Por Canuto  

Una iniciativa del senador Ron Johnson propone cubrir déficits del Seguro Social con transferencias financiadas mediante más deuda. Expertos presupuestarios la cuestionan por su costo y porque, sostienen, evita resolver el desequilibrio del programa.
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  • El proyecto permitiría transferencias del Tesoro para impedir recortes cuando los recursos del fondo fiduciario de jubilación del Seguro Social no alcancen.
  • Jessica Riedl calcula que la propuesta añadiría USD $45 billones a la deuda durante 30 años; otro análisis estima un costo de USD $190 billones en 75 años.
  • Los administradores proyectan que las reservas del fondo de jubilación se agotarán en 2032 y que los beneficios bajarían cerca de un 22% bajo la ley actual, mientras sigue el debate sobre impuestos y prestaciones.

 


El senador republicano Ron Johnson presentó un proyecto de ley que busca evitar recortes a los beneficios del Seguro Social mediante transferencias del Tesoro de Estados Unidos cuando los recursos del fondo fiduciario de jubilación del programa sean insuficientes. La iniciativa provocó una reacción adversa de especialistas en presupuesto, que advierten que financiar los pagos con nuevos préstamos agravaría la deuda federal y no solucionaría el desequilibrio financiero de fondo.

Una salida basada en más endeudamiento

El proyecto de Johnson autorizaría al Tesoro a enviar recursos al fondo fiduciario de jubilación del Seguro Social para impedir que los beneficios bajen cuando sus reservas se agoten. La medida, según la descripción difundida, no plantea aumentos de impuestos ni recortes de prestaciones: cubriría la diferencia con endeudamiento del gobierno.

Johnson presentó la propuesta el 19 de noviembre de 2026 y la denominó «Ley para dejar de asustar a los mayores». El senador defendió su iniciativa diciendo que evitaría que los beneficios del Seguro Social se reduzcan cuando se agoten las reservas del fondo fiduciario.

Ese planteamiento deja en primer plano una decisión política que los críticos consideran inevitable: cómo cerrar la brecha entre los ingresos del programa y los pagos comprometidos. El proyecto, en cambio, aplazaría esa elección mediante nuevas transferencias, sin modificar los impuestos sobre la nómina ni el nivel de los beneficios, de acuerdo con el contenido disponible.

La discusión ocurre mientras la deuda de Estados Unidos ya supera los USD $40 billones, cifra que hace especialmente controvertida cualquier propuesta de ampliar el financiamiento federal. El proyecto también especifica que el endeudamiento necesario para esas transferencias no contaría para los cálculos del techo de deuda, una disposición que intensificó las objeciones de quienes cuestionan la forma de financiarlo.

Las advertencias sobre el costo fiscal

Jessica Riedl, investigadora sénior del Manhattan Institute, estimó que la propuesta añadiría USD $45 billones a la deuda nacional a lo largo de tres décadas. Calificó la iniciativa de «robo generacional», una expresión con la que expresó su crítica a trasladar a futuros contribuyentes el costo de mantener los pagos actuales sin una reforma que enfrente directamente los ingresos y gastos del programa.

Douglas Holtz-Eakin, exdirector de la Oficina de Presupuesto del Congreso, también rechazó el proyecto y sostuvo que no representa una reforma del Seguro Social, sino una «antirreforma». Su objeción se dirige tanto al financiamiento con deuda como a la exclusión de esos préstamos de los cálculos del límite de endeudamiento, que, en su opinión, permitiría evadir restricciones aprobadas por el Congreso.

El Committee for a Responsible Federal Budget calculó un costo de largo plazo de USD $190 billones durante los próximos 75 años, expresado en términos ajustados por inflación. La estimación difiere de la cifra de Riedl porque cubre un horizonte más extenso y utiliza el ajuste indicado por el grupo; ambas proyecciones describen una expansión sustancial de las obligaciones federales asociadas con la propuesta.

Maya MacGuineas, presidenta del Committee for a Responsible Federal Budget, dijo que el grupo suele considerar la inacción como la peor alternativa para el Seguro Social, pero que este proyecto sería aún peor. En su crítica, describió la iniciativa como un «cinismo populista» que evade las decisiones difíciles, y advirtió que su aprobación podría desencadenar una crisis de deuda.

El déficit previsto y las opciones en debate

Los administradores del Seguro Social estiman que las reservas del fondo fiduciario de jubilación se agotarán en 2032. Bajo la ley actual, los ingresos del programa no bastarían para pagar todos los beneficios prometidos y estos tendrían que reducirse en aproximadamente un 22%, de acuerdo con la información citada en el reporte. La proyección mantiene la presión sobre los legisladores para encontrar una respuesta antes de que se materialice la reducción.

Durante años, especialistas han instado al Congreso a actuar mediante alguna combinación de mayores ingresos y ajustes en los beneficios. Esas alternativas implican decisiones que el plan de Johnson evita: modificar cuánto aporta el programa o cuánto paga, en vez de cubrir la diferencia con préstamos del gobierno.

El Seguro Social se financia con impuestos sobre la nómina, y una opción promovida con frecuencia por demócratas consiste en elevar el límite de ingresos sujetos a esos gravámenes. Ese tope subirá a USD $192.300 en 2027; los ingresos que superen esa cantidad no pagan el impuesto, una característica que deja sin gravar parte de los ingresos de los estadounidenses con mayores remuneraciones.

El proyecto de Johnson no propone elevar ese límite ni introducir recortes, sino autorizar que el Tesoro cubra los déficits con más endeudamiento. Por eso, la controversia no se limita a si los beneficiarios deben recibir sus pagos completos: también enfrenta la promesa inmediata de protegerlos con la preocupación de quién asumirá el costo fiscal futuro.

Choque político y próximos interrogantes

La iniciativa tiene pocas probabilidades de aprobación, según el reporte, pero la discusión ilustra la falta de disposición en Washington para enfrentar el déficit del Seguro Social, cuyas consecuencias se proyectan para 2032. La baja posibilidad de que avance no ha impedido que el plan abra un debate sobre cuánto puede resolverse mediante deuda antes de que el costo se convierta en otro problema presupuestario.

Johnson no retiró su respaldo tras las críticas y defendió que su proyecto únicamente evita una reducción de beneficios cuando las reservas del fondo fiduciario se agoten. Su posición contrasta con la de los especialistas citados, que argumentan que mantener los pagos sin cambiar ingresos ni prestaciones no elimina el déficit, sino que transforma el faltante del programa en obligaciones financiadas por el gobierno.

Johnson preside el Comité de Presupuesto del Senado, según la información publicada. Esta semana también difundió un memorando que describía al Seguro Social como un «esquema Ponzi legal» y, durante una aparición en Fox News, dijo que no podía arreglarse y que habría que cerrarlo, con la esperanza de recuperar parte del dinero.

Las declaraciones muestran que Johnson cuestiona el funcionamiento general del programa al mismo tiempo que propone proteger sus beneficios mediante transferencias. Por ahora, el proyecto deja sin respuesta el dilema que señalan sus críticos: si evitar recortes exige más deuda, el debate sobre impuestos, prestaciones y sostenibilidad presupuestaria seguirá abierto, incluso si la iniciativa no consigue avanzar en el Congreso.


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