Por Canuto  

Una acusación federal sostiene que seis personas vinculadas a un negocio de preparación de impuestos en Mobile presentaron más de 9.000 declaraciones presuntamente fraudulentas para reclamar USD $177 millones; el IRS habría emitido alrededor de USD $81 millones.
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  • Los fiscales atribuyen a JB Accounting Tax Service LLC un presunto esquema que habría operado entre 2021 y 2024.
  • Los seis acusados enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y, en conjunto, 105 cargos adicionales de ese delito.
  • El aviso de decomiso contempla ganancias supuestamente obtenidas y 12 propiedades inmobiliarias vinculadas a uno o más acusados.

Acusan a seis preparadores de impuestos en Alabama por reclamar USD $177 millones en reembolsos

Una acusación federal señala a seis personas vinculadas a un negocio de preparación de impuestos en Mobile, Alabama, por presuntamente presentar más de 9.000 declaraciones fraudulentas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que las declaraciones buscaban obtener más de USD $177 millones en reembolsos. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) habría emitido aproximadamente USD $81 millones.

La acusación identifica como principal acusada a Jennifer Beverly, de 47 años, vinculada a JB Accounting Tax Service LLC. Según la información del caso, la firma ofreció servicios de preparación de impuestos en Mobile aproximadamente entre 2022 y 2024. Los fiscales sitúan el presunto esquema entre 2021 y 2024 e incluyen a cinco personas más. La imputación no equivale a una condena ni demuestra por sí sola la responsabilidad de los acusados.

Qué sostiene la acusación federal

Además de Beverly, la acusación nombra a Jadasha Bowman, de 28 años; Kennedy Lawrence Stovall Winston, de 42; Solida Lucille Green, de 36; Paris Lovett, también conocida como Paris Johnson, de 30; y Shermeka Benjamin, de 38. Los fiscales relacionan a las seis personas con declaraciones que, según la acusación, incluían información falsa para obtener devoluciones y créditos fiscales.

Entre los elementos cuestionados aparecen declaraciones del Anexo C, créditos vinculados con la pandemia de COVID-19 y créditos por impuestos sobre combustibles. También se mencionan solicitudes de reembolsos de créditos, pagos de impuestos estimados, declaraciones de los Anexos A y 3 y créditos educativos, una variedad de rubros tributarios señalados por los fiscales.

La escala económica del caso se refleja tanto en el monto solicitado como en los desembolsos que, según la información divulgada, se habrían concretado. Repartidas entre más de 9.000 declaraciones, las solicitudes equivalen a más de USD $19.000 por declaración en promedio. El IRS habría emitido cerca del 46% del total reclamado: unos USD $81 millones frente a más de USD $177 millones.

La diferencia entre el monto solicitado y el dinero que habría salido del Tesoro no determina cuánto recibió cada persona ni cuál sería su responsabilidad individual. La información disponible no desglosa los reembolsos por acusado, declaración o tipo de crédito, por lo que las cifras globales deben leerse como parte de las alegaciones del caso.

Los cargos y las posibles consecuencias

Los seis acusados enfrentan un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico. Además, Beverly afronta 63 cargos de fraude electrónico; Bowman, 11; Winston, cinco; Green, 11; Lovett, 11; y Benjamin, cuatro, para un total de 105 cargos individuales de ese delito.

La suma de cargos es distinta del número de declaraciones presuntamente fraudulentas: la acusación habla de más de 9.000 formularios, mientras que las imputaciones penales enumeradas contra las personas suman 105 cargos de fraude electrónico, además de un cargo de conspiración para cada una. La información disponible no detalla qué declaraciones corresponden a cada cargo, por lo que no sería correcto asumir una equivalencia de uno a uno entre formularios e imputaciones.

Si fueran condenados, los acusados podrían enfrentar prisión, libertad supervisada, multas y restitución, de acuerdo con la descripción del caso. No se especifican penas concretas ni se ha informado de una sentencia: el proceso deberá determinar si las alegaciones se prueban y qué consecuencias corresponderían, en su caso, a cada persona.

La acusación también incluye un aviso de decomiso que plantea una sentencia monetaria contra cada acusado por las ganancias que supuestamente obtuvo. El mismo aviso identifica 12 propiedades inmobiliarias pertenecientes a uno o más de ellos, aunque la información divulgada no señala cuáles son los inmuebles ni cómo se repartiría entre los acusados la titularidad de esos bienes.

La respuesta de las autoridades y el alcance del caso

Maisha Horton, agente especial interina a cargo de la oficina de campo de Investigación Criminal del IRS en Atlanta, describió el caso como un abuso grave del sistema tributario federal. En su declaración, destacó las más de 9.000 declaraciones presuntamente fraudulentas, los más de USD $177 millones reclamados y los aproximadamente USD $81 millones en reembolsos que, según las autoridades, habrían llegado a emitirse.

Christopher Flowers, agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Mobile, afirmó que los arrestos coordinados reflejaban la colaboración entre el FBI y la unidad de Investigación Criminal del IRS. Sus comentarios vinculan la investigación con el trabajo conjunto de ambas agencias, pero no añaden detalles sobre la situación procesal individual de cada acusado.

El Departamento de Justicia incorporó el caso a una iniciativa más amplia contra el fraude y señaló que la investigación forma parte de la labor de cumplimiento dirigida por la National Fraud Enforcement Division. Según la información divulgada, esa división fue creada el 7 de abril y apoya al Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para Eliminar el Fraude.

La misma información indica que el vicepresidente J.D. Vance preside ese grupo de trabajo, cuya primera reunión tuvo lugar el 27 de marzo, y que su creación se enfocó en el fraude relacionado con programas federales de beneficios. Las autoridades presentaron el caso de Mobile como un tipo distinto de pérdida para el gobierno: reembolsos de impuestos que habrían salido directamente del Tesoro, no fondos de un programa de beneficios.

El proceso deberá separar las acusaciones generales de la evidencia atribuible a cada imputado, además de establecer si las declaraciones se presentaron con intención fraudulenta y quién habría recibido las ganancias alegadas. Hasta que se resuelvan esas cuestiones, los montos y la descripción del esquema siguen siendo afirmaciones de la acusación federal, no conclusiones judiciales definitivas.

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