Por Canuto  

Tres residentes de Effingham, Georgia, demandaron bajo la ley RICO a OpenAI, sus filiales y funcionarios locales por la forma en que, según alegan, se impulsó el proyecto Camellia, un centro de datos cuyo costo podría llegar a USD $30.000 millones. La disputa plantea interrogantes sobre acuerdos de confidencialidad, decisiones de zonificación y la transparencia de los grandes proyectos de infraestructura para IA.

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  • La demanda sostiene que funcionarios del condado, entidades de desarrollo y OpenAI coordinaron negociaciones confidenciales para avanzar el proyecto.
  • Camellia tendría cinco fases y una capacidad prevista de 3,2 gigavatios; sus promotores han dicho que asumirán las mejoras de infraestructura y que el centro usará poca agua.
  • Los demandantes afirman que ofertas de compra de viviendas cercanas cayeron o fueron retiradas después del anuncio del proyecto, y reclaman daños civiles.

 

 

La disputa por un centro de datos de gran escala en Effingham, Georgia, llegó a los tribunales: tres residentes acusan a OpenAI, sus filiales y dirigentes locales de participar en un plan para conseguir la aprobación del proyecto Camellia mediante negociaciones confidenciales y decisiones a puerta cerrada.

La demanda invoca la ley RICO de Georgia y reclama daños civiles. Entre otros argumentos, los residentes sostienen que la iniciativa perjudicó el valor de propiedades cercanas y el interés de posibles compradores.

Qué alegan los residentes en la demanda

Los demandantes son la doctora Michelle Finch-Mincey, Lehman Mincey Jr. y Raymond Carver, residentes del condado de Effingham. Según la cobertura de Tom’s Hardware, que cita al Effingham Herald, sostienen que los demandados usaron acuerdos de confidencialidad y declaraciones públicas engañosas para que la comunidad conociera tarde la naturaleza y el alcance de los planes relacionados con Camellia.

La demanda nombra a los seis comisionados del condado: Damon Rahn, Forrest Floyd, Roger Burdette, Jamie DeLoach, Elizabeth Helmly y Phil Kieffer. También incluye al gerente del condado, Tim Callanan; a Brandt Herndon, director ejecutivo de la Autoridad de Desarrollo Industrial de Effingham; a la propia autoridad, a OpenAI y a dos entidades vinculadas con el proyecto.

Esas entidades son Octans GA LLC, que opera el centro de datos en nombre de OpenAI, y Savannah Industrial Development LLC, involucrada en la venta del terreno de la autoridad a Octans y OpenAI. Los residentes atribuyen a los demandados fraude y ocultamiento, además de una conspiración civil para hacer avanzar el proyecto mediante negociaciones confidenciales y decisiones tomadas sin suficiente apertura pública.

La demanda también plantea presuntas transacciones impropias de terrenos, infracciones de zonificación y extorsión civil. Se trata de alegaciones presentadas por los residentes, no de hechos que el tribunal haya establecido. El reclamo de daños se apoya, entre otros puntos, en la supuesta pérdida de valor de viviendas próximas al desarrollo.

Un centro de datos de miles de millones

Camellia figura entre los mayores centros de datos que OpenAI planea construir en el condado. El desarrollo tendría un costo estimado de entre USD $20.000 millones y USD $30.000 millones, avanzaría en cinco fases y alcanzaría una capacidad de cómputo prevista de 3,2 gigavatios, una escala que ayuda a explicar la atención de residentes y autoridades locales.

Los promotores han asegurado que el proyecto no elevará las facturas de servicios públicos de la comunidad. Según esas promesas, OpenAI asumiría el costo total de las mejoras de infraestructura necesarias para atender las instalaciones, aunque la demanda cuestiona la manera en que el condado habría buscado asegurar el terreno, incentivos fiscales y aprobaciones de zonificación.

OpenAI también ha señalado que el centro tendrá un uso mínimo de agua gracias a un sistema de circuito cerrado. Esa promesa forma parte de la presentación pública del proyecto, mientras que las objeciones de los demandantes se enfocan principalmente en la gestión del proceso, la confidencialidad de las negociaciones y el momento en que los residentes conocieron decisiones clave.

Finch-Mincey, Mincey Jr. y Carver afirman que las ofertas para comprar viviendas cercanas cayeron o se retiraron después del anuncio del centro de datos. La cobertura citada no da una cifra concreta sobre esa variación. Los demandantes vinculan el cambio en el interés inmobiliario con el impacto que atribuyen al proyecto y solicitan una compensación civil.

La ley RICO y el debate sobre transparencia

RICO es la sigla en inglés de la ley contra organizaciones corruptas e influenciadas por extorsionadores, creada originalmente para perseguir redes de crimen organizado. La norma de Georgia, de acuerdo con la información citada, tiene un alcance más amplio que la ley federal y se ha utilizado en litigios que no se limitan a estructuras mafiosas.

Entre los ejemplos mencionados en la cobertura figuran el caso electoral iniciado en 2023 contra Donald Trump y otras 18 personas por el intento de revertir los resultados presidenciales de 2020 en Georgia, y el proceso contra el rapero Young Thug, acusado de operar YSL Records como una pandilla criminal. La comparación ilustra el uso diverso de la herramienta legal, pero no determina si las acusaciones del caso Camellia cumplirán los requisitos para prosperar.

Los críticos sostienen que la ley estatal puede ser demasiado amplia y utilizarse para presionar a personas acusadas de delitos menos complejos. Volkan Topalli, profesor de justicia penal y criminología de Georgia State University, resumió esa preocupación con una frase: “Cuando tienes un martillo, todo parece un clavo”.

El uso de acuerdos de confidencialidad en negociaciones para centros de datos tampoco es exclusivo de Effingham: desarrolladores y gobiernos locales han recurrido a ellos en otros proyectos, con el argumento de evitar infracciones relacionadas con información privilegiada. Quienes cuestionan esa práctica señalan, en contraste, que la parroquia de West Feliciana, en Luisiana, logró cerrar un acuerdo sin recurrir a un NDA.

También existe escrutinio sobre un centro de datos de AWS en Gilroy, California, donde los residentes conocieron la naturaleza del proyecto cuando comenzó la construcción, tras un proceso de permisos de cinco años basado en reglas de zonificación establecidas 45 años antes. Estos antecedentes no prueban las acusaciones en Georgia, pero sitúan la demanda dentro de un debate más amplio sobre cómo las comunidades reciben información y participan en decisiones vinculadas con grandes instalaciones de inteligencia artificial.

El proceso local bajo la lupa

El reclamo de los residentes apunta a decisiones concretas: la venta del terreno, los incentivos fiscales y las aprobaciones de zonificación. Según su versión, las decisiones principales y la firma de contratos ocurrieron antes de que la comunidad entendiera plenamente qué se construiría, lo que habría limitado su posibilidad de cuestionar los términos del desarrollo.

Ese desacuerdo contrapone dos intereses que suelen coincidir en proyectos de esta escala, pero no siempre con la misma prioridad: atraer inversión y ampliar la infraestructura para computación, por un lado, y permitir que los residentes conozcan y examinen las decisiones públicas, por otro. En este caso, las promesas sobre el costo de los servicios y el consumo de agua no han despejado las inquietudes sobre el procedimiento que condujo al proyecto.

La demanda busca daños civiles y atribuye a los funcionarios, las entidades de desarrollo y OpenAI una actuación coordinada. La cobertura citada no informa de una decisión judicial ni de una respuesta de los demandados. Por ello, las denuncias de fraude, conspiración, extorsión y violaciones de zonificación deben entenderse como alegaciones que todavía requieren evaluación legal.

El litigio pone en primer plano una cuestión que excede el tamaño de Camellia: cómo se negocian y autorizan centros de datos que requieren inversiones y recursos de gran escala. El resultado dependerá de lo que puedan demostrar las partes, mientras los residentes buscan que un tribunal examine si el proceso del condado respetó las normas y la transparencia que ellos consideran incumplidas.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.

 


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