Una encuesta a responsables de tecnología de grandes empresas en Estados Unidos y Reino Unido estima que 28% de sus presupuestos de software se destina a actualizaciones, migraciones y cambios de licencia no deseados. Muchos CIO creen que esas decisiones perjudican el rendimiento o el valor de sus sistemas, pero la dependencia de los proveedores limita su capacidad para rechazarlas.
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- El 95% de los encuestados dijo que su organización pagó, en los últimos tres años, por un cambio impulsado por un proveedor que creía que reduciría el rendimiento, la fiabilidad o el valor comercial.
- Los responsables de TI señalaron que estos ciclos consumen recursos que podrían destinarse a innovación, seguridad, recursos humanos e inversiones orientadas al cliente.
- El informe plantea negociar desde el inicio las condiciones de salida, aunque su patrocinador, Origina, ofrece mantenimiento independiente y tiene un interés comercial en esa alternativa.
Las grandes empresas dedican, en promedio, 28% de sus presupuestos de software a actualizaciones, migraciones y cambios de licencia que sus equipos de tecnología no necesariamente quieren. Una encuesta recogida por The Register encontró que muchos responsables de TI consideran que esas decisiones pueden reducir el rendimiento, la fiabilidad o el valor comercial de los sistemas que ya utilizan.
El resultado pone de relieve una tensión entre los planes de los proveedores y las prioridades internas de las empresas: los cambios pueden presentarse como parte de la continuidad del servicio, pero también absorben presupuesto y tiempo de ingeniería. La encuesta no identifica a una compañía específica como responsable de imponer esas decisiones; sí describe un problema extendido entre grandes organizaciones que dependen de software corporativo.
Una encuesta entre grandes empresas
El estudio reunió respuestas de 2.018 directores de información, conocidos como CIO, y otros responsables sénior de tecnología. Todos trabajaban en empresas con al menos 10.000 empleados y con ingresos anuales de USD $1.000 millones o más, por lo que sus resultados corresponden a organizaciones de gran escala y no necesariamente reflejan la situación de compañías pequeñas o medianas.
Aproximadamente la mitad de los participantes, 1.011 personas, residía en Estados Unidos; el resto trabajaba en el Reino Unido. Censuswide llevó a cabo la encuesta por encargo de Origina, una compañía que ofrece mantenimiento para diversos programas empresariales y que publicó los resultados bajo el título “The Software Tax”.
Ese vínculo comercial importa al interpretar las conclusiones: el informe presenta el mantenimiento independiente como una vía para que los responsables de tecnología recuperen control sobre sus presupuestos. El patrocinador, por tanto, tiene un interés en promover una alternativa a los servicios de los grandes proveedores, aunque la encuesta haya sido realizada por una firma de investigación externa.
La cifra central, 28% del presupuesto de software destinado a cambios no deseados, resume el costo económico que los participantes atribuyen a actualizaciones, migraciones y modificaciones de licencia. No equivale a una medición independiente de cada contrato empresarial, sino a una estimación reportada en un sondeo entre ejecutivos con responsabilidades de decisión en tecnología.
Los CIO dicen tener poco margen para negarse
El 95% de los encuestados afirmó que, durante los últimos tres años, su organización pagó por una actualización, migración o cambio de licencia impulsado por un proveedor que en ese momento consideraba capaz de reducir el rendimiento, la fiabilidad o el valor comercial. Más de la mitad, 53%, indicó que su empresa había aceptado ese tipo de decisión en más de una ocasión.
La encuesta también revela la percepción de una negociación desigual: 76% dijo que su organización tiene muy poco poder real frente a los proveedores, mientras 80% estuvo de acuerdo en que abandonar a los grandes vendedores provocaría una disrupción significativa. Ambas respuestas ayudan a explicar por qué algunas compañías aceptan cambios que sus propios equipos técnicos juzgan inconvenientes.
Tomás O’Leary, fundador y CEO de Origina y uno de los autores del informe, sostuvo que rechazar una actualización puede dejar sin soporte sistemas de los que depende la operación del negocio. En su interpretación, aceptar el cambio suele ser una decisión racional ante ese riesgo, pero esa falta de alternativas reduce el margen de maniobra de los líderes tecnológicos y traslada el costo a los presupuestos, al tiempo de ingeniería y a proyectos que no llegan a financiarse.
El informe no señala a proveedores concretos como responsables de forzar la mano de sus clientes. Sin embargo, todos los participantes afirmaron que sus empresas utilizaban, a escala significativa, al menos uno de estos proveedores: IBM, HCL, VMware/Broadcom o SAP; ese dato describe la composición de la muestra, no una acusación individual contra esas compañías.
El costo también se mide en proyectos aplazados
Los recursos que absorben las actualizaciones pueden desplazar otras prioridades empresariales. Entre las áreas que, según los encuestados, reciben menos financiación debido a estos costos figuran la innovación, mencionada por 36%; los recursos humanos, por 32%; la seguridad, por 31%; y las inversiones orientadas al cliente, también por 31%.
James McGlennon, CIO de Liberty Mutual, advirtió que un ciclo de actualización puede ocupar a los trabajadores técnicos más importantes durante la mayor parte de un año. Su argumento pone el foco en un costo menos visible que la factura del proveedor: durante ese periodo, especialistas que podrían impulsar proyectos diferenciadores dedican una parte considerable de su capacidad a ejecutar la transición.
La encuesta indica que 91% de los participantes apoyaría leyes que concedieran a las empresas protecciones comparables a las que reciben los inquilinos residenciales de largo plazo. Solo 1% se opuso a la propuesta, mientras el resto no expresó apoyo ni rechazo, una distribución que refleja un respaldo amplio a la idea de contar con salvaguardas frente a relaciones comerciales difíciles de abandonar.
Marshall Van Alstyne, coautor del informe y profesor de ciencias de la información en la Universidad de Boston, recomendó que los CIO negocien las condiciones de salida antes de iniciar una relación con un proveedor. La propuesta incluye acordar de antemano el costo de la asistencia para migrar y establecer límites para los precios de renovación y expansión, con el objetivo de reducir la incertidumbre si la empresa decide cambiar de solución.
El sondeo no determina qué proveedor impuso cada modificación ni ofrece una comparación detallada entre contratos, por lo que sus cifras deben leerse como las percepciones declaradas por los ejecutivos participantes. Aun con esa limitación y el interés comercial de su patrocinador, el estudio expone una preocupación concreta: cuando cambiar de sistema implica una interrupción significativa, la empresa puede tener que elegir entre aceptar una actualización que no desea o afrontar el riesgo de perder soporte.
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