Por Canuto  

El Concejo Municipal de El Paso aprobó por unanimidad una resolución que impide nuevos contratos para lectores automatizados de matrículas de Flock Safety y otros proveedores. La medida amplía las restricciones adoptadas en septiembre, en medio de inquietudes por el acceso policial a datos de vehículos y el equilibrio entre privacidad y seguridad pública.
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  • La resolución prohíbe al gerente municipal firmar, renovar o extender acuerdos con Flock Safety y otros proveedores de lectores automatizados de matrículas.
  • En septiembre, el Concejo había ordenado retirar las cámaras instaladas en propiedades municipales en un plazo de 60 días, o cubrirlas para impedir su uso.
  • Texas también adoptó medidas sobre esta tecnología: el gobernador Greg Abbott ordenó suspender permisos para nuevas cámaras en carreteras estatales y el contralor Don Huffines restringió el uso de fondos de subvenciones.

El Paso frena nuevos contratos para cámaras Flock tras temores por la privacidad

Una nueva barrera municipal

El Concejo Municipal de El Paso aprobó por unanimidad una resolución que impide al gerente de la ciudad firmar nuevos contratos, renovar acuerdos vigentes o extender arreglos con Flock Safety y otros proveedores de lectores automatizados de matrículas. La decisión amplía las restricciones locales sobre sistemas que registran placas y pueden generar datos acerca de los desplazamientos de vehículos. Con ello, la autorización de futuros acuerdos quedará en manos del órgano electo.

La nueva norma llega después de que los concejales ordenaran en septiembre retirar las cámaras Flock instaladas en propiedades municipales. Según la información publicada por Texas Scorecard, aquella instrucción fijó un plazo de 60 días para completar el retiro. Si no era posible desmontar todos los equipos dentro de ese periodo, la ciudad debía cubrirlos de modo que su uso quedara totalmente restringido.

La resolución no equivale a una prohibición absoluta de cualquier lector de matrículas, sino que establece límites al tipo de acuerdos que puede gestionar la administración municipal. La información de KFox14 señala que la disposición no cubre lectores portátiles ni equipos montados en vehículos, y tampoco se aplica a sistemas destinados a estacionamientos, control de acceso o cobro de peajes. Esas excepciones delimitan el alcance de la medida frente a usos que no corresponden necesariamente a la vigilancia fija en espacios públicos.

El concejal Chris Canales dijo a KFox14 que cualquier reinstalación futura de esta tecnología requeriría la aprobación del Concejo Municipal. La resolución, por tanto, traslada al órgano electo la decisión de autorizar un eventual regreso de los lectores, en vez de dejarla únicamente en manos de la gestión administrativa. El cambio convierte la contratación y renovación de estos sistemas en una decisión sujeta a revisión pública en la ciudad.

Las preocupaciones por los datos y el acceso policial

Las objeciones de residentes se centraron en la privacidad y en la forma en que los sistemas recopilan y permiten consultar información sobre vehículos. Los lectores automatizados pueden registrar matrículas y producir grandes volúmenes de datos que muestran por dónde han circulado los automóviles. Para quienes cuestionan su despliegue, esa capacidad plantea interrogantes sobre cuánto tiempo se conserva la información, quién puede consultarla y qué controles rigen su utilización.

Entre las inquietudes expresadas figura que los departamentos de policía puedan acceder a los datos de Flock sin una orden judicial. Algunos residentes han vinculado esa posibilidad con el riesgo de vulnerar la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege frente a registros e incautaciones irrazonables. Se trata de una preocupación planteada por los opositores a este acceso, no de una determinación judicial sobre la legalidad de cada consulta o uso de los datos.

La discusión enfrenta dos preocupaciones que aparecen en el debate sobre estas herramientas: reducir la recopilación de información sobre movimientos cotidianos y conservar recursos que, según sus defensores, pueden ayudar a las fuerzas del orden. Quienes se oponen a las prohibiciones sostienen que retirar sistemas de vigilancia puede dificultar la localización de sospechosos o una respuesta rápida ante delitos. La fuente no cuantifica esos efectos en El Paso, por lo que el argumento describe una posición del debate y no un resultado medido.

El funcionamiento de estos lectores hace que el debate no se limite a una cámara individual: la tecnología puede producir registros sobre el recorrido de numerosos vehículos. Limitar su recopilación puede reducir oportunidades de rastrear desplazamientos sin que las personas lo sepan, mientras que mantenerla deja abierta la cuestión de las reglas de acceso y supervisión. En El Paso, el Concejo respondió al desacuerdo estableciendo un freno a nuevos compromisos municipales y reservándose la aprobación de una futura reinstalación.

El debate se extiende por Texas

La decisión local se produce mientras funcionarios de Texas también adoptan medidas sobre las cámaras Flock y otros sistemas similares. El gobernador Greg Abbott ordenó al Departamento de Transporte de Texas que dejara de emitir permisos para instalar cámaras Flock y tecnologías comparables de lectura de matrículas en carreteras estatales. Esa instrucción se refiere a permisos en vías estatales y constituye una medida distinta de las restricciones sobre contratos municipales adoptadas en El Paso.

El 16 de octubre, el contralor Don Huffines firmó una orden ejecutiva que prohíbe el uso de fondos de subvenciones estatales para comprar o contratar cámaras Flock, lectores de matrículas y tecnología relacionada de identificación de vehículos cubierta por la medida. La acción afecta una vía de financiamiento estatal, mientras que la resolución de El Paso establece límites a los acuerdos que puede gestionar la ciudad. En conjunto, ambas medidas muestran que las restricciones se están aplicando en más de un nivel de gobierno.

La cuestión también surgió en el condado de El Paso, donde el sheriff Joseph Roybal abordó las inquietudes sobre la seguridad pública cuando su departamento informó el 30 de septiembre que estaba poniendo fin al uso de esta tecnología. Roybal afirmó: “Tenemos las herramientas, la capacitación y la experiencia para localizar y arrestar a criminales sin depender de las cámaras Flock. Nuestro compromiso con la seguridad pública sigue más fuerte que nunca”. Su declaración plantea la postura del departamento frente al argumento de que retirar estos lectores podría debilitar la capacidad de respuesta policial.

Las medidas no establecen por sí solas un marco estatal uniforme para todos los usos de lectores automatizados de matrículas. El Paso regula los contratos municipales y exige que el Concejo autorice una eventual vuelta de la tecnología; las instrucciones estatales mencionadas, en cambio, se relacionan con permisos en carreteras y con fondos de subvenciones. La diferencia importa porque el alcance de cada decisión depende de la autoridad que la adoptó y del tipo de actividad que controla.

La decisión pendiente en la Legislatura

Se espera que los legisladores de Texas aborden el tema durante la sesión legislativa que comienza el 12 de enero. La discusión podría definir si el estado adopta salvaguardas más amplias para equilibrar el uso de herramientas contra el crimen con las protecciones de privacidad. La información disponible no adelanta qué propuestas se presentarán ni qué reglas concretas podrían aprobarse, de modo que el alcance de una eventual respuesta estatal todavía está por definirse.

Uno de los puntos centrales será cómo conciliar el acceso de las autoridades a datos potencialmente útiles para localizar vehículos con límites claros sobre su recopilación y consulta. La controversia en El Paso muestra que los desacuerdos no se refieren solo a la instalación física de las cámaras, sino también a quién puede acceder a los registros y bajo qué condiciones. Las preocupaciones sobre consultas sin orden judicial han alimentado la oposición local, aunque la fuente no informa de una decisión judicial que resuelva esos cuestionamientos.

Para los residentes, la resolución crea una instancia municipal de aprobación antes de que la ciudad pueda reanudar contratos con proveedores de lectores automatizados. Para las autoridades y quienes defienden estas herramientas, el desafío consiste en responder a las inquietudes de privacidad sin perder capacidades que consideran útiles para localizar sospechosos o atender delitos. La conversación legislativa prevista podría ampliar el debate más allá de decisiones municipales y de medidas administrativas sobre permisos y subvenciones.

Por ahora, El Paso mantiene una restricción sobre futuros acuerdos municipales y una orden previa para retirar o inutilizar las cámaras Flock en propiedades de la ciudad. La posibilidad de reinstalar estos equipos no quedó cerrada de forma permanente, pero cualquier retorno tendría que pasar por el Concejo Municipal. El debate estatal que se avecina determinará si esas decisiones locales forman parte de un conjunto más amplio de salvaguardas en Texas.


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