Por Canuto  

El Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank tras detectar que su solvencia cayó por debajo de la mitad del mínimo legal. La medida busca proteger los depósitos, pero mantiene bajo incertidumbre los fondos que superan la garantía y una importante suma de recursos públicos.

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  • Ueno Bank afirma que tiene cerca de 3 millones de clientes y administra entre USD $800 millones y USD $850 millones de dinero público.
  • La garantía cubre hasta 228 millones de guaraníes, equivalentes a unos USD $38.000 por depositante; las estimaciones preliminares indican que alcanza al 97% de los clientes.
  • El Banco Central planea investigar préstamos a empresas vinculadas a los propietarios y otras irregularidades detectadas durante una inspección.

 

 

El Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank durante la madrugada del martes 3 de noviembre, después de que el indicador de solvencia de la entidad cayera por debajo de la mitad del mínimo exigido por la ley. La decisión afecta a un prestamista digital con cerca de 3 millones de clientes y expone a revisión cientos de millones de dólares en fondos públicos depositados en el banco.

La intervención abre una etapa de resolución distinta de una quiebra tramitada ante los tribunales: el regulador puede trasladar los depósitos a entidades más sólidas antes de liquidar los activos restantes para pagar a los acreedores. Sin embargo, los clientes dijeron que no podían acceder a sus cuentas mediante la aplicación, mientras la policía montaba guardia frente a sucursales como precaución ante posibles disturbios.

Una intervención por el deterioro de la solvencia

El directorio del Banco Central votó por unanimidad el lunes para someter a Ueno Bank al proceso de resolución. El regulador explicó que el índice de solvencia, que compara el capital de una entidad con sus activos ponderados por riesgo, había caído a menos de la mitad del piso legal, una señal que llevó a tomar el control de la institución.

El presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, dijo el martes que había firmado una carta de renuncia, aunque permanecería en el cargo por el momento para supervisar la intervención. Según sus declaraciones, el banco central necesita calma para cumplir esa tarea, en medio de la inquietud de los clientes y del escrutinio sobre el vínculo entre el prestamista y el gobierno.

La resolución permite a los reguladores transferir depósitos a bancos más estables y luego liquidar los activos restantes para atender las obligaciones con acreedores. El Banco Central afirmó que designará funcionarios para tomar el control de Ueno, determinar el valor de sus activos y protegerlos durante el proceso; también sostuvo que los problemas están concentrados en esta entidad y no afectan al sistema financiero en su conjunto.

Ueno afirma que atiende a unos 3 millones de clientes, una cifra equivalente aproximadamente al 60% de la población adulta paraguaya. La entidad administra entre USD $800 millones y USD $850 millones de dinero público, incluidos cerca de USD $380 millones invertidos por el Instituto de Previsión Social (IPS), el fondo estatal de pensiones y salud, de acuerdo con la información citada por la agencia AP.

Depósitos, garantía y recursos estatales

El regulador garantiza hasta 228 millones de guaraníes paraguayos por depositante, equivalentes a unos USD $38.000, mediante un fondo del Banco Central. La ley bancaria establece que el pago debe realizarse dentro de 15 días, con la posibilidad de una extensión por otros 15, y estimaciones preliminares citadas por el miembro del directorio Marco Aurelio González indican que la cobertura alcanzaría a cerca del 97% de los depositantes de Ueno.

La garantía no resuelve automáticamente qué ocurrirá con los saldos superiores a ese límite. El Banco Central no prometió el reembolso íntegro de esos montos y dijo que buscaría ofrecer la mayor protección posible; la recuperación dependerá del resultado de la resolución y de una eventual liquidación, explicó Gladys Vera, gerente de finanzas del IPS.

Vera señaló que los jubilados recibirían sus pagos habituales durante ese mes porque los recursos destinados a cubrir las pensiones mensuales estaban en otro banco. No obstante, el IPS buscaría recuperar legalmente su inversión en Ueno y encontrar otra entidad para atender a los 32.000 jubilados que cobran sus pensiones a través del banco intervenido.

La cantidad de recursos públicos comprometidos había adquirido relevancia antes de la intervención. ABC Color, el principal periódico paraguayo, informó que agencias gubernamentales y fondos estatales habían ingresado dinero en Ueno, citando registros del Ministerio de Hacienda; el mes anterior, el presidente del banco, Juan Manuel Gustale, había dicho que los fondos públicos representaban aproximadamente una cuarta parte de sus depósitos.

Vínculos políticos e investigación regulatoria

La intervención reavivó cuestionamientos sobre la relación entre Ueno, el presidente Santiago Peña y el Grupo Vázquez, conglomerado propietario del banco. Peña continuó como socio comercial del grupo hasta marzo de 2025, aunque Ueno sostiene que nunca fue accionista ni inversor; el presidente había rechazado repetidamente las inquietudes sobre las finanzas del prestamista y acusó a los medios de alimentar el temor público.

El nombramiento de Carvallo al frente del Banco Central también había generado críticas, porque antes había dirigido la entidad crediticia y Peña lo eligió para el cargo regulatorio. El Banco Central ha dicho que Carvallo se apartó de las decisiones relacionadas con Ueno, pero el episodio convirtió el manejo de la supervisión en parte de la controversia política alrededor del banco.

Carvallo dijo que los reguladores habían advertido inicialmente sobre préstamos de Ueno a compañías vinculadas con sus propietarios. Los bancos enfrentan límites estrictos para este tipo de operaciones porque pueden permitir que los dueños dirijan recursos de los depositantes hacia sus propios negocios; una inspección más profunda, agregó, encontró irregularidades más graves que el Banco Central planea reportar a las autoridades.

El regulador anunció que investigará quiénes fueron responsables del deterioro y que podría imponer sanciones. Carvallo también responsabilizó a reportes recientes de prensa por acelerar el colapso, una afirmación suya que no sustituye los hallazgos de la investigación ni resuelve las dudas sobre las operaciones financieras de la entidad.

Consecuencias para el gobierno y el partido oficialista

La crisis tuvo efectos inmediatos en la agenda presidencial: la oficina de Peña informó el lunes que canceló un viaje previsto a una cumbre internacional en España y mencionó prioridades internas sin ofrecer más detalles. La noticia llegó mientras los clientes intentaban conocer el estado de sus cuentas y el Banco Central preparaba la toma de control de la entidad.

El episodio también repercutió en el Partido Colorado, la fuerza política dominante del país. El vicepresidente Pedro Alliana, quien buscaba la nominación partidaria para las elecciones de 2028, anunció el lunes que pondría en pausa su candidatura y vinculó la decisión con la crisis financiera de Ueno.

Alliana dijo a una radio local que, si el partido no ordenaba su propia casa, no habría proyecto presidencial. La pausa no equivale a una decisión definitiva sobre su candidatura, pero muestra cómo la intervención extendió sus consecuencias desde el sector financiero hasta la disputa política dentro del oficialismo.

Por ahora, el resultado para los depositantes dependerá de las medidas que adopte el Banco Central, de la valoración de los activos y de cuánto pueda recuperarse mediante una eventual liquidación. La prioridad declarada del regulador es proteger los ahorros y evitar perturbaciones en otras entidades, aunque los saldos por encima de la garantía y la inversión pública del IPS siguen sujetos al desenlace del proceso.

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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.

 


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