Por Canuto  

El presidente Donald Trump acumuló unas 28.700 operaciones bursátiles en 17 meses, una actividad que supera la de todo el Congreso y que expertos en ética consideran inédita para un mandatario estadounidense. Las divulgaciones también muestran movimientos en DoorDash, empresas energéticas y Cal-Maine, mientras la Casa Blanca ofrece explicaciones contradictorias sobre quién administra la cartera.
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  • Un análisis citado por Fortune calcula que Trump realizó unas 28.700 operaciones en 17 meses, alrededor de 80 por cada día de mercado.
  • Las divulgaciones registran compras y ventas vinculadas con DoorDash, acciones energéticas, empresas tecnológicas y Cal-Maine durante coyunturas sensibles.
  • El experto Richard Painter cuestiona la estructura de la cartera y advierte que un fideicomiso familiar no elimina necesariamente un posible conflicto de interés.

El presidente Donald Trump ha realizado más operaciones de valores desde su regreso al cargo que todos los miembros del Congreso de Estados Unidos combinados, según un análisis de Bloomberg citado esta semana por Fortune. El recuento estima unas 28.700 transacciones en 17 meses, equivalentes a aproximadamente 80 operaciones por cada día de mercado, una frecuencia inusual para un mandatario que tiene capacidad de influir sobre políticas económicas, comerciales y geopolíticas con impacto directo en los activos financieros.

La actividad representa un cambio marcado frente al primer mandato de Trump, cuando sus divulgaciones financieras se concentraban principalmente en bienes raíces y negocios privados. Durante su segundo mandato, los informes presentados hasta comienzos de 2026 mostraron inicialmente una cuenta dedicada a bonos municipales y corporativos, con más de USD $100 millones en agosto de 2025 y más de USD $337 millones en total, además de valores preferentes bancarios y fondos cotizados de renta fija.

Una cartera presidencial fuera de lo habitual

Las operaciones de acciones aparecieron en mayo, cuando una declaración correspondiente al primer trimestre registró cerca de 3.600 transacciones en un período de 90 días. Después, la divulgación anual publicada el 30 de junio, con casi 1.000 páginas, mostró más de 21.000 operaciones durante 2025, con un valor estimado de entre USD $600 millones y USD $1.860 millones, o unas 85 transacciones por día de mercado.

Trump identifica ocho cuentas de inversión separadas, pero los documentos no indican qué instituciones financieras las administran. Esa falta de detalle dificulta que el público determine si las decisiones corresponden a gestores independientes, a modelos automatizados o a una estrategia coordinada con intereses familiares, aunque las divulgaciones por sí solas no prueban que el presidente haya intervenido personalmente en cada operación.

Richard Painter, quien fue abogado principal de ética de la Casa Blanca durante el gobierno de George W. Bush y actualmente enseña derecho de valores en la Universidad de Minnesota, calificó la situación como un problema enorme en declaraciones recogidas por Fortune. Painter afirmó que ha revisado los casos de todos los presidentes y que no recuerda otro mandatario estadounidense que haya operado directamente en el mercado de acciones con una intensidad comparable.

Desde la presidencia de Lyndon Johnson, explicó Painter, los presidentes han optado esencialmente por fideicomisos ciegos, fondos indexados o bonos del Tesoro para reducir la posibilidad de que sus decisiones oficiales afecten inversiones personales. Jimmy Carter, por ejemplo, colocó el negocio familiar de cacahuetes en un fideicomiso ciego que finalmente vendió la empresa, una separación mucho más clara entre la función pública y el patrimonio privado.

Las explicaciones sobre quién administra el dinero

La estructura de la cartera de Trump también genera preguntas porque las explicaciones públicas han cambiado. En mayo, después de que surgieran los registros de operaciones, el portavoz de la Casa Blanca Davis Ingle dijo que los activos estaban dentro de un fideicomiso administrado por los hijos del presidente, mientras Eric Trump sostuvo que cualquier afirmación sobre compras de acciones individuales por parte de un familiar sería falsa.

Más tarde, Ingle declaró que instituciones financieras de terceros manejaban la cartera de manera independiente mediante modelos computarizados que replican índices reconocidos, incluido el Schwab 1000. El portavoz no respondió qué instituciones participan ni por qué la Casa Blanca había descrito anteriormente la estructura como un fideicomiso familiar, aunque insistió en que no existían conflictos de interés.

Para Painter, la identidad del administrador no resuelve por sí misma el problema jurídico o ético si el presidente conserva un interés de propiedad sobre la cuenta. El experto señaló que un conflicto puede existir aunque la gestión cotidiana recaiga en hijos, asesores externos o sistemas automatizados, porque la cuestión central sería quién obtiene el beneficio económico y cómo se relaciona con las decisiones gubernamentales.

La diferencia entre un fondo indexado y una cuenta que compra acciones individuales resulta especialmente relevante en este caso. Si la cartera realmente funciona como un fondo mutuo o como una estrategia pasiva ampliamente diversificada, Painter cuestionó por qué no se utilizaría directamente un fondo de ese tipo, cuya composición y reglas de operación serían más fáciles de entender para el público.

Operaciones vinculadas con acontecimientos políticos y económicos

La revisión de la declaración del primer trimestre encontró que una de las cuentas compró hasta USD $1,38 millones en acciones de DoorDash. En abril, Trump pidió a DoorDash que entregara un pedido de McDonald’s en la Casa Blanca durante un acto sobre impuestos para trabajadores que reciben propinas, una coincidencia que no demuestra una relación causal, pero que alimenta las preguntas sobre el momento de algunas inversiones presidenciales.

La misma cuenta vendió acciones de empresas de hiperescalamiento por montos individuales de entre USD $5 millones y USD $25 millones el 10 de febrero, un día después de que se filtrara una exención arancelaria para chips. La fuente también señaló compras de empresas energéticas en las semanas posteriores al comienzo de la guerra con Irán, mientras Trump restaba importancia al conflicto y lo describía como una conflagración de corta duración.

Otro caso mencionado fue Cal-Maine, el mayor productor de huevos de Estados Unidos. La cuenta compró acciones de la compañía durante la escasez de huevos y las vendió dos meses después con una ganancia que, según el rango señalado en la revisión, multiplicó el valor entre dos y cinco veces; el registro puede mostrar el momento de la transacción, pero no establece por sí solo quién ordenó la compra o cuál fue la motivación exacta.

Estos episodios adquieren importancia porque las políticas presidenciales pueden modificar expectativas sobre aranceles, conflictos internacionales, energía, tecnología y consumo. Painter evitó acusar a Trump o a sus administradores de utilizar información gubernamental privilegiada, ya que las divulgaciones de operaciones no prueban esa conducta, pero sostuvo que precisamente esa dificultad justifica considerar una prohibición más amplia para los altos funcionarios.

El debate sobre las prohibiciones y la responsabilidad presidencial

La mayoría de los funcionarios del Poder Ejecutivo, con excepción del presidente y el vicepresidente, debe cumplir con el estatuto penal 18 U.S.C. 208. Esa norma prohíbe participar en asuntos gubernamentales que afecten las inversiones personales, aunque la fuente destaca que la ley no se aplica de la misma manera a los dos cargos de mayor rango de la administración.

Painter afirmó que tendría un problema muy serio con esa cuenta si ocupara el cargo de secretario del Tesoro. Su argumento no es que las divulgaciones demuestren operaciones con información privilegiada, sino que la combinación entre poder público, propiedad financiera y decisiones con impacto en los mercados crea una apariencia de conflicto que podría evitarse mediante reglas más estrictas o una separación patrimonial efectiva.

En el Congreso se debatieron medidas para prohibir que los legisladores, sus cónyuges y sus hijos dependientes operen acciones. Trump respaldó una iniciativa de ese tipo durante su discurso sobre el Estado de la Unión y dijo que debía aprobarse sin demora para impedir que el Congreso se corrompiera al lucrarse con información privilegiada.

Sin embargo, Trump rechazó una propuesta promovida por el senador Josh Hawley que habría extendido la prohibición al presidente y al vicepresidente, aunque su aplicación no comenzaría hasta 2029, después de que Trump dejara el cargo. El presidente llamó a Hawley un peón que actuaba en beneficio de los demócratas y lo describió como un senador de segunda categoría, una respuesta que volvió a poner en primer plano la diferencia entre las reglas que apoya para el Congreso y las que podrían afectarlo directamente.

Un debate que atraviesa a ambos partidos

Painter y la profesora de derecho de la Universidad de Indiana Donna Nagy ya habían pedido una prohibición más amplia el 6 de enero de 2021, cuando publicaron una carta dirigida a los líderes del Congreso. El documento solicitaba impedir las operaciones bursátiles de los miembros del Congreso, del presidente y del vicepresidente, pero ninguno de los partidos impulsó entonces una reforma con ese alcance.

Según Painter, los republicanos buscaban evitar una situación incómoda para Trump, mientras los demócratas no querían exponer a Nancy Pelosi por la actividad bursátil de su esposo. La disputa, por tanto, no se limita a una persona o a una administración, sino que refleja la resistencia de ambos partidos a establecer reglas que podrían afectar a sus propias figuras de poder.

El riesgo que Painter describe puede ilustrarse con las acciones energéticas: si un presidente posee una gran cantidad de títulos petroleros, podría obtener ganancias cuando el precio del crudo suba. El experto planteó que, si una decisión militar contra Irán elevara el petróleo y al mismo tiempo beneficiara esa cartera, el público terminaría pagando una gasolina más cara mientras el mandatario obtendría un beneficio financiero, aunque ese escenario hipotético no prueba que haya ocurrido.

La discusión también conecta con preocupaciones habituales en los mercados financieros y en el ecosistema de activos digitales, donde la transparencia, la custodia y la separación entre información privilegiada y decisiones de inversión son asuntos centrales. En el caso de Trump, el volumen de operaciones, las cuentas sin administradores identificados y las explicaciones contradictorias mantendrán el escrutinio mientras no exista una descripción pública más precisa de la estructura patrimonial.

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