El Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de EE.UU. anunciaron recompensas de hasta USD $50 millones en conjunto por información que conduzca al arresto o condena de tres presuntos líderes del Tren de Aragua. Los montos aumentaron para dos fugitivos y se estableció una oferta nueva para el tercero.
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- Yohan José Romero, conocido como Yohan Petrica, enfrenta una recompensa de hasta USD $20 millones; Giovanni Vicente Mosquera Serrano y Juan Gabriel Rivas Núñez, de hasta USD $15 millones cada uno.
- Los tres fueron acusados en el Distrito Sur de Texas por presuntos vínculos con el grupo, pero las acusaciones no equivalen a una condena y rige la presunción de inocencia.
- Las autoridades estadounidenses atribuyen a la organización delitos que incluyen narcotráfico, trata de personas y ataques de jackpotting contra cajeros automáticos.
Recompensas para ubicar a tres fugitivos
El Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciaron recompensas de hasta USD $50 millones en conjunto por información que permita arrestar o condenar a tres presuntos líderes del Tren de Aragua. Las ofertas buscan datos sobre Yohan José Romero, Giovanni Vicente Mosquera Serrano y Juan Gabriel Rivas Núñez, quienes, según las autoridades, se encuentran prófugos. El programa acepta información desde cualquier país, según la oferta publicada por el Departamento de Estado.
La recompensa de Romero, de 48 años y conocido como Yohan Petrica, subió de hasta USD $4 millones a un máximo de USD $20 millones. Para Mosquera Serrano, de 37 años, alias El Viejo, el monto pasó de hasta USD $5 millones a USD $15 millones; Rivas Núñez, de 44 años y conocido como Juancho, recibió una oferta nueva de hasta USD $15 millones.
Las tres cantidades suman el máximo anunciado por las agencias federales, aunque cada pago depende de información que contribuya a los resultados buscados por el programa. La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado administra las ofertas mediante su Programa de Recompensas por Crimen Organizado Transnacional, según el comunicado oficial.
El anuncio se dirige a una red de sospechosos que las autoridades estadounidenses describen como integrantes de la cúpula de la organización. Mosquera Serrano figura entre los diez fugitivos más buscados por el FBI, mientras que Romero y Rivas Núñez también son buscados por las autoridades. La convocatoria pide a quienes tengan información sobre su paradero que la comuniquen al FBI.
Acusaciones federales y presunción de inocencia
Los tres hombres fueron acusados en una segunda acusación complementaria de seis cargos presentada en 2025 en el Distrito Sur de Texas. El documento los señala por conspirar para proporcionar apoyo material al Tren de Aragua y por presuntamente haberlo proporcionado. En julio de 2026, según el material divulgado, se presentó una tercera acusación complementaria de nueve cargos que se dio a conocer esta semana.
Mosquera Serrano enfrenta además cargos relacionados con narcóticos: las autoridades lo acusan de conspirar para fabricar y distribuir cocaína, así como de distribución internacional de esa droga. El comunicado no presenta esos señalamientos como hechos probados, y una acusación formal constituye una alegación que debe resolverse ante los tribunales. Los tres acusados se presumen inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad.
Todd Blanche afirmó que, desde el regreso del presidente Donald Trump al cargo, el Departamento de Justicia ha acusado a más de 350 miembros y asociados del Tren de Aragua. Incluyó entre ellos a Romero, Mosquera Serrano y Rivas Núñez, y pidió que cualquier persona con información sobre el paradero de los tres contacte al FBI para ayudar a salvar vidas.
Aaron Reitz, identificado en el comunicado como fiscal federal del Distrito Sur de Texas, calificó a los tres acusados de monstruos y dijo que su oficina los procesará. También sostuvo que los mayores incentivos podrían ayudar a llevarlos a su distrito para que comparezcan ante la justicia. Sus comentarios expresan la postura de la fiscalía sobre el caso, no una determinación judicial de culpabilidad.
Una investigación transnacional sobre el grupo
El administrador de la DEA, Terrance Cole, presentó el anuncio como resultado de una coordinación y un intercambio de inteligencia sin precedentes entre organismos federales de aplicación de la ley. Thomas G. DiNanno, subsecretario de Estado, dijo que el secretario Marco Rubio ha descrito a grupos como el Tren de Aragua como la amenaza de seguridad más urgente del hemisferio. Ambas declaraciones enmarcan las recompensas como parte de una respuesta interinstitucional.
La investigación está encabezada por el FBI y la DEA, con participación del Departamento de Policía de Houston, la Oficina del Sheriff del Condado de Harris y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. También colaboran la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de Colombia. La dimensión internacional de ese equipo coincide con el alcance geográfico que las autoridades atribuyen a la organización.
El trabajo forma parte del Grupo de Trabajo Conjunto Vulcan, creado en 2019 para perseguir a la pandilla MS-13 y ampliado después para incluir al Tren de Aragua. También se vincula con la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional. El comunicado no detalla qué información específica aportaría cada agencia ni cómo se distribuirían eventuales recompensas entre quienes entreguen datos útiles.
Según el Departamento de Justicia, el Tren de Aragua surgió como una pandilla carcelaria en Venezuela a mediados de la década de 2000 y luego se extendió por el hemisferio occidental y hacia Estados Unidos. Las autoridades le atribuyen actividades como tráfico de drogas y armas, trata de personas con fines sexuales, secuestro, robo, fraude y extorsión; esos señalamientos describen la acusación oficial contra la organización, no una sentencia sobre cada integrante.
Los delitos que investigan las autoridades
Entre los métodos financieros atribuidos a la conspiración figura el jackpotting de cajeros automáticos, una modalidad de ataque que busca forzar la entrega de efectivo por parte de esas máquinas. El Departamento de Justicia sostiene que la investigación vinculó ataques o intentos de ataque en 47 estados, el Distrito de Columbia y varios países extranjeros. Según el comunicado, las operaciones permitieron sustraer millones de dólares en efectivo.
Ese señalamiento amplía el alcance de la pesquisa más allá de los delitos violentos y del narcotráfico mencionados en el caso. También muestra por qué las agencias reúnen equipos de distintos niveles y países: la información sobre presuntos ataques a cajeros y otros delitos puede involucrar jurisdicciones diferentes. El material oficial no identifica las entidades financieras afectadas ni ofrece un desglose del dinero presuntamente robado.
Las recompensas buscan incentivar la entrega de información que permita localizar a los tres acusados. El anuncio no confirma que las ofertas hayan producido arrestos ni anticipa cuándo podrían comparecer ante un tribunal.
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