Por Canuto  

La Asamblea Nacional venezolana aprobó por unanimidad una reforma que permite la participación privada en el sector eléctrico, golpeado por apagones y una generación insuficiente. La norma contempla concesiones de hasta 25 años y busca ampliar la oferta, mientras el gobierno sostiene que el Estado seguirá subsidiando el servicio para los hogares más vulnerables.
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  • La reforma permite que empresas privadas generen electricidad y la suministren a cambio de una tarifa fijada; las concesiones podrán extenderse hasta 25 años, según EFE.
  • La generación estatal ronda los 12.000 megavatios, frente a una demanda que alcanzó los 16.400 megavatios en septiembre.
  • La apertura eléctrica se suma a los cambios en minería y petróleo, sectores que Venezuela también abrió a la inversión privada.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad una reforma para permitir la inversión privada en el sector eléctrico, una decisión que busca responder al deterioro de la red y a los apagones que afectan distintas zonas del país. La medida abre la posibilidad de que empresas privadas generen electricidad y la suministren a cambio de una tarifa fijada. El gobierno sostiene que el Estado mantendrá subsidios para proteger a los hogares más vulnerables.

La decisión llega en un contexto de cambios económicos impulsados por la líder interina Delcy Rodríguez desde la salida de Nicolás Maduro del poder en enero, que el reporte atribuye a una intervención promovida por Estados Unidos. Según informó Yahoo News con material de AFP, Rodríguez ha atendido los llamados de Washington para abrir a la inversión extranjera industrias que habían sido nacionalizadas, entre ellas los sectores petrolero, minero y ahora eléctrico.

Una reforma ante el deterioro de la red

El legislador opositor Antonio Ecarri defendió la necesidad de modificar las reglas vigentes y vinculó la iniciativa con el colapso de la red estatal. Ante AFP, calificó de desastrosa la política que, en su opinión, resultó de la ley anterior; su declaración expresa una crítica política, mientras que la aprobación unánime de la reforma constituye el hecho legislativo central de la jornada.

La red eléctrica fue nacionalizada en 2007 y, desde entonces, años de falta de inversión y mala gestión han contribuido a graves escaseces de energía, según la información publicada. El deterioro no se limita a regiones alejadas: el reporte indica que los apagones prolongados alcanzan también zonas de Caracas, lo que convierte la disponibilidad de electricidad en un problema cotidiano para residentes de la capital y del interior.

Nuris Medina, una abogada de 66 años que vive en las afueras de Caracas, describió cortes diarios en su zona y advirtió que la situación es aún más difícil fuera de la capital. Su testimonio pone rostro a una crisis que las cifras de generación no reflejan por completo: los cortes afectan las rutinas de los hogares y, de acuerdo con la residente, golpean con mayor fuerza a personas que viven en otras partes del país.

La reforma abre una vía distinta a la prestación exclusiva desde una empresa estatal, pero el anuncio por sí solo no equivale a una recuperación inmediata de la red. La iniciativa plantea permitir que nuevos generadores aporten electricidad al sistema, mientras las necesidades de inversión, la disponibilidad de energía y la continuidad del servicio siguen siendo los desafíos de fondo descritos en la noticia.

Generación por debajo de la demanda

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy Rodríguez, explicó que la nueva norma permitiría que un privado genere electricidad y la suministre a cambio de una tarifa fijada. La propuesta apunta a elevar la oferta disponible. Según EFE, las concesiones a empresas privadas podrán otorgarse por un plazo máximo de 25 años.

El legislador también insistió en que el Estado continuará subsidiando el servicio, sobre todo para los sectores más vulnerables. Esa promesa señala que la apertura no supone, según lo expresado en la sesión, abandonar el apoyo público a los usuarios con menos recursos; al mismo tiempo, la coexistencia de generadores privados y subsidios estatales será un elemento relevante de la aplicación de la reforma.

La generación estatal se estima en alrededor de 12.000 megavatios, una capacidad muy inferior a la necesaria para satisfacer la demanda. Esta última alcanzó los 16.400 megavatios en septiembre, una diferencia de 4.400 megavatios entre la producción estimada y el nivel de consumo citado, que ayuda a dimensionar el reto de ampliar la oferta.

La comparación no permite concluir por sí sola cuánto aportará la inversión privada ni cuándo podrían reducirse los apagones. Sí muestra la magnitud de la brecha que la reforma busca enfrentar: para mejorar el suministro, el país necesita acercar la generación a la demanda, además de atender el deterioro acumulado de una infraestructura que ha sufrido años de falta de inversión y mala gestión.

Electricidad, petróleo y apertura económica

La apertura eléctrica forma parte de un giro más amplio que también abarca la minería y el petróleo, sectores que la administración de Rodríguez ha abierto a la inversión privada. La conexión entre esas actividades es especialmente importante para la industria petrolera, ya que la electricidad es un insumo necesario para que sus operaciones funcionen, como subrayó el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

Caracas firmó en septiembre un acuerdo petrolero de gran escala con Washington que, según el reporte, concede acceso a más de 65.000 millones de barriles, casi el 20% del petróleo de Venezuela. El país posee las mayores reservas probadas del mundo, de acuerdo con la información publicada, por lo que el pacto sitúa el suministro eléctrico dentro de una agenda que también busca reactivar la actividad petrolera.

Durante un viaje a Venezuela para presenciar la firma del acuerdo, Wright destacó la importancia de reparar el sistema eléctrico y señaló que el sector petrolero también necesita energía para operar. El funcionario expresó optimismo sobre la posibilidad de volver a utilizar la infraestructura eléctrica existente y planteó que podría recuperarse mediante un plan de cinco años; su comentario fue una expectativa, no una confirmación de que la recuperación ya esté en marcha.

La reforma deberá traducir la autorización legislativa en más generación y un servicio menos vulnerable a los cortes, sin dejar de lado los subsidios que Jorge Rodríguez dijo que continuarían. La noticia no presenta un calendario de aplicación ni resultados concretos de nuevos proyectos privados, de modo que el efecto inmediato que sí queda claro es el cambio legal: Venezuela abre su red eléctrica a la inversión privada mientras enfrenta una brecha considerable entre generación y demanda.


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