Estados Unidos y funcionarios venezolanos analizan liberar miles de millones de dólares en activos congelados para financiar la reconstrucción tras dos terremotos, mientras Washington intenta proteger sus intereses petroleros y evitar nuevos desembolsos públicos.
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- Venezuela enfrenta daños estimados en USD $19.600 millones y casi 5.400 muertes tras los terremotos del 24 de junio.
- El país conserva unos USD $4.200 millones en Derechos Especiales de Giro y busca recuperar alrededor de 30 toneladas de oro en el Banco de Inglaterra.
- La respuesta al desastre debilitó a Delcy Rodríguez, mientras Estados Unidos impulsa conversaciones sobre una eventual transición electoral.
🚨 Estados Unidos analiza desbloquear USD $4.200 millones de activos venezolanos tras devastadores terremotos.
Venezuela enfrenta daños estimados en USD $19.600 millones y 5.400 muertes.
La liberación de fondos podría asistir en la reconstrucción sin afectar el presupuesto… pic.twitter.com/ZEB2Q8FJD1
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La administración de Donald Trump y funcionarios venezolanos exploran mecanismos para desbloquear miles de millones de dólares en activos congelados en el extranjero. El objetivo consiste en financiar la recuperación de Venezuela después de dos terremotos sin imponer una carga adicional significativa a los contribuyentes estadounidenses.
El plan pretende apoyar al gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez sin superar ampliamente los USD $386 millones que Washington ya comprometió. Personas familiarizadas con las conversaciones describieron el proceso bajo condición de anonimato, porque no tienen autorización para hablar públicamente, según reportó Bloomberg este viernes.
Venezuela mantiene restricciones para acceder a fondos depositados en el Fondo Monetario Internacional, oro custodiado por el Banco de Inglaterra y varias cuentas offshore. La liberación de esos recursos podría ofrecer liquidez inmediata para atender la emergencia y comenzar proyectos de infraestructura.
Los terremotos provocaron daños por USD $19.600 millones en edificios e infraestructura, según el Banco Mundial. El desastre ocurrió el 24 de junio y dejó casi 5.400 muertes, además de miles de personas heridas que necesitarán atención durante un proceso de recuperación que podría extenderse por años.
El secretario de Estado Marco Rubio afirmó el 19 de julio que Estados Unidos haría más, aunque también recalcó que los venezolanos tendrían que hacer su parte. Según Rubio, Washington intenta ayudar al país a recuperar acceso al financiamiento global y al crédito para reconstruir.
Las autoridades estadounidenses todavía esperan una estimación completa del costo de la reconstrucción. Rubio advirtió que la factura será sustancial, tanto por la remoción de escombros como por la construcción de nuevas instalaciones y servicios.
DEG, oro y cuentas offshore concentran la atención
El gobierno de Rodríguez ya retiró USD $346 millones de fondos propios mantenidos en reservas del FMI. La operación solo fue posible después de que Venezuela restaurara sus vínculos con el organismo, con respaldo de Estados Unidos.
Venezuela todavía conserva cerca de USD $4.200 millones en Derechos Especiales de Giro, conocidos como DEG. Estos activos pueden intercambiarse con otro miembro del FMI, o con un grupo de países, por dólares y otras monedas.
El uso de los DEG tiene un costo financiero que puede complicar las decisiones del gobierno venezolano. El titular debe pagar intereses sobre la diferencia entre sus tenencias y las asignaciones recibidas, lo que reduce la conveniencia de convertir todo el saldo de inmediato.
Otro activo central son unas 30 toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra. Estados Unidos relajó el 14 de abril una sanción vigente durante siete años contra el banco central venezolano y otras instituciones estatales, una medida que debería facilitar que Caracas recupere el control sobre ese metal.
El oro continúa involucrado en una disputa judicial vinculada con el reconocimiento británico de un gobierno opositor después de una elección controvertida celebrada en 2018. El Banco de Inglaterra no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el caso.
Además de los DEG y el oro, funcionarios evalúan cuentas offshore mantenidas en bancos de distintas partes del mundo. Esos depósitos podrían contener cientos de millones de dólares, aunque el monto exacto y las condiciones para acceder a ellos no están definidos públicamente.
La liberación de los fondos enfrenta un obstáculo adicional: Washington quiere supervisar cuidadosamente cómo Venezuela utiliza su dinero. Personas familiarizadas con el asunto señalaron que la historia de corrupción y desperdicio del país explica por qué la distribución de recursos avanza de forma lenta y metódica.
Petróleo, influencia política y riesgos para la transición
La estrategia estadounidense combina la emergencia humanitaria con intereses económicos de largo plazo. La reconstrucción podría establecer las condiciones para el crecimiento económico, una mayor estabilidad política y nuevos proyectos petroleros y de infraestructura para empresas estadounidenses.
Washington calcula que compañías privadas podrían invertir hasta USD $100.000 millones durante la próxima década para revitalizar la industria petrolera venezolana. El sector permanece deteriorado, pero Trump ha sostenido que una mayor producción beneficiaría tanto a Venezuela como a Estados Unidos.
Incluso después de los terremotos, funcionarios venezolanos presionan para cerrar acuerdos destinados a reactivar la producción de crudo. La disponibilidad de financiamiento, la seguridad jurídica y el control sobre los ingresos petroleros serán factores decisivos para atraer esas inversiones.
La administración Trump también ha entregado ayuda mediante grupos internacionales como Catholic Relief Services y Unicef. Los envíos incluyen suministros como kits de higiene para los sobrevivientes, mientras el personal estadounidense participa en tareas de recuperación y asistencia.
Alrededor de 1.000 militares estadounidenses permanecen en Venezuela después del despliegue posterior al terremoto. Sin embargo, Trump ha evitado comprometer tropas en una presencia prolongada y mantiene su rechazo a las inversiones financieras asociadas con ocupaciones extensas como las de Irak y Afganistán.
Benjamin Gedan, investigador sénior y director del Programa de América Latina del Stimson Center, describió el reto de Trump como presentar a Venezuela como un cajero automático y no como un caso de caridad. La devastación reciente y los problemas preexistentes del clima de inversión complican ese mensaje.
Kimberly Breier, quien fue secretaria asistente de Estado para asuntos del hemisferio occidental durante la primera administración de Trump, afirmó que Washington busca reducir el uso de fondos de sus contribuyentes. También señaló que cualquier apoyo debería pagarse a largo plazo, sin representar un giro hacia la construcción de naciones.
La presión sobre Delcy Rodríguez crece después del desastre
Los terremotos golpearon la posición política de Rodríguez, cuya administración recibió críticas por una respuesta de emergencia lenta y vacilante. Familias afectadas responsabilizaron a la presidenta interina y al movimiento chavista, que ha gobernado Venezuela durante dos décadas.
La desaprobación de Rodríguez subió a 63,3% en junio, casi cinco puntos porcentuales por encima del registro de mayo. Casi dos tercios de los encuestados también desaprobaron la gestión gubernamental ante los terremotos.
El 45,7% de los consultados afirmó que elegir un nuevo presidente debía tener prioridad sobre la reconstrucción. En contraste, el 32,6% prefirió concentrarse primero en reparar los daños causados por el desastre.
La debilidad interna de Rodríguez podría aumentar la capacidad de negociación de Washington. James Bosworth, fundador de la consultora de riesgo político Hxagon, dijo que la respuesta al terremoto mostró que el gobierno venezolano necesita y desea una alianza con Estados Unidos.
Bosworth añadió que Rodríguez busca más apoyo, ayuda, financiamiento e incluso cooperación militar estadounidense. También advirtió que Trump tiene antecedentes de cambiar de opinión y abandonar una estrategia cuando las condiciones se vuelven desfavorables.
Estados Unidos apoya diálogos renovados entre el gobierno y al menos una parte de la oposición venezolana. Las conversaciones están programadas para comenzar el 1 de agosto entre la Asamblea Nacional elegida democráticamente en 2015 y la legislatura actual.
Michael Kozak, funcionario superior del Departamento de Estado para asuntos del hemisferio occidental, afirmó ante el Senado que el objetivo consiste en establecer condiciones para elecciones creíbles, libres y justas. El proceso, sin embargo, no incluye hasta ahora a María Corina Machado.
Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz y considerada la líder opositora más popular, vive fuera de Venezuela desde que viajó para recibir el premio antes de la destitución de Nicolás Maduro. Sus intentos de regresar fueron obstaculizados por funcionarios locales que trabajan con Estados Unidos.
Marco Rubio declaró el 23 de julio en Manila que correspondería a los venezolanos decidir si Machado desempeña un papel en la transición política. Aun así, la calificó como un elemento importante y reconoció que cuenta con una base de apoyo relevante.
Rubio también señaló que una reconciliación duradera requiere una representación amplia de la sociedad venezolana. El funcionario advirtió que las transiciones políticas toman tiempo, especialmente después de tantos años de chavismo, la variante venezolana del socialismo.
David Smilde, profesor de sociología y especialista en Venezuela de la Universidad de Tulane, sostuvo que la mala respuesta oficial dejó a la población cansada de la cooperación estadounidense con Rodríguez. A su juicio, esa situación dificulta que Washington prometa de manera convincente un futuro mejor.
Un equilibrio entre ayuda, control y retorno económico
La discusión sobre los activos congelados refleja un dilema central para Washington. Estados Unidos quiere acelerar la ayuda para evitar un deterioro mayor, pero también pretende impedir que los recursos desaparezcan en redes de corrupción o en gastos sin supervisión.
El retraso en la liberación de fondos puede aumentar la presión sobre el presupuesto estadounidense. Cada semana sin financiamiento suficiente eleva la necesidad de asistencia externa para retirar escombros, reconstruir infraestructura y atender a las comunidades afectadas.
Al mismo tiempo, un mecanismo controlado podría permitir que Venezuela utilice recursos propios antes de solicitar nuevos préstamos o aportes internacionales. Esa fórmula encaja con la preferencia de Trump por limitar los compromisos directos de los contribuyentes.
La recuperación también puede convertirse en una herramienta para ordenar la relación económica bilateral. Si Venezuela recupera acceso a sus activos y reactiva su industria petrolera, las empresas estadounidenses podrían encontrar oportunidades en energía, transporte, construcción e infraestructura.
Sin embargo, la incertidumbre política continúa siendo un riesgo para cualquier inversión. La exclusión de Machado, el deterioro de la popularidad de Rodríguez y la disputa sobre el futuro electoral pueden afectar la confianza de los acreedores y de las compañías privadas.
La estrategia de Trump dependerá de si el gobierno venezolano logra contener el malestar social y demostrar capacidad administrativa. También dependerá de que los activos liberados lleguen a los sobrevivientes y no se conviertan únicamente en una fuente de influencia geopolítica.
La administración estadounidense deberá decidir, además, cuánto apoyo está dispuesta a brindar a Rodríguez. Si la situación política se vuelve adversa, Trump podría distanciarse del gobierno actual, incluso después de haber coordinado estrechamente con él desde la salida de Maduro el 3 de enero.
Por ahora, Washington intenta mantener una fórmula intermedia: ayudar a Venezuela a reconstruirse, proteger sus intereses económicos y evitar una ocupación costosa. El desenlace dependerá de la disponibilidad real de los fondos, de la supervisión y de la evolución de la transición política.
La prioridad inmediata sigue siendo la recuperación de las zonas destruidas por los terremotos. Pero detrás de esa emergencia se define también quién controlará los activos venezolanos, cómo se financiará el renacimiento petrolero y qué fuerza política conducirá al país.
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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA.
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