Por Hannah Pérez  

La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur propuso ampliar los requisitos de reporte para transferencias cripto de menor monto durante conversaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional en París. La medida busca cerrar brechas en la supervisión global contra el lavado de dinero, especialmente en operaciones transfronterizas, plataformas offshore y servicios cripto no registrados.

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  • La FIU de Corea del Sur pidió ampliar la Travel Rule cripto a transferencias por debajo de 1 millón de wones, equivalentes a unos USD $650.
  • El organismo planteó la propuesta durante una reunión plenaria del GAFI en París.
  • La Travel Rule exige que exchanges y proveedores cripto compartan datos del remitente y destinatario en transferencias sujetas a umbrales regulatorios.
  • El GAFI también aprobó un nuevo informe sobre riesgos asociados con finanzas descentralizadas, DeFi.

 

 

Los reguladores financieros de Corea del Sur están impulsando una ampliación de los requisitos de reporte para transferencias con criptomonedas, en un esfuerzo por reforzar la alineación del país con los estándares globales contra el lavado de dinero (AML) y financiamiento ilícito.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur, FIU, planteó la propuesta durante una reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, celebrada en París la semana pasada, según informó Cointelegraph citando un anuncio de este lunes.

El foco de la propuesta está en expandir la aplicación de la llamada Travel Rule a transferencias cripto de menor monto. Actualmente, Corea del Sur exige el cumplimiento de esta regla para operaciones superiores a 1 millón de wones, equivalentes a aproximadamente USD $650. La nueva postura regulatoria busca extender esas obligaciones a transacciones por debajo de ese umbral.

La Travel Rule es un estándar internacional contra el lavado de dinero que exige a exchanges y proveedores de servicios de criptoactivos compartir información del remitente y del destinatario cuando se procesan transferencias sujetas a determinados límites. Su objetivo es mejorar la trazabilidad de fondos que se mueven entre plataformas, especialmente en operaciones transfronterizas.

La FIU apunta a plataformas emisoras y receptoras

La FIU surcoreana sostuvo que las obligaciones de la Travel Rule deberían aplicarse tanto a los proveedores de servicios cripto que originan las transferencias como a los que las reciben. El organismo considera que esta doble obligación es necesaria para cerrar brechas en movimientos internacionales de fondos digitales.

El punto es especialmente relevante porque los estándares globales siguen aplicándose de forma desigual. En muchos casos, una plataforma regulada puede estar obligada a identificar al usuario que envía fondos, pero la entidad receptora puede operar en una jurisdicción con controles más débiles, sin licencia o sin mecanismos equivalentes de supervisión.

Ese desbalance facilita el arbitraje regulatorio. Los usuarios o actores ilícitos pueden aprovechar diferencias entre países para mover fondos hacia plataformas offshore, mezcladores, servicios no registrados o infraestructuras con menor capacidad de cooperación con autoridades.

La FIU también pidió medidas más fuertes contra plataformas cripto offshore y no registradas, al señalar que estas han sido utilizadas con mayor frecuencia en casos de financiamiento ilícito. Para Corea del Sur, el problema no se limita al tamaño de las transacciones, sino a la fragmentación del marco global de supervisión.

Riesgos offshore y brechas en DeFi

Además de la discusión sobre la Travel Rule, el GAFI aprobó un nuevo informe sobre riesgos asociados con las finanzas descentralizadas, DeFi, según indicó la FIU. El comisionado Lee Hyung Ju celebró la adopción del reporte durante las conversaciones, aunque advirtió que el arbitraje regulatorio entre jurisdicciones sigue siendo un desafío central.

Lee señaló que las diferencias en licencias, supervisión y control sobre plataformas offshore son una de las principales causas de estas brechas. En la práctica, esto significa que incluso si algunos países endurecen sus reglas, los actores de riesgo pueden seguir operando a través de jurisdicciones con controles más laxos.

El debate sobre DeFi añade otra capa de complejidad. A diferencia de los exchanges centralizados, muchas plataformas descentralizadas funcionan mediante contratos inteligentes, sin una entidad operadora clara o con estructuras de gobernanza distribuidas. Esto complica la aplicación directa de obligaciones tradicionales de conocimiento del cliente, monitoreo de transacciones y reporte.

Aun así, los reguladores internacionales han insistido en que los riesgos no desaparecen por el hecho de que una plataforma se presente como descentralizada. Cuando hay intermediarios, interfaces controladas, desarrolladores con capacidad de administración o entidades que prestan servicios a usuarios, las autoridades suelen buscar puntos de responsabilidad regulatoria.

Siete años de implementación desigual

La propuesta surcoreana se enmarca en las discusiones sobre la Recomendación 15 del GAFI, el estándar internacional actualizado en 2019 para incorporar medidas contra el lavado de dinero aplicables a criptoactivos y proveedores de servicios cripto.

Siete años después de esa actualización, la implementación global sigue siendo irregular. De acuerdo con una evaluación específica del GAFI publicada en 2025, 49% de las jurisdicciones eran solo parcialmente conformes con los requisitos para proveedores de servicios cripto, mientras que 21% permanecían no conformes hasta abril de 2025.

Eso deja apenas alrededor de 29% de jurisdicciones evaluadas como mayormente conformes o conformes. Para los reguladores, esa disparidad crea una arquitectura global vulnerable: los países con reglas más estrictas pueden monitorear mejor sus mercados, pero las operaciones ilícitas pueden desplazarse hacia regiones con menor exigencia o capacidad de fiscalización.

Corea del Sur, que ya cuenta con uno de los marcos cripto más estrictos de Asia, busca ahora elevar el estándar internacional. Su propuesta apunta a que los umbrales más bajos permitan una mayor visibilidad sobre transferencias pequeñas, especialmente cuando forman parte de patrones repetidos, fraccionamiento de fondos o movimientos hacia plataformas de riesgo.

Más control, pero también más carga operativa

La ampliación de la Travel Rule a transferencias más pequeñas podría fortalecer la trazabilidad del mercado, pero también implicaría mayores cargas operativas para exchanges y proveedores de servicios cripto. Las plataformas tendrían que capturar, verificar, almacenar y transmitir más información en un número mucho mayor de operaciones.

Esto puede elevar costos de cumplimiento, exigir integraciones técnicas más complejas y afectar la experiencia de usuario, especialmente en transferencias de bajo valor. También podría generar fricciones entre plataformas de distintos países si no existe interoperabilidad suficiente entre sistemas de verificación.

Para la industria, el reto será equilibrar dos objetivos difíciles: cumplir con estándares antilavado cada vez más exigentes sin bloquear el uso legítimo de criptomonedas para pagos, remesas, comercio digital o acceso financiero.

La presión de Corea del Sur muestra que la regulación cripto global se mueve hacia una etapa más granular. Ya no se trata solo de licenciar exchanges o vigilar grandes transferencias. El debate ahora apunta a cerrar brechas en operaciones pequeñas, plataformas offshore y servicios descentralizados que pueden quedar fuera del perímetro tradicional de supervisión.

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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA

 


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