La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó la aplicación de nuevas restricciones del Servicio Postal a las boletas por correo antes de las elecciones de mitad de mandato de 2026. El fallo permite que los estados mantengan sus procedimientos actuales mientras continúa el litigio sobre la autoridad del USPS y el alcance de las medidas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.
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• Los estados podrán seguir enviando y procesando boletas por correo bajo sus procedimientos actuales rumbo al 3 de noviembre.
• La regla del USPS exigía sobres específicos y datos de votantes, pero tribunales inferiores advirtieron sobre posibles errores y privación del voto.
• La Corte Suprema no resolvió todavía si el Servicio Postal tiene autoridad definitiva para imponer esos requisitos electorales.

Corte Suprema bloquea restricciones de Trump a boletas por correo para las elecciones de 2026

La decisión permite a los estados conservar sus procedimientos actuales mientras continúa el litigio sobre la autoridad del Servicio Postal de Estados Unidos.

Un freno a las nuevas reglas postales

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el intento de la administración del presidente Donald Trump de imponer nuevas restricciones a la votación por correo antes de las elecciones de mitad de mandato de 2026. Según informó Newsweek, la orden emitida el lunes permite que los estados continúen enviando boletas bajo sus procedimientos existentes, al menos mientras los tribunales inferiores siguen analizando el caso.

La resolución elimina una fuente importante de incertidumbre para los funcionarios electorales, que se preparaban para modificar sus sistemas de boletas apenas semanas antes de los comicios. En la práctica, el Servicio Postal de Estados Unidos, USPS, no podrá aplicar durante esta elección los nuevos requisitos de envío mientras permanezcan vigentes las órdenes judiciales que bloquean su implementación.

El plan de la administración habría exigido que los estados utilizaran diseños específicos para los sobres y entregaran información de los votantes a un sistema del USPS antes de enviar las boletas. La agencia también habría tenido facultades para rechazar correspondencia electoral que no cumpliera con esas condiciones, una posibilidad que los demandantes consideraron una amenaza directa para el acceso al voto.

La orden de la Corte Suprema no resolvió si el Servicio Postal posee, en última instancia, autoridad legal para imponer esos requisitos a los funcionarios electorales estatales. El juez Brett Kavanaugh, quien se sumó a la decisión, escribió por separado que veía una “perspectiva razonable” de que la regla final estuviera dentro de la autoridad estatutaria del USPS, aunque sostuvo que aplicarla en 2026 sería ilegal por la falta de tiempo para que los estados la implementaran.

Impacto en los estados y en los votantes

Por ahora, los estados pueden continuar utilizando sus procedimientos habituales de votación por correo mientras se acerca la elección del 3 de noviembre. Algunas jurisdicciones ya comenzaron a enviar boletas, mientras otras se preparaban para distribuirlas en los días siguientes, lo que habría complicado cualquier cambio nacional de última hora.

El fallo tiene especial importancia en California, Colorado, Hawái, Nevada, Oregón, Utah, Vermont y Washington, los ocho estados donde los votantes emiten sus boletas casi completamente por correo. Shirley Weber, secretaria de Estado de California, afirmó que la decisión permite avanzar nuevamente con la organización de elecciones “justas, abiertas, para el pueblo, por el pueblo”, sin la incertidumbre que rodeaba al proceso.

Casi un tercio de los votantes estadounidenses utiliza el voto por correo, por lo que la disputa podía afectar de manera significativa las prácticas electorales y la confianza pública. La controversia adquiere una dimensión mayor porque en las elecciones de mitad de mandato estará en juego el control del Congreso, mientras los republicanos intentan conservar sus estrechas mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado.

Los defensores de la iniciativa impulsada por la administración Trump sostienen que hacen falta salvaguardas más estrictas para proteger la integridad electoral. Sus argumentos incluyen preocupaciones sobre la exactitud de los registros de votantes, la verificación de las boletas y la posibilidad de que personas no elegibles reciban o emitan documentos electorales, aunque los críticos consideran que la aplicación inmediata habría generado confusión y privado del voto a ciudadanos habilitados.

La disputa sobre la autoridad del USPS

La Corte Suprema no debía decidir en esta etapa si la orden ejecutiva de Trump era legal, sino si levantaba la orden judicial de la jueza Talwani que bloqueaba el plan postal mientras avanzaba el litigio. En una solicitud presentada el 6 de septiembre ante la jueza Ketanji Brown Jackson, el procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, argumentó que la medida buscaba enfrentar el riesgo de que el correo federal fuera utilizado para cometer fraude electoral.

Los abogados de California y de otros estados que demandaron la regla respondieron el 9 de septiembre que el USPS estaba realizando un experimento sin precedentes con el derecho al voto. A su juicio, los defectos legales de la normativa y el riesgo de interferir con la capacidad de millones de personas para votar justificaban mantener las restricciones judiciales, especialmente porque los funcionarios ya habían avanzado en sus calendarios electorales.

En agosto, la Corte Suprema había levantado una orden anterior de Talwani que impedía al USPS avanzar con la regla antes de que fuera finalizada. Sin embargo, aquella decisión no determinó la legalidad de la orden ejecutiva de Trump, porque las demandas se habían presentado prematuramente, cuando la agencia todavía no había publicado las reglas destinadas a ejecutarla.

La mayoría señaló entonces que la resolución sobre la solicitud no significaba que todas las acciones futuras del Gobierno para implementar la orden fueran necesariamente legales. Los tres jueces liberales disintieron, y Jackson sostuvo que la decisión introducía de manera innecesaria caos e incertidumbre en unas elecciones que ya se encontraban cerca, una advertencia que ahora vuelve a aparecer en el debate sobre los plazos administrativos.

Los fallos de los tribunales inferiores

La administración Trump pidió la intervención de la Corte Suprema antes de que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston, resolviera su apelación contra la orden de Talwani. El jueves, un panel de tres jueces designados por el expresidente Joe Biden se negó a levantar la medida y coincidió con los demandantes en que el presidente no tiene poder para regular por sí solo la política electoral de los estados.

Ese panel consideró que la administración había hecho poco para refutar los argumentos de numerosos funcionarios electorales, quienes advertían que los cambios producirían caos y una privación generalizada del derecho al voto. El 4 de septiembre, Talwani, designada por el expresidente Barack Obama, había emitido una orden judicial preliminar contra la regla del USPS, reemplazando una orden de restricción temporal anterior.

Talwani escribió que los funcionarios electorales no podían cambiar sus procedimientos en ese punto del ciclo electoral sin provocar casi con certeza una privación significativa del voto de ciudadanos elegibles. La administración Trump apeló la decisión ante la Corte Suprema, mientras el domingo un segundo juez federal, Carl J. Nichols, designado por Trump, emitió una suspensión similar en un caso separado presentado por grupos de derechos civiles.

Desde Washington, D. C., Nichols concluyó que los demandantes habían demostrado un riesgo elevado de que numerosas boletas de ausencia o por correo, que de otro modo serían válidas, no fueran contabilizadas en las próximas elecciones. También afirmó que partes fundamentales de la regla excedían cualquier interpretación razonable de la autoridad del USPS, porque la Ley de Reorganización Postal no autorizaría a la agencia a imponer nuevos procedimientos electorales ni a negar la transmisión de correo legal por incumplir un sistema de recopilación de datos.

Qué puede ocurrir después

David Steiner, director general del USPS, declaró el 4 de septiembre que la agencia había actuado dentro de su autoridad legal al emitir una regla destinada a cumplir esas políticas. También afirmó que los tribunales decidirían finalmente la cuestión y que el Servicio Postal seguiría la determinación judicial, una postura que deja abierta la posibilidad de que el litigio continúe después de las elecciones de noviembre.

La portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, había descrito las propuestas del USPS como medidas de sentido común para proteger la seguridad de las boletas por correo. La administración sostiene que continuará trabajando para reforzar la seguridad electoral, mientras sus críticos responden que una reforma aplicada durante el calendario de votación puede crear más errores administrativos que soluciones.

El profesor Michael Morley, de la Universidad Estatal de Florida, dijo que probablemente ya era demasiado tarde para implementar cambios obligatorios y nacionales en este ciclo electoral, sin importar cuál sea la decisión definitiva sobre la orden ejecutiva o las reglas postales. Morley señaló que el portal donde los estados deberían cargar las listas de votantes que reciben boletas aún no estaba completamente operativo, y advirtió que cambiar sobres y procedimientos durante una elección podía retrasar la distribución.

David Schultz, profesor de ciencias políticas de la Universidad Hamline, también consideró que cada día hacía menos probable que la Corte Suprema levantara la orden judicial. A su juicio, la votación anticipada ya comenzaba en varias partes del país y permitir que la orden entrara en vigor habría provocado una confusión difícil de manejar, aunque reconoció que el resultado definitivo seguía siendo incierto debido a la mayoría conservadora de la corte.

El fallo mantiene por ahora un escenario conocido para los funcionarios electorales, pero no cierra la disputa sobre los límites del poder presidencial ni sobre las facultades del USPS. Mientras el proceso judicial continúa, los estados conservarán sus reglas vigentes y los votantes podrán utilizar los canales de voto por correo que ya estaban preparados para las elecciones del 3 de noviembre.

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