La minería de Bitcoin representa, según analistas reunidos en una conferencia celebrada en Paraguay, cerca del 30% del consumo energético del país. Las advertencias apuntan a una posible crisis de generación en 2029, en un contexto de demanda creciente, inversiones insuficientes y contratos mineros que deberán revisarse antes de 2027.
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- Analistas señalan que la minería de Bitcoin consume el equivalente a una turbina y media de Itaipú.
- Paraguay podría requerir entre USD $11.000 millones y USD $15.000 millones durante los próximos 13 años para cubrir la demanda energética.
- La flexibilidad de los mineros ayuda a gestionar los picos de consumo, pero las autoridades intensifican la persecución del robo ilegal de electricidad.
La minería de Bitcoin se convirtió en uno de los principales focos de tensión para el sistema eléctrico paraguayo. Analistas reunidos en la conferencia “Accelerating Bitcoin”, celebrada los días 12 y 13 de agosto en Asunción, advirtieron que las operaciones actuales representan cerca del 30% del consumo energético del país y que un crecimiento moderado podría desembocar en una crisis de generación para 2029.
La advertencia combina dos factores que avanzan en direcciones opuestas: la demanda eléctrica continúa aumentando, mientras la capacidad de generación permanece prácticamente estancada. Paraguay conserva una matriz energética basada completamente en fuentes hidroeléctricas, pero la disponibilidad de electricidad barata también ha atraído a empresas dedicadas a validar transacciones y obtener BTC mediante equipos de alto consumo.
La presión de la minería sobre la red paraguaya
Victorio Oxilia, investigador especializado en energía, explicó durante el encuentro que las actividades de minería de Bitcoin consumen una cantidad comparable con la generación de una turbina y media de la represa de Itaipú. La referencia permite dimensionar el peso de esta industria dentro de un sistema que históricamente ha utilizado su excedente hidroeléctrico como una ventaja económica y estratégica.
Según Oxilia, la minería de Bitcoin representa cerca del 30% de todo el consumo energético paraguayo, una proporción que podría transformarse en un problema crítico en 2029 incluso si las condiciones hidrológicas continúan siendo favorables. El cálculo no describe únicamente un aumento en la factura eléctrica de los operadores, sino una competencia creciente por una infraestructura cuya expansión no ha seguido el ritmo de la demanda.
Paraguay se volvió atractivo para los mineros porque produce electricidad renovable principalmente a partir de sus grandes represas. Esa ventaja, sin embargo, no elimina las restricciones físicas de la red: la energía debe generarse, transportarse y distribuirse con suficiente capacidad para atender simultáneamente a los hogares, las industrias y los centros de cómputo.
Los contratos de suministro firmados con empresas mineras tienen otro punto de incertidumbre, ya que varios vencen en 2027 y todavía no está claro si las autoridades los extenderán. La fecha podría convertirse en un momento decisivo para revisar las condiciones de acceso a la electricidad, especialmente si el crecimiento de la minería coincide con una expansión residencial e industrial que exija nuevas prioridades.
Una infraestructura que necesita inversión
Julio Fernández, jefe del Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya, había emitido una advertencia similar el año pasado al señalar que, sin medidas correctivas, el país se encaminaba hacia un apagón. Su preocupación se relaciona con una brecha más amplia: el consumo aumenta, pero la generación permanece casi sin cambios y las obras de gran escala siguen siendo escasas.
La principal infraestructura energética en ejecución es Aña Cuá. El proyecto contempla una capacidad instalada total de 270 megavatios, mientras que el aumento previsto para el parque generador paraguayo se ha señalado en 135 megavatios. Esa capacidad resulta insuficiente para compensar por sí sola el crecimiento previsto de la demanda, por lo que el debate dejó de centrarse únicamente en la minería de Bitcoin y pasó a incluir la planificación energética de largo plazo.
Cecilia Llamosas, otra de las analistas participantes, estimó que Paraguay tendría que invertir entre USD $11.000 millones y USD $15.000 millones durante los próximos 13 años para atender las necesidades futuras. La cifra refleja, en su análisis, el bajo nivel de inversión registrado durante las últimas cinco décadas y la urgencia de ampliar tanto la generación como las redes que conectan a los consumidores.
El desafío no consiste necesariamente en expulsar a todos los mineros, sino en decidir bajo qué condiciones pueden operar sin desplazar actividades esenciales ni comprometer la independencia energética del país. Una política que considere precios, contratos, capacidad disponible y objetivos industriales podría permitir que Paraguay aproveche sus recursos hidroeléctricos sin convertir la minería en el único destino de su excedente.
La flexibilidad de los mineros frente a la demanda residencial
Llamosas también introdujo un matiz relevante en la discusión: la demanda de los mineros puede controlarse con mayor facilidad que la de los hogares. Los operadores tienen la posibilidad de encender o apagar sus equipos según la carga de la red, una característica que permite reducir el consumo durante las horas de mayor presión sin interrumpir de forma permanente la actividad.
El consumo residencial funciona de otra manera, porque sigue ciclos diarios y estacionales vinculados con las necesidades de las familias. Refrigeración, iluminación y otros usos domésticos no pueden suspenderse de manera coordinada con la misma facilidad, de modo que una red saturada debe atender primero a una demanda menos flexible.
La capacidad de desconexión convierte a la minería de Bitcoin en una carga potencialmente útil para la gestión de picos, siempre que existan reglas claras y mecanismos verificables. Esa ventaja operativa no resuelve, por sí misma, la falta de nuevas inversiones ni justifica contratos que comprometan demasiada energía durante períodos de escasez.
El debate paraguayo muestra así una tensión habitual en los mercados eléctricos: una industria puede aportar actividad económica y, al mismo tiempo, aumentar el riesgo de congestión si crece más rápido que la infraestructura. Para evitar ese resultado, las decisiones sobre la minería deberán coordinarse con la expansión de la red y con la planificación de la demanda nacional.
Causas de movimientos recientes
En este caso no se describe un movimiento reciente de precio de Bitcoin, sino un cambio en la evaluación del riesgo energético de Paraguay. El catalizador confirmado de las advertencias fue el debate sobre el consumo de las operaciones mineras durante la conferencia “Accelerating Bitcoin”. La posible crisis de generación para 2029 constituye una proyección de los analistas, no una consecuencia inevitable ni un hecho ya ocurrido.
Robo de energía y respuesta de las autoridades
Las autoridades paraguayas también intensificaron la lucha contra el robo de electricidad asociado con operaciones ilegales de minería de Bitcoin. Los procedimientos buscan diferenciar a las empresas que cuentan con contratos y conexiones autorizadas de quienes sustraen energía mediante instalaciones clandestinas, una práctica que eleva las pérdidas del sistema y puede provocar daños en la red.
La ofensiva ya produjo condenas por delitos vinculados con el robo de energía, de acuerdo con la información presentada sobre el tema. Estas acciones añaden una dimensión legal al debate, porque el impacto de la minería no depende únicamente del volumen de consumo registrado, sino también de la forma en que cada operador obtiene acceso al suministro.
La persecución de las conexiones ilegales no elimina la necesidad de discutir la demanda de las operaciones autorizadas. Incluso los centros que cumplen sus obligaciones contractuales pueden presionar la red si los acuerdos no reflejan la capacidad disponible, las condiciones hidrológicas y las necesidades de otros sectores productivos.
El horizonte de 2027, cuando vencen varios contratos mineros, ofrece a Paraguay una oportunidad para establecer criterios más precisos antes de que llegue la fecha de riesgo señalada por los analistas. Sin nuevas inversiones y sin una estrategia para administrar el crecimiento, la abundancia hidroeléctrica del país podría dejar de ser una ventaja suficiente frente a una demanda cada vez más intensa.
La discusión expuesta en “Accelerating Bitcoin” revela que el futuro de la minería en Paraguay dependerá tanto de la rentabilidad de BTC como de la capacidad del Estado para ordenar su sistema eléctrico. El país todavía puede aprovechar la flexibilidad de los mineros, pero necesitará resolver la brecha de inversión y proteger el suministro legal para evitar que el crecimiento de una industria estratégica termine debilitando su independencia energética.
La información fue reportada por Bitcoin.com a partir de las intervenciones de Victorio Oxilia, Julio Fernández y Cecilia Llamosas durante la conferencia. Sus advertencias no constituyen una predicción inevitable de apagones, pero sí plantean un calendario concreto para que Paraguay defina cómo distribuirá su energía antes de 2029.
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