Por Canuto  

Una demanda colectiva en Estados Unidos busca responsabilizar a JPMorgan, Bank of America, Coinbase y al bufete Alston & Bird por su presunto papel en un esquema Ponzi de criptomonedas atribuido a Christopher Delgado y Goliath Ventures, acusado de mover USD $328 millones con promesas de rendimientos mensuales de hasta 8%.
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  • Las víctimas alegan que JPMorgan y Bank of America debieron detectar movimientos bancarios incompatibles con el negocio declarado por Goliath Ventures.
  • La demanda también alcanza a Coinbase y al bufete Alston & Bird, al que acusan de dar apariencia de legitimidad a una estructura presuntamente irregular.
  • Según fiscales federales, solo cerca de USD $1,5 millones de los USD $328 millones captados se invirtieron como se prometía.

Un grupo de presuntas víctimas de una estafa de inversión en criptomonedas presentó una demanda colectiva contra JPMorgan, Bank of America, Coinbase y el bufete Alston & Bird, en un caso vinculado a Christopher Delgado y su firma Goliath Ventures. La acción judicial sostiene que estas entidades habrían debido detectar señales claras de un esquema fraudulento que, de acuerdo con las autoridades federales, movió alrededor de USD $328 millones.

La querella fue presentada la semana pasada por Dave Emery, Brigitte Emery y Kamran Soleimani, en representación de otras presuntas víctimas. El caso surge meses después de que Delgado fuera arrestado en Florida y acusado por el Departamento de Justicia de fraude electrónico y lavado de dinero, en relación con una presunta operación Ponzi desarrollada entre enero de 2023 y enero de 2026.

El caso vuelve a poner bajo la lupa un tema sensible para el ecosistema financiero y cripto: hasta dónde llega la responsabilidad de bancos, plataformas e intermediarios cuando procesan fondos asociados a productos de inversión de alto riesgo o de dudosa legalidad. Aunque la demanda todavía deberá probar sus señalamientos en tribunales, sus acusaciones apuntan directamente a los controles internos y de cumplimiento de varias firmas de primer nivel.

Cómo operaba el esquema, según la demanda y las autoridades

De acuerdo con los cargos federales, Delgado captaba dinero de inversionistas con la promesa de colocarlo en supuestas “piscinas de liquidez cripto”. Goliath Ventures aseguraba que estos fondos generarían comisiones capaces de sostener rendimientos mensuales de entre 3% y 8%, una oferta que para muchos inversionistas pudo parecer atractiva en un mercado acostumbrado a promesas de ingresos pasivos.

Sin embargo, la demanda afirma que la realidad habría sido muy distinta. Aunque la firma recaudó aproximadamente USD $328 millones, solo cerca de USD $1,5 millones se habrían invertido conforme a lo prometido. El resto, según la acusación, fue desviado a otros fines, incluyendo pagos a inversionistas previos para simular rentabilidad, una práctica típica de los esquemas Ponzi.

El Departamento de Justicia sostiene que Delgado utilizó parte del dinero en reuniones de negocios extravagantes, fiestas de Navidad y alojamientos de viaje de lujo. También habría comprado cuatro propiedades residenciales, cada una valorada entre USD $1,15 millones y USD $8,5 millones. Esos gastos son presentados por los demandantes como evidencia de que el dinero no estaba siendo destinado a la actividad económica que se ofrecía a los clientes.

La promesa de retornos constantes mediante estructuras de liquidez en cripto no es nueva. En distintos ciclos del mercado, conceptos técnicos como staking, yield farming o provisión de liquidez han sido usados tanto en modelos legítimos como en fraudes. Por eso, en disputas judiciales como esta, la discusión no se limita a si hubo pérdidas, sino a si existieron engaños materiales sobre el uso del capital y la naturaleza real del producto ofrecido.

Las acusaciones contra Alston & Bird y el debate sobre la regla Howey

La demanda también incorpora al bufete Alston & Bird. Los demandantes alegan que Goliath Ventures recurrió a esos abogados porque buscaba mayor exposición frente a inversionistas minoristas, pero sin quedar sujeta a las reglas que normalmente rigen la recomendación y venta de valores en Estados Unidos.

Según los demandantes, el bufete debió comprender que el acuerdo de “piscina de liquidez” constituía un valor bajo la llamada regla Howey. Ese criterio proviene de un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos y sirve como guía para determinar cuándo una transacción califica como contrato de inversión bajo la legislación de valores.

La acusación sostiene que Alston & Bird elaboró luego una opinión legal que trataba a los inversionistas como “socios”, en vez de clientes que adquirían un producto de inversión. A juicio de los demandantes, esa construcción jurídica buscó evitar la aplicación de las leyes de valores y terminó otorgando legitimidad a una estructura que, según afirman, era ilegítima desde su origen.

Este punto es especialmente relevante porque muchas disputas en la industria cripto giran en torno a la clasificación legal de los productos ofrecidos. Si un esquema es considerado un valor, entran en juego obligaciones de registro, divulgación y supervisión mucho más estrictas. Por eso, la discusión sobre la regla Howey aparece una y otra vez en litigios de este tipo.

Por qué JPMorgan y Bank of America están en la mira

En el caso de JPMorgan Chase y Bank of America, la demanda argumenta que la legislación federal obliga a los bancos a conocer a sus clientes y entender la naturaleza de sus operaciones. Bajo esa lógica, las entidades habrían debido reconocer que el modelo de negocio declarado por Goliath implicaba recibir fondos de inversionistas, colocarlos en las supuestas piscinas de liquidez, recibir comisiones y luego pagar rendimientos.

Los demandantes sostienen que, si ese modelo hubiese sido real, los bancos tendrían que haber observado actividad consistente con dicha operativa. Eso incluiría entradas de fondos, movimientos vinculados a las inversiones prometidas, recepción de comisiones y desembolsos asociados a ganancias o retornos para los clientes.

Pero, según el texto de la demanda, eso no fue lo que vieron JPMorgan Chase ni Bank of America. En cambio, las entidades habrían visto grandes volúmenes de dinero ingresando a las cuentas de Goliath junto con otras actividades bancarias que, según los demandantes, estaban claramente en desacuerdo con el modelo de negocio declarado por la firma.

En términos más amplios, este señalamiento reabre un debate frecuente sobre los controles antilavado y de monitoreo transaccional. Los bancos no están llamados a garantizar el éxito de una inversión, pero sí a identificar patrones sospechosos, inconsistencias operativas y flujos que puedan indicar fraude o lavado de dinero. La demanda intenta ubicar la conducta de estas entidades justamente en ese terreno.

El rol atribuido a Coinbase en la operación

Coinbase también fue incluida en la demanda. Los demandantes alegan que las cuentas de Goliath en esa plataforma transmitieron criptomonedas a cuentas de usuario asociadas con los inversionistas, fondos que presuntamente se presentaban como rendimientos de la inversión.

Según la acusación, esos envíos ayudaron a reforzar la apariencia de una operación legítima y exitosa. En esquemas de este tipo, los pagos iniciales o periódicos suelen cumplir una función psicológica central: convencer a las víctimas de que el negocio funciona y fomentar nuevas aportaciones o recomendaciones a terceros.

Ese detalle resulta importante porque una parte del atractivo de muchos fraudes cripto reside en que los retornos aparentes sí llegan a verse en billeteras o cuentas de exchange. Para el inversionista promedio, esa señal puede parecer una prueba de autenticidad, incluso cuando el dinero en realidad proviene de aportes recientes de otras personas y no de una actividad rentable.

Un portavoz de Coinbase declaró que la empresa “se defenderá enérgicamente de estas acusaciones”. JPMorgan Chase y Alston & Bird no respondieron a solicitudes de comentarios, mientras que Bank of America declinó pronunciarse, de acuerdo con el reporte publicado por WealthManagement.

Florida, la demanda colectiva y un caso que sigue creciendo

La controversia no se limita a Delgado y las empresas demandadas. El caso también alcanzó al alcalde de Apopka, la ciudad de Florida donde Delgado tenía su base. La semana pasada, el recién electo alcalde Nick Nestra fue citado para entregar registros financieros como parte de la investigación en curso.

Ese elemento sugiere que las autoridades y los litigantes todavía están trazando el mapa completo de relaciones financieras alrededor de Goliath Ventures. En fraudes de gran escala, este tipo de revisión documental suele buscar conexiones, omisiones o posibles beneficiarios indirectos, aunque una citación por sí sola no equivale a una acusación de responsabilidad.

Las presuntas víctimas ya habían presentado otra demanda colectiva contra Delgado en marzo. La nueva acción amplía el foco y busca que terceros, además del presunto autor principal, también respondan por daños si el tribunal concluye que ignoraron alertas razonables o facilitaron una estructura engañosa.

Más allá del resultado judicial, el caso ilustra un riesgo persistente en el mundo cripto: la combinación de lenguaje técnico, promesas de ingresos elevados y supervisión fragmentada puede crear un entorno fértil para abusos. También pone presión sobre bancos, bufetes y exchanges, cuya participación indirecta en este tipo de operaciones enfrenta cada vez más escrutinio regulatorio y legal en Estados Unidos.


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