Por Canuto  

Los demócratas de Arizona anticipan una propuesta para pausar nuevos centros de datos en 2027, mientras debaten cómo proteger el agua y la energía sin descartar los ingresos que genera la industria.
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  • La fiscal general Kris Mayes busca frenar nuevos proyectos y señala que hay más de 100 centros de datos en cartera.
  • La Autoridad de Comercio estatal aprobó 107 solicitudes de exenciones fiscales antes de que entrara en vigor una pausa de tres años.
  • Republicanos y un grupo de análisis económico cuestionan una moratoria general y piden reglas sobre consumo de agua, energía e impuestos.

 

Los demócratas de Arizona quieren llevar a la Legislatura una propuesta para detener temporalmente nuevos centros de datos, en medio de inquietudes por el consumo de agua y energía y por la capacidad estatal para atender proyectos de gran escala. La fiscal general Kris Mayes, la gobernadora Katie Hobbs y Priya Sundareshan señalaron que el tema estará entre las prioridades cuando el Legislativo se reúna en enero.

La iniciativa se perfila para 2027, cuando los demócratas asumirán el control unificado del gobierno estatal por primera vez en 60 años, según el reporte de The Center Square. Mayes sostuvo que utilizará las herramientas regulatorias a su alcance para frenar desarrollos que, a su juicio, puedan perjudicar a las comunidades, mientras sus aliados legislativos plantean que una pausa permitiría definir requisitos antes de autorizar nuevas instalaciones.

Una moratoria que llega con más de 100 proyectos en cartera

Mayes pidió una moratoria durante su campaña de reelección y, tras superar al presidente del Senado, el republicano Warren Petersen, en las elecciones generales del 3 de noviembre, reiteró que buscará actuar desde su cargo. La fiscal general dijo que contempla recurrir a las leyes sobre molestias cuando corresponda para proteger a los residentes frente a usuarios industriales de agua que, según su planteamiento, dañen a sus vecinos.

La funcionaria también afirmó que su oficina aplicará con agresividad las normas antimonopolio si considera que una corporación perjudica a los habitantes de Arizona. Presentó esas vías legales como parte de las herramientas disponibles mientras se discute una moratoria legislativa, pero no describió en el reporte medidas específicas ya adoptadas contra empresas o proyectos concretos.

El alcance de la discusión se relaciona con los más de 100 centros de datos que, de acuerdo con Mayes, están actualmente en la cartera de desarrollo. La cantidad apunta a una lista de proyectos en distintas etapas, no a instalaciones ya construidas, y es uno de los argumentos de la fiscal general para pedir que el estado haga una pausa antes de seguir autorizando nuevas propuestas.

En un comunicado de su oficina, Mayes pidió una pausa estatal en la aprobación y construcción de nuevos centros de datos, en particular de proyectos de inteligencia artificial a gran escala. La fiscal general vinculó su petición con el aumento de las facturas de energía y con la reducción de agua del río Colorado asignada a Arizona por el Departamento del Interior.

El debate sobre los centros de datos incluye instalaciones que alojan equipos de cómputo y requieren servicios de energía y agua, demandas que los funcionarios citan como motivo de preocupación. Sundareshan afirmó que el Senado buscará medidas para que los operadores atiendan su consumo y actúen como buenos vecinos; según dijo, la propuesta de Mayes podría ofrecer tiempo para determinar qué requisitos deberían cumplir.

La pausa fiscal no cerró la puerta a nuevas solicitudes

El presupuesto de Arizona del año anterior estableció una pausa de tres años en las exenciones fiscales estatales para desarrolladores de centros de datos. Sin embargo, antes de que esa suspensión pudiera entrar en vigor, la Autoridad de Comercio de Arizona aprobó 107 solicitudes de beneficios fiscales para este tipo de instalaciones, de acuerdo con la cifra citada por Mayes.

La secuencia es central para la disputa política: los demócratas dicen que el número de solicitudes aprobadas exige actuar con rapidez, mientras la administración de Hobbs plantea que la pausa de tres años debería volverse permanente. La suspensión de incentivos no equivale por sí sola a prohibir construcciones, por lo que la propuesta de moratoria busca abordar el desarrollo de nuevos proyectos además del tratamiento tributario.

Christian Slater, director de comunicaciones de Hobbs, dijo que la gobernadora quiere que las empresas paguen su parte justa por la electricidad. También aseguró que la administración trabajará en salvaguardas para evitar que las instalaciones eleven las facturas de los residentes, extraigan agua sin control o ignoren las preocupaciones de las comunidades próximas a los proyectos.

Esas propuestas sitúan el debate más allá de los incentivos fiscales y lo conectan con la asignación de costos y recursos locales. La discusión, por tanto, no se limita a decidir si habrá una moratoria: también deberá responder cómo se evalúa el uso de energía y agua, quién asume sus costos y qué mecanismos permitirían atender las objeciones de los vecinos.

Proyectos señalados y desacuerdo sobre la respuesta

Mayes mencionó dos desarrollos como ejemplos de proyectos que quisiera pausar: un centro de datos de supercómputo e inteligencia artificial de SpaceX, propuesto en una extensión de 747 acres cerca de Willcox Playa y la carretera 191, en el condado de Cochise, y un desarrollo de Menlo Digital en Ahwatukee. La fiscal general sostuvo que ambos muestran por qué Arizona debería detener nuevas obras hasta saber si cuenta con energía suficiente para atenderlas.

Su planteamiento conecta el crecimiento de la infraestructura tecnológica con una pregunta sobre capacidad energética, además de las inquietudes por el agua. Mayes calificó la situación de “literalmente una locura” y pidió un respiro antes de permitir más desarrollos; la afirmación refleja su postura política, no una conclusión técnica sobre el suministro disponible para cada proyecto.

John Kavanagh, republicano de Fountain Hills y futuro líder de la minoría en el Senado en 2027, cuestionó que la moratoria pueda detener las iniciativas ya encaminadas. A su juicio, la medida anterior de la gobernadora fue redactada de manera deficiente y dejó más de 100 centros de datos en cartera que no podrían frenarse, aunque la nota no detalla la situación jurídica particular de cada uno.

Kavanagh también rechazó una prohibición general porque considera que Arizona necesita estas instalaciones para la defensa y para los servicios de cómputo y las comodidades cotidianas. En vez de una moratoria, propuso reglas que obliguen a los operadores a pagar una proporción justa por la electricidad e incorporen métodos de conservación de agua para reducir su consumo.

El costo económico y las alternativas bajo discusión

Josh Heywood, director ejecutivo de Project 48 Arizona, una organización no partidista dedicada a investigar el crecimiento económico, dijo que las preguntas de Kavanagh coinciden con lo que le gustaría ver discutido en el nuevo año. Heywood cuestionó por qué los centros de datos reciben tanta atención de los legisladores mientras otras actividades que utilizan grandes cantidades de agua, como la fabricación de semiconductores y los campos de golf, siguen operando.

El ejecutivo pidió precisar qué problema busca resolver una pausa y cuál sería el umbral de consumo de agua que se considera excesivo. También planteó si el estado podría aprobar otras medidas para atender el uso del recurso o destinar parte de los ingresos fiscales a soluciones relacionadas con el agua, en lugar de detener por completo la industria.

Heywood sostuvo además que los demócratas deberían considerar los ingresos tributarios que los centros de datos aportan a Arizona antes de eliminar o frenar el sector. Su posición no descarta regular a los operadores, sino que cuestiona si una moratoria total es la respuesta más adecuada frente a preocupaciones que, según dijo, todavía requieren una definición más concreta.

Sundareshan, por su parte, afirmó que los legisladores demócratas escucharon durante la campaña que los centros de datos son un asunto prioritario para los votantes y que esperan actuar el próximo año. La discusión legislativa tendrá que confrontar esa demanda con las objeciones sobre energía, agua, empleo e ingresos fiscales que expusieron los demás participantes; la fuente no detalla aún el texto de una propuesta ni su calendario de votación.

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