Por Canuto  

Instacart acordó pagar USD $5 millones para resolver denuncias federales sobre su reclutamiento para puestos vinculados al proceso PERM. El acuerdo contempla compensaciones para trabajadores estadounidenses, una penalización civil y cambios en las prácticas de contratación de la empresa.
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  • El acuerdo destina USD $4 millones a un fondo para trabajadores afectados entre diciembre de 2023 y febrero de 2026; USD $1 millón se pagará como penalización civil.
  • El Departamento de Justicia y la EEOC alegaron que el proceso de solicitud en papel y otras prácticas imponían cargas adicionales a trabajadores estadounidenses.
  • Instacart cambiará sus procedimientos PERM, capacitará a su personal e implementará controles, aunque sostiene que cumplía las normas vigentes.


Instacart pagará USD $5 millones por denuncias sobre sus contrataciones PERM

Instacart acordó pagar USD $5 millones para resolver denuncias federales de que sus prácticas de contratación para puestos vinculados al proceso PERM perjudicaron a trabajadores estadounidenses. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) dijeron que su investigación encontró indicios de discriminación intencional relacionada con ciudadanía y origen nacional, así como una preferencia por candidatos con visas temporales.

El acuerdo prevé un fondo de USD $4 millones para trabajadores afectados entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, además de una penalización civil de USD $1 millón para el gobierno federal. Instacart también deberá modificar sus procedimientos, capacitar a su personal y establecer controles para vigilar el cumplimiento; la empresa, sin embargo, sostiene que sus prácticas respetaban las normas aplicables.

El foco de las denuncias: cómo se recibían las solicitudes

El proceso PERM, administrado por el Departamento de Trabajo, permite a empleadores buscar la certificación laboral necesaria para que ciertos trabajadores extranjeros con visa H-1B puedan avanzar hacia la residencia permanente. Como parte de ese trámite, la empresa debe demostrar que anunció el puesto y que no encontró trabajadores estadounidenses disponibles y calificados para ocuparlo, antes de que el empleado inmigrante pueda obtener esa certificación.

Las reglas de publicidad exigen divulgar el puesto en al menos dos periódicos dominicales de circulación importante y en el sitio de la agencia estatal de fuerza laboral. También requieren avisos dentro de la empresa y otros dos métodos de difusión elegidos por el empleador, con el propósito de que candidatos potenciales puedan conocer la vacante y postularse.

La denuncia sobre Instacart se centró en una diferencia entre esos puestos PERM y otras vacantes de la compañía: según las autoridades, para determinados empleos relacionados con la residencia permanente se pedía enviar el currículum por correo postal a un departamento de movilidad global. En cambio, la empresa aceptaba solicitudes electrónicas para otros cargos, una disparidad que, de acuerdo con el DOJ, añadió obstáculos y retrasó la revisión de las candidaturas de trabajadores estadounidenses.

La controversia había ganado visibilidad tras un informe de Newsweek publicado en agosto de 2025 sobre anuncios de empleo vinculados al proceso PERM, entre ellos los de Instacart y OpenAI. El sitio Jobs.Now recopilaba y destacaba esos avisos, argumentando que tenían poca visibilidad y parecían dirigidos principalmente a inmigrantes; la organización afirmó que Instacart la amenazó con acciones legales por republicar anuncios que incluían el nombre de la compañía, y defendió esa publicación como un ejercicio de libertad de expresión.

Compensaciones y cambios que exige el acuerdo

De los USD $5 millones acordados, USD $4 millones se reservarán para trabajadores estadounidenses que resulten elegibles por las prácticas investigadas durante el periodo comprendido entre diciembre de 2023 y febrero de 2026. El DOJ indicó que las personas que cumplan los requisitos tendrán la oportunidad de solicitar una parte del fondo, por lo que el monto no representa un pago automático e idéntico para cada potencial reclamante.

El millón restante se entregará a Estados Unidos como penalización civil, mientras que Instacart asumió compromisos de cumplimiento adicionales. La compañía deberá revisar sus procesos PERM, formar a los empleados involucrados en contratación para que respeten las leyes sobre ciudadanía y origen nacional, y poner en marcha medidas de monitoreo que permitan comprobar que los cambios se mantengan.

La presidenta de la EEOC, Andrea Lucas, afirmó que el acuerdo muestra que la agencia actuará cuando los empleadores levanten barreras ilegales que perjudiquen a trabajadores estadounidenses. También sostuvo que la comisión busca exigir responsabilidades a las empresas que nieguen oportunidades laborales iguales al favorecer a titulares de visas temporales, y señaló que la discriminación por origen nacional estadounidense no tiene cabida en la economía del país.

Instacart respondió que es una plataforma tecnológica de comestibles con sede en Estados Unidos, que emplea a miles de trabajadores estadounidenses y presta servicios a millones de clientes, compradores, minoristas y marcas. La empresa dijo que anima a postulantes calificados del país a sumarse a su equipo y que promociona activamente sus vacantes por distintos canales para mantener a candidatos estadounidenses en primera línea.

La compañía también expresó satisfacción por haber resuelto el asunto, aunque reiteró que considera que sus prácticas cumplían las leyes y regulaciones aplicables. A su juicio, las normas actuales del proceso PERM están desactualizadas y no reflejan los métodos modernos de reclutamiento, una postura que plantea una tensión entre la defensa del cumplimiento regulatorio y el debate sobre si las reglas se ajustan a las prácticas actuales de contratación.

Una ofensiva más amplia sobre el proceso PERM

El caso de Instacart se suma a medidas federales dirigidas a otros empleadores. OpenAI aceptó en agosto un acuerdo de USD $3,2 millones por acusaciones similares sobre sus ofertas de trabajo: el DOJ sostuvo que eran difíciles de encontrar para trabajadores estadounidenses y que ciertos puestos podían presentarse como disponibles únicamente para personas con visas temporales.

Cloudera llegó a una resolución distinta que incluye una prohibición de dos años para participar en el programa PERM, después de que las autoridades alegaran que los trabajadores estadounidenses no podían postularse mediante una dirección de correo electrónico funcional. Estos casos apuntan a una preocupación compartida de las agencias: que el reclutamiento para certificaciones laborales no funcione como una búsqueda accesible y genuina de candidatos estadounidenses.

La administración Trump también ha endurecido su postura sobre el uso del programa H-1B y la vía hacia la residencia permanente. El vicepresidente JD Vance y otros funcionarios anunciaron recientemente que Microsoft, Adobe y otros empleadores habían visto suspendido su acceso al programa por presunto fraude; durante una rueda de prensa sobre el sistema de Microsoft, Vance describió a los titulares de visas como “siervos encadenados”, aunque también reconoció la necesidad de trabajadores inmigrantes talentosos para contribuir al crecimiento económico.

La supervisión de posibles abusos es una prioridad para el gobierno, pero modificar el sistema de forma duradera requiere medidas legislativas del Congreso y, según la información publicada, los cambios han avanzado de manera fragmentada. Jobs.Now consideró insuficiente el acuerdo con Instacart y pidió al Departamento de Trabajo que actúe contra lo que describió como discriminación en el proceso PERM, para garantizar que los empleos en Estados Unidos se ofrezcan primero a trabajadores estadounidenses.


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