Por Canuto  

La Procuración General de Argentina capacitó a fiscales y funcionarios para rastrear, analizar y confiscar activos virtuales, una respuesta al creciente uso de criptomonedas en investigaciones como LIBRA y Rainbowex.

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  • La Procuración General dictó un curso especializado sobre análisis financiero, rastreo, detección y confiscación de activos virtuales.
  • Los participantes estudiaron billeteras, blockchains, exchanges, marcos legales y procedimientos para congelar fondos digitales.
  • Las investigaciones de LIBRA y Rainbowex muestran cómo las autoridades argentinas ya siguen millones de dólares en USDT y otras operaciones cripto.

 

 

La Procuración General de Argentina, órgano que integra el Ministerio Público Fiscal, capacitó a fiscales, funcionarios, empleados y magistrados para investigar el recorrido de los activos virtuales y aplicar medidas sobre fondos digitales.

El entrenamiento responde a una realidad cada vez más visible en el país: las criptomonedas aparecen en investigaciones financieras y penales que exigen combinar técnicas tradicionales con análisis de blockchain.

El Ministerio Público Fiscal informó que el curso especializado se tituló “Activos Virtuales: Análisis Financiero, Rastreo, Detección e Retención” y formó parte de su programa académico opcional. Las sesiones se realizaron de manera remota el 19 de agosto y el 2 de septiembre, bajo la dirección de Carmen Chena, abogada especializada en controles contra el lavado de dinero.

Una capacitación enfocada en billeteras y medidas cautelares

El programa estuvo restringido a empleados, funcionarios y magistrados de la institución, quienes recibieron contenidos técnicos para actuar cuando una investigación involucra criptomonedas. Las sesiones abordaron el análisis financiero y patrimonial de billeteras digitales, el seguimiento de transacciones y los procedimientos disponibles para restringir, congelar o retener fondos virtuales.

La capacitación comenzó con una revisión de los cambios que introdujeron los activos virtuales en los métodos de recuperación de bienes. Luego avanzó hacia la estructura del ecosistema cripto, las características de las billeteras y las dificultades que surgen cuando el dinero pasa entre distintas redes, protocolos y plataformas de intercambio.

Los asistentes también estudiaron el marco jurídico interno de Argentina y las normas internacionales aplicables a los activos virtuales. Mediante casos prácticos, el curso mostró cómo pueden utilizarse medidas cautelares durante una investigación, especialmente cuando existe el riesgo de que los fondos sean transferidos rápidamente o divididos entre múltiples direcciones.

El MPF cumple un papel independiente dentro del sistema de justicia argentino y tiene entre sus responsabilidades dirigir investigaciones penales públicas. En ese contexto, la formación busca que los equipos puedan interpretar movimientos en la cadena de bloques, relacionar direcciones con personas o entidades y solicitar información adicional a intermediarios que conservan registros de sus clientes.

El caso LIBRA expone la complejidad del rastreo

La investigación vinculada con LIBRA constituye uno de los ejemplos recientes del trabajo técnico que deben realizar los investigadores argentinos. En julio, un juez ordenó identificar a las personas detrás de 25 billeteras relacionadas con el denominado Libra Team y dispuso el congelamiento de los activos asociados con esas direcciones, según reportes sobre la causa.

Los investigadores reconstruyeron movimientos por millones de dólares a través de varias redes blockchain, una tarea que exige seguir el dinero incluso cuando abandona la cadena en la que se originó. Un informe del Departamento Técnico de Ciberdelitos de la Policía Federal Argentina determinó que cuatro de las ocho billeteras identificadas como pertenecientes al Libra Team habían concentrado fondos en una sola dirección.

Las autoridades rastrearon después una transferencia de USDT 498.539 realizada mediante un protocolo cross-chain hacia una billetera en la red Tron. La dirección receptora dividió ese monto en 17 operaciones, mientras los investigadores identificaban movimientos relacionados con Binance, Bybit, OKX y Bitfinex.

El tribunal solicitó a esas plataformas y a otros actores información de conocimiento del cliente, direcciones IP, historiales de transacciones y cualquier otro registro útil para determinar quién estaba detrás de las operaciones. El pedido evidencia que el análisis on-chain rara vez basta por sí solo: para convertir una dirección en una pista personal, los fiscales necesitan combinar datos públicos de la blockchain con registros privados de los exchanges.

La pesquisa se originó en el lanzamiento de LIBRA en febrero de 2025, después de que el presidente argentino Javier Milei promoviera el token en sus redes sociales. El precio subió con rapidez tras esa publicación y luego se desplomó, un movimiento temporalmente asociado con la promoción, aunque esa secuencia por sí sola no demuestra que la publicación haya sido la causa exclusiva ni confirma una responsabilidad penal.

El Presidente Milei promocionó LIBRA

Milei difundió información sobre LIBRA en sus redes sociales el 14 de febrero de 2025, según reportes sobre el caso, y el token registró posteriormente un rápido aumento de precio seguido de una fuerte caída.

La visibilidad obtenida tras la publicación pudo haber contribuido al repunte inicial y a la posterior volatilidad, pero la información disponible no permite establecer una relación causal definitiva ni identificar un único motivo para el desplome.

Los fiscales revisaron registros telefónicos que mostraron siete llamadas entre Milei y un empresario relacionado con LIBRA alrededor de la fecha de la publicación. La información disponible no establece qué se conversó durante esas comunicaciones, y Milei ha negado cualquier irregularidad al sostener que su participación se limitó a compartir información sobre un proyecto privado que, según entendía, buscaba apoyar la economía argentina.

La investigación judicial continúa examinando relaciones financieras, comunicaciones y transacciones asociadas con LIBRA, por lo que combina documentos convencionales con actividad registrada en blockchain. En casos de este tipo, los equipos deben establecer vínculos entre direcciones, seguir activos cuando cruzan distintas redes y obtener datos de clientes cuando el dinero pasa por exchanges centralizados.

Rainbowex y los antecedentes de congelamiento

La Justicia argentina ya había utilizado herramientas de rastreo y restricción de activos digitales antes de la causa LIBRA. En diciembre de 2024, durante una investigación sobre Rainbowex, las autoridades retuvieron y congelaron una billetera que contenía varios millones de dólares en USDT. Algunos reportes situaron el monto en aproximadamente USD 3,5 millones, mientras otros informaron una cifra cercana a USD 3 millones.

Las autoridades congelaron billeteras de criptomonedas y cuentas bancarias conectadas con el caso, mientras expertos de la plataforma argentina Lemon y de las firmas de análisis forense blockchain Chainalysis y Qlue colaboraron en el seguimiento de los fondos. La participación de especialistas externos mostró la necesidad de combinar conocimiento jurídico, análisis de datos y herramientas capaces de visualizar operaciones en distintas redes.

Como parte de la investigación de Rainbowex, se realizaron más de 15 allanamientos en diferentes puntos de Argentina. Reportes sobre el caso informaron de al menos cuatro detenidos, además de dos personas señaladas como prófugas internacionales. Las autoridades también trabajaron con Interpol para localizar a personas de Malasia sospechadas de participar en la creación y operación de la plataforma.

Rainbowex ofrecía a los inversores rendimientos diarios de entre 1% y 2% y, según la investigación, la supuesta estafa afectó a personas de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires. El caso ilustra por qué el rastreo de stablecoins puede adquirir relevancia probatoria cuando una estructura de inversión recibe depósitos, redistribuye fondos y deja un registro permanente de sus movimientos.

Los tribunales argentinos también han intervenido en disputas relacionadas con la recuperación de criptomonedas custodiadas o transferidas mediante plataformas. En 2022, un tribunal ordenó a Binance devolver BTC a una víctima de robo, una decisión que representó otro contacto directo entre el sistema judicial y activos digitales administrados por un exchange.

Más uso cripto y mayor supervisión local

La formación del MPF ocurre mientras el uso de criptomonedas mantiene una presencia significativa en Argentina. Datos publicados por a16z Crypto el 30 de agosto, con cifras de Artemis, estimaron que las stablecoins representaron 94% del volumen de trading de criptomonedas denominado en pesos.

El mismo análisis calculó que aproximadamente uno de cada cinco argentinos utiliza criptomonedas y señaló que las descargas de las 15 principales aplicaciones cripto del país aumentaron 93% durante 2024 frente al año anterior. Una mayor actividad no implica por sí misma una conducta ilícita, pero amplía el número de operaciones que pueden aparecer en investigaciones sobre fraude, lavado de dinero o recuperación de activos.

En paralelo, Argentina formalizó un marco de supervisión más definido para las empresas que prestan servicios con activos virtuales. La Comisión Nacional de Valores mantiene el registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, mientras las compañías incorporadas deben cumplir obligaciones vinculadas con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Las firmas registradas también enfrentan deberes de reporte y cumplimiento ante la Unidad de Información Financiera y otras autoridades pertinentes. Bitget, por ejemplo, obtuvo en junio el registro VASP en Argentina, incorporándose al esquema regulatorio nacional para proveedores de servicios de criptomonedas.

La expansión del sector alcanza además a grupos financieros tradicionales que desarrollan productos digitales. En julio, BIND Group y Petersen Group trabajaban por separado en stablecoins denominadas en pesos mediante sus negocios de activos digitales, con posibles usos en pagos programables, tesorería, gestión de garantías y liquidación on-chain.

Para los fiscales, ese ecosistema más amplio implica investigar operaciones que pueden involucrar bancos, exchanges, emisores de stablecoins, protocolos cross-chain y varias blockchains al mismo tiempo. La capacitación busca precisamente reducir la brecha entre la velocidad con que se mueven los fondos digitales y la capacidad institucional para detectarlos, documentarlos y someterlos a control judicial.

El desafío no consiste únicamente en observar una transacción, sino en demostrar qué significa dentro de una investigación y quién controla cada dirección. Con LIBRA, Rainbowex y otros antecedentes, la Justicia argentina está acumulando experiencia en un terreno donde la evidencia pública de la blockchain debe dialogar con órdenes judiciales, registros KYC y cooperación internacional.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.

 


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