecciones introducen un nuevo elemento: el poder constitucional de los estados para gestionar sus procesos electorales, detalla CNBC.

En 2024, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que las plataformas pueden incluir ofertas electorales, anulando una intervención de la CFTC. Sin embargo, esa decisión no se pronunció sobre las leyes estatales de apuestas, sino que se centró en la autoridad de la comisión para rechazar los contratos. La CFTC utilizó las leyes estatales como parte de su razonamiento original, pero el fallo no zanjó si los estados tienen voz en el asunto.

David Oliwenstein, socio de Pillsbury, sostiene que el argumento de los estados es ‘quizás más fuerte desde una perspectiva de primacía federal’ debido a su papel claramente definido en la gestión electoral. El hecho de que la Constitución les otorgue explícitamente ese poder podría permitirles mantener jurisdicción sobre cualquier operación que involucre dinero en sus elecciones. Este enfoque abre una nueva línea de defensa para los estados en los tribunales.

Pero la CFTC probablemente mantendrá su postura: sin importar el tema del contrato, el instrumento subyacente es un swap y, por tanto, de competencia federal. Kalshi ha señalado que ‘los mercados de predicción regulados están sujetos a la jurisdicción federal exclusiva’, mientras que Polymarket sostiene que ‘se rigen por la ley federal, no por un mosaico de reglas estatales’. La comisión no respondió a las solicitudes de comentarios, pero su posición histórica es clara.

La disputa deportiva sigue siendo el foco principal, como apunta Ian Thomas de Offit Kurman: ‘El deporte es un aspecto tan importante de estas plataformas que realmente es donde va a estar el foco principal’. Una resolución sobre los contratos deportivos podría facilitar la definición de límites en otros temas, incluidas las elecciones.

Leyes estatales y sanciones por apostar en elecciones

Wisconsin no es el único estado con leyes draconianas. Nueva York también prohíbe a los votantes emitir su voto si han apostado en esa elección, una sanción similar a la de Wisconsin. En la mayoría de los otros estados, los infractores enfrentan multas o penas de cárcel. Sin embargo, la aplicación de estas leyes a los mercados de predicción es ambigua en muchos casos.

Colorado fue el más directo: Lawrence Pacheco, portavoz de la fiscalía general, afirmó que ‘la ley estatal de Colorado prohíbe las apuestas en elecciones, y eso incluye los mercados de predicción’. En contraste, la fiscalía general de Nueva York no ha emitido una interpretación oficial sobre si su estatuto se aplica a los contratos de eventos. Arizona se abstuvo de comentar debido a un litigio activo con las plataformas, y Tennessee considera el tema ‘muy disputado’.

Maryland ha dado pasos hacia la claridad. En marzo, la Junta Estatal de Elecciones emitió un memorando advirtiendo que operar en elecciones podría violar la ley estatal. En julio, el administrador de elecciones Jared DeMarinis solicitó a la fiscalía general que investigue si las ofertas de los mercados de predicción infringen la normativa. DeMarinis dijo que aún están ‘en etapas iniciales’ y que buscará acción legislativa si la ley actual no es aplicable.

Nevada, que prohíbe las apuestas electorales, ha visto a Polymarket y Kalshi cesar operaciones por órdenes judiciales. En Michigan, Kalshi está en un cierre operativo total, mientras Polymarket solo bloquea el acceso a sus contratos deportivos. Estas restricciones muestran cómo los tribunales estatales pueden imponer límites, aunque las plataformas apelan a la jurisdicción federal.

La falta de uniformidad crea incertidumbre para los usuarios. Un apostador en Wisconsin podría perder su voto, mientras que en Colorado sería un delito menor. Esta disparidad es precisamente lo que la CFTC quiere evitar, argumentando que un mercado nacional requiere reglas federales consistentes.

El argumento constitucional sobre la gestión electoral

Los expertos legales creen que los estados tienen un argumento sólido basado en la Constitución. ‘El hecho de que los estados tengan un papel claramente definido hace que sea un argumento un poco más fácil para mantener la jurisdicción’, dijo Oliwenstein. Este poder se extiende a regular cualquier forma de poner dinero en una elección, lo que incluiría los contratos de eventos.

Joshua Mitts, profesor de la Facultad de Derecho de Columbia, señaló que incluso en contiendas nacionales hay ‘consecuencias colaterales’ cuando individuos apuestan por resultados a nivel de distrito o estatal. En su demanda contra Kalshi, Nueva York no solo argumenta que los contratos deportivos violan las leyes de juego, sino que también hace referencia a contratos electorales. La fiscalía de Nueva York cree que tiene el poder de regular todo el juego en cualquier forma.

Sin embargo, los estados tendrían que convencer a los tribunales de que su interés constitucional prevalece sobre la regulación federal de los swaps. La CFTC podría sostener que el Congreso le otorgó autoridad exclusiva sobre estos instrumentos, incluso si el subyacente es electoral. La tensión entre la ley federal de valores y las leyes estatales de juego es un campo de batalla legal complejo.

Una decisión de la Corte Suprema podría ser necesaria para resolver la cuestión. Mientras tanto, los estados parecen dispuestos a explorar nuevas vías. DeMarinis, por ejemplo, está interesado en lograr claridad legislativa si la interpretación actual no cubre los mercados de predicción. Su carta a la fiscalía general de Maryland es un paso en esa dirección.

El argumento constitucional no es meramente teórico. Si un estado como Wisconsin puede demostrar que las apuestas electorales corrompen la integridad de sus elecciones, un tribunal podría respaldar su derecho a prohibirlas, incluso en plataformas federales. Ese escenario cambiaría radicalmente el panorama para las empresas del sector.

Los estados buscan claridad en los mercados de predicción

Ante la ambigüedad, varios estados están tomando medidas para aclarar sus leyes. Maryland, por ejemplo, ha solicitado una investigación formal a la fiscalía general. La Junta Estatal de Elecciones advirtió a los votantes en marzo, y en julio DeMarinis escribió una carta pidiendo una revisión. Esto refleja una tendencia hacia una regulación más precisa.

Nueva York, por su parte, mantiene una demanda activa contra Kalshi, mencionando tanto contratos deportivos como electorales. La oficina de la fiscalía general no ha emitido una opinión específica sobre los contratos electorales, pero insiste en su autoridad para regular todo el juego. Arizona enfrenta un litigio similar, lo que ha llevado a las plataformas a bloquear el acceso en ese estado.

En Tennessee, la fiscalía general se ha negado a comentar, calificando la cuestión de ‘muy disputada’. Esta postura contrasta con la claridad de Colorado, que ya ha incluido explícitamente a los mercados de predicción en su prohibición. La falta de unanimidad complica la operación de las plataformas, que deben lidiar con 50 marcos legales distintos.

El Congreso podría intervenir, pero hasta ahora no ha mostrado intención de resolver el conflicto. La CFTC tampoco ha emitido nuevas reglas sobre contratos electorales desde el fallo de 2024. Esto deja un vacío legal que los estados buscan llenar con sus propias interpretaciones, generando un mosaico regulatorio.

Para los usuarios, la incertidumbre es preocupante. Quien opere en un mercado de predicción podría estar violando una ley estatal sin saberlo, enfrentando multas o incluso la pérdida de su derecho al voto. Las plataformas, como Kalshi y Polymarket, instan a claridad, pero mientras tanto, los estados continúan enviando señales de advertencia.

La respuesta de las plataformas y el futuro del mercado

Kalshi y Polymarket han respondido con firmeza a las acciones estatales. Kalshi criticó directamente la ley de Wisconsin, mientras Polymarket espera resolver el asunto por la vía legal. Ambas empresas insisten en que la jurisdicción es federal, apuntando a su registro ante la CFTC. Elisabeth Diana, portavoz de Kalshi, dijo que ‘la ley es clara: los mercados de predicción regulados están sujetos a la jurisdicción federal exclusiva’.

Un portavoz de Polymarket añadió que ‘como han reconocido los tribunales, los mercados de predicción en bolsas registradas en la CFTC se rigen por la ley federal’. Esta postura contrasta con la de los estados, que ven el problema como una cuestión de integridad electoral. La CFTC no ha emitido comentarios, dejando a los tribunales resolver el conflicto.

El futuro de los mercados de predicción dependerá de cómo se resuelvan estos litigios. Si los estados logran imponer sus leyes, las plataformas podrían verse obligadas a excluir a usuarios de ciertas regiones o abandonar los contratos electorales por completo. Si la CFTC gana, las operaciones seguirían como hasta ahora, con una regulación federal uniforme.

Los expertos creen que la decisión deportiva será clave. Ian Thomas de Offit Kurman señaló que una vez que se resuelva la cuestión de los deportes, podría llevar a una resolución más fácil sobre otros temas. Los deportes representan la mayor parte de los volúmenes de las plataformas, por lo que son el frente principal.

Mientras tanto, los estados seguirán buscando formas de proteger sus procesos electorales. La combinación del poder constitucional y la preocupación por la integridad democrática les da una base sólida. La batalla apenas comienza, y su resultado podría redefinir los límites entre el juego, la tecnología y la democracia en EE.UU.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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