Por Canuto  

Las reservas del fondo de jubilación del Seguro Social podrían agotarse en 2034. Según una estimación citada por AARP, los ingresos del programa permitirían cubrir entonces el 83% de los beneficios previstos, lo que supondría una reducción de 17%. El Congreso aún puede modificar los ingresos o los pagos antes de que llegue esa fecha.
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  • AARP reportó que las reservas del fondo de jubilación podrían agotarse en 2034; los ingresos entrantes cubrirían entonces cerca del 83% de los beneficios previstos.
  • En 2025, un promedio de casi 69 millones de personas recibió beneficios mensuales del Seguro Social; el programa representa la mayor parte de los ingresos de 43% de los adultos mayores, según AARP.
  • Entre las alternativas están elevar los impuestos sobre la nómina, ampliar el límite de ingresos gravables, retrasar la edad plena de jubilación o modificar el ajuste por inflación.


El Seguro Social de Estados Unidos podría enfrentar una reducción de beneficios si el Congreso no modifica la ley antes de que se agoten las reservas del fondo de jubilación. AARP reportó que se estima que ese fondo agotará sus reservas en 2034; después, los ingresos del programa permitirían pagar alrededor del 83% de los beneficios previstos, lo que equivaldría a una reducción de 17%.

La advertencia alcanza a quienes todavía no se jubilaron y también a quienes ya reciben cheques. Una encuesta reciente de TIAA encontró que más de uno de cada cinco estadounidenses desconoce la posibilidad de esa reducción. En 2025, un promedio de casi 69 millones de personas recibió beneficios mensuales del Seguro Social, y el programa representa la mayor parte de los ingresos de 43% de los adultos mayores, según AARP.

Reservas agotadas no significan que desaparezcan los ingresos

El Seguro Social se financia principalmente con impuestos sobre la nómina que pagan trabajadores y empleadores. Durante décadas, la recaudación superó el costo de los beneficios y el excedente alimentó dos fondos fiduciarios: el de Seguro de Vejez y Sobrevivientes, conocido como OASI, y el de Seguro por Discapacidad, o DI; la situación cambió cuando el gasto del fondo de jubilación comenzó a superar sus ingresos totales en 2021.

Desde entonces, las reservas han cubierto la diferencia entre los ingresos y los pagos. Martin Mulyadi, profesor de Contabilidad en la Universidad Shenandoah y titular de la cátedra YHB Endowed Chair in Accounting, señaló que en 2025 el programa recaudó cerca de USD 1,45 billones y pagó alrededor de USD 1,61 billones, con las reservas financiando el déficit anual.

Mulyadi advirtió que hablar de “insolvencia” puede llevar a una interpretación equivocada: el Seguro Social no dejaría de recibir dinero cuando se agoten las reservas, sino que perdería el colchón acumulado en sus fondos fiduciarios. Los impuestos sobre la nómina seguirían fluyendo, pero ya no bastarían para cubrir todos los beneficios programados; según la estimación reportada por AARP, el resultado sería una reducción generalizada, no la desaparición completa de los pagos.

El fondo de discapacidad está en una situación distinta y los síndicos no proyectan que sus reservas se agoten en los próximos 75 años. Si el Congreso fusionara legalmente los fondos OASI y DI, las reservas combinadas durarían hasta 2034 y luego permitirían pagar el 83% de los beneficios, según el Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB), aunque esa medida requeriría modificar la ley y no eliminaría el déficit de fondo.

Una brecha creciente y una presión demográfica

La diferencia entre lo prometido y los recursos proyectados también aparece en los cálculos de largo plazo. Michael Liner, abogado especializado en discapacidad y fundador del bufete Liner Legal, describió el problema como una brecha de USD 25 billones entre las obligaciones del programa y lo que puede pagar; el informe más reciente de los síndicos eleva el déficit actuarial de 75 años a USD 29,3 billones en valor presente, frente a USD 25,1 billones en el informe anterior.

Una pareja de trabajadores que se jubile en 2033 podría recibir USD 18.100 menos al año si se aplicara una reducción de beneficios, según una estimación del CRFB citada por Univision. Liner advirtió que, si los legisladores no actúan, el recorte se aplicaría automáticamente, sin una nueva votación ni una advertencia individual para los beneficiarios, y que para algunos hogares podría definir si logran cubrir sus gastos cotidianos.

La presión refleja cambios en la población y en el mercado laboral. El programa atiende aproximadamente al doble de beneficiarios que en 1980, cuando unas 35,5 millones de personas cobraban; las tasas de natalidad más bajas reducen la cantidad de trabajadores que aportan, mientras que los jubilados reciben beneficios durante más tiempo y la disminución de la inmigración ha estrechado el grupo de contribuyentes.

También influye la distribución de los ingresos, porque los impuestos sobre la nómina solo se aplican hasta un límite salarial. La fuente sitúa ese tope en USD 184.500 para el año en curso y recoge una investigación del Roosevelt Institute, reportada por CBS News, según la cual la proporción de salarios sujeta al impuesto cayó de casi 87% en 1984 a cerca de 83% en la actualidad, mientras las remuneraciones de mayores ingresos crecieron más rápido.

Las alternativas exigen decisiones y concesiones

Elizabeth Wilkins, directora ejecutiva del Roosevelt Institute, sostuvo que el programa no se ha actualizado al ritmo de la economía y que una parte creciente de los ingresos queda fuera de la tributación del Seguro Social. Esa postura apunta a una de las opciones bajo debate: elevar el límite de ganancias gravables, que la fuente fija en USD 192.300 para 2027, o ampliarlo a niveles como USD 250.000 o USD 400.000.

Otras alternativas modeladas por la herramienta Social Security Challenge de la American Academy of Actuaries y por análisis de la Administración del Seguro Social incluyen elevar la edad plena de jubilación de 67 a 69 años. Los legisladores también podrían aumentar la tasa del impuesto sobre la nómina de 6,2% a 7,2% para trabajadores y empleadores, o cambiar la medida de inflación utilizada para calcular el ajuste anual por costo de vida, lo que frenaría el crecimiento de los beneficios.

Mulyadi dijo que cualquier plan tendría que combinar mayores ingresos con un crecimiento más lento de los beneficios, aunque cada alternativa distribuye los costos de manera diferente. También advirtió que postergar la decisión exigiría ajustes más pronunciados; por eso, el debate no se limita a escoger una medida, sino a decidir quién pagaría más, quién cobraría menos o quién tendría que esperar más tiempo para jubilarse.

La última crisis comparable se resolvió con las enmiendas de 1983, que elevaron gradualmente la edad plena de jubilación de 65 a 67 años y sometieron por primera vez algunos beneficios al impuesto federal sobre la renta. Ernie Wingard, asesor de Capital Choice Financial Group, recordó que el Congreso logró acuerdos en dos ocasiones en que se pronosticó que el sistema se volvería insolvente; la solución de 1983 buscaba mantenerlo solvente durante 75 años, pero las reservas del fondo de jubilación podrían agotarse más de medio siglo después.

El desacuerdo político se centra en cómo repartir esos cambios, aunque algunos defensores de enfoques distintos coinciden en que las personas de mayores ingresos podrían aportar más. En junio, Scott Bessent sostuvo que el crecimiento económico puede fortalecer el programa sin recortar beneficios; Nancy LeaMond, vicepresidenta ejecutiva y directora de defensa y participación de AARP, dijo que existen herramientas para cerrar una brecha cercana a 20% sin reducir pagos ya ganados por los trabajadores.

Qué pueden hacer los hogares mientras sigue el debate

La confianza pública ya refleja la preocupación por el futuro del programa. En una encuesta de junio de 2025, solo 36% de los estadounidenses dijo confiar en el Seguro Social, el nivel más bajo desde 2010; en junio, la directora ejecutiva de AARP, Myechia Minter-Jordan, pidió al Congreso actuar y sostuvo que las personas que contribuyeron durante su vida laboral merecen poder contar con esos beneficios al jubilarse.

El calendario añade presión: si se mantienen las proyecciones, los legisladores disponen de unos ocho años para acordar cambios antes de que se agoten las reservas del fondo de jubilación. El CRFB ha advertido que el programa avanza hacia la insolvencia y Fortune informó que sus finanzas no se veían tan comprometidas desde 1983, pero la fecha proyectada no significa que el flujo de impuestos vaya a cesar ni que los beneficios desaparezcan por completo.

Para quienes planifican su retiro, Mulyadi recomienda revisar el beneficio proyectado en la cuenta “my Social Security” del sitio ssa.gov y probar el presupuesto con entre 75% y 80% de esa cifra. Si las cuentas siguen funcionando bajo ese escenario, una reducción sería una dificultad manejable; si no, todavía habría tiempo para ahorrar más, trabajar por más años o reconsiderar cuándo reclamar los beneficios.

La recomendación no sustituye una decisión legislativa ni garantiza que la reducción vaya a ocurrir, porque el Congreso aún puede modificar los ingresos o la fórmula de pagos. Sí plantea una forma prudente de medir la exposición individual mientras persiste la incertidumbre: distinguir entre la fecha prevista para agotar reservas y la continuidad de los impuestos, y evitar que un presupuesto de retiro dependa de recibir el 100% del beneficio programado.


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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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