La administración de Donald Trump sustituyó la norma laboral de la era Biden por un criterio que prioriza el control empresarial y la posibilidad de que el trabajador obtenga ganancias o pérdidas por iniciativa propia. El cambio, que entrará en vigor en enero, podría afectar a sectores que dependen de contratistas, como el transporte y los servicios de entrega por aplicaciones.
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- El Departamento de Trabajo derogó la regla de 2024 y adoptó una prueba respaldada por grupos empresariales.
- El nuevo criterio se centra en el control de la empresa y en la oportunidad del trabajador de obtener ganancias o pérdidas.
- La norma entrará en vigor en enero y podría reducir costos para empresas de varios sectores.
⚖️ EE. UU. cambia el criterio para clasificar trabajadores
El Departamento de Trabajo reemplazó la regla de 2024. Ahora prioriza el control empresarial y la posibilidad de que el trabajador obtenga ganancias o pérdidas.
La norma regirá desde enero y podría facilitar la… pic.twitter.com/tOF6hp9R2n
— Diario฿itcoin (@DiarioBitcoin) November 19, 2026
Un nuevo estándar para definir la relación laboral
La administración del presidente Donald Trump anunció una regla final que facilitará que empresas de algunos sectores clasifiquen a sus trabajadores como contratistas independientes, en vez de empleados. El Departamento de Trabajo reemplazó así una norma adoptada durante la presidencia de Joe Biden, en un giro que puede reducir obligaciones para las compañías y limitar el acceso de ciertos trabajadores a protecciones legales asociadas al empleo.
La medida se conoció el jueves 19 de noviembre de 2026 y comenzará a regir en enero, 60 días después de su publicación formal. La norma anterior establecía una prueba de seis factores para determinar si una persona debía considerarse empleada o contratista bajo la ley federal de salarios, sin dar un peso predeterminado a uno de esos factores.
El estándar final cambia el énfasis: ahora importan especialmente el grado de control de la empresa sobre el trabajo y si la persona puede obtener ganancias o sufrir pérdidas según su iniciativa o inversión. En la práctica, el debate se desplaza hacia el grado de autonomía del trabajador y la forma en que organiza su actividad, aunque el texto disponible no detalla cómo se resolverán casos particulares en cada sector.
El secretario de Trabajo, Keith Sonderling, defendió el cambio en un comunicado y afirmó que las regulaciones deben seguir el ritmo de las formas cambiantes en que los estadounidenses eligen trabajar y las empresas operar. El Departamento sostuvo además que la regla de 2024 tenía defectos legales y que el nuevo criterio ofrece un estándar más claro tanto para las compañías como para los trabajadores.
Costos empresariales y protecciones en juego
La clasificación importa porque los empleados pueden costar hasta 30% más a las empresas, según estudios citados por Reuters. La diferencia responde a derechos y beneficios que corresponden a los empleados, entre ellos el salario mínimo, el pago de horas extras y el seguro de desempleo, protecciones que no se conceden de la misma manera a los contratistas independientes.
Por esa razón, una definición más favorable al estatus de contratista puede tener consecuencias económicas para compañías y trabajadores, aunque el cambio no determina por sí solo el resultado de cada disputa. Las empresas podrían enfrentar menos costos asociados a esas protecciones si clasifican a más personas como independientes, mientras que los trabajadores podrían quedar fuera de beneficios vinculados al empleo cuando la relación encaje en la nueva prueba.
La regla podría afectar a empresas de transporte de carga, atención médica, ventas minoristas y servicios de transporte o entrega basados en aplicaciones. Compañías como Uber dependen en gran medida de contratistas, y el reporte también identifica a Lyft entre las firmas relacionadas con el tema; ambas empresas enfrentan con regularidad demandas por presunta clasificación errónea, acusaciones que niegan.
La ficha de mercado que acompañaba la noticia mostraba caídas de 4,89% para las acciones de Uber y de 4,26% para las de Lyft. Esos movimientos aparecen como información bursátil relacionada con la nota y no establecen, por sí solos, que la nueva regla haya causado las variaciones de los títulos.
Una disputa laboral que vuelve a cambiar de dirección
La clasificación de trabajadores se ha convertido en uno de los asuntos laborales más controvertidos de la última década, según Reuters, y los grupos comerciales presionaron para derogar la norma de 2024. Un intento de los republicanos en el Congreso para bloquearla se estancó, pero la administración ahora la reemplaza mediante una regla final del Departamento de Trabajo.
La norma de la era Biden había sustituido, a su vez, una regulación aprobada durante el primer mandato de Trump. Aquel criterio consideraba, entre otros aspectos, si la persona tenía un negocio propio o podía trabajar para compañías competidoras, como un conductor que presta servicios tanto para Uber como para Lyft.
El nuevo estándar se parece a esa regulación previa, aunque el cambio de administración vuelve a modificar el marco federal que orienta la clasificación laboral. Los grupos que defendían la regla de Biden sostienen que la clasificación errónea es generalizada en algunos sectores y advierten que derogar esa norma permitiría a los empleadores privar a trabajadores de protecciones legales básicas.
La entrada en vigor prevista para enero marcará el siguiente paso, pero el reporte no anticipa decisiones judiciales concretas ni describe cómo reaccionarán empresas o trabajadores después de la publicación formal. Por ahora, el cambio deja una disputa de fondo entre la flexibilidad que reclaman las compañías y las garantías que los defensores de los trabajadores consideran esenciales para quienes dependen de estas labores.
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