Por Canuto  

La Asamblea de California dejó pendiente la votación de una reforma impulsada por Gavin Newsom para atender las consecuencias financieras de los incendios forestales. Víctimas, aseguradoras y empresas eléctricas consideran insuficiente el acuerdo, mientras el estado avanza por separado con estándares para detectar y limpiar contaminantes tóxicos en viviendas afectadas.
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  • La Asamblea de California dejó pendiente la votación del proyecto sobre responsabilidad y compensación por incendios forestales, con un posible debate posterior durante el otoño.
  • El plan de Gavin Newsom habría acelerado pagos, pero también reducido ciertos desembolsos de empresas eléctricas y limitado acciones de aseguradoras.
  • La Legislatura aprobó estándares nacionales para detectar y limpiar plomo, asbesto y otros contaminantes dentro de viviendas dañadas por incendios.

La Asamblea de California decidió no votar el martes un proyecto de ley destinado a responder a las pérdidas financieras de las víctimas de incendios forestales, después de que legisladores demócratas concluyeran que la propuesta no ofrecía una reforma suficientemente profunda. El presidente de la Asamblea, Robert Rivas, anunció que el debate podría retomarse durante el otoño, en una decisión que representa un revés para el gobernador Gavin Newsom durante su última sesión legislativa antes de dejar el cargo en enero.

El texto que quedó pendiente surgió después de que la Asamblea rechazara una propuesta más ambiciosa de Newsom para limitar la responsabilidad financiera de las empresas eléctricas cuando los incendios comienzan en equipos de su propiedad. El gobernador defendía un acuerdo de último minuto como un avance parcial para entregar dinero con mayor rapidez, pero admitió que no resolvía de manera integral quién debe asumir el costo de los incendios provocados por infraestructura eléctrica.

Una reforma atrapada entre víctimas y empresas

Rivas sostuvo en un comunicado que la propuesta todavía no garantizaba el alivio, la rendición de cuentas ni la reforma significativa que merecen los californianos afectados. El demócrata añadió que la Asamblea volverá a trabajar sobre el tema y que sus integrantes no se detendrán hasta conseguir resultados reales para los sobrevivientes, una declaración que dejó abierta la posibilidad de renegociar componentes centrales del acuerdo.

Monique Limón, presidenta pro tempore del Senado estatal, también expresó su decepción por la falta de votación. Según la legisladora demócrata, miles de sobrevivientes habían dejado claro que necesitaban una reforma capaz de evitar que el próximo incendio vuelva a imponer el mismo estrés mental y financiero que provocaron los desastres recientes.

Las víctimas habían criticado con dureza el plan de Newsom y algunas incluso protestaron frente a la mansión del gobernador en Sacramento durante la semana anterior. Su principal objeción consistía en que la propuesta podía colocar la estabilidad financiera de las compañías eléctricas por encima de las necesidades de las familias que perdieron sus hogares, sus comunidades y parte de sus medios de vida.

Joy Chen, directora ejecutiva de Every Fire Survivor’s Network, describió el aplazamiento como una victoria para los afectados, porque sobrevivientes de distintas zonas del estado viajaron a Sacramento para exigir que sus representantes se pusieran de su lado. En un comunicado, Chen afirmó que los legisladores escucharon esa demanda, aunque el reconocimiento no elimina la incertidumbre sobre el mecanismo final de compensación.

El contenido del acuerdo pendiente

El proyecto habría creado un programa para acelerar los pagos a las víctimas de incendios forestales, una prioridad para familias que enfrentan gastos de vivienda, reconstrucción y recuperación mientras sus reclamaciones permanecen abiertas. El Consejo de Respuesta a Catástrofes de California, organismo que supervisa el fondo estatal para incendios, tendría que designar a un administrador encargado de diseñar un proceso más rápido para resolver esos reclamos.

La iniciativa también habría prohibido que aseguradoras y fondos de inversión obtuvieran beneficios mediante la venta o adquisición de reclamaciones y derechos de subrogación vinculados a incendios forestales. Esa disposición buscaba impedir que inversionistas compraran derechos sobre compensaciones futuras, aunque el debate legislativo no llegó a determinar si la redacción propuesta equilibraba adecuadamente la protección de las víctimas con la necesidad de acceder a liquidez.

Otro componente habría impedido que los ejecutivos de empresas eléctricas recibieran bonos cuando equipos de sus compañías provocaran un incendio que dañara o destruyera más de 500 edificios. La medida introducía una consecuencia directa sobre la remuneración de los directivos, pero no resolvía por sí misma la discusión más amplia sobre responsabilidad, tarifas eléctricas, seguros y mantenimiento de la red.

La propuesta de Newsom, por su parte, habría reducido la cantidad que algunas empresas eléctricas tendrían que pagar a ciertas víctimas y habría prohibido que las aseguradoras demandaran a esas compañías para recuperar los daños abonados a propietarios. El gobernador argumentó que el acuerdo podía entregar algunos beneficios con mayor rapidez, aunque reconoció ante reporteros que la solución no alcanzaba las reformas estructurales que el estado necesita.

La disputa sobre quién paga

California aplica una regla según la cual las empresas eléctricas pueden responder por los daños causados por sus equipos incluso cuando un juez no determina negligencia. Ese principio ha convertido la responsabilidad por incendios en un problema financiero de enorme alcance, porque una compañía puede enfrentar obligaciones multimillonarias aunque el litigio no concluya que incumplió deliberadamente sus deberes de seguridad.

Newsom buscaba proteger a las empresas del impacto financiero total de los incendios para contribuir a estabilizar unas tarifas eléctricas que se encuentran entre las más elevadas del país. Las compañías han incrementado los cobros para financiar prevención y recuperación, mientras el cambio climático ha intensificado la frecuencia y la gravedad de los incendios, aumentando la presión sobre consumidores, aseguradoras y gobiernos.

En 2019, durante su primer año como gobernador, Newsom firmó una ley que creó un fondo de USD $21.000 millones financiado por accionistas y usuarios de las empresas eléctricas. El mecanismo pretendía ayudar a las compañías a pagar daños por incendios forestales si cumplían determinadas medidas de seguridad, y el gobernador y la Legislatura acordaron posteriormente complementarlo con otros USD $18.000 millones.

La controversia se reavivó mientras Southern California Edison enfrenta reclamaciones relacionadas con el incendio Eaton de 2025, cuyo origen fue atribuido por funcionarios de bomberos de Los Ángeles a equipos de la compañía. Ese incendio, ocurrido en las afueras de Los Ángeles, causó la muerte de 19 personas y volvió a colocar en el centro del debate la capacidad de las empresas, los seguros y el fondo estatal para cubrir pérdidas de semejante magnitud.

Críticas de eléctricas y grupos ambientales

Pacific Gas & Electric, que se declaró en quiebra en 2019 después de enfrentar reclamaciones por un devastador incendio del norte de California atribuido a equipos de la compañía, manifestó su decepción con el acuerdo. Edison International, matriz de Southern California Edison, coincidió en que la propuesta no garantizaba una solución duradera para compensar a las víctimas, sostener el fondo estatal ni administrar el riesgo financiero de las empresas.

Ambas compañías señalaron en una carta dirigida a los legisladores que el texto tampoco conseguiría estabilizar las tarifas para los californianos. Su posición refleja una tensión difícil de resolver: reducir la responsabilidad corporativa podría evitar nuevos aumentos para los usuarios, pero también podría dejar una porción mayor de los costos en manos de víctimas, aseguradoras o fondos públicos.

El asambleísta Rick Zbur calificó como un desastre la incapacidad de la Legislatura para acordar reformas más amplias. Durante una audiencia sobre el proyecto, el demócrata afirmó que los legisladores estaban rodeando los bordes del problema sin abordar sus fallas estructurales, una crítica que coincidió con la percepción de que el acuerdo solo reorganizaba los pagos sin cambiar los incentivos de seguridad.

Katelyn Roedner Sutter, representante del Environmental Defense Fund, también consideró insuficiente el texto porque, a su juicio, no avanzaba lo suficiente en la reducción del riesgo de incendios ni en la estabilización de las tarifas eléctricas y de seguros. Su valoración fue contenida: dijo que lo mejor que podía afirmar era que el proyecto estaba bien, una señal de que el respaldo ambiental no compensó la oposición de otros sectores.

California aprueba estándares para viviendas contaminadas

Mientras la reforma de responsabilidad quedó pendiente, los legisladores aprobaron el lunes un proyecto separado para establecer los primeros estándares del país destinados a analizar y limpiar contaminantes tóxicos dentro de viviendas después de un incendio forestal. La iniciativa contempla sustancias como plomo y asbesto, materiales que pueden permanecer en los inmuebles incluso cuando las llamas ya desaparecieron y la reconstrucción comienza.

El asambleísta John Harabedian, demócrata y autor del proyecto, explicó que la propuesta nació de la experiencia del incendio Eaton de 2025. Ese fuego devastó Altadena, comunidad a la que representa, y puso de manifiesto la necesidad de contar con procedimientos rápidos para determinar si una vivienda puede limpiarse, repararse o volver a ocuparse sin exponer a los sobrevivientes a nuevos riesgos.

Harabedian afirmó que los legisladores deben descubrir con rapidez cómo proteger a los sobrevivientes y reconstruir las comunidades afectadas. Los estándares aprobados ofrecen una respuesta concreta en el frente de la salud pública, aunque no sustituyen el debate sobre indemnizaciones, seguros y responsabilidad económica que la Asamblea decidió aplazar.

Según Fortune, el fracaso de Newsom para aprobar su plan completo antes del cierre de la sesión constituye una derrota poco habitual para un gobernador que suele encontrar respaldo a sus prioridades en una Legislatura dominada por demócratas. El resultado deja en suspenso la arquitectura financiera de la respuesta a incendios y obliga a las partes a regresar a la mesa durante el otoño, cuando también estará en juego el legado legislativo del gobernador.

El próximo debate deberá conciliar demandas que hasta ahora chocan entre sí: pagos más rápidos para las víctimas, incentivos fuertes para la seguridad, tarifas eléctricas manejables y un mercado de seguros capaz de permanecer en California. Newsom reconoció que podía haberse apartado del acuerdo, pero sostuvo que hacerlo habría perjudicado a los sobrevivientes y a los habitantes del estado; la decisión de la Asamblea muestra que, para sus críticos, avanzar parcialmente no basta.

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