Por Canuto  

La FCC pidió desestimar la demanda de Disney contra la revisión temprana de ocho licencias de ABC, mientras grupos de vigilancia y 18 televidentes buscan intervenir para evitar un posible acuerdo que, según temen, limite la programación y el contenido político de las estaciones.

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  • La FCC sostiene que la revisión se refiere a presuntas prácticas ilegales de diversidad, equidad e inclusión y que aún no existe una decisión sobre las licencias.
  • Disney acusa a la agencia de emprender una campaña de censura y afirma que la investigación afecta sus decisiones editoriales antes de las elecciones.
  • Frequency Forward, Media Action Center y 18 televidentes quieren intervenir en el caso porque consideran que los intereses corporativos de Disney podrían no coincidir con los del público.

 

 

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos pidió a un tribunal federal desestimar la demanda presentada por Disney contra la revisión temprana de las licencias de ocho estaciones de radiodifusión propiedad de ABC.

La agencia sostiene que el procedimiento sigue abierto, que todavía no ha tomado una decisión y que necesita examinar evidencia relacionada con presuntas prácticas ilegales de diversidad, equidad e inclusión dentro de Disney.

El caso también abrió una disputa sobre quién puede defender el interés de los televidentes si la empresa y el regulador alcanzan un acuerdo. Frequency Forward, Media Action Center y 18 personas que ven habitualmente estaciones locales de ABC solicitaron intervenir, porque temen que un arreglo limite contenidos de las emisoras; Disney se opuso y argumentó que esos grupos no tienen un interés legal suficiente para participar.

La FCC defiende su investigación ante el tribunal

En una presentación ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, la FCC pidió el rechazo total de la demanda o, como alternativa, que el juez niegue la medida cautelar solicitada por Disney. Esa medida busca detener la revisión de licencias mientras avanza el litigio, pero la agencia afirma que bloquear el proceso administrativo impediría investigar acusaciones serias antes de analizar el expediente completo.

La comisión dijo que su procedimiento se ocupa únicamente de alegaciones de discriminación ilegal vinculadas con las políticas DEI de Disney. Según la presentación, las respuestas de la compañía a las solicitudes de información fueron deficientes y no respondieron adecuadamente a las preguntas, razón por la cual la agencia ordenó una revisión temprana de las licencias.

La FCC también sostiene que el tribunal de distrito carece de jurisdicción sobre el reclamo, ya que las órdenes de la comisión deben ser revisadas por tribunales federales de apelaciones. A juicio del regulador, permitir que Disney salte de inmediato al proceso judicial eliminaría los procedimientos administrativos antes de que la agencia haya visto y evaluado la voluminosa evidencia reunida.

Brendan Carr ha dicho que permanece abierto a la evidencia y a la ley, mientras la agencia insiste en que no ha decidido si renovará o no las licencias. La comisión añadió que, incluso si rechazara las solicitudes, las estaciones podrían seguir operando durante el período de vigencia de sus licencias y mientras Disney buscara una revisión judicial.

Disney vincula el proceso con una amenaza a la libertad de expresión

Disney presentó su demanda el 18 de agosto y acusó a la FCC de desplegar una campaña de censura en represalia por contenidos de ABC que no agradan al presidente Donald Trump. La compañía sostiene que la revisión regulatoria puede someter a la cadena a años de litigios costosos, mantener abierta la amenaza de sanciones y proyectar incertidumbre sobre cada decisión editorial.

La empresa afirma que el momento resulta especialmente delicado porque ABC debe definir su cobertura durante el período previo a las elecciones de este año. En su argumento, Disney señala que una eventual no renovación funciona como una amenaza corporativa permanente y que el daño a la cobertura informativa no podría repararse después mediante una compensación o una decisión judicial tardía.

La disputa se desarrolla mientras Carr ha criticado públicamente a ABC por los chistes de Jimmy Kimmel y por el contenido político de The View. Sin embargo, la FCC sostiene que la revisión de las ocho licencias no se basa en esos asuntos y se limita a las acusaciones relacionadas con las prácticas DEI de Disney, una separación que el tribunal tendrá que valorar junto con la cuestión de jurisdicción.

Trump continuó sus ataques contra medios durante el fin de semana pasado al exigir que la FCC castigara o reprendiera a una periodista de NBC por decir que sus respaldos electorales habían producido resultados mixtos. Ese episodio forma parte del contexto político que Disney invoca para describir el procedimiento como represalia, aunque la agencia mantiene que la investigación debe continuar con base en los hechos y la normativa aplicable.

Los grupos temen que Disney y la FCC lleguen a un acuerdo

Frequency Forward y Media Action Center sostienen que una eventual negociación entre Disney y la FCC podría resolver el conflicto entre las partes, pero no necesariamente proteger los intereses de quienes dependen de las estaciones locales de ABC. Por ello, pidieron intervenir junto con 18 televidentes, quienes afirman que cualquier compromiso que limite la programación o la cobertura política podría causarles un perjuicio directo.

Los grupos describieron a sus integrantes como organizaciones sin fines de lucro dedicadas a vigilar a la FCC y como espectadores habituales de las estaciones de ABC en sus mercados locales. Su argumento central es que Disney, ABC y sus emisoras tienen incentivos corporativos para preservar las licencias, mientras que el público busca proteger la integridad de la libertad de expresión y la disponibilidad de contenidos.

La petición recuerda que los intereses de una compañía no siempre coinciden con los de sus audiencias, incluso cuando ambas partes defienden formalmente la Primera Enmienda. Los solicitantes señalaron que Disney tiene deberes legales y fiduciarios hacia sus accionistas, por lo que podría aceptar condiciones regulatorias que una organización de interés público o un televidente consideraría perjudiciales.

El antecedente de diciembre de 2024 también alimenta la preocupación de los grupos. En ese momento, ABC aceptó pagar USD $15.000.000 para resolver una demanda presentada por Trump relacionada con declaraciones de George Stephanopoulos, un acuerdo que los solicitantes mencionan como evidencia de que una empresa de medios puede optar por cerrar una disputa antes que sostenerla hasta el final.

Disney rechaza la intervención y defiende su estrategia

Disney respondió que los grupos y televidentes no tienen un interés jurídicamente protegido, porque el daño que describen recaería sobre los demandantes y no sobre ellos mismos. La compañía también afirmó que la supuesta afectación al público constituye una queja general compartida por todos los espectadores, una categoría que, según su presentación, no basta para justificar la intervención formal en el caso.

La empresa añadió que Disney, ABC y las estaciones propiedad de ABC poseen incentivos suficientes para defender su derecho a no sufrir represalias ilegales. Desde su perspectiva, esas entidades combatirán con firmeza cualquier conducta censora y los grupos podrían presentar un escrito de amigo de la corte en la etapa procesal adecuada, sin convertirse en partes del litigio.

Art Belendiuk, abogado de los grupos que buscan intervenir, dijo que sus clientes continuarán exponiendo sus argumentos ante el tribunal. Según su declaración, la presión de la FCC ya habría obligado a Disney a modificar su cobertura y su programación, con un impacto sobre televidentes en todo Estados Unidos, mientras la compañía prioriza la preservación de sus licencias.

La posición de los grupos plantea una tensión poco habitual en una demanda de libertad de expresión: una empresa y sus audiencias pueden oponerse a la intervención estatal, pero no necesariamente compartir la misma estrategia para enfrentarla. El juez deberá decidir si esa diferencia basta para reconocer un interés independiente y si la participación de terceros ayudaría a evaluar las consecuencias públicas del conflicto.

La programación política queda bajo presión

Disney reconoció en su demanda que las acciones de la FCC ya influyeron en decisiones editoriales de ABC. La empresa afirmó que ahora debe evaluar las invitaciones a candidatos políticos considerando si una aparición futura podría ser citada por la comisión como fundamento para negar la renovación de las licencias de sus estaciones.

El punto se relaciona con un procedimiento separado de la FCC sobre la regla de tiempo igual y la exención para noticias genuinas de The View. La normativa estadounidense exige, en determinados supuestos, ofrecer oportunidades equivalentes a candidatos políticos, aunque contempla excepciones para programas informativos o de interés periodístico bajo ciertas condiciones.

Desde que la FCC inició ese procedimiento, The View no ha transmitido entrevistas con candidatos políticos. Disney presenta ese cambio como un ejemplo de autocensura inducida por la amenaza regulatoria, mientras que la agencia afirma que sus actuaciones buscan asegurar que los licenciatarios cumplan sus obligaciones legales vinculadas al uso del espectro.

El próximo paso dependerá de la decisión del juez sobre la moción de la FCC, la solicitud cautelar de Disney y la intervención de los grupos y televidentes. Según la información disponible sobre el expediente, el juez fijó una audiencia para el 6 de octubre. Mientras tanto, las ocho estaciones pueden continuar operando y la controversia seguirá combinando regulación de radiodifusión, libertad de expresión, supervisión administrativa e intereses corporativos en el período previo a las elecciones.

Ars Technica informó sobre la presentación de la FCC, la oposición de Disney y la petición de intervención formulada por los grupos de vigilancia. La resolución del tribunal determinará si el procedimiento regulatorio avanza sin interrupciones y si el público tendrá un asiento formal en la disputa.

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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.

 


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