Por Canuto  

Utah puso en vigor el 3 de septiembre la SB 73, considerada la primera ley estatal de Estados Unidos dirigida explícitamente contra el uso de VPN para evadir controles de verificación de edad. La norma exige que determinados sitios identifiquen a los usuarios que se encuentren físicamente dentro del estado aunque oculten su ubicación, y contempla multas de hasta USD $2.500 por infracción.
***

  • La SB 73 obliga a los sitios con más de un tercio de su oferta compuesto por material dañino para menores a verificar la edad de usuarios ubicados en Utah.
  • La norma prohíbe facilitar o alentar el uso de VPN, proxies u otros medios para evadir controles, con multas de hasta USD $2.500 por violación.
  • La ley entró en vigor el 3 de septiembre de 2026, después de que Utah acordara no aplicarla hasta esa fecha mientras enfrentaba un desafío legal.

Utah puso en vigor un nuevo frente regulatorio contra las redes privadas virtuales, conocidas como VPN. La medida, contenida en la Senate Bill 73 (SB 73), es considerada la primera ley estatal de Estados Unidos dirigida explícitamente contra el uso de estas herramientas para evadir controles de verificación de edad.

La norma entró en vigor el 3 de septiembre de 2026. Fue firmada por el gobernador Spencer Cox el 19 de marzo y su aplicación había quedado aplazada hasta esa fecha mientras la medida enfrentaba un desafío legal.

La ley obliga a determinados sitios web para adultos a comprobar la edad de sus visitantes cuando estos se encuentran físicamente en Utah, incluso si utilizan herramientas para ocultar su ubicación. De este modo, el hecho de que una VPN muestre una dirección IP de otro lugar no elimina las obligaciones del operador frente a un usuario que esté dentro del estado.

Qué establece la ley de Utah

La SB 73 se aplica a los sitios web comerciales que publiquen o distribuyan de manera consciente e intencional material considerado dañino para menores, siempre que ese contenido represente más de un tercio de lo que ofrecen. En esos casos, las plataformas deben verificar la edad de los visitantes que se encuentren en Utah antes de permitirles acceder al material regulado.

El texto legal prohíbe que una entidad comercial cubierta facilite o aliente el uso de una red privada virtual, un servidor proxy u otros medios destinados a eludir los requisitos de verificación. La restricción incluye proporcionar instrucciones para acceder al sitio mediante una VPN, evitar bloqueos geográficos o sortear los mecanismos que intentan determinar si el usuario se encuentra dentro del estado.

La División de Protección al Consumidor de Utah puede imponer multas administrativas de hasta USD $2.500 por cada violación. Además, los tribunales pueden establecer sanciones civiles de hasta USD $2.500 por infracción y ordenar otros remedios, lo que eleva el riesgo financiero para los operadores que publiquen guías o recomendaciones destinadas a evadir los controles.

La ley también incorpora límites para los proveedores de verificación de edad, ya que les prohíbe conservar información identificatoria después de conceder el acceso. Los operadores que utilicen métodos ajustados a los estándares que establezcan las reglas de la división serán considerados cumplidores, aunque el estatuto deja en manos de los reguladores parte importante de la definición práctica sobre cómo deberán funcionar esos mecanismos.

Privacidad, discurso y aplicación técnica

Las VPN suelen dirigir el tráfico de internet a través de servidores remotos, de modo que el sitio visitado observa la dirección IP del servidor y no necesariamente la conexión original del usuario. Esa característica permite mejorar la privacidad y modificar la ubicación aparente, pero también dificulta que una plataforma determine con certeza si una persona está dentro de Utah y, por tanto, sujeta a la SB 73.

La empresa de privacidad Nym cuestionó públicamente la prohibición de que los sitios proporcionen instrucciones sobre el uso de VPN para eludir las verificaciones de edad. La compañía sostuvo que la norma restringe el discurso relacionado con una herramienta de privacidad y planteó que esa disposición podría convertirse en una cuestión vinculada con la Primera Enmienda.

El conflicto combina dos objetivos regulatorios que no siempre avanzan en la misma dirección: impedir que los menores accedan a material para adultos y limitar la recolección de datos personales durante el proceso de verificación. Aunque la ley prohíbe retener información identificatoria después de otorgar acceso, los operadores todavía tendrán que determinar la ubicación del visitante y aplicar un control suficientemente confiable para evitar sanciones.

La normativa también puede afectar la forma en que las plataformas hablan con sus usuarios, porque no solo castiga el acceso directo al contenido sin verificación. Al incluir instrucciones, estímulos o asistencia para sortear bloqueos geográficos y controles de edad, Utah extiende la responsabilidad potencial a materiales informativos que una empresa podría considerar parte de su servicio de atención o de sus recursos de privacidad.

Una tendencia internacional contra eludir controles

La SB 73 llega mientras distintos gobiernos examinan el papel de las VPN en la aplicación de prohibiciones digitales y controles de edad. En el Reino Unido, medios especializados reportaron un fuerte aumento de la demanda de estos servicios después de la entrada en vigor de controles de edad en julio de 2025. Las cifras publicadas variaron según la fuente: VPNMentor habló de un incremento superior al 6.000%, mientras que Proton VPN reportó un aumento horario de más del 1.400% en sus registros.

El caso británico muestra cómo una exigencia regulatoria puede estimular la búsqueda de herramientas destinadas a preservar la privacidad o modificar la ubicación aparente. Sin embargo, el crecimiento de la demanda de VPN también puede intensificar la respuesta de los gobiernos, que ven esas redes como una vía para esquivar obligaciones impuestas a las plataformas y no únicamente como instrumentos de seguridad informática.

La experiencia internacional no demuestra por sí sola que las VPN sean la causa de un aumento en el acceso de menores a contenido restringido. Sí evidencia, en cambio, que las medidas de verificación pueden generar una reacción de usuarios que buscan preservar su privacidad o eludir los controles, lo que complica la aplicación técnica de las normas.

Qué puede significar para las plataformas

Para los sitios afectados, la obligación de Utah implica diseñar procesos capaces de combinar verificación de edad y análisis de ubicación sin conservar indefinidamente datos identificatorios. El desafío aumenta cuando el usuario emplea una VPN, porque la plataforma puede observar una dirección IP extranjera mientras la persona permanece físicamente dentro del estado.

La norma no establece una prohibición general de las VPN ni ordena que desaparezcan de internet. El foco legal se encuentra en la conducta de las entidades comerciales que ofrecen material regulado para menores, especialmente cuando facilitan o explican cómo evadir el control.

La aplicación concreta dependerá de las reglas que prepare la División de Protección al Consumidor y de la capacidad de los tribunales para interpretar conceptos como material dañino, porción sustancial e instrucciones destinadas a eludir una verificación. También podrían surgir disputas sobre la jurisdicción, la precisión de los sistemas de ubicación y el alcance de la protección constitucional para la información sobre tecnologías de privacidad.

El modelo de Utah podría convertirse en una referencia para otros reguladores que busquen reforzar sus controles sin imponer una prohibición general de las VPN. Si más estados o países adoptan disposiciones similares, las plataformas globales enfrentarán un mosaico de reglas, mientras los usuarios deberán decidir cuánto de su privacidad están dispuestos a entregar para acceder a servicios sujetos a verificación.

La discusión apenas comienza porque proteger a los menores, minimizar la exposición de datos y preservar el derecho a utilizar herramientas privadas son objetivos que pueden entrar en tensión. Con la entrada en vigor de la SB 73, Utah convirtió esa tensión en una obligación concreta para los sitios web y en un posible precedente legal para la industria digital.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


ADVERTENCIA: DiarioBitcoin ofrece contenido informativo y educativo sobre diversos temas, incluyendo criptomonedas, IA, tecnología y regulaciones. No brindamos asesoramiento financiero. Las inversiones en criptoactivos son de alto riesgo y pueden no ser adecuadas para todos. Investigue, consulte a un experto y verifique la legislación aplicable antes de invertir. Podría perder todo su capital.

Suscríbete a nuestro boletín

Artículos Relacionados