El Senado de Estados Unidos votó 73-25 para avanzar una iniciativa bipartidista que aceleraría los permisos de proyectos energéticos y facilitaría el suministro eléctrico para centros de datos de IA. La propuesta también contempla un cargo adicional por acceso a la red y enfrenta críticas de grupos ambientales, indígenas y fiscales generales estatales.
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- La BAAJA propone agilizar revisiones ambientales federales y facilitar el acceso a la energía para centros de datos.
- Sus promotores sostienen que los desarrolladores deberán cubrir el costo total de las mejoras necesarias para sus proyectos.
- Grupos ambientales y 17 fiscales generales estatales demócratas advierten que la iniciativa podría debilitar protecciones ambientales.
Una reforma para acelerar permisos y suministro eléctrico
El Senado de Estados Unidos votó 73-25 para avanzar el jueves 19 de noviembre un proyecto bipartidista que podría facilitar la construcción de centros de datos destinados, entre otros usos, a la inteligencia artificial. El resultado corresponde a una votación para impulsar la iniciativa, no a la aprobación definitiva de la ley. Presentada por primera vez en septiembre, la propuesta busca acelerar las revisiones ambientales federales de proyectos energéticos y facilitar que los desarrolladores obtengan electricidad para operar esas instalaciones. Según Solar Power World, el Senado votó 73-25 para avanzar la Ley Bipartidista de Asequibilidad y Empleos de América (BAAJA).
La medida reúne a una coalición poco habitual. Entre quienes la respaldan figuran representantes de la industria del petróleo y el gas, la Casa Blanca, desarrolladores de energía limpia y activistas contra el calentamiento global. El apoyo de sectores con intereses distintos refleja que la disputa no se limita a la construcción de centros de datos: también abarca cómo se autoriza la infraestructura energética que estos necesitan.
Quienes defienden el proyecto describen el planteamiento como estricto, pero justo para los desarrolladores, porque los obligaría a pagar el costo total de las mejoras que sus proyectos requieran. A la vez, sostienen que agilizar los permisos permitiría avanzar con la infraestructura necesaria y contribuiría a la asequibilidad de la energía, a reducir emisiones y a fortalecer la red eléctrica. Esos objetivos forman parte de la justificación pública de la iniciativa, aunque sus críticos disputan que el texto garantice esos resultados sin debilitar las salvaguardas existentes.
El senador demócrata Sheldon Whitehouse, de Rhode Island, presentó la propuesta como un avance en la lucha contra el cambio climático y citó una reducción de 1,5 gigatoneladas de emisiones hasta 2040. En su comparación, ese volumen equivaldría a retirar casi 35 millones de automóviles a gasolina de las carreteras. La cifra es una estimación invocada por Whitehouse para respaldar el proyecto; la información disponible no detalla aquí cómo se calcularía ni qué combinación de medidas produciría esa reducción.
Críticas por las protecciones ambientales y el uso de combustibles fósiles
La iniciativa también ha encontrado oposición entre grupos contrarios a los centros de datos, organizaciones ambientales y grupos indígenas. Sus objeciones apuntan a que, según sostienen, el proyecto recortaría o modificaría leyes ambientales para acelerar instalaciones que podrían alimentarse con gas natural, dando un impulso adicional a la expansión de la industria de inteligencia artificial. Se trata de una crítica sobre los posibles efectos del texto, no de una descripción compartida por los promotores de la ley.
Oil Change International, una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa ambiental, calificó la iniciativa como un «regalo a los combustibles fósiles». La expresión resume el temor de que agilizar permisos para proyectos energéticos termine favoreciendo infraestructura basada en gas natural, en lugar de garantizar una transición hacia fuentes más limpias. El desacuerdo importa porque la BAAJA reúne a actores de sectores energéticos diferentes y presenta, al mismo tiempo, metas de reducción de emisiones y de aceleración de obras.
Diecisiete fiscales generales estatales demócratas enviaron una carta para pedir revisiones que protejan leyes que, a su juicio, el proyecto podría modificar. Entre ellas mencionaron la Ley Nacional de Política Ambiental y la Ley de Agua Limpia, dos marcos que los firmantes consideran relevantes para evitar que la agilización de permisos debilite controles ambientales. Su petición muestra que las objeciones no se limitan a grupos activistas: también plantean un cuestionamiento institucional sobre el alcance legal de la reforma.
El senador demócrata Ron Wyden, de Oregón, criticó la iniciativa y dijo que intentaba sumar una enmienda para prohibir centros de datos en tierras públicas. Wyden acusó al senador Mike Lee de buscar entregar esos terrenos a grandes empresas tecnológicas, una formulación política que refleja la tensión sobre el uso de suelo público. La información sobre la enmienda no establece si cuenta con respaldo suficiente ni cuál sería su destino durante el proceso legislativo.
El cargo por la red y el debate sobre quién paga
Además de acelerar revisiones y facilitar el acceso a electricidad, el texto incluye una disposición que cobraría un monto adicional por el acceso a la red eléctrica. En consecuencia, los desarrolladores tendrían que pagar más por la energía, además de asumir, según los promotores, el costo total de las mejoras que sus proyectos requieran. La iniciativa intenta combinar una ruta más rápida para construir con una obligación de pago, aunque el material disponible no especifica el monto del cargo ni cómo se determinaría para cada instalación.
El presidente Donald Trump también expresó su respaldo al proyecto. En una publicación del 8 de noviembre, afirmó que la ley garantizaría que los centros de datos construyan y paguen su propia electricidad, además de contribuir a la inversión en sus comunidades locales. Trump añadió que China se quedaría con cualquier centro de datos que Estados Unidos no quisiera, argumento que vincula la discusión sobre infraestructura y energía con la competencia tecnológica entre ambos países.
La Data Center Coalition, asociación comercial cuyos miembros incluyen a Amazon, Google, Meta y Microsoft, todavía no había respaldado ni rechazado públicamente la legislación. Michele Nellenbach, vicepresidenta de asuntos federales de la organización, señaló que el grupo seguía revisando el texto. Su postura pendiente deja sin una señal pública conjunta a algunas de las mayores empresas vinculadas con centros de datos, en medio de un debate que aborda directamente las condiciones para construir y alimentar esas instalaciones.
La discusión legislativa se produce mientras los centros de datos reciben resistencia en comunidades locales: decenas de moratorias fueron aprobadas en condados y ciudades durante las elecciones intermedias de noviembre, según el reporte de USA Today. Esa oposición local suma presión a la controversia nacional sobre el ritmo de expansión, los costos eléctricos y las consecuencias ambientales de las nuevas instalaciones. La votación de avance en el Senado pone a prueba el respaldo a la BAAJA y deja abierta la discusión sobre el equilibrio entre permisos más rápidos, obligaciones de pago y protecciones ambientales cuestionadas por sus críticos.
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