Por Canuto  

La Corte Internacional de Justicia concluyó el 19 de noviembre de 2026 que Myanmar cometió genocidio contra los rohinyás y citó publicaciones militares en Facebook que, según el fallo, deshumanizaron a la minoría y ayudaron a legitimar la violencia.
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  • El tribunal de la ONU señaló publicaciones del ejército de Myanmar en Facebook como parte de la difusión de mensajes contra los rohinyás.
  • Un informe del Mecanismo Independiente de Investigación para Myanmar describió una publicación previa a las masacres del 25 de agosto de 2017 y más de 200 comentarios violentos.
  • Amnistía Internacional concluyó que Facebook amplificó contenido de odio; la empresa reconoció en 2018 que no hizo lo suficiente para frenar la incitación a la violencia.

 


La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de las Naciones Unidas, concluyó el 19 de noviembre de 2026 que Myanmar cometió genocidio contra el pueblo rohinyá durante 2016 y 2017. En su decisión, el tribunal también apuntó a publicaciones del ejército en Facebook que deshumanizaron a la minoría musulmana y, en ocasiones, alentaron o legitimaron la violencia en su contra.

El fallo conecta la conducta estatal con la circulación de mensajes en una plataforma que, durante esos años, era la más popular de Myanmar. La decisión no presenta a Facebook como único responsable de la violencia, pero incorpora publicaciones militares y su difusión como parte de la evidencia sobre el clima de odio contra los rohinyás, según informó The Verge.

Un fallo que incorpora el papel de la comunicación digital

La causa ante la CIJ comenzó en 2019, cuando Gambia demandó a Myanmar por las violentas «operaciones de limpieza» del ejército contra la población rohinyá. La Corte concluyó que Myanmar incurrió en genocidio y, al fundamentar su decisión, consideró el uso de Facebook por parte de las fuerzas militares para propagar mensajes dirigidos contra esa minoría musulmana.

El señalamiento importa porque ubica las publicaciones en el contexto de una campaña de violencia, no como expresiones aisladas de usuarios sin relación con los hechos. La conclusión citada por la cobertura sostiene que esos mensajes deshumanizaron a los rohinyás y que algunos alentaron o legitimaron agresiones, un papel que permite entender cómo el discurso digital formó parte del entorno en que ocurrieron los ataques.

La Corte respaldó además hallazgos recogidos por el Mecanismo Independiente de Investigación para Myanmar (IIMM), organismo que examinó pruebas relacionadas con los crímenes cometidos en el país. Según el informe citado en el fallo, una publicación del ejército anterior a las masacres del 25 de agosto de 2017 provocó una oleada de comentarios hostiles contra la población rohinyá.

El caso también muestra la diferencia entre identificar una publicación dañina y establecer el alcance de su efecto. La información disponible no atribuye al tribunal la conclusión de que una sola publicación causara las masacres; sí recoge que la publicación precedió a los ataques y que su sección de comentarios se llenó de llamados a la violencia, lo que contribuye al cuadro probatorio sobre la deshumanización.

Los mensajes y la actividad en Facebook citados

El IIMM reportó que más de 200 comentarios reaccionaron a la publicación militar previa a los ataques. Entre ellos había llamados a que los rohinyás fueran fusilados, asesinados, exterminados o expulsados de manera permanente de Myanmar, expresiones que el informe presentó como parte de un «torrente de virulencia pública» provocado por el mensaje.

La cifra describe los comentarios asociados a esa publicación, no el número total de mensajes violentos ni de personas que los difundieron. Esa precisión es relevante para leer el hallazgo sin exagerarlo: lo que la información documenta es una respuesta pública numerosa a un mensaje del ejército, con expresiones explícitas de violencia contra una minoría identificada.

La actividad señalada no se limitó a una única publicación. De acuerdo con el IIMM, Facebook eliminó posteriormente páginas vinculadas al ejército que contenían miles de publicaciones con discurso de odio contra los rohinyás, difundidas entre julio y diciembre de 2017, un periodo que incluye las operaciones militares y las masacres mencionadas en la cobertura.

El tribunal también tuvo en cuenta que Facebook era la plataforma más popular del país cuando ocurrieron los ataques. Esa penetración ayuda a explicar por qué las publicaciones militares son pertinentes para el caso: los mensajes podían alcanzar a un público amplio, aunque los datos citados no cuantifican cuántas personas vieron cada contenido ni permiten medir por sí solos su influencia individual.

Advertencias previas y respuesta de la empresa

El fallo de la CIJ se alinea con preocupaciones que organizaciones de derechos humanos habían expresado antes de la decisión. Un informe de Amnistía Internacional publicado en 2022 concluyó que Facebook amplificó y promovió activamente contenidos que incitaban a la violencia, el odio y la discriminación contra los rohinyás.

Amnistía también sostuvo que la plataforma no detuvo la propagación de ese material pese a las reiteradas advertencias de activistas. La organización planteó así una crítica a la respuesta empresarial: no solo cuestionó la presencia de publicaciones dañinas, sino también la manera en que el sistema de Facebook las habría impulsado y la insuficiencia de las medidas adoptadas para contenerlas.

Meta reconoció en 2018 que no había hecho lo suficiente para prevenir la incitación a la violencia en Myanmar. Más tarde introdujo una política corporativa de derechos humanos que incluye la publicación de un informe anual sobre su impacto en esa materia, medidas que muestran una respuesta institucional posterior, pero que no eliminan las preguntas sobre la actuación de la plataforma durante los años examinados.

Al momento de la publicación de The Verge, Meta no había respondido de inmediato a la solicitud de comentarios del medio. Esa falta de respuesta inmediata no modifica las conclusiones judiciales ni las de los informes citados, pero deja sin una postura actual de la empresa en esa cobertura sobre cómo interpreta el fallo y el papel atribuido a Facebook en la difusión del discurso de odio.

Qué deja planteado el caso

La decisión de la CIJ pone en primer plano cómo los contenidos difundidos en una red social pueden aparecer en el análisis de una violencia masiva. En este caso, el tribunal citó mensajes del ejército y hallazgos de una investigación independiente para describir la deshumanización de los rohinyás y la circulación de llamados violentos, dentro de un proceso que terminó con la declaración de genocidio contra Myanmar.

El expediente reúne elementos de distinta naturaleza: publicaciones militares, comentarios de usuarios, páginas vinculadas al ejército y evaluaciones posteriores de organizaciones de investigación y derechos humanos. Esa combinación permite distinguir entre quién difundió los mensajes, qué respuestas recibieron y qué conclusiones se atribuyeron a cada informe, en lugar de reducir el caso a una afirmación general sobre las redes sociales.

Para las plataformas digitales, el caso vuelve a plantear la cuestión de qué hacen cuando reciben advertencias sobre contenidos que pueden contribuir a la violencia contra un grupo vulnerable. Los hechos citados no permiten extrapolar una regla única para todas las redes, pero sí documentan que Facebook fue un canal utilizado por el ejército de Myanmar y que organizaciones de derechos humanos cuestionaron la respuesta de la empresa ante el odio contra los rohinyás.

La trascendencia del fallo reside, por tanto, tanto en la declaración de genocidio como en el reconocimiento judicial de la dimensión digital del caso. Las publicaciones no sustituyen la responsabilidad del Estado ni explican por sí solas la violencia, pero la decisión muestra que los mensajes difundidos en plataformas pueden formar parte del registro examinado cuando se investiga cómo se propagó la deshumanización que acompañó a los ataques.


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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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