Estafas en EE. UU. alcanzan récord de USD $15.900 millones y las pérdidas reales serían mucho mayores

Las pérdidas reportadas por estafas en Estados Unidos alcanzaron un récord de USD $15.900 millones, pero autoridades y especialistas creen que el daño real podría multiplicar esa cifra. Las víctimas describen una segunda tragedia marcada por impuestos, deudas, falta de apoyo institucional y fondos cripto prácticamente irrecuperables.
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• Las pérdidas reportadas ante la Comisión Federal de Comercio aumentaron cerca de 27% frente a 2024 y alcanzaron un máximo histórico.
• La inteligencia artificial y las criptomonedas permiten operar a redes criminales con mayor escala, sofisticación y alcance transfronterizo.
• Reino Unido, la Unión Europea, Australia y Singapur han adoptado mecanismos de responsabilidad compartida más amplios que los de EE. UU.

Un récord que apenas muestra la superficie

La Comisión Federal de Comercio registró pérdidas por USD $15.900 millones en estafas reportadas por estadounidenses durante 2025, un incremento cercano a 27% frente a los USD $12.500 millones de 2024 y el nivel más alto documentado. Sin embargo, la cifra probablemente representa solo una fracción del daño, porque muchas víctimas no denuncian debido a la vergüenza, el miedo o la percepción de que las autoridades no actuarán. La FTC estimó que las pérdidas reales rondaron los USD $200.000 millones en 2024, equivalentes a unos USD $550 millones diarios únicamente en Estados Unidos.

Una encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos AP-NORC encontró que 98% de los estadounidenses sospecha haber sido blanco de estafadores, en muchos casos de manera cotidiana. Tres de cada 10 participantes dijeron que habían perdido personalmente dinero o información, una señal de que el fenómeno dejó de concentrarse en grupos considerados especialmente vulnerables. La investigación conjunta de The Associated Press y FRONTLINE entrevistó a 58 víctimas estadounidenses, con edades entre 32 y 90 años, distintos niveles de ingreso y profesiones que incluyeron medicina, tecnología y academia, reseña Fortune.

Los testimonios reunidos muestran pérdidas que van desde varios miles de dólares hasta USD $4 millones por persona, además de una consecuencia emocional común: soledad, confusión y una profunda sensación de abandono. Varias víctimas dijeron que contemplaron suicidarse y dos afirmaron haberlo intentado, mientras familiares y amistades en ocasiones respondieron con burlas o reproches. Erin West, exfiscal y fundadora de Operation Shamrock, advirtió que las consecuencias posteriores pueden resultar incluso peores que el fraude inicial porque la persona debe enfrentar simultáneamente el daño financiero y el estigma.

El caso de Simon ilustra esa cadena de daños. Tras la muerte de su esposa, con quien estuvo casado durante 43 años, buscó compañía en línea y conoció a una mujer llamada Emily, cuyo perfil resultó ser falso; durante meses, ella le sustrajo USD $800.000 y lo dejó con una deuda de USD $185.000 por dinero prestado, además de decenas de miles de dólares en impuestos. Simon dijo que acudió a la policía local y al FBI, pero después otro estafador lo contactó con la supuesta posibilidad de recuperar sus fondos mediante una conexión con el Servicio Secreto, a cambio de más dinero.

La industrialización del fraude digital

La inteligencia artificial permite que los delincuentes produzcan mensajes, perfiles y conversaciones convincentes a una escala que antes habría requerido equipos mucho más grandes. Las criptomonedas complementan ese modelo porque facilitan transferencias rápidas, transfronterizas y difíciles de vincular con la identidad real de sus beneficiarios, especialmente en las estafas de inversión. El resultado es una industria que combina ingeniería social, automatización y estructuras financieras diseñadas para mover los fondos antes de que la víctima comprenda lo ocurrido.

Con ayuda de documentos filtrados y direcciones de billeteras, los investigadores rastrearon el dinero enviado por Simon hasta un conocido complejo de estafas en Myanmar, donde operaban redes con miles de víctimas. Simon quedó impactado al ver su perfil falso y cientos de páginas de conversaciones que creía privadas, mientras el recinto original terminó destruido por autoridades locales. No obstante, las operaciones se trasladaron rápidamente a nuevos lugares, por lo que la demolición de un complejo no significó la recuperación de sus fondos ni el desmantelamiento de la red completa.

El análisis de blockchain elaborado por TRM Labs para la investigación identificó una red criminal que operaba docenas de modalidades y recaudó al menos USD $800 millones entre enero de 2022 y septiembre de 2024. Ari Redford, jefe global de políticas de TRM Labs, sostuvo que la industrialización del fraude supera la capacidad de los sistemas estadounidenses para alertar a las víctimas y ofrecer una restitución significativa. Aunque una cadena de bloques puede dejar rastros públicos, convertir esos rastros en congelamientos, órdenes judiciales y pagos efectivos exige cooperación rápida entre empresas, fiscales y autoridades de varias jurisdicciones.

Brian Glick perdió USD $575.000 y presentó denuncias ante el FBI, una línea contra el abuso de personas mayores, la Comisión de Bolsa y Valores y la fiscalía general de Nueva York. También entregó miles de capturas de pantalla, reportó el caso en IC3.gov y FightCyberCrime.org, y mantuvo conversaciones con el estafador para obtener más información, pero los fondos ya habían sido mezclados cuando el FBI pidió a Tether que los congelara. La empresa explicó que las direcciones contenían fondos no relacionados de otros usuarios y que no podía bloquearlos arbitrariamente sin el debido proceso.

Tether afirmó que el dinero de Glick se movió y mezcló pocas horas después del robo, mientras su director ejecutivo, Paolo Ardoino, defendió la cooperación de la empresa con las autoridades. Funcionarios del FBI y del Servicio Secreto también señalaron que Tether trabaja estrechamente en investigaciones de delitos vinculados con criptomonedas, y Tether, TRM Labs y TRON aseguran haber congelado más de USD $450 millones en fondos ilícitos desde 2024. Para Glick, sin embargo, esas acciones no resolvieron el problema central: pese a identificar las rutas del dinero y aportar evidencia, las víctimas siguen sin un mecanismo confiable para recuperarlo.

Impuestos, bancos y una segunda victimización

El daño no termina cuando desaparece el dinero. El Servicio de Impuestos Internos suele exigir que jubilados y otras víctimas paguen impuestos sobre los fondos retirados de cuentas con ventajas fiscales, aunque ese dinero haya terminado en manos de un estafador; además, desde una disposición de la Ley de Recortes de Impuestos y Empleo, muchas pérdidas personales por estafas comunes dejaron de ser deducibles. La administración Trump hizo permanente esa disposición en 2025, mientras el Congreso considera la Tax Relief for Fraud Victims Act para restablecer la deducción.

Susan Bivins, una enfermera jubilada, fue engañada para vaciar sus cuentas de retiro y enviar más de USD $200.000 a una persona que se hacía pasar por un agente federal. Después de que, según su testimonio, el FBI y la policía local no la ayudaron, recibió una factura de USD $80.000 del Servicio de Impuestos Internos; vendió su casa, se mudó a un apartamento de un dormitorio y todavía paga la deuda vendiendo colchas hechas a mano. Kathy Stokes, responsable de prevención de fraude en AARP, dijo que las víctimas quedan atrapadas con una factura que no merecen y no tienen cómo pagar.

Los bancos también pueden convertirse en una fuente adicional de presión, porque la legislación estadounidense rara vez los responsabiliza cuando el cliente autorizó la transferencia tras ser engañado. Debra Fox, de Colorado, dijo que perdió USD $58.000 en una estafa romántica y que un representante de su sucursal le advirtió que podría responder por cualquier fraude asociado con sus cuentas y por los honorarios legales; la entidad declinó comentar su caso. Fox describió 48 horas de shock y miedo, convencida de que incluso el dinero que le quedaba podía desaparecer.

Alice Lin, de 83 años, fue la única víctima entrevistada que recuperó parte de su dinero, después de demandar a JPMorgan Chase bajo una ley de California sobre abuso financiero contra personas mayores. Lin había ahorrado cerca de USD $720.000 junto con su esposo y, tras su muerte, fue convencida por un supuesto amigo en línea llamado Justin para invertir en plataformas de criptomonedas; cuando los estados mostraron ganancias ficticias, él la animó a pedir dinero prestado a su hija. JPMorgan Chase sostuvo que aplica varias capas de protección, incluidas preguntas de sus banqueros y advertencias escritas, y dijo que el acuerdo por una suma no revelada respondió a una decisión empresarial frente al costo del litigio.

Respuestas internacionales y límites en Estados Unidos

Otros países han trasladado una parte mayor de la responsabilidad hacia bancos, telecomunicaciones y plataformas digitales. Desde el 7 de octubre de 2024, las entidades financieras del Reino Unido generalmente deben reembolsar a clientes engañados para enviar dinero a estafadores bajo el régimen de fraude de pagos autorizados, aunque la medida ha provocado transferencias más lentas, mayores necesidades de personal y conversaciones adicionales con los usuarios. La Unión Europea también avanza hacia reglas que podrían responsabilizar a las instituciones financieras si no implementan controles adecuados, mientras su Ley de Servicios Digitales exige a las plataformas actuar con rapidez ante contenido fraudulento reportado.

Australia permite multar u obligar a compensar a instituciones financieras, empresas de telecomunicaciones y plataformas digitales que no hagan lo suficiente para prevenir o responder a las estafas. Singapur aplica algunas de las protecciones más estrictas mediante un marco de responsabilidad compartida que puede exigir reembolsos por ciertos fraudes de suplantación si los bancos y las compañías telefónicas incumplen salvaguardas obligatorias. Su Ley de Protección contra Estafas permite a la policía restringir temporalmente transferencias de una persona considerada víctima, y personal bancario y de plataformas de comercio electrónico comparte instalaciones con agentes policiales en el centro nacional contra las estafas.

En Estados Unidos, la capacitación policial y los criterios de investigación varían entre agencias, mientras que las víctimas suelen recibir reembolsos únicamente cuando el dinero fue tomado sin autorización, no cuando aprobaron la operación después de una manipulación. Las plataformas sociales conservan amplias protecciones frente a la responsabilidad por el contenido que alojan, incluidas las estafas, y los activos digitales no cuentan con seguro federal equivalente al de los depósitos bancarios. Además, muchos exchanges operan mediante entidades extranjeras, lo que puede limitar la aplicación de las leyes estadounidenses y complicar cualquier intento de recuperación.

La administración Trump y el Congreso exploran más de una docena de proyectos de ley, entre ellos ReportScams.gov, un portal centralizado para denuncias, y propuestas que exigirían revelar deepfakes y otros contenidos audiovisuales generados con IA. El Departamento de Justicia creó en noviembre una fuerza de tarea para cortar el acceso de redes del sudeste asiático a infraestructura estadounidense, perseguir a organizaciones criminales y confiscar fondos, mientras el Tesoro impuso sanciones y Myanmar y Camboya realizaron redadas contra complejos de estafas. La Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump está utilizando todas las herramientas disponibles, y una orden ejecutiva de marzo instruyó al fiscal general a priorizar estos casos y recomendar un programa de restitución.

El Departamento de Justicia afirmó que su fuerza de tarea había retenido USD $832 millones en criptomonedas de delincuentes transnacionales chinos, aunque un portavoz no detalló dónde están los fondos ni si alguno regresó a las víctimas. Un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno señaló que al menos 13 agencias federales intervienen en distintos aspectos del problema, sin una estimación gubernamental única de las pérdidas, una definición común de estafa o una estrategia nacional. Seto Bagdoyan, quien dirige el Servicio de Auditorías Forenses e Investigativas de la oficina, calificó el enfoque fragmentado de lento e insuficiente.

El FBI recibe en promedio casi 3.000 denuncias de delitos informáticos al día mediante IC3.gov, pero solo puede investigar aproximadamente entre 10% y 12% de los casos reportados, según Donna Gregory, exjefa de unidad del organismo. La Operación Level Up identificó e intervino para impedir que unas 8.500 personas cayeran en estafas durante casi dos años, aunque esa cifra representa una pequeña fracción del universo de afectados. Chris Scott, una crupier de casino de Arizona, dijo que perdió USD $400.000 en una estafa romántica, vendió su casa y pagó USD $23.000 a tres empresas falsas que prometían recuperar el dinero, además de enfrentar una factura fiscal de USD $20.000.

El contraste internacional y los testimonios estadounidenses plantean una pregunta que todavía no tiene respuesta: quién debe asumir el costo cuando una persona autoriza una transferencia porque una red criminal la manipuló. Mientras el Congreso debate cambios y las autoridades anuncian incautaciones, las víctimas continúan enfrentando deudas, impuestos y obstáculos para transformar el rastreo de una billetera en una restitución real. La investigación también advierte que combatir el fraude exige actuar antes de que los fondos crucen fronteras, se mezclen con otros activos o lleguen a operadores que ya preparan la siguiente identidad falsa.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.

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