Por Canuto  

El Home Office del Reino Unido prepara una nueva contratación de nube pública cuyo valor estimado supera GBP £1.000 millones con IVA incluido. La cifra casi duplica el contrato que AWS obtuvo en 2023 y llega mientras crecen las preocupaciones por la dependencia británica de proveedores tecnológicos estadounidenses.
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  • El aviso de planificación estima el próximo contrato en GBP £881.621.007 antes de IVA, frente a unos GBP £450 millones en 2023.
  • El acuerdo cubriría servicios entre diciembre de 2027 y diciembre de 2029, con opción de extenderse hasta diciembre de 2031.
  • La renovación se plantea en medio de advertencias sobre el bloqueo de proveedores y la concentración de contratos de nube en AWS y Azure.

El Home Office británico prepara una nueva contratación de servicios de nube pública cuyo valor estimado asciende a GBP £881.621.007 antes de IVA, una cifra que supera GBP £1.000 millones al incluir el impuesto. El aviso de planificación contempla cubrir las necesidades actuales y futuras de alojamiento del departamento, y la magnitud de la cifra reavivó el debate sobre cuánto depende el gobierno del Reino Unido de los grandes proveedores estadounidenses.

Una renovación de mayor valor que el contrato vigente

El aviso, publicado el 30 de octubre, corresponde a la renovación de los servicios de alojamiento en nube pública del Home Office. Aunque AWS aparece como posible beneficiario de un acuerdo de esa escala, todavía no se anunció una adjudicación: el documento es una planificación de compra y el proceso aún contempla la presentación de propuestas por parte de los proveedores.

La cifra estimada antes de impuestos equivale a cerca de USD $1.180 millones, según el propio aviso, y casi duplica el valor del contrato actual. AWS obtuvo ese acuerdo en 2023 por unos GBP £450 millones, equivalentes a cerca de USD $603 millones, de modo que la nueva previsión marca un aumento sustancial respecto de la contratación anterior.

Una vez adjudicado, el contrato tendría una duración inicial de diciembre de 2027 a diciembre de 2029. El Home Office también contempla una posible extensión hasta diciembre de 2031, lo que llevaría la duración total a cuatro años si se ejerciera esa opción.

El siguiente paso indicado en la planificación será un evento de contacto con el mercado el 8 de diciembre para proveedores del marco G-Cloud 15, en el lote 1A. La instancia permitirá que los posibles licitadores presenten propuestas, pero el departamento no reveló qué empresas está considerando y señaló que no comenta contrataciones en curso.

The Register informó que preguntó al Home Office por qué el valor previsto aumentó tanto frente al contrato de 2023, pero al momento de publicar su nota no había recibido respuesta. También solicitó comentarios a AWS, sin que la información suministrada incluyera una respuesta de la compañía; por ello, el monto debe entenderse como una estimación del proceso y no como un ingreso confirmado para el proveedor.

Dependencia tecnológica y concentración de proveedores

La contratación ocurre mientras la soberanía digital gana relevancia en el Reino Unido y en otros países europeos. El debate se intensificó ante la preocupación de que las autoridades estadounidenses puedan restringir el acceso a tecnología de ese país por motivos políticos, un riesgo que podría afectar a organizaciones que dependen de plataformas externas para operar servicios esenciales.

Una encuesta citada por The Register encontró que alrededor de tres cuartas partes de las empresas consultadas en el Reino Unido, Francia y Alemania temen que Washington pueda cortar de forma abrupta el acceso a las plataformas tecnológicas estadounidenses que utilizan. Por separado, el Open Rights Group advirtió este año a políticos británicos que el país depende demasiado de empresas tecnológicas estadounidenses para funciones críticas.

La preocupación también tiene una dimensión económica para el gobierno: un documento interno del Cabinet Office, conocido por The Register en 2024, reconocía que el bloqueo a un proveedor podía limitar el poder de negociación público. Según ese documento, los desafíos en la adopción y gestión de la nube generan concentración de riesgos y dependencia, y la posición dominante de AWS y Azure en los servicios cloud del gobierno británico probablemente continuará.

Una fuente de un proveedor que trabaja con el sector público criticó que la administración no apoye suficientemente a empresas de nube del Reino Unido y cuestionó el argumento de que estas no pueden alcanzar la escala necesaria. La misma fuente sostuvo que, en muchos casos, consultoras que asesoran a funcionarios durante la redacción de licitaciones favorecen a los grandes hiperescaladores y luego reciben trabajo como socios de migración o integración; se trata de una acusación atribuida a esa fuente, no de una conclusión independiente sobre cada contratación.

El gobierno británico se comprometió el mes pasado a dirigir más negocio hacia pequeñas y medianas empresas, y en agosto incorporó proveedores locales más pequeños a G-Cloud 15. Sin embargo, aparecer en ese marco no garantiza obtener contratos, y los compromisos de compra a favor de empresas menores tienen antecedentes de resultados limitados, según la cobertura histórica citada por The Register.

Los datos de la plataforma de inteligencia del sector público BidSkim dimensionan la concentración: AWS captaría el 75% del dinero gubernamental destinado a contratos de nube, con un valor aproximado de GBP £1.220 millones, o USD $1.600 millones. Microsoft Azure tendría más contratos, pero de menor tamaño, por GBP £355 millones, mientras Google Cloud sumaría GBP £47 millones y Oracle Cloud USD $15 millones, equivalentes a GBP £20 millones según las cifras citadas.

La competencia por el nuevo contrato, por tanto, se desarrollará en un mercado donde AWS ya ocupa una posición destacada y donde las autoridades reconocen riesgos asociados con la concentración y el bloqueo de proveedor. El aviso no confirma que AWS vuelva a ganar, pero el valor estimado y el antecedente de 2023 convierten la licitación en una prueba concreta de cómo el Reino Unido equilibrará continuidad de servicios, competencia y autonomía tecnológica.


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