Por Canuto  

La administración Trump, obligada por una corte federal, revive un programa de subvenciones para banda ancha, pero sin el criterio racial que consideraba inconstitucional. La decisión parcial deja fuera a las minorías étnicas y obliga a la NDIA a volver a solicitar financiamiento.
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  • Un juez federal dictaminó que el Digital Equity Act es inconstitucional en su disposición racial, pero separable del resto del programa.
  • El gobierno de Trump restaurará el Programa de Subvenciones Competitivas de Equidad Digital, con solicitudes desde diciembre, pero sin criterios de raza o etnia.
  • El programa estatal de USD $1,44 mil millones no será restablecido porque no formaba parte de la demanda de la NDIA.

La administración Trump anunció que reintegrará un programa de subvenciones para banda ancha, pero solo parcialmente. La decisión responde a un fallo judicial que le impidió eliminar por completo el Digital Equity Act de 2021.

El gobierno federal indicó en un documento judicial que planea comenzar a aceptar solicitudes de subvenciones en diciembre. Sin embargo, la administración Trump ganó una victoria parcial porque el juez determinó que no puede asignar dinero en función de la raza o la etnia de los beneficiarios.

Contexto del Digital Equity Act

El Digital Equity Act, promulgado por el Congreso en 2021, destinó USD $2,75 mil millones para tres programas de subvenciones. Su objetivo era cerrar las brechas en el acceso a la banda ancha en comunidades vulnerables.

La administración Biden comenzó a otorgar USD $60 millones en subvenciones de planificación a los estados en 2022. En 2024, aceptó solicitudes para distribuir el resto de los fondos.

Trump anunció en mayo de 2025 que pondría fin a los programas de subvenciones, alegando que el Digital Equity Act es racista e inconstitucional. Esto llevó a la National Digital Inclusion Alliance (NDIA) a demandar al gobierno en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia.

La NDIA estaba en la fila para recibir USD $25,7 millones en dinero de subvenciones, que la administración Trump canceló. La demanda se centró únicamente en el Programa de Subvenciones Competitivas de Equidad Digital, que representa USD $1,25 mil millones del total.

Un programa de subvenciones separado para estados y territorios, de USD $1,44 mil millones, no fue parte de la demanda. No hay indicios de que ese programa vaya a ser restablecido.

La decisión judicial y sus alcances

El juez John Bates, designado por George W. Bush, dictó el mes pasado que el Digital Equity Act clasifica explícitamente a miembros de ciertas razas como ‘cubiertos’. Esa clasificación racial solo puede sostenerse si resiste un estricto escrutinio, pero aquí no lo hace.

El juez determinó que la disposición ofensiva es separable del resto de la norma y que la única objeción del gobierno era esa cláusula inconstitucional. Así, la ley permanece vigente sin la categoría de minorías raciales y étnicas.

El gobierno informó al tribunal en junio que estaba dispuesto a administrar el programa con criterios neutrales en cuanto a raza. La Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información prepara ahora un nuevo Aviso de Oportunidad de Financiación para el programa competitivo.

Las otras siete categorías de poblaciones cubiertas se mantienen: personas en hogares de bajos ingresos, mayores de 60 años, encarcelados (excepto federales), veteranos, personas con discapacidades, personas con barreras lingüísticas y habitantes de zonas rurales.

La NDIA calificó el renacimiento del programa como ‘una victoria masiva para las comunidades que servimos’, aunque tendrá que presentar una nueva solicitud de financiación. La administración Trump está comenzando el proceso desde cero.

Respuesta de la NDIA y próximos pasos

Angela Siefer, directora ejecutiva de la NDIA, dijo que es demasiado pronto para determinar si su grupo solicitará una subvención cuando el gobierno comience a aceptar solicitudes. Ella señaló que necesitarán examinar el Aviso de Oportunidad de Financiación que emitirá la administración Trump.

La propuesta de la NDIA que ganó una subvención de la administración Biden fue ‘cuidadosamente elaborada’ y habría servido a 30.000 personas en comunidades rurales, urbanas y tribales. Siefer dijo que la visión de la NDIA es que todos tengan la oportunidad de usar la tecnología para vivir, aprender, trabajar y prosperar.

Siefer también instó al gobierno a recuperar las subvenciones estatales, a pesar de que no formaban parte de la demanda. Los planes desarrollados por los estados durante la administración Biden ‘están listos para ser implementados’, comentó a Ars Technica.

La NDIA pidió al tribunal dos semanas más para determinar si las partes pueden llegar a un acuerdo sobre el camino a seguir y el cronograma propuesto. El gobierno no ha revelado qué hará con los USD $1,44 mil millones restantes del programa estatal.

El fallo judicial no anuló toda la ley; solo eliminó la clasificación racial. El programa competitivo continuará con criterios basados en ingresos, edad, discapacidad, entre otros.

La lucha más amplia por la banda ancha

El Digital Equity Act fue aprobado junto con el programa Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD), que asignó USD $42,45 mil millones para subsidios a proveedores de internet. La administración Trump no canceló BEAD, pero retrasó las subvenciones y reformó el programa.

Trump redujo el gasto en despliegue de banda ancha a aproximadamente USD $21 mil millones, y les dijo a los estados que no debían exigir precios bajos ni cumplir con las normas de neutralidad de la red. Además, ayudó a Starlink a obtener más financiación de la que originalmente iba a recibir.

La administración tampoco ha revelado qué hará con los otros USD $21 mil millones que quedaron del presupuesto original de BEAD. Esto ocurre mientras la demanda de la NDIA se centró solo en el programa competitivo, dejando sin efecto las acciones contra el programa estatal.

La decisión judicial marca un precedente sobre cómo el gobierno puede manejar los programas de equidad digital, equilibrando la no discriminación con la necesidad de asistencia tecnológica. La NDIA sostiene que el Digital Equity Act es constitucional en su totalidad, pero la corte no lo vio así.

Mientras tanto, las organizaciones comunitarias deberán volver a postularse para recibir fondos, y el proceso comenzará en diciembre. La falta de restauración del programa estatal deja a muchas comunidades sin el apoyo que esperaban.


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