Por Canuto  

Un juez federal concluyó que la administración de Trump no puede retener parte de las subvenciones antiterroristas para imponer condiciones sobre cómo los estados administran sus elecciones.
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  • El juez Amir Ali determinó que el Congreso no autorizó a FEMA a añadir esas condiciones a las subvenciones.
  • Los requisitos incluían verificar la ciudadanía de votantes y trabajadores electorales, auditar resultados y presentar planes para dejar ciertos sistemas de conteo.
  • El programa supera los USD $1.000 millones y la convocatoria planteaba retener el 20% de los fondos a las jurisdicciones que no cumplieran.

 

Un límite judicial a las condiciones de las subvenciones

Un juez federal bloqueó la facultad de la administración de Donald Trump para retener parte de los fondos antiterroristas destinados a estados y gobiernos locales que no aceptaran nuevas exigencias sobre la administración electoral. El magistrado Amir Ali, del Tribunal Federal de Distrito en Washington, D.C., concluyó que las agencias involucradas no podían añadir esas condiciones a las subvenciones sin autorización del Congreso. La decisión responde a una demanda presentada por gobiernos locales de Ohio, Tennessee y Texas.

En una opinión de 24 páginas, Ali sostuvo que las condiciones tampoco superaban los criterios legales que requieren una relación con el propósito fundamental de la subvención. El programa, según la información del caso, financia iniciativas para prevenir el terrorismo en espacios concurridos, en línea, en la seguridad fronteriza y alrededor de las elecciones. El fallo, por tanto, no se limita a una discusión sobre la política electoral: cuestiona el uso de un instrumento de financiación federal para exigir cambios en la gestión de los comicios, indica Yahoo.

La demanda la presentaron Columbus, Ohio; Nashville y el condado de Davidson, Tennessee; y los condados de El Paso y Harris, Texas. Esas jurisdicciones alegaron que FEMA carecía de autoridad para imponer las condiciones, tanto bajo la ley que rige a la agencia como bajo la Constitución. Ali acogió el argumento de que el Congreso autorizó a FEMA a ayudar a proteger infraestructura crítica del terrorismo y de los ciberataques, no a decidir quién puede votar o cómo deben contarse las papeletas.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, conocida como FEMA, administra la convocatoria de subvenciones mencionada en el litigio y forma parte del Departamento de Seguridad Nacional. Ninguna de las dos entidades respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, de acuerdo con la información difundida por Associated Press. La decisión judicial bloquea la capacidad de condicionar esos fondos en los términos descritos, aunque la información disponible no detalla si el Gobierno apelará ni qué pasos administrativos tomará a continuación.

Qué exigían las reglas electorales de FEMA

Durante el verano, un anuncio de subvenciones de FEMA incorporó una lista de requisitos relacionados con las elecciones y advirtió que retendría el 20% de los fondos para estados y áreas urbanas hasta que cumplieran. La convocatoria contemplaba 56 subvenciones dentro de un programa que supera los USD $1.000 millones y también incluye gobiernos locales y tribales. Ese dinero se dirige a distintas iniciativas de prevención del terrorismo, pero las condiciones impugnadas se enfocaban en prácticas electorales concretas.

Entre los requisitos figuraba verificar la ciudadanía de todas las personas inscritas para votar y de los trabajadores electorales. La lista también exigía a las jurisdicciones demostrar que auditaban los resultados, una condición que podía involucrar procesos de revisión ya definidos por cada administración local. En conjunto, esas disposiciones vinculaban el acceso a fondos de seguridad con medidas sobre los registros de votantes, el personal electoral y la comprobación de los resultados.

Otro punto se refería a los sistemas de votación electrónica que utilizan códigos de barras o códigos QR para contar los votos. Las jurisdicciones que emplearan esos métodos tendrían que presentar planes para pasar a papeletas de papel marcadas a mano. La exigencia no suponía, según la información publicada, que todas las localidades debieran cambiar de inmediato sus equipos; sí les pedía diseñar una transición como condición para recibir la parte de la subvención que FEMA podía retener.

La combinación de condiciones abarcaba distintas etapas de la administración electoral: quién puede registrarse, qué controles se aplican al personal, cómo se procesan las papeletas y de qué manera se auditan los resultados. Los gobiernos demandantes sostuvieron que esas materias no corresponden al propósito legislativo de la subvención antiterrorista. La resolución judicial respalda, en esta etapa, el límite entre el objetivo de financiar la protección ante amenazas y la imposición de reglas electorales a través de esos recursos.

El alcance de la decisión y el argumento de los demandantes

Los municipios y condados que acudieron a los tribunales afirmaron que el Congreso autorizó a FEMA a ayudar a proteger infraestructura crítica frente al terrorismo y los ciberataques, no a regular la organización de las elecciones. En su demanda, señalaron que la agencia no podía determinar quién tiene derecho a votar, cómo se cuentan las papeletas ni cómo los estados mantienen sus registros electorales. También afirmaron que FEMA nunca había pretendido regular esas prácticas de esa manera.

Ali consideró que las agencias no tenían autorización del Congreso para agregar las condiciones a las subvenciones. Su opinión también concluyó que los requisitos no cumplían el umbral legal que exige que una condición guarde relación con el propósito principal del financiamiento. En términos prácticos, el razonamiento impide que el Gobierno utilice esta convocatoria específica para retener fondos antiterroristas como mecanismo de presión sobre las jurisdicciones que no adopten las medidas electorales exigidas.

El fallo se refiere a las condiciones de esta convocatoria y a la autoridad de FEMA para aplicarlas en el marco descrito por el litigio. La información disponible no indica que el juez haya establecido reglas generales para cualquier subvención federal ni que haya resuelto todas las controversias sobre la administración electoral. Esa distinción importa porque el núcleo de la decisión es el vínculo entre el objetivo de estos fondos y las condiciones concretas que la agencia quiso adjuntarles.

La resolución también deja en el centro una pregunta de competencias: hasta dónde pueden llegar las agencias federales al definir requisitos para entregar recursos aprobados por el Congreso. En este caso, el tribunal dio la razón a los demandantes sobre la falta de autorización legislativa y la relación insuficiente entre las exigencias electorales y el propósito de la subvención. La disputa no cambia por sí sola las reglas electorales de cada localidad, pero bloquea el uso de estos fondos para forzar los cambios enumerados.

El contexto político antes de las elecciones de medio mandato

La controversia llega antes de las elecciones de medio mandato previstas para noviembre, en las que los demócratas buscan recuperar el control de una o ambas cámaras del Congreso. La información publicada sitúa las exigencias de la administración dentro de una serie de acciones para influir en cómo se organizan las elecciones, una responsabilidad que históricamente ha recaído en los estados. El litigio, por tanto, ocurre en un momento de alta disputa política sobre las reglas y la administración de los comicios.

Associated Press informó que los tribunales han rechazado en gran medida esfuerzos anteriores de la administración en esta materia. La cobertura también describe esas iniciativas como vinculadas a afirmaciones falsas sobre la existencia de fraude electoral generalizado. Esa caracterización debe atribuirse a la fuente: en este caso concreto, la resolución de Ali se apoyó en la falta de autorización del Congreso y en los requisitos legales aplicables a las condiciones de las subvenciones.

La decisión no determina por sí misma quién puede votar en cada estado ni sustituye las normas que las jurisdicciones ya aplican para organizar sus elecciones. Su alcance inmediato se concentra en la posibilidad de condicionar parte de los fondos antiterroristas a la adopción de requisitos electorales. Por eso, el fallo ofrece un freno a esta vía de presión financiera, sin resolver todas las controversias políticas o jurídicas que rodean las elecciones de noviembre.

El Departamento de Seguridad Nacional y FEMA no habían comentado públicamente la decisión al momento de la publicación de la información original. Tampoco se ofrecieron detalles sobre una posible apelación o sobre cambios que las agencias podrían introducir en la convocatoria. Por ahora, el punto central establecido por el juez es que las agencias no pueden usar estas subvenciones para imponer las condiciones electorales cuestionadas sin la autorización y la conexión legal que exige el programa.

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