Por Canuto  

Chuck Schumer presentó una iniciativa para derogar y reembolsar la última ronda de aranceles de Trump, mientras Canadá prepara gravámenes de hasta 50% sobre productos estadounidenses por unos USD $20.000 millones y crece la disputa por el impacto de la guerra comercial en las familias.
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  • La propuesta de Chuck Schumer busca eliminar los aranceles recientes, incluidos los gravámenes del 50% sobre USD $20.000 millones en productos canadienses.
  • Ottawa prepara una respuesta con aranceles de hasta 50% sobre importaciones estadounidenses por unos USD $20.000 millones a partir del 8 de septiembre.
  • Los demócratas sostienen que la política comercial encarece la vida, aunque la mayoría republicana reduce las posibilidades de aprobación.

El líder demócrata del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, presentó una iniciativa para derogar y reembolsar la última ronda de aranceles impulsada por la administración de Donald Trump. La propuesta incluye los gravámenes del 50% aplicados recientemente a productos canadienses por un valor aproximado de USD $20.000 millones, en un momento en que Ottawa prepara una respuesta equivalente y la disputa comercial vuelve a presionar sobre los costos para empresas y consumidores.

La ofensiva legislativa llega mientras Canadá prevé imponer, a partir del 8 de septiembre, aranceles de hasta 50% sobre importaciones estadounidenses valoradas en unos USD $20.000 millones. La medida canadiense elevaría la tensión entre dos socios comerciales estrechamente vinculados y podría ampliar la incertidumbre para compañías que dependen de cadenas de suministro transfronterizas, especialmente en sectores donde los bienes cruzan la frontera varias veces antes de llegar al consumidor final.

Una propuesta contra la escalada arancelaria

El proyecto, denominado End Trump’s Tariff Tax Act, también eliminaría los impuestos de entre 10% y 12,5% aplicados a bienes procedentes de 60 socios comerciales. Washington justifica esos gravámenes con el argumento de que dichos países no han impedido de manera suficiente la importación de productos fabricados mediante trabajo forzado, una explicación que conecta la política comercial con objetivos laborales y de derechos humanos.

Schumer sostuvo que los ciudadanos estadounidenses han absorbido el 96% del costo de cientos de miles de millones de dólares en nuevos aranceles. Según el senador por Nueva York, la estrategia representa casi USD $2.000 adicionales para una familia promedio, una cifra que los demócratas utilizan para vincular la política comercial con la inflación, el cierre de pequeños negocios y la pérdida de capacidad de consumo.

En una declaración citada por Yahoo News, Schumer acusó a Trump de continuar una guerra comercial caótica mientras la inflación afecta a los hogares y las pequeñas empresas enfrentan dificultades para pagar sus facturas. El legislador afirmó que los aranceles han causado perjuicios a familias, agricultores y fabricantes estadounidenses, y presentó su iniciativa como una vía para ofrecer alivio económico en lugar de profundizar el conflicto internacional.

La propuesta cuenta con el respaldo de varios senadores demócratas y del independiente Angus King, de Maine. Entre los legisladores mencionados figuran Patty Murray y Maria Cantwell, de Washington; Ron Wyden, de Oregón; Jack Reed, de Rhode Island; Amy Klobuchar, de Minnesota; Mark Warner, de Virginia; Kirsten Gillibrand, de Nueva York; Chris Coons, de Delaware; Richard Blumenthal, de Connecticut; Tim Kaine, de Virginia; Elissa Slotkin, de Michigan, y Peter Welch, de Vermont.

El frente legal y las medidas anteriores

Schumer ya había encabezado esfuerzos para limitar los aranceles presidenciales unilaterales impuestos con base en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, conocida por sus siglas en inglés como IEEPA. Esa norma fue el fundamento legal de varias medidas comerciales de la Casa Blanca, pero la Corte Suprema anuló en febrero los aranceles sustentados en ella, lo que abrió una nueva disputa sobre la autoridad presidencial para imponer gravámenes sin una aprobación legislativa específica.

Después del fallo judicial, los demócratas del Senado presentaron una iniciativa que obligaría a la administración de Trump a reembolsar, con intereses, todos los ingresos recaudados mediante aranceles sustentados en la IEEPA. El plazo planteado para completar esas devoluciones sería de 180 días, una condición que convertiría el debate arancelario en una discusión adicional sobre las obligaciones financieras del gobierno frente a importadores y empresas afectadas.

Los legisladores también promovieron la Ley de Liberación de Pequeñas Empresas, diseñada para proteger a compañías pequeñas de los aranceles generalizados del 10% aplicados posteriormente bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Aunque esas medidas buscan modificar distintas capas de la estrategia comercial, todas forman parte de un mismo argumento demócrata: los gravámenes terminan trasladándose a los compradores y dificultan la planificación empresarial.

La mayoría republicana en el Congreso limita las posibilidades de que estas iniciativas se conviertan en ley, al menos bajo la configuración política descrita en la noticia. Aun así, los proyectos sirven como plataforma para que los demócratas desarrollen un mensaje económico centrado en la asequibilidad y cuestionen a los republicanos por no frenar las decisiones arancelarias de Trump, especialmente antes de las elecciones de medio mandato.

El costo de vida como eje político

La disputa comercial se desarrolla en un contexto de presión sobre los presupuestos familiares. El Urban Institute, un centro de estudios con sede en Washington, D.C., estima que casi la mitad de los estadounidenses tiene dificultades para pagar necesidades básicas como vivienda, alimentos, cuidado infantil y atención médica, un panorama que vuelve más sensible cualquier aumento en el precio de bienes importados o producidos con insumos extranjeros.

El debate sobre los aranceles también coincide con una crisis de costo de vida que la fuente relaciona parcialmente con una guerra impopular contra Irán. En ese escenario, los demócratas buscan presentar los gravámenes como una carga adicional que llega cuando los hogares ya enfrentan presiones en varios frentes, mientras la Casa Blanca defiende su estrategia como parte de una política comercial más amplia.

Patty Murray describió la estrategia comercial de la Casa Blanca como una forma de “incendiarismo económico” y afirmó que ninguna empresa puede planificar con aranceles impredecibles. La senadora agregó que la credibilidad de Estados Unidos se ha deteriorado y que los costos han aumentado, argumentos que reflejan la preocupación empresarial por cambios repentinos en las reglas y por la dificultad de trasladar esos gastos sin perder clientes.

Mark Warner expresó una posición similar al calificar los aranceles de “nada más que un impuesto” para las familias estadounidenses, las pequeñas empresas y los agricultores. El senador cuestionó que el presidente eleve los costos sin considerar suficientemente la situación financiera de los ciudadanos, mientras los demócratas intentan convertir el impacto de la política comercial en una prioridad de la agenda económica nacional.

Nueva York y el impacto sobre la moda

La discusión adquirió un componente regional después de que se conociera que los consumidores de Nueva York han pagado más aranceles relacionados con prendas de vestir que los residentes de cualquier otro estado. La información dio a Kirsten Gillibrand un argumento adicional para cuestionar los gravámenes contra Canadá, debido a la importancia de los productos importados y de las cadenas de distribución para los hogares y negocios de su estado.

Gillibrand calificó los aranceles canadienses de un “mal acuerdo” para las familias neoyorquinas y sostuvo que Trump y los republicanos habían prometido reducir los costos. Según la senadora, el uso del poder federal ha producido el efecto contrario, al hacer que la vida sea más cara y aumentar la presión sobre consumidores que ya enfrentan mayores gastos en bienes esenciales y discrecionales.

La legisladora pidió al presidente abandonar los juegos políticos y regresar a la mesa de negociación con Canadá. Su propuesta consiste en alcanzar un acuerdo que reduzca los costos y fortalezca la economía, una salida que refleja la preferencia demócrata por resolver la disputa mediante negociaciones antes de que las represalias afecten más sectores de ambos países.

La respuesta de Ottawa será el siguiente punto de referencia para medir la escalada. Si Canadá aplica los aranceles anunciados a partir del 8 de septiembre sobre unos USD $20.000 millones en importaciones estadounidenses, el conflicto añadirá presión a empresas que ya deben calcular precios, proveedores y márgenes bajo reglas cambiantes, mientras el Senado debate una propuesta con pocas posibilidades legislativas, pero con alto valor político para la oposición.

El caso muestra cómo los aranceles se han convertido simultáneamente en una herramienta de política exterior, una fuente de ingresos y un tema central del debate electoral estadounidense. Para los demócratas, el objetivo inmediato es asociar la estrategia de Trump con el encarecimiento de la vida; para la administración, el desafío será sostener su política comercial frente a las represalias de Canadá y a las acusaciones de que el costo termina recayendo sobre los hogares.

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