Por Canuto  

Los CDC excluyeron de su conteo nacional dos muertes reportadas por Pensilvania como asociadas al sarampión, una decisión que alimenta una disputa política y médica sobre la vigilancia sanitaria.
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  • Los CDC excluyeron de su actualización nacional dos muertes reportadas por funcionarios de salud de Pensilvania como asociadas al sarampión.
  • Una de las víctimas era un recién nacido y la otra un niño; ambos no estaban vacunados y vivían en el condado de Lancaster.
  • La decisión ocurre tras una disputa pública entre Robert F. Kennedy Jr. y el gobernador Josh Shapiro por el brote y las vacunas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, conocidos como CDC, excluyeron de su actualización nacional dos muertes que funcionarios de salud de Pensilvania habían reportado como asociadas al sarampión. La decisión cuestiona públicamente la determinación del estado y ocurre en un momento de fuerte tensión política alrededor de las vacunas y del brote registrado en Pensilvania.

La directora de los CDC, Erica Schwartz, habría ordenado incorporar una advertencia en la página oficial de vigilancia del sarampión, según reportes citados por Ars Technica. El texto indica que la actualización no incluirá las muertes reportadas por Pensilvania porque, por ahora, la información disponible no establece si el sarampión causó o contribuyó a los fallecimientos, o si las personas murieron por otras causas mientras estaban infectadas con el virus.

El sitio web federal cambió varias veces durante el fin de semana, lo que añadió confusión a una disputa marcada por declaraciones políticas y reclamos de falta de transparencia. El 29 de agosto a las 2:33 p. m., hora del este, la tabla mostraba cero muertes por sarampión en 2026; el 30 de agosto a las 12:09 p. m. registró dos, y a las 3:23 p. m. volvió a excluirlas mediante un asterisco y una nota explicativa.

Un conteo federal bajo cuestionamiento

La modificación resulta extraordinaria porque normalmente los departamentos de salud estatales determinan si una muerte está asociada con una enfermedad y comparten la información epidemiológica relevante con los CDC. La página federal llegó a incluir una nota que indicaba que los departamentos de salud toman las determinaciones sobre las muertes relacionadas con el sarampión. La posterior eliminación de los dos casos convirtió una actualización estadística en una disputa institucional visible para el público.

Los funcionarios de salud de Pensilvania sostienen que informaron las dos muertes al personal de los CDC el 25 de agosto, antes de anunciarlas públicamente, y que se reunieron con representantes federales al día siguiente. Un portavoz estatal afirmó que cada caso de sarampión reportado se revisa exhaustivamente para confirmar que cumple con la definición de caso de los CDC, además de señalar que el estado proporcionó todos los datos epidemiológicos requeridos.

Los CDC, por su parte, publicaron que estaban trabajando para determinar qué había ocurrido realmente y alegaron que la oficina del gobernador no había entregado información relevante sobre el brote. También señalaron que el gobierno estatal había rechazado ofertas de asistencia, una afirmación que fue contradicha por la descripción de los funcionarios de Pensilvania sobre sus reuniones y comunicaciones con el personal federal.

La disputa tiene una consecuencia que va más allá de la cifra publicada en una tabla: puede dificultar que el público distinga entre una revisión epidemiológica legítima y una intervención política sobre los datos. Debra Houry, exdirectora médica de los CDC, advirtió que retrasar la notificación de información erosiona aún más la confianza y genera confusión, especialmente durante un brote en el que las comunidades necesitan información clara para evaluar riesgos.

Lo que se conoce sobre el recién nacido

Una de las víctimas era un recién nacido del condado de Lancaster, según información difundida posteriormente, y no estaba vacunado. El forense del condado, Stephen Diamantoni, dijo que un patólogo determinó que el bebé murió por una ruptura del bazo y sostuvo que, en su opinión, el sarampión no tuvo un papel en el fallecimiento.

Otros reportes señalaron que el bebé nació infectado y que su tejido pulmonar presentaba evidencia de infección por sarampión. La presencia del virus, sin embargo, no demuestra por sí sola que la enfermedad haya causado o contribuido a la muerte, que es precisamente el punto que los CDC dijeron estar revisando.

La madre estaba gravemente enferma cuando comenzó el parto, después de contraer el virus durante el brote local y de que varios de sus otros hijos también enfermaran. Los padres, que son amish, describieron que la mujer apenas podía hablar por el agotamiento y que no tenía energía cuando entró en trabajo de parto. El bebé nació con pulso, pero no respiraba, y murió menos de media hora después, pese a los intentos de los paramédicos por administrarle oxígeno y realizarle compresiones torácicas.

El sarampión puede agrandar el bazo de un bebé y adelgazar el tejido fibroso que rodea ese órgano, una combinación que podría dejarlo vulnerable a una ruptura durante el parto. Paul Offit, especialista en vacunas y enfermedades infecciosas pediátricas del Hospital Infantil de Filadelfia, explicó que, después de una ruptura, puede resultar difícil establecer si el bazo ya estaba agrandado. También consideró que una ruptura de ese tipo es extremadamente rara en recién nacidos.

Offit afirmó a periodistas que había estado en contacto con funcionarios estatales y que conocía suficiente información sobre ambos fallecimientos para concluir que los pacientes no habrían muerto sin el sarampión. El especialista pidió al forense que ofreciera una explicación alternativa para la ruptura del bazo si descartaba que la infección hubiera contribuido al desenlace. Diamantoni, sin embargo, sostuvo que el patólogo no había reportado un bazo agrandado.

La segunda muerte y la falta de información

La segunda víctima fue identificada públicamente como un niño, también residente del condado de Lancaster y no vacunado. Las autoridades estatales no habían divulgado inicialmente las edades ni otros datos personales de las dos personas fallecidas, al citar preocupaciones de privacidad. Esa reserva dejó un vacío informativo que médicos externos consideran problemático porque permite que las dudas y las versiones sin respaldo ocupen el espacio de la explicación oficial.

El condado de Lancaster no tiene un departamento de salud local propio y depende de la información del Departamento de Salud de Pensilvania. Aunque Diamantoni es el forense del condado, dijo que solo había recibido recientemente información sobre la segunda muerte y que su oficina todavía trabajaba para determinar la causa. Esa declaración dejó abierta la pregunta sobre la base con la que las autoridades federales estaban cuestionando la determinación estatal antes de disponer, aparentemente, de todos los antecedentes.

La diferencia entre causa de muerte y presencia de una infección constituye el centro técnico del desacuerdo. Una persona puede estar infectada con un virus y morir por otra condición, pero establecer esa distinción exige revisar pruebas clínicas, hallazgos patológicos, antecedentes y circunstancias del fallecimiento. En el caso del recién nacido, la infección confirmada y la evidencia en el tejido pulmonar alimentaron interpretaciones enfrentadas, pero no resuelven por sí mismas la relación causal.

La falta de datos completos también complica la rendición de cuentas de las instituciones involucradas. Los padres del recién nacido dijeron que creían que su bebé había muerto de sarampión y que ni siquiera sabían que el fallecimiento había ingresado al debate nacional. Mientras tanto, la discusión pública se desarrolló sin que la familia hubiera participado en ella y con información incompleta sobre el segundo niño.

El conflicto político alrededor de Kennedy

La decisión de los CDC ocurrió después de una disputa pública entre Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos, y Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania. Kennedy, conocido por su activismo antivacunas, difundió desinformación sobre el sarampión en medio de las noticias sobre las muertes y sugirió sin pruebas que el estado pudo haberlas fabricado. También afirmó que el gobernador había anunciado los fallecimientos con regocijo.

El episodio encaja con el historial público de Kennedy, quien durante años ha difundido afirmaciones falsas sobre las vacunas y ha minimizado la gravedad de enfermedades prevenibles mediante inmunización. Durante la pandemia de COVID-19, él y sus aliados cuestionaron de forma similar los reportes de fallecimientos, al argumentar que algunas personas habían muerto con el virus y no por el virus. Ese patrón vuelve especialmente sensible cualquier cambio federal en la forma de contabilizar muertes asociadas con una enfermedad infecciosa.

La controversia también ha puesto bajo escrutinio a Schwartz, quien anteriormente había defendido el uso de vacunas. Expertos externos se preguntan si la directora enfrentará la agenda antivacunas de Kennedy o si la agencia terminará adoptando una postura que debilite la autoridad de los departamentos estatales. Para los críticos, excluir los dos fallecimientos sin ofrecer una explicación pública detallada puede crear la impresión de que los criterios científicos dependen de la presión política.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa cuya vigilancia requiere coordinación entre médicos, laboratorios, forenses, departamentos estatales y autoridades federales. Cuando esas entidades publican cifras incompatibles, el problema no se limita a una estadística: afecta la capacidad de las familias para entender el riesgo y de las autoridades para responder al brote. La disputa de Pensilvania muestra cómo la desinformación y la opacidad pueden reforzarse mutuamente cuando las instituciones no explican con precisión qué saben, qué desconocen y por qué modifican sus registros.

Por ahora, los CDC mantienen fuera de su conteo nacional las dos muertes reportadas por Pensilvania y dejan constancia de que no consideran establecida la relación causal con el sarampión. El estado sostiene que cumplió con los requisitos federales de notificación, mientras el forense de Lancaster continúa revisando al menos uno de los fallecimientos. La resolución dependerá de la evidencia médica y de la transparencia con que ambas partes expliquen sus conclusiones, en un contexto donde cada cambio de datos puede tener consecuencias sobre la confianza pública.

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