Por Canuto  

Greg Abbott criticó la expansión de los centros de datos en Texas y pidió revisar incentivos y permisos, mientras su campaña recibió cerca de USD $9 millones de donantes vinculados directa o indirectamente a la industria. Los aportes, que representaron alrededor del 13% de lo recaudado en el período analizado, llegan en medio de un debate sobre electricidad, agua y el impacto local de estos proyectos.
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  • Donantes ligados a centros de datos aportaron cerca de USD $9 millones a la campaña de Abbott desde julio de 2025, alrededor del 13% de lo recaudado en el período analizado.
  • Las contribuciones incluyeron USD $4,9 millones de participantes directos de la industria y USD $4,1 millones de donantes con vínculos indirectos.
  • Abbott y otros líderes de Texas plantean revisar permisos, demanda eléctrica e incentivos fiscales, mientras persisten preocupaciones sobre el agua y las comunidades.

Abbott cuestionó los centros de datos de Texas mientras recibía millones de donantes ligados al sector

Los aportes vinculados a la industria sumaron cerca de USD $9 millones, en un período en que el gobernador defendió una supervisión más estricta y pidió terminar un beneficio fiscal.

Donaciones en medio del cambio de tono

El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que los centros de datos “excavaron su propia tumba” en medio de las críticas a su rápida expansión. Sin embargo, desde julio de 2025 su campaña recibió cerca de USD $9 millones de donantes vinculados al sector, según cifras atribuidas a The Texas Tribune. El monto equivale a aproximadamente el 13% del dinero recaudado por la campaña durante el período analizado.

La cifra reúne aportes de dos grupos distintos, por lo que no todos los donantes tienen el mismo grado de relación con la industria. Unos USD $4,9 millones provinieron de personas o empresas que desarrollan, poseen u operan centros de datos; otros USD $4,1 millones llegaron de donantes con conexiones indirectas mediante inteligencia artificial, inversión, bienes raíces o infraestructura. La clasificación permite dimensionar el alcance del respaldo financiero, aunque no demuestra por sí sola que las contribuciones hayan determinado decisiones políticas.

El momento de algunos aportes hizo más visible la tensión entre la retórica de Abbott y el financiamiento de su campaña. En junio, el mismo mes en que recomendó a los legisladores poner fin a un importante beneficio fiscal para los centros de datos, recibió USD $1,5 millones de donantes relacionados con la industria. En agosto, mientras avanzaba una auditoría estatal, Abbott frenó aprobaciones para centros de datos que buscaban conectarse a la red eléctrica de Texas y luego recibió otros USD $2,8 millones.

Entre los donantes directos figuran Rhett Bennett y Black Mountain, que juntos aportaron USD $1 millón. Toby Neugebauer, ex CEO de Fermi America, contribuyó con USD $100.000. La información también recoge un contraste electoral: The Texas Tribune identificó una sola donación que clasificó como relacionada con centros de datos para la demócrata Gina Hinojosa, rival de Abbott, por USD $25.000, procedente de Jon Freier.

El conflicto va más allá de las campañas

La discusión sobre los centros de datos no se limita a quién financia a los candidatos, sino que también aborda los recursos que requieren las instalaciones de gran escala. En Texas, funcionarios y comunidades evalúan cómo la expansión puede influir en la demanda de electricidad, el uso del agua y el carácter de las localidades donde se construyen los proyectos. A medida que más instalaciones buscan iniciar obras, esas preocupaciones han alimentado críticas de distintos sectores políticos.

La conexión a la red eléctrica ocupa un lugar central porque los centros de datos necesitan energía para mantener sus operaciones. En una directiva sobre la auditoría estatal de centros de datos, la oficina del gobernador indicó que ERCOT consideraba solicitudes de conexión por aproximadamente 474 gigavatios, más de cinco veces el récord de Texas. La pausa de Abbott a las aprobaciones de conexión durante la auditoría se presenta como una medida de cautela, mientras la industria y las autoridades discuten cómo distribuir costos y asegurar la estabilidad del suministro. La cifra de solicitudes no establece por sí sola cuál será el resultado de la revisión.

El agua también se ha convertido en una preocupación política explícita, junto con los derechos de propiedad privada y la integridad de las comunidades. Esos asuntos aparecen en las tareas que el vicegobernador Dan Patrick asignó a comités legislativos provisionales y en las advertencias sobre el impacto local de los proyectos. El debate, por tanto, no se reduce a atraer inversión: también incluye quién asume los costos de infraestructura y qué participación tendrán los residentes en las decisiones.

El beneficio fiscal en disputa añade otra dimensión al conflicto. Abbott recomendó eliminar un incentivo para los centros de datos, mientras legisladores examinan tanto la demanda eléctrica como el costo de la exención del impuesto sobre las ventas. La discusión enfrenta el atractivo de promover instalaciones e inversión con la pregunta de si corresponde mantener una ventaja financiada mediante ingresos públicos cuando crecen las necesidades de electricidad y agua.

Abbott y otros líderes plantean nuevas reglas

El portavoz de la campaña de Abbott, Eduardo Leal, sostuvo que el gobernador ha fijado condiciones para los centros de datos: que se sostengan por sí mismos, protejan la red eléctrica, aporten su propia agua y no alteren las comunidades donde operan. Leal también afirmó que Abbott ordenó a las agencias estatales no emitir permisos relacionados con centros de datos hasta que ERCOT complete su revisión. Según el portavoz, el gobernador además pidió terminar con incentivos que considera obsoletos y financiados por los contribuyentes.

La postura de Abbott combina así límites a la expansión con el rechazo a ciertos subsidios, sin plantear en la información disponible una prohibición general de los centros de datos. El énfasis está en las condiciones de operación y en la revisión de la red, además de la eventual eliminación de beneficios fiscales. Esa distinción es relevante en un debate donde la disputa pública puede presentar como equivalentes la regulación de proyectos, la suspensión temporal de permisos y la cancelación de incentivos.

Patrick también impulsó el examen legislativo de estos asuntos. En marzo pidió a comités provisionales entre sesiones que analizaran la demanda eléctrica de los centros de datos y el costo de su exención del impuesto sobre las ventas, además de considerar sus efectos sobre propietarios de tierras, derechos de propiedad privada, infraestructura hídrica e integridad comunitaria. A finales de septiembre dijo a The Texas Scorecard que quería crear un comité especial sobre centros de datos, y en octubre respaldó la eliminación del beneficio fiscal.

El presidente de la Cámara de Representantes de Texas, Dustin Burrows, también quiere que los centros de datos ocupen un lugar destacado en la sesión legislativa de 2027. Según el reporte, su enfoque incluye aliviar regulaciones y fomentar un desarrollo eficiente en el uso del agua. Ese planteamiento no es idéntico al de quienes priorizan controles más estrictos, pero confirma que el tema está instalado en la agenda estatal y que las futuras reglas podrían combinar incentivos, condiciones ambientales y límites de infraestructura.

La influencia política y las preguntas pendientes

Hinojosa convirtió las donaciones de la industria en un eje de sus críticas contra Abbott. La candidata demócrata sostuvo que el gobernador invitó a los centros de datos con beneficios fiscales, recibió millones de sus intereses y ha presentado de forma engañosa su historial para proteger su carrera política. También afirmó que lucharía por los texanos y no por las grandes corporaciones, y que buscaría dar a las comunidades participación en la decisión sobre si estos proyectos deben instalarse y bajo qué condiciones.

Esas afirmaciones corresponden a la campaña de Hinojosa y deben distinguirse de los datos sobre los aportes y las medidas estatales. El volumen de contribuciones puede intensificar el escrutinio político, pero por sí mismo no prueba un intercambio de favores ni permite concluir que una donación haya cambiado una decisión específica. La cuestión verificable es que Abbott recibió dinero de personas y entidades relacionadas con una industria sobre la que, al mismo tiempo, defendía reglas más estrictas y cambios en los incentivos.

Jim Henson, director del Texas Politics Project de la Universidad de Texas en Austin, interpretó que los actores principales de la industria anticipan un acuerdo negociado sobre las políticas relevantes y que Abbott y sus aliados legislativos participarán en definir sus términos. En su lectura, mantener el respaldo financiero permite a esos donantes buscar un lugar en las conversaciones. Es una explicación sobre los incentivos políticos, no una prueba de que la campaña haya ofrecido acceso o de que los aportes hayan condicionado las decisiones.

La disputa deja preguntas abiertas para la siguiente etapa: cómo se resolverán las conexiones a la red, qué ocurrirá con la exención fiscal y qué obligaciones tendrán los centros de datos respecto del agua y las comunidades. Las donaciones ponen bajo atención la relación entre el financiamiento electoral y el proceso de elaboración de reglas, pero los resultados dependerán de las decisiones legislativas y administrativas que todavía se discuten. Para los residentes, el desafío será saber si las políticas finales equilibran el desarrollo de la industria con la protección de recursos y derechos locales.


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