Por Hannah Pérez  

Una nueva disposición ética respaldada por Donald Trump prohibiría que el presidente, el vicepresidente, legisladores y otros funcionarios federales emitan activos digitales mientras ocupan sus cargos. La propuesta dejaría su aplicación en manos del Departamento de Justicia, un punto que ya amenaza con complicar la aprobación de la Ley CLARITY.

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  • La prohibición alcanzaría al presidente, vicepresidente y miembros del Congreso
  • El Departamento de Justicia sería el principal encargado de hacer cumplir la norma
  • Demócratas reclaman que los fiscales estatales también tengan facultades
  • La ética era el último gran obstáculo para avanzar con la Ley CLARITY

 

 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría aceptado una disposición ética que impediría a altos funcionarios federales emitir criptomonedas u otros activos digitales mientras ejercen funciones públicas.

La propuesta incluiría expresamente al presidente, al vicepresidente, a los miembros del Congreso y a otros funcionarios del Gobierno federal, según informaron tres fuentes familiarizadas con las negociaciones a The Block.

Los detalles fueron discutidos el martes durante una llamada entre representantes de la industria y Patrick Witt, principal asesor de la Casa Blanca para asuntos relacionados con criptomonedas.

La disposición representa un avance importante para la Ley CLARITY, el amplio proyecto legislativo destinado a establecer una estructura regulatoria para el mercado de activos digitales en Estados Unidos. Sin embargo, el mecanismo de aplicación propuesto podría abrir un nuevo frente de disputa entre republicanos y demócratas.

El Departamento de Justicia tendría el control

Según dos de las fuentes citadas, el Departamento de Justicia —DOJ— actuaría como principal autoridad encargada de hacer cumplir la prohibición.

La propuesta no concedería esa facultad a los fiscales generales de los estados, pese a que legisladores demócratas han defendido que las autoridades estatales deberían conservar algún grado de control sobre la aplicación de las salvaguardias éticas.

Esa diferencia podría convertirse en uno de los últimos obstáculos para la aprobación de la Ley CLARITY. Aunque Trump aceptó el lunes incorporar el lenguaje ético después de meses de negociaciones, el diseño del sistema de supervisión todavía no genera consenso.

La senadora demócrata por Maryland Angela Alsobrooks, una de las principales negociadoras del proyecto, cuestionó abiertamente que el Departamento de Justicia sea responsable de investigar posibles infracciones.

“¿Este Departamento de Justicia aplicando una disposición ética? Esa no es una oferta seria, y no apoyaría el proyecto si ese es el lenguaje”, declaró Alsobrooks a The Block. La legisladora agregó que las negociaciones continuarían con el objetivo de alcanzar un acuerdo que obligue a todos los funcionarios a rendir cuentas.

Los negocios cripto de Trump alimentan el debate

La discusión ética se produce en medio de las críticas por los vínculos de Trump y su familia con diferentes proyectos de criptomonedas.

Entre los principales puntos de controversia se encuentran las memecoins vinculadas al presidente y World Liberty Financial, una empresa de finanzas descentralizadas respaldada por integrantes de la familia Trump.

Documentos financieros publicados el mes pasado indicaron que Trump recibió millones de dólares relacionados con World Liberty Financial, intensificando las dudas sobre los posibles conflictos de interés de funcionarios públicos con participación directa en negocios de activos digitales.

La nueva disposición buscaría impedir que futuros presidentes, vicepresidentes, congresistas y otros funcionarios utilicen sus cargos para promover o emitir criptomonedas propias. No está claro, sin embargo, cómo se aplicaría la prohibición a activos o empresas creados antes de que una persona asumiera el cargo, ni qué sanciones contemplaría la versión final.

La Casa Blanca presiona a los demócratas

La Casa Blanca no confirmó públicamente el texto exacto de la disposición, pero aseguró que continúa trabajando con el Congreso para convertir la Ley CLARITY en legislación federal.

Un funcionario de la administración advirtió que los demócratas serían responsables de un eventual fracaso del proyecto, argumentando que el Gobierno había realizado concesiones significativas para responder a sus preocupaciones.

“Si los demócratas del Senado bloquean esta legislación histórica después de que la administración se ha esforzado al máximo para atender sus inquietudes, las partes interesadas deben entender que son ellos quienes están impidiendo su aprobación”, dijo el funcionario en un correo citado por The Block.

La declaración refleja la creciente presión política alrededor de la iniciativa, que busca definir qué activos digitales deben quedar bajo la supervisión de la Comisión de Bolsa y Valores —SEC— y cuáles corresponderían a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos —CFTC—.

La ética sigue siendo el último escollo

La Ley CLARITY ha atravesado numerosos desacuerdos regulatorios, partidistas y técnicos. No obstante, la posibilidad de que funcionarios públicos se beneficien de proyectos propios de criptomonedas se había convertido en el último gran punto pendiente.

El respaldo de Trump al principio general de la prohibición acerca a los negociadores a un acuerdo, pero no garantiza la aprobación del proyecto.

La discusión ahora se concentra en quién tendría autoridad para investigar y sancionar las infracciones. Para los republicanos, el Departamento de Justicia ofrecería un mecanismo federal uniforme. Para algunos demócratas, dejar la supervisión exclusivamente en manos de una agencia controlada por el Poder Ejecutivo reduciría la independencia de la norma, especialmente cuando las acusaciones involucren al presidente o a miembros de su administración.

La resolución de ese desacuerdo será determinante para saber si la Ley CLARITY logra superar el Senado o vuelve a quedar estancada pese al acuerdo preliminar sobre las restricciones éticas.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA

 


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