Por Canuto  

Una investigación de InSight Crime describe cómo el ELN habría ampliado su control sobre rutas, laboratorios y territorios fronterizos entre Colombia y Venezuela, mientras niega participar directamente en el narcotráfico. El reportaje examina también la relación de conveniencia que, según sus fuentes, mantiene al grupo y a sectores del poder venezolano vinculados por intereses y protección.
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  • La ofensiva del ELN en el Catatumbo, intensificada en enero de 2025, habría reforzado la posición del grupo en una de las zonas cocaleras más productivas del mundo.
  • El grupo obtendría ingresos mediante el cobro de gramaje, pero fuentes citadas por la investigación también le atribuyen control de laboratorios y rutas transfronterizas.
  • La presencia del ELN en Venezuela, según el reportaje, le permitiría operar fuera del alcance de las fuerzas colombianas y mantener una relación de conveniencia con autoridades locales.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) habría ampliado su influencia sobre el negocio de la cocaína en la frontera entre Colombia y Venezuela, según una investigación de InSight Crime que describe un avance desde el cobro de impuestos a productores hasta el control de laboratorios y corredores de transporte. El grupo rechaza estar vinculado al narcotráfico, pero las fuentes consultadas por el medio sostienen que las drogas se han vuelto esenciales para financiar a varios de sus frentes.

La expansión tendría un componente territorial y otro logístico: el ELN consolidó su presencia en el Catatumbo colombiano y, de acuerdo con el reportaje, ha trasladado parte de sus operaciones al estado venezolano de Zulia. Esa combinación le permitiría intervenir en distintas etapas del comercio ilícito, desde la producción hasta el paso de cargamentos rumbo al Caribe y otros mercados internacionales.

Del rechazo ideológico al cobro de gramaje

El ELN nació en la década de 1960 como una organización marxista-leninista con raíces en la Teología de la Liberación. Su dirigencia ha presentado el narcotráfico como una contradicción ideológica, aunque esa postura se habría debilitado con el paso del tiempo ante la necesidad de financiar las operaciones de la guerrilla.

En un comunicado oficial emitido el 1 de septiembre, el comandante en jefe del grupo, Eliécer Erlinto Chamorro, conocido como «Antonio García», rechazó las alusiones de Gustavo Petro sobre la participación del ELN en el narcotráfico. «El ELN nunca ha estado vinculado al narcotráfico. En el futuro, todas estas mentiras se derrumbarán. Ese momento llegará», afirmó, según la cita reproducida en la investigación.

El reportaje señala que algunos frentes comenzaron a cobrar a campesinos que cultivan coca en territorios bajo control guerrillero. Ese gravamen, conocido como gramaje, sería presentado por el ELN como un impuesto limitado y no como participación directa en la compra, el procesamiento o el transporte de cocaína.

En julio, alias «Ricardo», comandante del Frente de Guerra Nororiental, dijo a The Times que el grupo cobraba «un pequeño impuesto» para resolver necesidades de alimentación y vestuario. Sin embargo, InSight Crime sostiene que las negativas públicas contrastan con la importancia que los ingresos del narcotráfico tendrían para varios frentes, en particular los que operan junto a la frontera colombo-venezolana.

Catatumbo y Zulia, un corredor estratégico

Controlar la frontera ofrece al ELN la posibilidad de influir sobre diferentes etapas del negocio, desde las zonas de cultivo hasta los corredores utilizados para trasladar la droga. La región concentra cultivos de coca, laboratorios de procesamiento y rutas de tráfico que conectan con mercados internacionales, una combinación que la convierte en un espacio especialmente disputado.

La ofensiva del grupo en el Catatumbo, que el reportaje sitúa en enero de 2025, habría reforzado su posición en una de las zonas productoras de coca más productivas del mundo. La crisis también tuvo un fuerte impacto humanitario: un reporte de situación de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) registró 51.938 personas forzadas a huir de sus territorios. Al otro lado de la frontera, en Zulia, el cultivo seguiría en una fase incipiente, pero fuentes citadas por la publicación aseguran que el ELN recluta campesinos venezolanos para cosechar coca en ambos lados de la línea limítrofe.

Gustavo Petro atribuyó la regulación del mercado y el control de los corredores fronterizos a la Estructura de Finanzas y Economías para la Revolución (EFER). Según esa descripción, la unidad funciona como brazo financiero del Frente de Guerra Nororiental en el Catatumbo y coordina operaciones en Colombia y Venezuela, desde la instalación de laboratorios hasta la canalización de fondos ilícitos.

La presión militar colombiana sería otro factor detrás del traslado de operaciones. La investigación afirma que los allanamientos contra laboratorios en Colombia han empujado a integrantes del ELN a instalar centros de procesamiento en zonas remotas de Venezuela, entre ellas Jesús María Semprún, donde el grupo actuaría como autoridad de facto.

Rutas de salida hacia el Caribe y Centroamérica

De acuerdo con el reportaje, la cocaína producida en Colombia puede atravesar territorios controlados por el ELN hasta llegar a Venezuela, donde se combina con la producción local antes de dirigirse a los mercados de consumo. La publicación describe rutas que atraviesan Zulia y utilizan el Lago de Maracaibo para alcanzar el mar Caribe.

También se mencionan salidas desde las costas de Falcón, con cargamentos que pasarían por Aruba, Bonaire y Curazao antes de continuar hacia Europa. Otros envíos se dirigirían más al este, con despachos desde zonas costeras de Carabobo y La Guaira hacia islas cercanas del Caribe, mientras algunas aeronaves partirían directamente de pistas clandestinas en Zulia rumbo a Centroamérica.

La investigación cita otras rutas posibles desde Venezuela: vuelos hacia las islas desde Apure y traslados por el río Orinoco. El cauce atraviesa Amazonas, Apure, Bolívar, Guárico y Anzoátegui, estados donde, según el reportaje, el ELN mantiene presencia en diversos puntos, antes de desembocar en el océano Atlántico.

Guajira, en el extremo norte de Zulia, ilustra el peso del control territorial y de las relaciones locales para sostener esas rutas. Los narcotraficantes habrían vuelto la mirada hacia el municipio porque otras vías se encarecieron debido a las tarifas que, según fuentes consultadas, exigen integrantes de las fuerzas de seguridad a cambio de permitir el paso de drogas.

Guajira y la relación de conveniencia con el poder

Un productor agrícola de Machiques de Perijá explicó a InSight Crime que transportar drogas se había vuelto casi imposible allí porque «todas las autoridades querían su parte». El reportaje sostiene que Guajira podría ofrecer una alternativa más barata: tiene una frontera extensa y porosa con Colombia, una población escasa y litoral sobre el Caribe.

La publicación vincula la expansión del ELN en Guajira con el abandono estatal y los abusos de las fuerzas de seguridad, factores que habrían favorecido una percepción de cuasi-legitimidad entre parte de la población. También sostiene que los leales a Nicolás Maduro dominan la política local, lo que reduciría los obstáculos para el grupo y permitiría que algunos dirigentes recurrieran a él durante las elecciones.

Múltiples fuentes dijeron al medio que Maicao, en el departamento colombiano de La Guajira, funciona como centro operativo desde el cual el ELN enviaría drogas hacia la Guajira venezolana. Además, el hallazgo reciente de un semisumergible parcialmente construido en un astillero artesanal de esa zona llevó a la investigación a plantear que el municipio podría servir como punto de partida de cargamentos hacia Europa.

El reportaje presenta el negocio de las drogas como parte de una relación mutuamente beneficiosa, aunque desigual, entre el ELN y el gobierno de Nicolás Maduro. El grupo pagaría en efectivo y mediante servicios por la protección necesaria para operar en Venezuela, mientras que su presencia también contribuiría, según la publicación, a mantener el orden en zonas donde el Estado tiene poca capacidad.

Entre los beneficios que la investigación atribuye al ELN está su capacidad de interferir en elecciones para favorecer a candidatos leales al partido de Maduro. Su presencia fronteriza también funcionaría como barrera y sistema de alerta ante una posible incursión desde Colombia, mientras los sobornos asociados al narcotráfico ayudarían indirectamente a sostener la lealtad de integrantes de las fuerzas de seguridad.

El llamado Cartel de los Soles, explica el reportaje, describe más una práctica extendida de corrupción que una organización narcotraficante estructurada. Bajo ese sistema, funcionarios podrían enriquecerse con sobornos o participar directamente en el negocio, en un contexto donde el gobierno venezolano tendría dificultades para pagar salarios dignos a miembros de las fuerzas armadas.

La investigación concluye que los intereses del ELN y del gobierno venezolano se superponen: el control de la cadena del narcotráfico permitiría que más ganancias ilícitas alimenten redes de corrupción, mientras un grupo armado más fuerte aportaría capacidad a un régimen sometido a falta de legitimidad interna y presiones geopolíticas. El objetivo atribuido al ELN sería convertirse en el actor criminal dominante a lo largo de la frontera y extender a Venezuela el modelo político de base que desarrolló durante seis décadas en Colombia.


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