Por Canuto  

La administración de Donald Trump elevó a 22 el número de grupos criminales latinoamericanos y caribeños designados por EE.UU. como organizaciones terroristas extranjeras. La medida amplía la presión regional, pero también reaviva el debate por sus consecuencias y por decisiones que, según la información de Associated Press, contrastan con el trato dispensado a figuras acusadas de narcotráfico.
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  • Los Lorenzana, un clan criminal guatemalteco, se convirtió en el grupo más reciente en entrar en la lista estadounidense.
  • México suma ocho organizaciones designadas, más que cualquier otro país de la región.
  • La estrategia también se asocia con ataques contra embarcaciones que dejaron al menos 240 muertos y con medidas adoptadas por gobiernos latinoamericanos.

 

La administración de Donald Trump añadió a Los Lorenzana, un clan criminal guatemalteco, a la lista de organizaciones terroristas extranjeras de Estados Unidos y llevó a 22 el total de grupos latinoamericanos y caribeños incluidos. La designación, anunciada este viernes según la información de Associated Press, extiende una política que Washington puso en marcha en febrero de 2025. Su alcance va más allá de los cárteles mexicanos: comprende pandillas, grupos armados y redes criminales de distintos países, además de generar tensiones sobre soberanía, seguridad y aplicación de la ley.

Una herramienta de presión con consecuencias regionales

La categoría de organización terrorista extranjera se reservó tradicionalmente para agrupaciones que recurren a la violencia con fines políticos, como Estado Islámico o al-Qaida. La administración Trump la aplicó también a organizaciones criminales cuyo eje principal, según el reportaje, es obtener ganancias mediante actividades ilícitas. Washington buscó con este cambio elevar la presión sobre esos grupos y sobre quienes, a criterio de las autoridades estadounidenses, les brindan apoyo.

La política comenzó en febrero de 2025 y se integró en el contexto de presión de Washington sobre Venezuela que precedió a la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026. Un reportaje de The New York Times señaló que Estados Unidos había tomado otras medidas para aumentar la presión sobre Maduro y preparar la incursión; esto no permite atribuir la captura únicamente a la designación. La campaña de ataques contra embarcaciones señaladas como parte de operaciones de narcotráfico dejó al menos 240 muertos en más de 70 ataques, según PBS NewsHour.

La iniciativa también tuvo efectos en gobiernos de la región: Guatemala y Argentina adoptaron medidas similares frente a ciertos grupos, mientras Ecuador lanzó operaciones conjuntas en su propio territorio. Esas decisiones muestran que la clasificación estadounidense puede influir en políticas nacionales, aunque cada país conserva sus propios marcos legales y criterios de seguridad. La noticia no detalla el alcance concreto de todas esas medidas ni establece que respondan únicamente a la presión de Washington.

El caso de México concentra una parte importante de esa presión, porque ocho organizaciones del país aparecen en la lista, más que las de cualquier otro Estado latinoamericano. El gobierno mexicano enfrenta exigencias estadounidenses para impedir acciones unilaterales de Trump, en particular después de las acusaciones contra funcionarios de alto rango de Sinaloa. La expansión de la lista, por tanto, se cruza con disputas sobre cooperación, jurisdicción y la forma de combatir redes criminales que operan a través de fronteras.

México concentra ocho designaciones

Entre los grupos mexicanos figuran los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, dos organizaciones multinacionales señaladas como los mayores traficantes de fentanilo hacia Estados Unidos. Sinaloa tiene raíces en la década de 1970 y opera con diversas drogas mediante barcos, aviones, migrantes y túneles transfronterizos. El reportaje indica que controla parte de la frontera occidental, aunque la detención de Ismael El Mayo Zambada detonó disputas internas y debilitó al grupo; además, un exjefe de seguridad fue condenado por ayudarlo.

El Cártel de Jalisco Nueva Generación surgió a principios de la década de 2010 y se caracteriza, según la información publicada, por ataques violentos contra autoridades mexicanas, incluidos el uso de drones con explosivos y artefactos explosivos improvisados. También intentó un magnicidio contra quien entonces dirigía la policía de Ciudad de México. La DEA afirma que la organización distribuye toneladas de cocaína, metanfetamina y fentanilo en los 50 estados de EE.UU.; el grupo conservó poder tras la muerte de Nemesio Oseguera, El Mencho, en febrero, y capturas continuas.

En el extremo oriental de la frontera operan el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste, que mueven drogas, migrantes, armas y dinero por una ruta directa hacia EE.UU. desde América Central y del Sur. Osiel Cárdenas Guillén, antiguo líder del Golfo, reclutó a militares mexicanos a finales de los años noventa para formar a Los Zetas, que después se separaron y consolidaron su propia organización. El Cártel del Noreste es un remanente de ese grupo y tiene su base en Nuevo Laredo, el puerto comercial fronterizo más transitado.

El Cártel de Juárez mantiene una presencia histórica en Ciudad Juárez, punto de cruce frente a El Paso, Texas. Su fundador, Amado Carrillo Fuentes, y quienes lo sucedieron convirtieron el tráfico de drogas en un negocio multimillonario, y la organización preservó infraestructura para introducir cargamentos en EE.UU. pese a los arrestos de muchos líderes. En Michoacán, La Familia Michoacana, Carteles Unidos y Los Viagras producen drogas sintéticas y sostienen su control territorial mediante extorsión, cambios de nombre y alianzas; sus cobros alcanzan incluso al sector del aguacate, una exportación clave hacia Estados Unidos.

América Central, Colombia y Venezuela

Barrio 18 y Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13, tienen su principal presencia en El Salvador, Guatemala y Honduras, aunque surgieron como pandillas callejeras en Los Ángeles, creadas por inmigrantes salvadoreños. Tras la deportación de numerosos integrantes desde EE.UU. a El Salvador, ambas redes crecieron en América Central y aterrorizaron comunidades. En los últimos años recibieron un golpe bajo la ofensiva del presidente salvadoreño Nayib Bukele, que encarceló a más de 80.000 personas por presuntos vínculos con pandillas; Guatemala también las designó como terroristas en octubre pasado y endureció las leyes en su contra.

Los Lorenzana, el grupo que elevó a 22 el total de designaciones estadounidenses, es un clan familiar guatemalteco acusado de narcotráfico y con poder en el este y norte del país, cerca de la frontera con Honduras. Las autoridades guatemaltecas sostienen que está aliado con el Cártel de Sinaloa, y el Departamento de Estado de EE.UU. lo describió como uno de los clanes de narcotráfico más poderosos de Guatemala. Washington también designó a Los Huistas y Los Mendoza como Terroristas Globales Especialmente Designados, al acusarlos de brindar apoyo material a cárteles mexicanos.

Las dos clasificaciones estadounidenses no son equivalentes: la categoría de Terrorista Global Especialmente Designado impone principalmente sanciones financieras, mientras que la de organización terrorista extranjera conlleva consecuencias penales y migratorias específicas. Esa diferencia importa porque la inclusión en la lista no es solo una declaración política, sino una medida con efectos legales para los grupos y para las personas que las autoridades consideren que los apoyan. En el caso de Los Lorenzana, el reporte identifica ambas designaciones y sus consecuencias generales, pero no ofrece detalles sobre casos individuales.

En Colombia, el Clan del Golfo, también conocido como AGC, cuenta con unos 9.000 combatientes estimados y figura entre los grupos armados más poderosos del país. Surgió de escuadrones paramilitares de derecha que combatieron a guerrillas marxistas durante las décadas de 1990 y 2000; según un informe de la Defensoría del Pueblo, tiene presencia en cerca de un tercio de los 1.103 municipios colombianos y extorsiona negocios locales. El grupo participó en conversaciones de paz con el gobierno colombiano, pero la administración de Abelardo de la Espriella oficializó su cierre en agosto de 2026, según La República.

En Venezuela, Tren de Aragua nació hace más de una década en una prisión del centro del país y se extendió desde Chile hasta Estados Unidos, aprovechando el éxodo de unos 8 millones de venezolanos. Aunque sus orígenes se relacionan con el narcotráfico, sus principales actividades incluyen el contrabando de migrantes, la trata de personas, la explotación sexual y el trabajo forzado; también se le atribuyen decapitaciones y entierros de víctimas con vida. El otro nombre venezolano en la lista es el Cartel de los Soles, una denominación que, según el reportaje, no describe un cártel convencional y que Washington vinculó con Maduro antes de su captura en enero.

Redes criminales en Ecuador, Brasil y Haití

En Ecuador, Los Lobos, Los Choneros, Los Chone Killers y Los Tiguerones aparecen entre los grupos a los que se atribuye buena parte de la violencia iniciada durante la pandemia de COVID-19. Las organizaciones participan en asesinatos por encargo, extorsión y tráfico y venta de drogas. Los Tiguerones se formaron en Guayaquil en 2019 como brazo armado de Los Choneros, una organización que funciona como grupo matriz de buena parte de las pandillas criminales ecuatorianas.

Las autoridades ecuatorianas han responsabilizado a esas pandillas del aumento de la violencia mientras disputan rutas de narcotráfico hacia el Pacífico y el control territorial, incluidas las cárceles. Cientos de reclusos han muerto en centros penitenciarios desde 2021, según la información recopilada por AP. Los cuatro grupos están entre las 22 pandillas criminales que Ecuador designó como terroristas en 2024, un antecedente de la política nacional que acompaña las operaciones conjuntas realizadas en suelo ecuatoriano.

Brasil aporta dos organizaciones a la lista estadounidense: Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital, descritas como algunas de las estructuras criminales más violentas del país. Ambas trabajan con unas 50 pandillas más pequeñas y reúnen a miles de integrantes. El reportaje les atribuye ataques brutales contra policías, funcionarios públicos y civiles, además de redes ilícitas que se extienden más allá de las fronteras brasileñas.

En Haití, Viv Ansanm y Gran Grif están vinculadas principalmente con tráfico de armas, secuestros, asesinatos y extorsión, y en menor medida con narcotráfico. La coalición Viv Ansanm lanzó una serie de ataques desde febrero de 2024 que cerraron el principal aeropuerto internacional, liberaron a cientos de reclusos de las dos cárceles más grandes y terminaron por forzar la renuncia del entonces primer ministro Ariel Henry. El grupo controla al menos el 85% de la capital, lo que obliga a organizaciones humanitarias a negociar el acceso para entregar alimentos, agua y otros suministros esenciales.

Alcance y contradicciones de la política

La lista recorre contextos distintos, desde cárteles con operaciones transnacionales hasta pandillas locales, clanes familiares y grupos armados con presencia territorial. Los delitos atribuidos también varían: incluyen tráfico de drogas y armas, extorsión, trata de personas, secuestros y violencia contra funcionarios o comunidades. Por eso, la designación común no significa que las 22 organizaciones tengan la misma estructura, capacidad operativa o relación con la política; la información disponible presenta perfiles diferentes bajo una misma categoría jurídica estadounidense.

La estrategia de Washington combina sanciones y consecuencias legales con presión diplomática y, según el reportaje, operaciones contra embarcaciones señaladas como narcoterroristas. Los ataques han dejado al menos 240 muertos, según el recuento citado por PBS NewsHour, y han alimentado el debate sobre el uso de fuerza fuera de las fronteras estadounidenses y los llamados a evitar acciones unilaterales en México. La noticia no presenta datos suficientes para evaluar cada operación por separado, pero sí deja constancia de que la política produjo consecuencias humanas y tensiones diplomáticas.

El reportaje también señala una contradicción política en el caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Hernández fue sentenciado a 45 años por narcotráfico y, durante su juicio, fue acusado de proteger al Cártel de Sinaloa; sin embargo, Trump lo indultó el año pasado y el exmandatario regresó a Honduras. La diferencia entre ese indulto y la presión contra organizaciones criminales pone en primer plano las críticas sobre la coherencia con que se aplica la agenda antinarcóticos.

La expansión a 22 designaciones deja una herramienta de alcance regional, pero no resuelve por sí sola los problemas de seguridad ni las disputas sobre soberanía y aplicación de la ley. México concentra ocho grupos, mientras que países de América Central, el Caribe y Sudamérica afrontan medidas propias y redes criminales con actividades diversas. La lista muestra la amplitud de la respuesta estadounidense y, al mismo tiempo, las preguntas que persisten sobre sus criterios, sus efectos concretos y la consistencia de las decisiones políticas que la acompañan.

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