Por Canuto  

La administración Trump estudia una idea sin precedentes: recibir participaciones en grandes empresas de IA para crear un vehículo que devuelva parte de esa riqueza al público. Pero lo que algunos venden como reparto de beneficios, otros lo ven como la antesala de rescates, distorsión competitiva y una peligrosa mezcla entre Estado, regulación y capital de riesgo.

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  • Funcionarios de la administración Trump analizan cómo estructurar posibles participaciones del gobierno en empresas líderes de IA.
  • Scott Bessent y Howard Lutnick habrían defendido destinos distintos para esas acciones: Cuentas Trump o una suerte de fondo soberano.
  • Críticos advierten que el plan podría incentivar rescates futuros, debilitar la regulación y politizar aún más al sector.

 

La administración de Donald Trump mantiene conversaciones iniciales sobre una propuesta inusual para que el gobierno federal reciba participaciones financieras en grandes empresas de inteligencia artificial. La idea apunta a canalizar esos activos hacia un vehículo público que eventualmente distribuya retornos a los ciudadanos estadounidenses.

El debate no es menor, porque implicaría una relación mucho más estrecha entre Washington y compañías privadas que hoy concentran parte del impulso tecnológico y bursátil del mercado. Para algunos, se trata de una fórmula innovadora para compartir riqueza; para otros, de un rescate encubierto con lenguaje populista.

Según reportes de Quartz y Semafor, la propuesta fue planteada por Sam Altman a la administración en 2025. El planteamiento consistiría en que las empresas de IA cedan acciones al gobierno federal para sembrar un fondo de riqueza pública.

Ese fondo, en teoría, permitiría devolver parte del valor creado por la industria a la población. Sin embargo, el diseño concreto sigue sin definirse y dentro de la propia administración existirían visiones opuestas sobre su estructura y su destino final.

El momento político y financiero también complica la discusión. La iniciativa ganó visibilidad en una semana en la que las acciones vinculadas con IA perdieron más de USD $1 billón en valor de mercado, con los fabricantes de chips entre los más golpeados.

Un plan con varias versiones y un mismo dilema político

La noción de que el gobierno federal posea equity en empresas privadas no es totalmente nueva en Estados Unidos, pero sí rara fuera de contextos de crisis. En esta ocasión, la diferencia es que no se plantea como rescate explícito, sino como mecanismo de reparto de riqueza futura.

Sam Altman propuso una versión centrada en lo que ha llamado “computación básica universal”. Bajo ese enfoque, cada ciudadano recibiría una asignación de tokens de IA que podría gastar, vender o donar, en una lógica cercana al ingreso básico universal, pero mediada por activos y servicios del sector.

Bernie Sanders ha defendido una alternativa mucho más agresiva desde el punto de vista del control público. Su propuesta contempla transferir el 50 por ciento de la participación de las principales empresas de IA a un fondo público, con asientos en juntas y poder de voto para el gobierno.

Ambas visiones parten de una premisa similar: la IA generará una concentración extraordinaria de riqueza y productividad. La disputa real está en quién captura ese valor y por qué vía debería llegar al ciudadano común.

La propuesta también refleja un cambio de tono en Washington. En vez de limitarse a regular, gravar o subsidiar, el Estado pasaría a convertirse en accionista, lo que abre un conjunto distinto de incentivos políticos, financieros y regulatorios.

Bessent, Lutnick y la pelea interna por la estructura del esquema

Dentro del gobierno habría desacuerdo sobre cómo encauzar cualquier participación que eventualmente se reciba de las firmas de IA. Semafor reportó que dos altos funcionarios del gabinete habían discutido fórmulas distintas para usar esas acciones.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, habría favorecido utilizarlas para financiar las llamadas Cuentas Trump. En cambio, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, preferiría que cualquier participación se destinara a una especie de fondo soberano.

Las conversaciones seguirían en una fase temprana y todavía no existiría una decisión tomada. Tampoco se habría concretado la reunión con los principales CEO del sector que Trump anticipó a inicios de mes.

El propio presidente dijo la semana pasada que convocaría “a los 12 o 15 mejores ejecutivos muy pronto” para discutir cómo la industria puede “devolver algo al público”. Pero el ambiente se tensó todavía más tras los controles de exportación del viernes sobre modelos de Anthropic.

Ese contexto vuelve más difícil vender el plan a una industria que, según Semafor, ya lo ve con profundo escepticismo más allá de OpenAI. Ejecutivos de compañías como Microsoft y Meta habrían mostrado enfriamiento frente a la idea en los últimos días.

Antecedentes, subsidios y el fantasma de la distorsión competitiva

Trump ya ha impulsado participaciones gubernamentales más acotadas en sectores estratégicos. Su administración tomó posiciones en Intel, en nueve empresas de computación cuántica bajo la Ley CHIPS, y en mineras de tierras raras como MP Materials y USA Rare Earth.

Los defensores del enfoque sostienen que estos mecanismos permiten que el contribuyente obtenga un retorno cuando el Estado apoya industrias clave. Bajo esa lógica, no se trataría solo de entregar subvenciones, sino de capturar parte del alza futura.

Los críticos responden que esa práctica altera la competencia y premia la cercanía política al poder. También advierten que convertiría a la Casa Blanca en algo parecido a una firma de capital de riesgo operando mientras el país arrastra un déficit de USD $2 billones.

En la industria de IA, además, el problema es más delicado por las valoraciones involucradas. OpenAI y Anthropic podrían alcanzar rangos de USD $1 billón si avanzan hacia ofertas públicas, lo que eleva el costo político y económico de cualquier estructura de participación.

Will Rinehart, del American Enterprise Institute, cuestionó si un modelo parecido al usado con Intel podría trasladarse al sector de IA. A su juicio, los mayores valores de mercado hacen más difícil que una participación de capital sea una jugada viable para el gobierno.

La alarma regulatoria: rescate, supervisión y conflicto de intereses

La crítica más dura no se limita a la política industrial, sino al riesgo de crear incentivos perversos. Si el gobierno se convierte en accionista de OpenAI, Anthropic u otras firmas, también tendría razones financieras para proteger su valor.

Elizabeth Warren lleva meses alertando sobre ese escenario. En noviembre, mientras Altman comenzaba a impulsar la idea dentro de la administración, la senadora escribió a funcionarios de la Casa Blanca para exigir garantías de que el gobierno no rescataría a OpenAI ni a sus competidores.

Su advertencia fue directa: Estados Unidos ya vio antes el patrón de empresas que asumen deuda, hacen apuestas arriesgadas y luego reclaman apoyo del contribuyente cuando sus fallas amenazan a la economía. Ahora presiona al Comité Bancario del Senado para citar a Bessent y a Lutnick.

La preocupación de Warren es estructural, porque una participación estatal podría suavizar la regulación de seguridad en lugar de endurecerla. Si el Estado gana cuando la empresa crece, podría volverse menos agresivo al imponer límites cuando detecte riesgos.

Bessent, además, lidera el Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera. Por eso sus críticos sostienen que sería contradictorio que el mismo funcionario encargado de prevenir colapsos sistémicos participe en una arquitectura que luego facilite rescates implícitos.

Presión sobre Anthropic y un clima más hostil para negociar

El debate sobre participaciones no ocurre en el vacío. La reciente ofensiva de la administración contra los modelos más recientes de Anthropic amenaza con endurecer la relación entre el gobierno y las principales empresas del sector.

Semafor indicó que Bessent convocó antes a CEO bancarios para discutir los riesgos del modelo Mythos de Anthropic. También pesó de forma importante antes de una orden ejecutiva de Trump que creó un proceso de revisión voluntario para futuros modelos de IA.

Después de esa orden, funcionarios habrían pedido al Centro para los Estándares de IA e Innovación de Lutnick que cesara esfuerzos similares mientras se implementaba el nuevo esquema. Eso reflejaría choques internos previos sobre quién debe liderar la política de IA dentro del gobierno.

Trump designó a Lutnick para encabezar los controles de exportación sobre Mythos y sobre una versión pública llamada Fable. Chris Fall, director del Centro de IA, se reunió el lunes con altos funcionarios de Anthropic junto a Jeffrey Kessler y Sean Cairncross, según personas familiarizadas con las reuniones.

Si la Casa Blanca opta por combinar presión regulatoria con exigencias sobre equity, el rechazo empresarial podría crecer. La lectura de varios actores es que el “palo” podría terminar imponiéndose sobre la “zanahoria” en la relación con las firmas de IA.

Escepticismo en el Congreso y dudas sobre la viabilidad económica

La resistencia no viene solo de demócratas como Warren o Sanders. También hay republicanos que observan la iniciativa con desconfianza, tanto por su diseño como por el tipo de actores corporativos que involucra.

La senadora Cynthia Lummis dijo a Semafor que la propuesta era un “rompecabezas” y resumió su reacción con una frase elocuente: “Empieza con mi nariz fruncida”. John Kennedy también dejó clara su incomodidad durante una audiencia del Comité de Banca del Senado.

Kennedy afirmó que estaba orgulloso de esos líderes como emprendedores estadounidenses, pero añadió que confía en ellos “como confío en un baño de área de descanso”. La frase retrata el nivel de sospecha que despierta la idea incluso entre legisladores favorables a la innovación.

Un cabildero del sector expresó dudas de que alguna empresa de IA haga un esfuerzo real por concretar el esquema. A su juicio, basta someter la propuesta a una prueba de presión para que “todo se desmorone”.

También existe un problema financiero básico. Muchas compañías tecnológicas en expansión reinvierten sus beneficios y no pagan dividendos de forma tradicional, por lo que incluso si el Estado recibiera acciones, no está claro cómo fluirían retornos periódicos hacia la población.

Rinehart resumió ese punto al señalar que no espera dividendos “en ningún sentido normal” durante mucho tiempo. Si eso es correcto, una participación accionaria podría tener más valor simbólico o político que utilidad inmediata para financiar pagos al público.

El ángulo geopolítico y el riesgo de un “Huawei al revés”

Otro frente de preocupación es internacional. Si Washington toma una participación relevante en OpenAI o Anthropic, aliados y socios comerciales podrían preguntarse hasta qué punto esas empresas operan con independencia real del gobierno estadounidense.

Ese problema ha sido descrito como una especie de “Huawei al revés”. Así como Estados Unidos cuestionó durante años la autonomía de firmas chinas frente a su Estado, ahora otras naciones podrían aplicar un escrutinio parecido a líderes estadounidenses de IA.

El asunto importa porque la IA no solo compite en el mercado doméstico, sino en cadenas globales de nube, chips, modelos y exportaciones tecnológicas. Una percepción de captura estatal podría afectar negocios, alianzas y acceso a mercados.

En paralelo, Lutnick ha discutido un “fondo de seguridad nacional y económica” que alojaría inversiones realizadas por Japón y Corea del Sur como parte de acuerdos comerciales con Estados Unidos. Eso sugiere que el gobierno ve estas estructuras de capital como herramientas más amplias de política estratégica.

Por ahora, sin embargo, la distancia entre idea y ejecución sigue siendo grande. Un fondo soberano sembrado con activos de IA requeriría desarrollo institucional significativo, especialmente después de que la administración abandonara el concepto más amplio el año pasado por preocupaciones sobre la deuda nacional.

La conclusión provisional es que el plan todavía está lejos de consolidarse, pero ya logró algo importante: exponer la tensión entre innovación, poder estatal y distribución de riqueza en la era de la inteligencia artificial. Para los mercados, el debate recién comienza y sus implicaciones podrían ir mucho más allá del sector tecnológico.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA

 


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