El inspector general de la Reserva Federal no encontró indicios de delitos ni mala conducta administrativa en la renovación de sus edificios, pero sí documentó fallas de gestión que elevaron el costo a USD $2.400 millones. Donald Trump respondió que Jerome Powell debería dejar la Junta de Gobernadores o enfrentar una demanda del Gobierno.
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- La Oficina del Inspector General no halló motivos razonables para creer que se cometiera un delito federal, aunque describió controles presupuestarios insuficientes.
- El costo del proyecto pasó de USD $1.300 millones a USD $2.400 millones, en medio de problemas de planificación, ofertas escasas, cambios de diseño e inflación.
- Trump pidió la renuncia de Powell a la Junta de Gobernadores y dijo que el fiscal general Todd Blanche evaluará qué hacer con el proyecto.
⚠️ Trump exige que Powell deje la Junta de la Fed
El inspector general no halló delitos ni mala conducta, pero documentó fallas de gestión.
La renovación pasó de USD 1.300 millones a USD 2.400 millones.
Trump amenaza con una demanda si Powell no renuncia. pic.twitter.com/3UfRkukp90
— Diario฿itcoin (@DiarioBitcoin) September 30, 2026
Un informe sin delitos, pero con fallas de gestión
La revisión interna sobre la renovación de los edificios de la Reserva Federal en Washington cerró una parte de una disputa que durante más de un año mezcló costos, acusaciones políticas y cuestionamientos a la gestión del banco central. La Oficina del Inspector General concluyó que no encontró motivos razonables para creer que se hubiera cometido una infracción de la ley penal federal ni detectó mala conducta administrativa, pero dejó al descubierto problemas de supervisión que acompañaron el aumento del presupuesto.
El proyecto contemplaba renovar el edificio Eccles y un edificio federal adyacente construido en 1931. Su presupuesto pasó de USD $1.300 millones en 2020 a USD $2.400 millones, casi el doble, y el informe atribuyó el incremento a una combinación de fallas de planificación, cambios de diseño, condiciones del sitio e inflación, sin señalar un único factor como explicación total.
Entre las deficiencias, el inspector general observó que la Junta no aplicó una recomendación previa para establecer un límite de costos, formulada después de que la renovación del edificio Martin también registrara sobrecostos. Además, la Fed no solicitó una estimación de costos de construcción, una omisión relevante para un proyecto de esa escala porque redujo la capacidad de comparar el presupuesto con las necesidades y los riesgos reales de la obra.
La supervisión tampoco había definido un precio máximo garantizado cuando el proyecto llevaba cuatro años en marcha y los contratos ya se habían adjudicado, según el informe. Algunos trabajos recibieron pocas ofertas o ninguna, lo que contribuyó a encarecerlos, mientras que la estructura de gobernanza interna, en palabras de la OIG, no estaba preparada para manejar una iniciativa de semejante tamaño y complejidad.
Los detalles de la obra y la respuesta de la Fed
Las críticas públicas se habían concentrado también en elementos como el mármol, los juegos de agua y el jardín en la azotea, así como en las colmenas que se convirtieron en parte de la controversia. Sin embargo, la OIG concluyó que esos componentes no impulsaron materialmente el aumento de los costos, una precisión que separa las discusiones sobre el diseño del problema más amplio de planificación y control presupuestario.
El informe sí señaló que la inflación fue un factor, junto con los cambios de diseño y las condiciones encontradas en el sitio. Esa explicación no elimina las fallas internas identificadas por la oficina, pero muestra que el aumento no se atribuyó exclusivamente a los elementos decorativos que dominaron parte del debate político y mediático sobre la renovación.
Kevin Warsh, quien asumió la conducción de la Fed en medio de la controversia, dijo que la institución adoptaría todas las recomendaciones del inspector general. También anunció que la gestión del proyecto pasaría a la Administración de Servicios Generales, con rendición de cuentas ante la Junta y Warsh, y que un auditor independiente revisaría cada costo adjudicado hasta la fecha.
Warsh escribió al inspector general Michael Horowitz que había lecciones importantes que aprender. Horowitz fue nombrado en junio de 2025 por Powell, y la revisión que dio lugar al informe también se había ordenado desde la Fed; ese origen institucional no impidió que la Casa Blanca cuestionara después que sus conclusiones fueran suficientes para cerrar el asunto.
Trump vuelve a presionar a Powell
Minutos después de conocerse las conclusiones de la OIG, Trump respondió que el informe no debía considerarse la última palabra y pidió que Powell renunciara a la Junta de Gobernadores. En un mensaje publicado en Truth Social, afirmó que, si Powell no dejaba el cargo, el Gobierno de Estados Unidos debería demandarlo por corrupción o incompetencia, aunque el inspector general no encontró indicios de delito ni mala conducta administrativa.
Trump también dijo que había pedido al fiscal general Todd Blanche estudiar el informe y determinar qué hacer con el complejo de edificios. La declaración deja abierta la posibilidad de que la Casa Blanca busque nuevas vías para examinar el proyecto, pese a que la revisión interna no respaldó las acusaciones penales que alimentaron la controversia.
La exigencia de Trump apunta a un puesto distinto del que Powell ya dejó: su mandato como presidente de la Fed concluyó en mayo, pero todavía puede permanecer como gobernador de la Junta hasta enero de 2028. Forzarlo a abandonar ese escaño supondría una disputa distinta, que podría involucrar una destitución por causa justificada, una demanda civil o presión política para que renuncie, escenarios que el informe no resuelve.
Powell había dicho que permanecería en la Junta hasta que la investigación terminara de manera completa, transparente y definitiva. La publicación del informe satisface, en principio, la condición de que la revisión concluya, pero no determina si Powell considera cumplido el requisito ni si la Casa Blanca aceptará como cierre suficiente un examen que no halló delitos.
Una disputa que escaló durante más de un año
La renovación se convirtió en un foco de tensión en julio de 2025, cuando Trump presionaba públicamente para que la Fed recortara las tasas de interés. El presidente sostuvo entonces que no despediría a Powell a menos que hubiera fraude en el proyecto; pocos días después, Powell enfrentó una remisión penal al Departamento de Justicia por presunto perjurio, relacionada con su testimonio ante el Congreso sobre las características de la obra.
En junio de 2025, Powell había declarado que no existían un comedor VIP, mármol nuevo, colmenas ni jardines en la azotea, según la cronología de la disputa. Trump recorrió posteriormente el sitio de construcción junto a Powell, ambos con cascos, mientras la administración insistía en que el objetivo era exigir rendición de cuentas a la Fed y no destituir a su presidente.
La confrontación escaló de nuevo en enero, cuando la Fed recibió citaciones de un gran jurado y Powell declaró que se mantendría firme. El entonces presidente de la institución sostuvo que la pesquisa podía servir para castigar al banco central por no reducir las tasas y advirtió que la política monetaria debía basarse en evidencia y condiciones económicas, no en presión o intimidación política.
La investigación también incluyó una visita sorpresa de fiscales al lugar de la renovación. La fiscal federal Jeanine Pirro defendió una revisión seria ante sobrecostos cercanos al 80%, mientras que en marzo el juez Boasberg anuló una citación del Departamento de Justicia y la calificó de pretextual; en abril, Pirro archivó la pesquisa y remitió al informe del inspector general.
Qué queda por resolver
La publicación del informe reduce el margen para sostener que la revisión interna encontró pruebas de un delito, pero no elimina las preguntas sobre quién supervisó el presupuesto ni por qué la Fed avanzó sin un tope de costos y sin una estimación de construcción. La auditoría independiente anunciada por Warsh deberá revisar los costos adjudicados, mientras que el traspaso de la gestión a la Administración de Servicios Generales busca modificar la estructura de control del proyecto.
La controversia también afectó el proceso para confirmar a Warsh, ya que senadores republicanos bloquearon su confirmación mientras seguía abierta la investigación. El cierre anunciado por Pirro en abril y las conclusiones del inspector general abrieron paso a su llegada a la dirección de la Fed, aunque la respuesta de Trump muestra que la disputa política no concluyó con la decisión de los investigadores.
En los próximos pasos habrá que distinguir entre las conclusiones técnicas sobre la obra y la exigencia política dirigida a Powell. Blanche tiene el informe para determinar qué hacer con el proyecto, pero la información disponible no establece que el fiscal general haya iniciado una nueva acción ni que exista una decisión judicial contra Powell.
El caso deja, por ahora, un balance doble: la revisión no encontró motivos razonables para atribuir delitos ni mala conducta administrativa, pero sí documentó fallas de planificación y gobernanza que acompañaron el salto de USD $1.300 millones a USD $2.400 millones. Para Powell, el cierre de la investigación no garantiza el fin de la presión, porque Trump ya anunció que considera insuficiente el veredicto para que siga en la Junta.
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