Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

La Policía Federal de Brasil ejecutó una de las mayores operaciones financieras de su historia al incautar activos valorados en cerca de USD $2.000 millones como parte de una investigación sobre narcotráfico y lavado de dinero. La acción se produjo pocos días después de que Estados Unidos sancionara a ciudadanos y empresas brasileñas presuntamente vinculados al grupo criminal Primeiro Comando da Capital (PCC), acusado de utilizar criptomonedas para mover fondos ilícitos entre ambos países.

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  • Brasil incautó activos por casi USD $2.000 millones en una operación contra el lavado de dinero.
  • EE. UU. sancionó a dos brasileños y cuatro empresas presuntamente ligadas al PCC.
  • Las autoridades aseguran que parte del dinero ilícito fue transferido mediante criptomonedas.
  • Las sanciones podrían endurecer los controles financieros sobre instituciones brasileñas.

 

La Policía Federal de Brasil desplegó más de 50 agentes en el estado de São Paulo para ejecutar la operación denominada “Exchange”, dirigida contra una organización dedicada presuntamente al lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Durante el operativo se cumplieron 13 órdenes de allanamiento y 11 órdenes de arresto temporal en municipios como São Paulo, Santos, Praia Grande y Santana de Parnaíba, detalla Cryptopolitan.

Como parte de la investigación, un tribunal federal autorizó la incautación de activos, bienes de valor y criptomonedas pertenecientes a los sospechosos. Las autoridades estiman que la red habría movilizado más de USD $1.920 millones, mientras que los involucrados podrían enfrentar cargos por asociación criminal, lavado de dinero y evasión fiscal.

Aunque la investigación ya estaba en marcha, medios locales señalan que las autoridades aceleraron su ejecución tras las recientes sanciones anunciadas por Estados Unidos.

EE. UU. apunta a una red vinculada al PCC

Días antes del operativo brasileño, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a los ciudadanos brasileños Victor Henrique de Oliveira Shimada y Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, además de cuatro empresas presuntamente utilizadas para lavar dinero a favor del Primeiro Comando da Capital (PCC), considerado uno de los grupos criminales más poderosos de América Latina.

Según el Tesoro, Shimada actuaba como enlace entre operadores del PCC establecidos en Florida y traficantes internacionales de drogas, facilitando el movimiento de más de USD $30 millones obtenidos mediante actividades ilícitas en distintas ciudades estadounidenses. Gran parte de esos recursos habría sido enviada posteriormente a Brasil utilizando criptomonedas.

Las autoridades estadounidenses también sostienen que Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira colaboraba con la organización coordinando la recolección de grandes cantidades de efectivo para alimentar el esquema de lavado.

Las empresas sancionadas incluyen Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda, Wave Construções Inteligentes Ltda y la firma portuguesa Avenidas Flutuantes Unipessoal LDA. De acuerdo con OFAC, una de ellas habría sido utilizada para lavar dinero desviado desde un club de fútbol brasileño.

Criptomonedas bajo la lupa

El caso vuelve a poner el foco sobre el uso de activos digitales en operaciones de lavado de dinero transfronterizas.

El mismo día en que anunció las sanciones relacionadas con el PCC, OFAC también identificó 134 direcciones de criptomonedas vinculadas al grupo extremista ISIS-Khorasan. Posteriormente, el emisor de la stablecoin Tether congeló fondos alojados en 131 billeteras de la red Tron, que habían recibido más de USD $1,4 millones desde 2023.

Las autoridades estadounidenses consideran que las criptomonedas siguen siendo una herramienta utilizada por organizaciones criminales para mover recursos entre distintas jurisdicciones, aunque destacan que la trazabilidad de las cadenas de bloques también facilita las investigaciones financieras.

Posibles efectos para el sistema financiero brasileño

Las sanciones estadounidenses no tienen efecto jurídico automático dentro de Brasil, explicó Fabrício Polido, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Federal de Minas Gerais. Cualquier consecuencia penal deberá ser determinada por las autoridades brasileñas bajo la legislación nacional.

Sin embargo, el especialista advirtió que bancos e instituciones financieras —incluidas entidades brasileñas— podrían verse expuestos a sanciones secundarias si facilitan de forma consciente operaciones relevantes con personas o empresas incluidas en la lista de OFAC, lo que podría llevar al sector financiero a reforzar sus controles de cumplimiento.

El contexto también refleja diferencias políticas entre ambos países. La administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha rechazado la decisión de Washington de catalogar al PCC como organización terrorista, argumentando que, aunque emplea métodos violentos, su principal motivación continúa siendo económica y no ideológica.

Mientras tanto, las autoridades estadounidenses ya habían detenido en enero a seis personas vinculadas a la rama de la organización que operaba en Florida. La operación realizada ahora por Brasil apunta a desarticular la parte paulista de esa presunta red internacional de lavado de dinero.

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